jueves, 30 de abril de 2015

PROSTITUCIÓN Y NEOLIBERALISMO

Es normal que Ciudadanos y Esperanza Aguirre se muestren partidarios de la regulación de la prostitución. Angela Merkel también lo es y contribuyó a la regulación de la misma en Alemania. Es normal, hablamos de una gran industria, la segunda mayor industria del mundo, mueve millones de euros y es un gran lobby con una enorme capacidad de presión social y política. Un lobby que paga a medios de comunicación y a expertos de todo tipo para conseguir una opinión pública favorable a sus intereses. Un lobby empresarial que, al igual que cualquier otro gran lobby, trabaja no para dotar de derechos a las personas más vulnerables, sino para aumentar sus propios beneficios.

En los próximos años, quizá meses, vamos a ver cómo la derecha se preocupa cada vez más de la prostitución. Su propuesta será regularla y su excusa serán los derechos de las prostitutas. El Partido Popular ya la ha incluido en el PIB y próximamente vamos a escuchar hablar mucho de estos derechos, como hace ya Albert Rivera. No sé si engañarán a nadie, quizá sí, pero es llamativo que el mismo partido que se opone a que los inmigrantes irregulares tengan derecho a la sanidad quiera ahora dotar de derechos a las prostitutas, la inmensa mayoría migrantes, muchas irregulares. No hace falta explicar que decir “derechos” y “Esperanza Aguirre” en la misma frase hace que ésta explote, es una contradicción en sus términos.

Los liberales conservadores, minoritarios ahora, tienen sus propias razones para oponerse a la prostitución, pero más bien a quién se oponen es a las prostitutas (a las mujeres) y al sexo. Los moralistas religiosos conservadores asocian el sexo a algún tipo de mal y culpan a las mujeres, prostitutas o no, del comportamiento de los hombres.


Cuando las políticas sobre la prostitución las dictan los conservadores, son las prostitutas las que son perseguidas, como si ellas fueran las culpables de dedicarse a una ocupación creada, mantenida y promocionada durante siglos por el sistema patriarcal, que se ocupa, además, de crear las condiciones materiales necesarias para que millones de mujeres vean en ella su mejor opción.

Para saber lo que piensan estos moralistas de la prostitución basta con ver lo que ha opinado la Iglesia católica, todas las iglesias, desde siempre: la prostitución es necesaria, dijo San Agustín, pero ellas son escoria; y de ahí no se han movido. En la Edad Media las parroquias eran propietarias de muchos burdeles. No se habrá escuchado a un jerarca de la iglesia opinar mal de la prostitución, si de las prostitutas. En todo caso, esta opinión era la propia del capitalismo y precapitalismo patriarcal que ha sido sustituido por la globalización neoliberal y por otro tipo de prostitución.

La batalla de ideas es muy importante para el neoliberalismo. Se trata de invadir hasta el último reducto de las mentes con la idea de que el mercado es un buen regulador social y que, cuanto más libre es el mercado, mayor bienestar social. Se trata de que asumamos que todo es mercantilizable y que la justicia la determina la ley de la oferta y la demanda; que cualquiera puede ser un emprendedor y que la libertad consiste en poner precio a todo aquello por lo que alguien esté dispuesto a pagar: los óvulos, la sangre, los cuerpos, los úteros, los órganos, los niños y niñas (si se venden antes de ser concebidos)...

El apoyo a la industria de la prostitución, a la de los vientres de alquiler o a la de la privatización de la sangre entra dentro de lo que Esperanza Aguirre y Albert Rivera consideran el debate de las ideas.

La de la prostitución es una batalla central para el neoliberalismo por varias razones. Por una parte porque es una industria global que a saber cuántas campañas electorales no estará financiando en todo el mundo y porque está conectada con poderosas industrias de todo tipo. En ese sentido estamos hablando de una empresa tan poderosa social y políticamente como Bayer, por poner un ejemplo. Pero con una ventaja añadida y es que además de producir dinero produce, con su sola existencia, ideología patriarcal y no olvidemos que el neoliberalismo tiene su propia política sexual; prefiere la desigualdad a la igualdad de género.



La desigualdad de género es funcional al neoliberalismo por razones conocidas porque, como dice Marcela Lagarde cuando el género se mueve, todo se mueve. El feminismo ha conseguido mover algunas de las certezas sociales respecto al género y obviamente vivimos ahora una fuerte reacción patriarcal
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No es porque las feministas sean puritanas ni porque se trate de sexo por lo que están contra la prostitución. De hecho, la prostitución no tiene nada que ver con las relaciones sexuales ya que una relación sexual necesita de dos o más personas y aquí sólo hay una parte, el hombre, teniendo sexo, mientras que la mujer está, en el mejor de los casos, esperando que él acabe y en el peor, sufriendo.

Tampoco es una cuestión exclusivamente individual, como los neoliberales lo plantean. Hablamos de una institución y, por tanto, es una cuestión también social. Se trata de desigualdad de género, se trata de desigualdad económica y se trata de ideología patriarcal. Se trata de una ideología que asume como natural unas supuestas “necesidades” sexuales masculinas y un supuesto “derecho” a saciarlas a costa de lo que sea, y que da por hecho que tiene que existir un contingente de mujeres a disposición de esas supuestas necesidades masculinas y de esos supuestos derechos. Este contingente se asegura creando las condiciones materiales de desigualdad y las condiciones culturales para que muchas mujeres tengan en la prostitución su mejor o única opción.

Con el neoliberalismo global, la prostitución cambia y su demanda aumenta (a pesar de las libertades sexuales de hombres y mujeres). Ha pasado de ser una salida personal para mujeres empobrecidas a ser una inmensa industria que necesita, como toda industria, aumentar constantemente la demanda. De ahí la necesidad de la trata.

La demanda aumenta incentivada por una industria y por un lobby que es capaz de producir cambios en las mentalidades sociales y en los hábitos de consumo. Un lobby que trabaja con los medios de comunicación, con supuestos expertos, en las instituciones internacionales, en la publicidad, el cine…Tanto aumenta la demanda que a pesar de las condiciones de pobreza y explotación a las que viven sometidas millones de mujeres, no hay oferta suficiente; por eso, para mantener esta industria viva y asegurar el aumento sin fin de la demanda, es necesaria la trata.

La prostitución es, de todas las instituciones patriarcales, la que mejor normativiza las diferencias entre hombres y mujeres, las marca a fuego. La prostitución sitúa a los hombres a un lado y a las mujeres al otro de manera no intercambiable; y tiene consecuencias ideológicas, pedagógicas, culturales, éticas, y también económicas. Si la prostitución aparece como una solución aceptable para la pobreza femenina, para qué buscar otras, para qué formar a las mujeres, para qué educar a los hombres en la igualdad si la igualdad es incompatible con el uso de la prostitución.

La prostitución enseña desigualdad; disciplina a los hombres en un modelo de relación desigual, lo normaliza y naturaliza aún más. No importa la igualdad que alcancemos en otros ámbitos, siempre quedará ese espacio para que aquellos hombres para quienes experimentar subjetivamente la superioridad sobre las mujeres es un factor importante en la construcción de su personalidad, puedan hacerlo; para que puedan experimentar, sentir, gozar, aprender y reafirmarse en la desigualdad.

Y eso no tiene nada que ver con que las mujeres que se dedican a la prostitución tengan sus derechos humanos y de ciudadanía intactos. Para ellas respeto, apoyo, solidaridad, justicia y ayuda si la necesitan. La batalla es contra la institución, contra los empresarios, contra los puteros y contra la ideología prostitucional.

Obviamente, los mismos que apoyan la institución de la prostitución son los que se oponen al derecho al aborto. Porque el derecho al aborto sí es un derecho personal y social que contribuye a mover el tablero del género, ya que otorga a las mujeres la plena libertad reproductiva, algo que no ha ocurrido nunca antes en la historia. Convierte a las mujeres en dueñas plenas de sus procesos reproductivos, de sus cuerpos y de sus proyectos vitales, mientras que la institución de la prostitución (aun cuando supusiera ventajas personales para alguna de las mujeres que se dedican a ella) cimenta la desigualdad material y simbólica de todas las mujeres.

El aborto hace a las mujeres dueñas de sus cuerpos, mientras que la prostitución los pone al servicio de una determinada ideología y de una industria.


Por eso, en las próximas décadas vamos a ver como la prostitución es firmemente apoyada desde los sectores puramente neoliberales, que lo van a hacer, además, en nombre de los derechos de las mujeres, mientras que, al mismo tiempo, el derecho al aborto o la lucha contra la violencia machista serán fuertemente contestados desde esos mismos sectores. Es la política sexual del neoliberalismo globalizado: mercantilización de los cuerpos de las mujeres y de sus procesos reproductivos bajo la etiqueta de libertad y libre contratación, combinado todo ello con ataques ideológicos y materiales al derecho al aborto.

miércoles, 8 de abril de 2015

¿ACABAR CON LA ESCUELA CONCERTADA O PARALIZAR LOS CONCIERTOS?

       
           El PP de la Comunidad de Madrid ha sido históricamente la punta de lanza de la privatización de los servicios públicos. También de la corrupción y los favores a los empresarios cercanos, como demuestra la Operación Púnica. Las noticias de las últimas semanas amplían el círculo (mafioso) a la educación concertada. Tal y como ha sido revelado, las mordidas que se embolsaba Francisco Granados —hasta junio de 2011 consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP en Madrid— de entre 900.000 y 1,2 millones de euros por centro, son la piedra sobre la que se edificaba la supuesta “libertad” de elección de centros en la Comunidad de Madrid. Corrupción, constructoras y privatización en una trama en la que participaban como colaboradores necesarios David Marjaliza, con su constructora Obrum, y Alfedel, una empresa dedicada a promover colegios privados concertados.

El negocio de la privada se nutre de la degradación de la educación pública, que está siendo estrangulada por la falta de medios, deterioro de infraestructuras, falta de profesorado, supresión de becas... Esto se combina con la paralización de nuevos colegios e institutos públicos en la Comunidad. Hay 12 barrios en Madrid capital que no tienen un instituto público al que acudir, afectando a más de 7.000 alumnos.

Al mismo tiempo, desde el año 2000 se han cedido más de 82 parcelas para centros privados, del Opus Dei y otras sectas ultrarreligiosas, amigos y amiguetes del PP, algunas a precios tan irrisorios como los 34 céntimos al mes por metro cuadrado que ha pagado Arturo Fernández, antiguo presidente de la patronal madrileña, usuario de las tarjetas black y amigo del pequeño Nicolás. Su empresa, Grupo Cantoblanco Catering Service, llegó a tener tres colegios en Madrid antes de declarar el concurso de acreedores. Esperanza Aguirre, por supuesto, no sabía nada.

A mitad de precio (16 céntimos por mes al año) le ha salido el metro cuadrado a Antana Educación, empresa propiedad de Jorge López del Hierro, que, casualidades de la vida, es el sobrino del marido de Mª Dolores de Cospedal, y además dueño de la cervezera Mahou. Como fabricar cervezas tiene mucho que ver con la educación, Antana tiene tres colegios en Madrid, en Paracuellos, Leganés y Villanueva del Pardillo, este último con cesión gratuita de terreno a 75 años, que ha sido declarada ilegal pero cuya sentencia no ha sido aplicada, ni parece que haya prisa por hacerlo. Al igual que ocurre con los trabajadores de Coca-Cola, si la justicia va contra los intereses de los poderosos se pospone sine die.

Más recientes aún han sido las cesiones en Móstoles de una parcela de 20.000 metros cuadrados en el PAU 4 (pendiente de adjudicar) y la del antiguo colegio público Tierno Galván a la universidad Francisco de Vitoria, vinculada a los Legionarios de Cristo.
Al mismo tiempo la Comunidad de Madrid se ha gastado 2,7 millones de euros en promover la “libertad de elección” de centro entre los padres, o lo que es lo mismo, en hacerle la publicidad a la privada, porque ¿en qué consiste esa libertad?

La mentalidad del PP es clara: la educación es un negocio, por tanto sólo me interesan los alumnos rentables. La forma más efectiva de hacerlo son las famosas cuotas. Aunque en teoría están prohibidas, los colegios se las apañan para disfrazarlas de aportaciones “voluntarias” o como “actividades extraescolares”. Actividades extraescolares tales como pagos por “mantenimiento de patio e infraestructuras”, cuotas de 50 euros de material escolar que dan derecho a un archivador y 10 folders, tener que utilizar obligatoriamente cuadernos con el logotipo del centro que cuestan cinco veces el precio en cualquier otro lado (si un alumno no usa esos cuadernos, suspende), uniformes obligatorios que sólo se venden en el propio colegio, organizar los horarios del centro para que sea prácticamente obligatorio quedarse al comedor (unos 100 euros más al mes, ¡¡nueve!! euros por día suelto).

En los colegios dependientes de Alfedel se llegan a cobran 180 euros al mes como “complemento formativo”, dos horas extras de refuerzo de inglés e informática, metidas en medio de la jornada escolar. Los que no pagan deben permanecer esa hora en el centro, pero ¡no pueden estudiar ni adelantar trabajo, para no tener ventaja respecto a sus compañeros! Los profesores tienen orden de la dirección de no dejar estudiar en esas horas.
Este “complemento” también da derecho a participar en actividades extraescolares y se utiliza como criterio para organizar las aulas: los que pagan en unas clases, los que no en otras. Alguna jefa  de departamento a llegado a decir decir, sobre el un grupo de la ESO que no pagaba complemento: “Esos no se pueden quejar de nada, encima de que no dan un duro al centro”. Un criterio muy pedagógico.

Otro de los argumentos que utiliza la patronal de la privada es que el coste por alumno es menor que en la pública: 4.185 euros por alumno al año en la pública frente a 2.944 en la concertada. Pues bien, esta diferencia se explica únicamente por dos factores: la pública es quien recibe el doble de alumnos con necesidades educativas especiales y el 82% de los alumnos inmigrantes; y las peores condiciones laborales de la concertada, el coste medio anual por profesor en la privada concertada es de 5.808 euros menos que en la pública, por enseñar las mismas asignaturas con una jornada laboral más larga. Por si fuera poco, el convenio firmado el pasado año, rápidamente y al calor de la LOMCE, dura hasta 2020, con retroactividad desde 2009, ¡11 años de convenio!

Con suelo gratuito o casi regalado, selección del alumnado, peores salarios y todo pagado del erario público, muy inútil tiene que ser el empresario para perder dinero. ¡Toda una lección de “emprendimiento”! El requisito más complicado para poder empezar es conocer a algún político del PP que esté dispuesto a aceptar sobres… y no parece muy complicado.

Ante este panorama, es de vital importancia para garantizar el derecho de la clase obrera a una educación y a un futuro digno tener muy clara una postura frente a la educación concertada. No valen medias tintas. El negocio de la educación privada concertada depende de la agonía de la educación pública. No puedes tener uno sin lo otro. Entre la educación como derecho y la educación como negocio no hay vía del medio.


Un gobierno de izquierdas debe defender abierta y claramente la única salida posible: no se trata de paralizar los conciertos educativos sino de acabar con ellos, integrando toda la red privada concertada en la educación pública para dar salida a las enormes necesidades de las familias trabajadoras que ven, día tras otro, como el Partido Popular pretende hacer de la educación pública un derecho en extinción.

viernes, 3 de abril de 2015

ESCUELAS CONCERTADAS Y "PÚNICAS"

Cuando la policía bautizó como ‘Púnica’ a la operación destinada a desmantelar una trama de corrupción político-empresarial en Madrid, no lo hizo porque hubiera cartagineses entre los investigados. Era un juego de palabras con el apellido en latín (punica granatum) del máximo responsable político de la trama, Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid de 2004 a 2011 y consejero de Presidencia, Justicia e Interior con Esperanza Aguirre. Pero quizá no podían imaginar que las cosas podían llegar tan lejos como para salpicar y manchar a la educación madrileña.

Según hemos podido saber a través de ABC, Granados, a través de la red mafiosa, cobraba comisiones de 900.000 euros a 1,2 millones por una serie de colegios concertado que autorizaba. El calibre de las mordidas ponen de manifiesto el alto volumen de negocio en juego. Según parece afecta, al menos, a cuatro colegios de Valdemoro y de Torrejón de Velasco. La empresa que está detrás de estas operaciones tiene 18 colegios en la comunidad de Madrid y el oscuro personaje que la lleva es un viejo cooperativista del colegio San Saturio que ha crecido a la sombra del poder. Podemos estar ante una trama corrupta que afecta a una parte significativa de la educación madrileña concertada.

Siempre supimos que el PP desmantelaba la educación pública por ideología y por negocio. Por ideología, porque defiende un modelo segregador y no inclusivo, ya que no les gusta la mezcla social ni siquiera en la escuela; y porque prefieren destinar recursos públicos para educar a las élites y degradar la educación pública para que esté en correspondencia con un mercado de trabajo precario y una sociedad desigual. Y por negocio, porque la educación de sus hijos preocupa tanto a las familias que se ha convertido en un apetitoso pastel y en la oportunidad de obtener beneficios para las empresas, una vez agotados otros sectores como la construcción. Ello explica que empresas como ACS o Eulen se metan a gestionar escuelas infantiles aunque no tengan nada que ver con la educación.

En nuestra ingenuidad, no llegamos a adivinar que también se hacía para obtener comisiones corruptas a cambio de facilitar prebendas: regalar suelo público y asegurar un concierto a los colegios con el que obtenían financiación pública, aparte de las cuotas que suelen cobrar a las familias.

El papel de la mano derecha de Esperanza Aguirre durante mucho tiempo era aprovechar el impulso privatizador del gobierno del PP para sus negocios. Hay que recordar que, en Madrid, los gobiernos del PP desde 2003 a 2011 autorizaron 90 colegios concertados. Con esta política agresiva en contra de la educación pública lograron dar la vuelta a las ratios de escolarización.

En Madrid han creado la anomalía de que casi la mitad de los alumnos (48%) están en la enseñanza privada-concertada, mientras que a nivel estatal se sitúan en el 30%. Tras el sarcasmo de la libertad de elección de las familias, se escondía su corrupción y no solo beneficiar a los colegios privados frente a los públicos.

Donde hay un corrupto, hay un corruptor, y cuando se pasa una vez la raya de la deshonestidad, se pasa más veces. Por ello debería realizarse una auditoría objetiva de los 90 centros privados concertados autorizados por los gobiernos del PP, tal y como pide CC.OO. Esperanza Aguirre, Lucía Figar y José Ignacio Wert deberían de comparecer en sede parlamentaria tanto en la Asamblea de Madrid como en el Parlamento para dar la cara ante este grave escándalo.

Hay que recordar que la LOMCE legaliza la práctica seguida en Madrid que permite regalar suelo público de los ayuntamientos para empresas privadas, aunque no se garantice una oferta pública de plazas escolares suficiente en los barrios de nueva creación y centros urbanos en crecimiento demográfico. Es un escándalo demasiado oscuro para no darle luz y aclararlo hasta el fondo.

Aunque un asunto tan sucio como la corrupción que hemos conocido solo afecte a un número limitado de colegios concertados, y nada tengan que ver con él las cooperativas de profesores, hay dos cuestiones de fondo a abordar.

Por un lado, estas situaciones son posibles en el caldo de cultivo de la financiación ilegal de los partidos políticos que acaban derivando al reparto de sobres y a que se lleven el dinero los más desaprensivos. Un partido que se financie ilegalmente debería de ser suspendido de actividad por realizar dumping electoral y político respecto a los demás.

Por otro, la doble red pública-concertada es injusta, segregadora y multiplica las desigualdades. Es un disparate que entre todos los contribuyentes estemos financiando una educación separada para los hijos de la clase alta, dando dinero a los que ya lo tienen.

Los centros que reciben fondos públicos no pueden excluir al alumnado desfavorecido en cualquier aspecto. En un futuro habrá que abordar este tema por un gobierno progresista, porque a ningún empresario se le puede prohibir que cree un colegio privado ni a ninguna familia llevar a sus hijos allí, pero nunca a costa del presupuesto público.


Asegurar el derecho a la educación para todos en condiciones de equidad, de igualdad de oportunidades y de calidad pasa por fortalecer la red pública. Ese es el modelo existente en los principales países europeos de nuestro entorno, el de mayor calidad educativa y cohesión social. Lo nuestro es una antigualla con raíces en el franquismo, que busca adoctrinar y hacer negocio con un derecho público y un bien común.