La aplicación occidental de los DDHH es tan interesada como asimétrica, tan hipócrita como exasperante y tan lacerante como inmoral. Debería ser, por tanto, una preocupación generalizada. Sin embargo, que los DDHH se repartan al gusto del juego geopolítico no resulta alarmante para la mayoría de los occidentales, que conviven sin mayor dificultad con transacciones humanas o ventas de armas cuyas víctimas se cuentan por millones. La mayor tragedia humanitaria del planeta (Yemen) y el interminable listado en el que el Sáhara solo es el último ejemplo lo corroboran: Afganistán, Libia, Irak, Siria, el Sahel...
El presidente
español, Pedro Sánchez, mantuvo una reunión con el dictador Mohamed VI el
pasado 7 de abril en la que aseveró que España y Marruecos iniciaban "una
nueva etapa en las relaciones bilaterales, basada en la transparencia y en el
respeto mutuo". Una etapa marcada por la reapertura ordenada de las
fronteras y la celebración de una cumbre a finales de año "al más alto
nivel".
Y para
celebrarlo, Mohamed VI ordenó que drones marroquíes, probablemente comprados a
Israel y Turquía, bombardeasen civiles saharauis. No fue el único evento de los
festejos del dictador marroquí para conmemorar el restablecimiento de las
amistosas relaciones hispanomarroquíes. El último fin de semana incluyó, al
menos, ocho bombardeos que han dejado, como mínimo, dos víctimas mortales, una
mujer y un joven, además de varios heridos, algunos de ellos de gravedad. Entre
los daños materiales fueron contabilizados daños en depósitos de agua,
campamentos y camiones. Otra forma de asesinar, pero más lenta y subrepticia.
Además, la
decisión de Pedro Sánchez de entregar, de facto, el Sáhara a Marruecos no solo
agrede con brutalidad a los DDHH, sino que, además, es contraria a los más
elementales principios democráticos al tratarse de una decisión
presidencialista que no ha contado ni con apoyo parlamentario ni con apoyo
popular.
Por un lado,
el Congreso de los Diputados desautorizó públicamente la decisión socialista
tras la aprobación de una proposición no de ley firmada por Unidas Podemos,
socios del gobierno socialista, Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya.
Debido a la posición de sus socios y aliados, el PSOE fue el único partido que
votó en contra. Una desautorización que, por tanto, demuestra que la nueva
posición española en el conflicto del Sáhara no solo causará un enorme
padecimiento a todo un pueblo, sino que se sustenta en una minoría parlamentaria
que no cuenta con el apoyo de los partidos que representan a la ciudadanía:
solo la apoyan 120 de los 350 escaños parlamentarios. Y, probablemente, ni eso.
Por otra
parte, existen serias dudas al respecto del respaldo de la población a la
decisión de Pedro Sánchez, incluso dentro de los simpatizantes y votantes del
PSOE. En el caso de la ciudadanía, sabemos que las múltiples encuestas en los
medios de comunicación muestran rechazo, pero no se puede llegar más allá
porque el CIS, centro encargado de testear la opinión ciudadana, no pregunta
sobre Marruecos desde el año 2002 y sobre el Sáhara desde 1974. En el caso de
las bases socialistas, no parece que se trate de una decisión de su agrado, ya
que se han posicionado, históricamente, a favor de la autodeterminación del
Sáhara y nada hace pensar que exista un cambio sustancial de su opinión.
Una defensa
pública que ha alcanzado su cénit mediático cuando el expresidente socialista,
Felipe González, se ha pronunciado. El expresidente español, todo un referente
occidental, ha aseverado que se trata del plan más serio presentado en cuatro
décadas para resolver el conflicto. Opinión que debe ser tenida muy en cuenta,
pues Felipe González tiene mucha experiencia en cuanto a la solución de
conflictos. No olvidemos que, bajo su mandato, se crearon soluciones serias
para el conflicto vasco como los GAL, que torturaron, violaron y asesinaron
durante el gobierno socialista de los años ochenta.
Aunque
referentes occidentales como Felipe González lo omitan, quizás por sus propios
intereses (en el año 2014 vendió terrenos en Tánger a la familia de la
dictadura saudí), Marruecos es una dictadura. Una cruel dictadura que vulnera
los DDHH de forma feroz y reiterada. Según el Informe 2021/22 de Amnistía
Internacional sobre Marruecos y el Sáhara Occidental, la dictadura de Mohamed
VI atenta contra la libertad de expresión y de asociación, el derecho a la
privacidad, la libertad de reunión, el derecho a la salud, los derechos de las
mujeres y de las niñas, los derechos del colectivo LGTBI, los derechos de los
refugiados y migrantes. Además, perpetra actos de tortura y otros malos tratos.
Una salvaje dictadura a la que el embudo occidental convierte en un socio serio
y fiable.
Por tanto, no
solo es que los cuerpos policiales españoles esperen a los migrantes
pertrechados de porras tras las concertinas o que la Guardia Civil los haya
recibido a pelotazos en el mar, como en el caso de los quince migrantes
fallecidos en la playa del Tarajal, sino que Marruecos los usa como munición
contra España cada vez que tiene necesidad. Lo que sucede con demasiada
frecuencia.
Por desgracia,
países como España no tienen capacidad de decidir sus relaciones internacionales,
las cuales, en más de una ocasión, parecen impuestas. Como en este caso. No
olvidemos que el origen de la aceptación española del plan marroquí para el
Sáhara emana del interés norteamericano por el restablecimiento de las
relaciones de Israel con Marruecos y otros países no menos respetuosos con los
DDHH. Y si EEUU le ha prometido el Sáhara como compensación a Marruecos, ¿quién
es España para negarse?
Sánchez solo
es un títere que un día gasta casi 4.500 millones de euros en ampliar y
modernizar su flota de aviones de combate con el pretexto de defender el
espacio aéreo canario de Marruecos y al siguiente concursa para que Mohamed VI
compre las embarcaciones militares de Navantia. Un títere que no tiene
inconveniente en regalar medio millón de personas al dictador marroquí y
aporrear migrantes en Ceuta y Melilla mientras acoge a ucranianos como si
fueran compatriotas. Un títere que ejemplifica como pocos la asimétrica
aplicación occidental de los DDHH.