Es increíble el enorme interés que Europa entera tiene en rescatar a España. Nos quieren tanto, que no permitirán que nos hundamos: nos quieren rescatar. Pero, ¿a quién quieren rescatar? ¿A los ciudadanos españoles? No parece ser ese su interés a tenor de las consecuencias que los rescates han tenido para los ciudadanos griegos, portugueses o irlandeses. Más bien quieren rescatar a la oligarquía financiera española y, ante todo a sus propias oligarquías. En definitiva es el eterno interés de la maquinaria de la deuda para conseguir convertir a las naciones en fábricas de crear riqueza para los prestamistas internacionales.
Desde que la crisis se inició en 2007, la población española ha estado sometida a toda una serie de políticas públicas que han significado un gran recorte de sus derechos laborales y sociales, que han afectado de una manera muy notable al bienestar social y a la calidad de vida de las clases populares. Hemos visto durante estos años de crisis la congelación y pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, la reducción del gasto público en las transferencias y servicios del Estado del bienestar (con recortes muy acentuados de la sanidad pública, de la educación pública, de los fondos y servicios a las personas con dependencia, de las escuelas de infancia -erróneamente definidas como guarderías o “casitas de niños”-, de los fondos para la prevención de la pobreza y de la exclusión social, de los servicios sociales, de las viviendas sociales, del nivel de cobertura de los seguros de desempleo y de las ayudas a la integración de los inmigrantes). Y hemos sufrido las reformas del mercado laboral, que se han llevado a cabo con el objetivo de reducir los salarios y la capacidad de negociación de los trabajadores. Y a todas esas medidas se han añadido la reducción del empleo público y de los salarios de tales empleados públicos.
Pues bien, hoy día sabemos a ciencia cierta que todas estas intervenciones han empobrecido todavía más al conjunto de la clases trabajadoras y que, lejos de haber hecho germinar los “brotes verdes” que las justificaron, han llevado a nuestra economía a una situación mucho peor y más cercana a la depresión.
En España, la crisis y la indecente austeridad presupuestaria han creado un ejército de cinco millones de desempleados (24%) y destruido más de 200.000 empresas. Eso implica una severa reducción de ingresos en arcas públicas, a la que hay que sumar 80.000 millones de euros de impuestos anuales evadidos. Ante esta situación, al gobierno del Partido Popular solo se le ocurre aumenta el IVA (arruinando al sector de la cultura y pequeño comercio), decretar una amnistía fiscal para los defraudadores y estudia rebajar las pensiones y pedir ayuda al Fondo de Estabilidad Europeo. Pero para conceder ese rescate (que es préstamo y no graciosa donación), la Unión Europea exige que se rebaje la ayuda a desempleados, el gasto en pensiones y los presupuestos en sanidad y educación. Violaciones de derechos exigidas por la troika (maquilladas como “condiciones presupuestarias”) que agravarán aún más la situación de la ciudadanía que, en el segundo trimestre de 2012, vio reducidos sus salarios casi un 4%; casi un 8% menos en nueve meses.
No obstante, y en oposición con el discurso dominante, no son los gastos públicos los que han hecho que incrementara la deuda del Estado español. Al contrario, han sido medidas que disminuían los ingresos , (cuyo beneficio para el conjunto de la población es más que dudoso), las que han provocado los déficits que han obligado un endeudamiento cada vez mayor. Por ejemplo, la baja de impuestos sobre sucesiones y donaciones, sobre el tramo superior del IRPF, y la supresión del impuesto sobre el patrimonio han beneficiado a los más ricos, cuyo patrimonio ha sido también protegido por el fraude fiscal, la bajada de impuestos sobre sociedades y las SICAV, como premio a su avidez y descontrol.
Por lo tanto, la lógica neoliberal imperante es de hacer pagar al conjunto de la población las ventajas económicas conseguidas por un pequeño número de personas adineradas a través de la deuda. Pero no resulta fácil conocer la proporción exacta del presupuesto dedicado a pagar la deuda. Esto se debe a una voluntad política deliberada de esconder estas cuestiones a la población, facilitada por el carácter peculiar del endeudamiento de los estados, muy diferente al entendimiento general de los préstamos a particulares o empresas. Para estos préstamos, el dinero prestado (llamado capital), así como los intereses, se reembolsan conjuntamente a lo largo del tiempo acordado. En el caso de un estado, solo los intereses de los préstamos (llamados letras, bonos u obligaciones del Estado, según sean a corto, medio o largo plazo) se van reembolsando a lo largo de su duración, mientras que el capital se debe devolver de golpe cuando acaba (vence) el préstamo. Por esta razón, el funcionamiento habitual de los Estados es de endeudarse más para pagar los vencimientos de las antiguas deudas, permitiendo a los estados esconder estos gastos, ya que se equilibran a nivel presupuestario: los gastos por pago de vencimientos equivalen a los ingresos por emisión de deuda nueva. No obstante, aumentando la deuda por el déficit resultando de una mala gestión presupuestaria, se incrementa cada vez más el pago, que a su vez necesita cada vez más emisiones. Además, esta nueva deuda puede ser emitida en condiciones diferentes, por ejemplo con tasas de interés más altas (lo que ha estado ocurriendo últimamente), que desembocan en el clásico efecto bola de nieve (aumento de la deuda por el efecto combinado de altas tasas de interés y nuevos préstamos para pagar endeudamientos anteriores).
El estudio minucioso de los presupuestos generales del estado (accesibles a través de la página web del Ministerio de Economía y Hacienda) permite averiguar la cantidad de dinero gastada por el Estado español a título de reembolso de capital durante los últimos años (ver tabla). Por ejemplo, el reembolso de capital para el año 2010 es comparable al presupuesto total del Estado para ese año. Si sumamos intereses y capital reembolsados últimamente, vemos que entre 2000 y 2010, el Estado español ha reembolsado más de 3 veces lo que debía en 2000, y sigue debiendo casi el doble. Esta tabla también permite ver como los intereses y el capital reembolsados así como la deuda total no han parado de aumentar desde el año 2000, y con la actual especulación sobre la deuda del Estado español, esta tendencia no va a cambiar.
Pero el asunto es aún peor si tenemos en cuenta la deuda total española que asciende a la escalofriante cifra de 4.300.000.000.000 (4 billones trescientos mil millones de Euros) que se descompone de la siguiente manera:
Deuda Pública (Estado Central, autonómico y municipal) 813.000.000.000 €
Deuda Empresas no financiaras 1,300.000.000.000 €
Deuda Bancaria 1.400.000.000.000 €
Deuda de las Familias 850.000.000.000 €
Es decir, que cada español, sea cual sea su edad debe al día de hoy 93.478 Euros.
Sin embargo, el P.I.B. español (lo que la economía española produce en un año) es de 1.060.000 € y con tendencia a la baja como consecuencia de la recesión que arroja (y continuará haciéndolo) unos crecimientos anuales negativos.
Si tenemos en cuenta que el Presupuesto total del Estado es de 311,825 millones de Euros y que el pago del servicio de la deuda para el 2013 supera los 200.000 millones de Euros, queda claro que si se quiere mantener el funcionamiento del Estado y además pagar el servicio de la deuda (como nos obliga la criminal reforma constitucional pactada entre el PSOE y el PP), no habrá más remedio que continuar recurriendo a un cada vez mayor endeudamiento.
Además, España necesitaría dedicar el equivalente de su P.I.B. de los 4 próximos años (sin atender a ninguna otra necesidad el Estado) para poder pagar tan monstruosa deuda, y ello sin tener en cuenta la astronómica cifra de incremento de los intereses correspondientes.
De todo esto no cabe deducir más que España no puede pagar de ninguna manera la actual deuda. Haga lo que haga.
Por eso, la reforma constitucional que nos obliga a pagar en primer lugar a nuestros acreedores constituye, moralmente, un delito de alta traición al pueblo español.
Parece totalmente injusto ahorrar sobre los servicios públicos como educación y sanidad para reembolsar una deuda con el fin de aliviar un déficit que benefició a los más acomodados. Bajo presión popular, el Estado tiene que abrir todas las cuentas públicas de la deuda para que el pueblo, apoyado sobre el derecho nacional e internacional, pueda decidir si se debe reembolsar lo que ha sido pagado varias veces y que carece de legitimidad. Así, esta auditoría de la deuda pública española permitiría invertir la transferencia de riqueza operada por el servicio de la deuda en beneficio de los acaudalados tenedores de títulos de deuda hacia la población en su conjunto, para su bienestar.
En definitiva, hay que denunciar el intento de ocultar la verdadera naturaleza del rescate, que está bien clara en el comunicado del Eurogrupo y en los informes del FMI:
- quieren rescatar a los banqueros despreciando y por encima del bienestar de la inmensa mayoría de las personas.
- se ha acordado ya, y se va a producir materialmente cuando se selle la letra pequeña del acuerdo, un auténtico golpe de Estado, porque a partir de ese momento España ya no estará implícitamente intervenida, como hasta ahora, sino expresa y visiblemente por funcionarios extranjeros que impondrán las líneas de gobierno a las que se habrán de ajustar las políticas económicas: nuevos recortes, privatizaciones y reformas institucionales encaminadas a desarmar de derechos políticos y mecanismos de representación a la ciudadanía.
Y se puede adelantar que nada de eso servirá para recuperar la actividad económica:
- volverá a perderse empleo y cerrarán nuevas empresas.
- nada garantiza que vuelva a generarse crédito para la economía. y
- no bajará la prima de riesgo y ni siquiera el montante de nuestra deuda, sino todo lo contrario, cabe esperar que siga subiendo porque nada se ha hecho para frenar el impacto de la especulación generalizada en los mercados.
Lo que sucede en Italia, España, Portugal, Irlanda… me atrevo a pensar que no se puede ya detener (al menos nuestro gobierno no está dispuesto a detenerlo). El shock que están viviendo estas sociedades parece que las hubiera paralizado. Sólo una enorme ola de rebeldía que sacuda y niegue el actual estado de cosas podría desviar el curso de los acontecimientos.
¿Hacia dónde? Resulta incierto. Podría provocar un resurgimiento de la extrema derecha, así como llevar al continente al borde de una revolución… cualquiera de las dos posibilidades suena terrible. Mientras, sobre el cielo de Europa, vuelan los cazas rumbo a Medio Oriente.
La resistencia: no más bancos estafadores, no más gobiernos lacayos, no más guerras coloniales. ¡No más! Desobediencia, desobediencia, desobediencia
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