EN EL 89 ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA

Ayer se cumplieron 89 años de la proclamación de la República Española, no tiene una relevancia especial el hecho de este aniversario. Lo que hace especial este día es el hecho de estar en casa confinado, privilegiadamente encerrado, rodeado de estadísticas de muerte y enfermedad. Eso ha hecho que este aniversario sea especial y digno de celebrarse, intelectualmente hablando, como contrapunto al duelo abierto que nos rodea. Celebrar la vida también es lucha y resistencia, porque solo desde la vida podemos combatir en tantas causas en las que militamos en pos de los Derechos Humanos, de la Verdad, la Justicia y la Reparación.

Soy un gran amante del género audiovisual donde la distopía es el marco de la acción pero no me imaginé viviéndola por culpa de un virus, en pleno primer mundo, o eso dicen, y aún menos que sería normalizada a tanta velocidad. Siempre pensé que esos escenarios se darían en esta sociedad salvajemente capitalista, neoliberal o como gustéis etiquetar, gracias a la desigualdad, la explotación desalmada de personas y de nuestros entornos y a la rebelión de los invisibles por pura supervivencia, aunque quizá debería haber supuesto que eso sería más fantástico todavía que el cine. Revoluciones triunfadoras para derrocar injusticias son utopías.

El sistema ya ha comprobado que ante crisis de todo tipo nos mantenemos como gallinas ante una raya pintada en el suelo. Y verdaderamente es triste como hemos asumido el falso argumento de seguridad por libertad y como hemos comprado que es incompatible ser libre y estar seguro. Se ha asumido que seguridad es el ejército paseándose por nuestras calles haciendo sonar el himno del Reino de España, publirreportajes de desinfecciones y montajes de hospitales que ha realizado la clase trabajadora de siempre, señores con el medallero diciéndonos lo buenos soldados que somos comandados por el número uno, Felipe, caudillo de esta guerra que nos han vendido.

El monarca siempre en prime time y en cabeza para el blanqueamiento de su figura y del dinero sucio que heredará de su corrupto padre. Y sin investigaciones parlamentarias porque dicen que ahora no tocan. Que no nos engañen, ya sabemos que no tocan nunca, gobierne quien gobierne el rey se defiende, como cabeza visible de otra herencia militar y corrupta llamada Régimen del 78. Y que no nos vengan ahora con la segunda parte de los funestos Pactos de la Moncloa, padres de impunidades, para perpetuar ad eternum el “atado y bien atado”, bajo la bandera de una unidad que desune y que nos dirán ser de todos los demócratas. Una unidad que ni tan siquiera es jacobina porque aquí no hubo revolución, ni guillotina, aquí siguen mangoneando los mismos de siempre entre incienso, latifundio, monopolio, privilegio y ¡Viva España!. Receta única de recentralización para todos los males del estado.

Seguridad es tener hospitales y servicios sanitarios bien equipados, suficientes profesionales bien remunerados, previsión y todo ello público, universal, gratuito y de calidad.

Seguridad es una administración responsable, solvente, que sepa dar indicaciones claras, tomando decisiones por el bien común al margen de las presiones del Sistema, sanguijuela de la especulación y carroñero de la desgracia ajena.

Seguridad es dotar a la población de elementos como guantes, mascarillas, alcohol, seguridad es hacer los tests a todo el mundo para evitar contagios gratuitos de tan alto coste.

Seguridad es tener unas residencias de la tercera edad, que jamás deberían estar al servicio del beneficio de constructoras y aseguradoras, sino que deberían ser un bien público para proteger a quienes con su sacrificio contribuyeron a que hayamos disfrutado del tan cacareado estado del bienestar, por desgracia en continua descomposición.

Seguridad es que ninguna persona sea ilegal y que tengan los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, que el racismo no tenga cabida en nuestra sociedad.

Seguridad es que los sectores que se han demostrado mucho más esenciales de lo que en nuestra ceguera colectiva y elitista pensábamos, tengan unas condiciones dignas de trabajo y sean bien retribuidos.

Seguridad es tener buenos medios de transporte público y no tener que viajar hacinado.

Seguridad es proteger y ofrecer recursos públicos a quien no va a vivir un confinamiento con Netflix, la nevera llena, sin problemas de salud física o mental, con familias que le hagan de colchón emocional y que no sean la cama de un faquir, con un techo y un salario garantizado.

Seguridad es aplicar la ley sin creerse protagonista de un western porque el servicio público no es agredir gratuitamente a quien te paga el sueldo, ni llevar flores a santos y santas, ni ser el Kevin Costner de curas medievales exorcizando la Peste.

Seguridad es que a los mecenas idolatrados en vez de cantarles el cumpleaños feliz se les exija que paguen sus impuestos para que quien no pueda pagarlos disponga de ayudas para seguir adelante.

Seguridad es tejer redes de solidaridad y ayuda en comunidades, vecindarios, pueblos y ciudades para superar lo que estamos viviendo y lo que vendrá, si salimos del confinamiento de manera irresponsable y alegremente.

Este concepto de seguridad tendría que formar parte de nuestra cultura y la cultura tendría que ser un bien a proteger, no a desdeñar. Nuestro dinero no tiene que servir en ningún caso para pagar cifras millonarias a medios privados de desinformación, que solo sirven a su propio propósito porque son sistema.

Seguridad es respetar a tus vecinas y vecinos de primera y segunda residencia (quien la tenga y no haya tenido la decencia de quedarse en la primera), cumpliendo en la medida de tus posibilidades las indicaciones para protegernos de esta pandemia, que dicen los expertos que no será la última que vendrá a visitarnos sin avisar. Solo espero que entonces no haya excusa posible para no hacer las cosas bien.

Seguridad no es respeto inducido por los uniformes, es respeto generoso a las personas que nos rodean en un feedback que seguro será muy gratificante.

No compremos que se deben adoptar las parafernalias de la derecha y la extrema derecha para contentar a sus votantes y a ciertos estamentos, porque estos nunca van a aprobar la gestión de los que apodan rojos (aunque no lleguen ni a color teja), como buenos enemigos. Que no nos digan que es para que no se apropien de símbolos y colectivos que forman parte del estado porque lo que se consigue es que los que se identifican con éstos acaben votando a la ultraderecha por sobredosis de ardor nacional. Que no nos vendan que si no le dan cancha al ejército este va a ser más franquista de lo que es, mientras no se atreven a airear los cuarteles para eliminar ese olor a dictadura. Que no insinúen que hay que salvar la economía, patronal y banca, antes que a quienes la sustentamos. Porque la pregunta que se impone es para qué se vota a opciones que se autodenominan de izquierdas si con sus posturas inclinan la balanza hacia la derecha para contentar a la mano que mece la masa. Mi voto será para la mujer del César, que no solo debe ser honrada sino que debe parecerlo, porque ética y estética deben ir de la mano en estos tiempos tan peligrosos de campos embarrados de mentira y de cálculos políticos.

No debemos ser dóciles ovejas sin capacidad de realizar nuestros propios análisis, atrapados en la tela de las redes sociales, sin criterio y maleables por unos y por otros, difundiendo a diestro y siniestro lo que llega a nuestro móvil. No somos una masa informe y debemos ser una sociedad bien informada, porque verdad es libertad y esta no se canjea por nada. Nos va en ello la vida, esa que tanto amamos para seguir siempre de pie luchando por la justicia social.

Es abril, es tiempo de repúblicas.

MENOS MILITARIZACION Y MAS RECURSOS SANITARIOS

Ante la actual situación de emergencia causada por la pandemia del coronavirus demos todo nuestro apoyo a todas/os las/os profesionales que están luchando contra el COVID-19 y todas aquellas personas que hacen posible la continuidad de nuestras vidas. Así mismo manifestemos nuestra total oposición a cualquier respuesta securitaria y militarista a la actual situación.

La crisis del coronavirus es sin lugar a dudas una crisis de seguridad humana. Son las/os profesionales de la sanidad, así como quienes trabajan en servicios sociales básicos y en investigación, quienes pueden atajar esta emergencia y proveernos de protección y seguridad. Situaciones como esta sólo se pueden afrontar con sistemas públicos de atención y de cuidado de las personas, con una gestión basada en constataciones científicas objetivas y con estructuras que sean a la vez de coordinación global y de actuación local.

No es esta la situación en el Estado español. La crisis de 2008 dio alas a unas políticas neoliberales de fuertes recortes y privatizaciones, con graves consecuencias para el sistema público de salud y otros pilares del estado de bienestar que son garantes de la seguridad humana. La gestión de aquella crisis ha generado en gran parte la fragilidad con la que ahora estamos enfrentando esta.

Las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables fueron los grandes perjudicados de aquella crisis, y debemos asegurarnos de que no vuelva a ser así.

Por su parte, el sector militar ha gozado tradicionalmente de un trato de favor en la elaboración de los presupuestos del Estado, basado en su supuesto rol como garante de nuestra seguridad. No obstante, con la crisis del COVID-19 ha quedado probado nuevamente que las capacidades militares nada pueden hacer para frenar ni confrontar las verdaderas emergencias que afectan la vida de las personas.

Si hubiéramos empleado con criterios de seguridad humana una pequeña parte de los recursos destinados a la militarización y el armamentismo durante la última década (206.745 millones de euros desde 2008), ahora sin duda contaríamos con un sistema público de salud más robusto y capaz.

Además de la evidente pérdida del coste de oportunidad de financiar con nuestros impuestos ejércitos y arsenales, debemos también denunciar que las medidas decretadas por el Gobierno otorguen al ejército, principalmente a través de la Unidad Militar de Emergencias, un papel destacado en la gestión de la crisis. La UME solo cuenta con una pequeña asignación específica dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa, que en 2018 fue de 31 millones (un 0,32% de los 10.200 millones de gasto en Defensa), por lo que estas actuaciones parecen más bien un lavado de cara y una forma de legitimar las FAS. Por otro lado, su labor debería ser desempeñada por cuerpos de protección civil, que están especializados en estas labores pero que cuentan con plantillas y recursos mucho más modestos.

Por su parte, el despliegue de tropas del Ejército del Aire y de Infantería (2.600 soldados a 19 de marzo) es todavía más preocupante. La presencia de la UME y de militares armados en las calles representa una militarización de la vida pública que pudiera ser la antesala de futuras medidas represoras que debemos rechazar y condenar firmemente.

Debemos considerar por tanto, fundamental el papel de la sociedad civil en la oposición a estas políticas. La gestión post-crisis será igualmente relevante, pues debemos evitar, como a menudo ha ocurrido, que se normalice lo que debe tener un carácter excepcional y que se consoliden recortes en derechos y libertades y una precarización de las condiciones de vida, que afectan con mayor virulencia a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 

Por el contrario, esta vez se deben dotar de recursos a los sectores que verdaderamente proveen de seguridad a las personas, como son sanidad, educación, empleo o investigación. La actual experiencia debe servir para hacer evidente la necesidad de luchar por un sistema que garantice derechos y libertades y unos servicios públicos universales y de calidad, con criterios de sostenibilidad ambiental, que ponga la vida en el centro y deje el afán de lucro a un lado.

Pidamos, por tanto, que ante una crisis causada por un virus que no entiende de fronteras, se tomen medidas por la salud pública y se utilicen exclusivamente mecanismos de protección civil y humanitaria, en vez de recurrir a medidas de vigilancia, control de las personas y seguridad militarizada, que son precisamente las que se emplean sistemáticamente en nuestras fronteras.

Nuestra seguridad y protección no puede seguir gestionándose con estructuras militarizadas que lo que pretenden es defender los supuestos intereses de los estados-nación y sus fronteras. Porque las grandes crisis del siglo XXI no entenderán de fronteras. Para hacer frente a una pandemia como la del COVID-19 hacen falta más recursos sanitarios, no mayor militarización. Cambiemos el paradigma de seguridad nacional por uno de seguridad humana, que será sin duda más eficaz, justo y sostenible.

MENTIRAS BORBÓNICAS

Con el boato medieval anacrónico, alabarderos incluidos, el pasado 5 de febrero de 2020 el Palacio Nacional reunió a los embajadores acreditados, para que su majestad el rey católico Felipe de Borbón les leyera las ideas sobre España que le pasó el escriba real para su discurso protocolario. Como si los embajadores no dispusieran de villarejos y otros tipejos semejantes a su servicio, que les cuentan lo que no se comenta en los medios de comunicación, incluidos los desencuentros entre la familia irreal.

Leyó el señor Borbón, con ese tono campanudo que adopta en las ceremonias solemnes, que “España proyecta al mundo su realidad actual de país moderno, democrático y avanzado, una sociedad plural, tolerante y solidaria”. Miente: este país es medieval, fascista y retrógrado, sometido a la autoridad indiscutible de la Iglesia catolicorromana. En este reino se castiga con multa y cárcel cualquier comentario sobre la familia irreal que los jueces consideren “ofensas a la Corona”, delito del que se acusa reiteradamente a cantantes individuales o grupos juveniles. Algunos se han exiliado para evitar el encierro en la mazmorra borbónica, pero otros padecen ahora mismo la condena debida a su insolencia, por referirse a los reyes sin darles tratamiento de majestades. He publicado varias veces la relación de los culpados, por lo que no la repito ahora, pero si alguien no la conoce se la enviaré con mucha indignación.

También leyó el señor Borbón que “La protección y la promoción de los derechos humanos continuará como un elemento vertebrador y definidor de nuestra acción exterior”. Pues podía empezar haciéndolo en el interior, ordenando a sus fuerzas brutas policiales que no carguen contra los manifestantes con su bestialidad habitual y sus armas de combate. Unas armas que dejan ciegos a manifestantes pacíficos que se echan a la calle para reclamar libertades comunes a todos los países verdaderamente democráticos, que por eso aquí nos están vedadas. Se ha denunciado muchas veces el trato vejatorio recibido por los detenidos, pero a los jueces servilones no les constan las torturas en las comisarías.

Continuó leyendo el señor Borbón: “En 2020 conmemoramos el 75 aniversario de la firma en San Francisco de la Carta de las Naciones Unidas.” Efectivamente, la reunión preparatoria tuvo lugar el 25 de abril de 1945, y a ella remitió un muy largo y documentado memorándum la Junta Española de Liberación, en el que recordaba a las naciones participantes que “El falangismo español es creación del nazismo alemán y del fascismo italiano. Sería insensato que las democracias lo toleraran y, además, le amparasen”. Se ve que el escriba de la filípica desconoce la historia, porque en otro caso no osaría recordar a los diplomáticos que la Conferencia de San Francisco condenó al régimen dictatorial español, del que es continuadora la actual monarquía fascista.

El 19 de junio se celebró la reunión, en la que el delegado de los Estados Unidos Mexicanos hizo un persuasivo discurso acusador de la dictadura instalada en España, con declaraciones tan vigorosas como que “Centenares de millares de héroes que lucharon y combatieron en España por la causa de la democracia fueron, en realidad, los primeros aliados de las Naciones Unidas”.

La primera Asamblea General de las Naciones Unidas se inauguró en Londres el 10 de enero de 1946. El 8 de febrero quedó aprobada por 42 votos a favor y dos abstenciones, una proposición, presentada por la delegación de Panamá, en la que se instaba a todos los países participantes a no mantener relaciones diplomáticas con la dictadura española, por haber sido impuesta al pueblo por los regímenes nazifascistas derrotadas en 1945 por los Aliados. Vamos a esperar a ver de qué manera conmemora ese acontecimiento el actual régimen español.

Pese a todas las condenas internacionales, la dictadura fascista se mantuvo en el poder gracias a un sistema tiránico y genocida, que convirtió a España en una inmensa cárcel, vigilada por la terrorífica Brigada Político Social. En 1969 el dictadorísimo decidió perpetuar el régimen después de su muerte, y para ello propuso a Juan Carlos de Borbón como sucesor suyo a título de rey, si le juraba lealtad a su persona y fidelidad a sus leyes ilegales. Así lo hizo el designado el 23 de julio, y quedó proclamado sucesor, sin que los esclavos de la dictadura pudiésemos opinar nada sobre el tema, y sin que las Naciones Unidas salieran en defensa de nuestras libertades conculcadas. La llamada guerra fría protegió al dictadorísimo, proclamado por sus turiferarios el Vigía de Occidente contra el Comunismo, y la Iglesia catolicorromana lo condecoró con la Orden Suprema de Cristo.

El dictadorísimo aclaró en un discurso que no restauraba la dinastía borbónica, sino que instauraba la monarquía del 18 de julio, por el día de su rebelión contra el sistema constitucional legítimo. Y así se perpetúa la dictadura fascista en la monarquía fascista, sin que los vasallos del rey podamos expresar nuestra opinión, porque se nos niega la celebración de un referéndum.

Y los audaces que osan componer una canción, redactar un comunicado, trazar un dibujo alusivo a la familia irreal, o simplemente quemar en público una fotografía del monarca, son denunciados como terroristas y condenados si no logran exiliarse a tiempo. Tal es la democracia entendida al borbónico modo. ¿No ven todas estas actuaciones los diplomáticos acreditados? Seguro que sí, pero opinarán que es un asunto nuestro. Y es cierto.

Es resaltable el olvido, o no, del escriba, al hacer decir al señor Borbón que mantiene buenas relaciones con los países vecinos del norte de África. En primer lugar, leyó a los diplomáticos una inmensa falsedad, al recordar que “El viaje de Estado que realizamos a Marruecos en febrero del año pasado supuso un nuevo testimonio de la tradicional amistad que une a nuestros dos países”. Miente el señor Borbón, seguramente por ignorancia. Las relaciones entre España y Marruecos fueron durante el siglo XIX y el comienzo del XX de guerra sin cuartel.

Simplemente con citar el conocido como desastre de Annual se demuestra que el conflicto armado causó la muerte de un número nunca contabilizado de reclutas españoles, mal alimentados, peor vestidos y carentes de armas y municiones, sin ningún interés en aquella guerra colonial organizada para defender los intereses financieros del Borbón entonces reinante. Esos españolitos sacados a la fuerza de sus hogares, estaban obligados a enfrentarse a los independentistas marroquíes fanatizados por alcanzar la libertad para su tierra, bien alimentados, vestidos y armados.

Entre España y Marruecos ha habido históricamente un odio profundo, con un componente religioso también. Así lo demuestran los horrores cometidos por sus combatientes, lo mismo en Marruecos que después en la península, cuando los militares monárquicos sublevados los trasladaron aquí, para utilizarlos como carne de cañón contra los milicianos republicanos. Una de sus gracias consistía en fabricarse collares con los ojos de los milicianos muertos, y colgárselos al cuello: así desfilaban en los territorios conquistados ante las autoridades fascistas y sus colegas los clérigos, que los bendecían a base de hisopazos, mientras aplaudían las mujeres todavía con la mantilla entonces obligatoria para entrar en un templo catolicorromano.

Continuando con su alusión al norte africano prometió el señor Borbón que “España continuará estrechando las relaciones bilaterales con Argelia, y le acompañará en la nueva etapa histórica que acaba de iniciar, e intensificará la cooperación con Túnez”. Ni una alusión siquiera a la República Árabe Saharaui Democrática, traicionada por España, que no permitió su descolonización, en la más vergonzosa actuación del Ejército español, pese a estar reconocida por 82 países: los conceptos república y democrática levantan ampollas en la borbonería.

Pero queda constancia histórica del inmenso ridículo hecho por Juan Carlos de Borbón, cuando el 2 de noviembre de 1975, en funciones de dictadorísimo suplente por enfermedad del titular, viajó a El Aaiun para garantizar a la guarnición militar española que cumpliría todos los compromisos políticos adquiridos con los saharauis. Cuatro días después la llamada “marcha verde” organizada por el tirano de Marruecos,  cruzó la frontera del territorio administrado por España. Y el 18 las Cortes fascistas aprobaron la descolonización del Sahara, entregándoselo a Marruecos. Es sabido que la palabra de los borbones no vale nada. Pero esto o lo ignora el escriba real o prefiere no tocarlo. ¿Qué pensarán los diplomáticos acreditados en este reino tan insólito? Seguramente dirán que no les pagan para pensar.

“ADOCTRINAMIENTO” O DERECHOS HUMANOS

“Si abres la lata verás lo que hay realmente: el fascio, la purulencia del capitalismo, porquería compuesta de razones estratégicas, lo atado y bien atado, el fondo, el más allá, el extremo de la desvalorización humana. En el Estado Español empieza por la negación de la dictadura franquista y la negación de la memoria histórica democrática, segunda potencia mundial en personas desaparecidas por la violencia fascista, detrás de Camboya, lo acompañan con la negación de los derechos humanos y continúan por la negación del derecho internacional”

(Ramón Pedregal Casanova)

Debido a la creciente permisividad hacia la ultraderecha y el neofascismo en nuestro país, estamos pisando un terreno cada vez más pantanoso. Hace pocos días, durante el inicio “solemne” de la legislatura por parte del Rey, daba mucha risa escuchar a Santiago Abascal diciendo que eran los partidos que no reconocían al Rey los que deberían estar fuera del Parlamento, cuando quienes de verdad tenían que estar fuera del Parlamento son los esperpentos de VOX, formación política que debería estar ilegalizada si viviéramos en una auténtica democracia.

Y otra discusión falsa que causa sonrojo es el reciente debate en la Asamblea de Madrid entre la Presidenta Díaz Ayuso y la representante de VOX, Rocío Monasterio: mientras ésta le indicaba que el PP tenía complicidad con la izquierda en relación al mal llamado “Pin parental”, aquélla le respondía que le dijera casos de profesores concretos que estuvieran “adoctrinando” a sus hijos en las escuelas madrileñas, para así poder intervenir y “actuar contra ellos”. Como decimos, un debate absurdo, porque es falso. Y es falso porque en el fondo las dos están de acuerdo en que no se puede, según ellas, “adoctrinar” en las escuelas y esto ocurre, según PP y VOX (y en menor medida C’s), cuando nuestros docentes les hablan a nuestros escolares sobre derechos humanos.

Las formaciones políticas de la derecha española son las que siempre se han rasgado las vestiduras cuando se ha intentado desligar la enseñanza de la religión del currículo escolar y lo han vuelto a incluir (véase la LOMCE, el último precedente) cada vez que han podido. Pero eso, según estas formaciones políticas, no es adoctrinar. En cambio si a nuestros alumnos se les habla en clase de educación sexual, de valores cívicos y democráticos, de derechos humanos, de igualdad y tolerancia, de opciones sexuales, de machismo y feminismo, del derecho de asilo, de la memoria histórica, de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, colectivos, etc., entonces sí están “adoctrinando” a nuestros hijos e hijas.

En cambio, el “Misterio de la Santísima Trinidad” o el relato adulterado del descubrimiento y conquista de América, junto con charlas a favor de la ilegalización del aborto, por ejemplo, no serían considerados para estos grupos “adoctrinamiento”. Estamos llegando, como vemos, a una situación extremadamente grotesca e indeseable. Y lo peor de todo es que este debate se normaliza y llega bajo una capa de legitimidad al debate popular. Y entonces nos podemos encontrar a personas debatiendo de estas cosas en el metro, por la calle, en un bar, en la tienda, en el autobús o en las redes sociales. La razón última de todo ello es que aún no nos hemos creído del todo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por citar el referente oficial más reciente.

Porque creerse de verdad aquella declaración implica, de forma automática, que todas las opciones políticas que la cuestionen deben quedar fuera del debate público, es decir, ilegalizadas. Amparándose en la democracia y en la libertad de expresión, no podemos tolerarlo todo. Por ejemplo, no podemos ser racistas. Si una formación política defiende abiertamente el racismo y la xenofobia, lisa y llanamente no puede pertenecer al debate público. No está legitimada para expresar sus opiniones, porque sus opiniones no respetan el marco de los derechos humanos que la comunidad internacional se impuso a partir de un determinado momento histórico. 

     

Pero como decimos, cuando esto no ocurre, corremos el peligro de normalizar debates, opiniones y opciones políticas que no respeten este marco, y vuelvan a lanzar ciertos debates públicos que ya deberían haber sido erradicados. Otro ejemplo: no se puede hacer apología del fascismo. Por tanto, si alguien exalta el franquismo, debería ser detenido inmediatamente como delincuente. Pero estamos acostumbrados, porque lo hemos normalizado (porque a su vez nuestros gobernantes lo han permitido), a que se exalte el franquismo (incluso el nazismo) por parte de determinadas personas o grupos políticos y aquí no pasa nada. Incluso hay medios de comunicación que están encantados de proporcionarles un altavoz para que puedan pronunciarse con total claridad. La exhumación del dictador del Valle de los Caídos fue un claro ejemplo de ello.

El objetivo está muy claro: ya que no pueden alterar el contenido de los libros de texto tal como a ellos les gustaría (casi volviendo al nacionalcatolicismo), así como purgar (como se hizo durante la dictadura) a todos los docentes que planteasen criterios diferentes a los establecidos por la cultura del odio, lo que intentan es que unos padres racistas puedan educar a sus hijos en el racismo, que unos padres homófobos puedan educar a sus hijos en la homofobia o que unos padres machistas puedan educar a sus hijos en el machismo. Y aunque lo han planteado poniendo como ejemplos estos temas, en la práctica el “Pin parental” llegaría a mucho más, estableciendo una censura educativa cada vez que, por ejemplo, la escuela pública intentara criticar a las grandes empresas transnacionales, denunciara las tremendas desigualdades sociales o intentara educar a los estudiantes en una visión crítica sobre el sistema económico dominante. En realidad, el “Pin parental” lo que intenta es prohibir que nuestros escolares sean formados bajo cualquier actitud, precepto o teoría crítica sobre el mundo que sus padres entienden. Precisamente por ello atenta contra los derechos humanos fundamentales.

Mientras no alcancemos el estatus de una sociedad verdaderamente democrática y asumamos el pleno respeto a los derechos humanos en su totalidad, continuaremos permitiendo opiniones y debates extremadamente peligrosos que ponen en riesgo (porque anulamos las garantías de no repetición) nuestro sistema democrático, abriendo la puerta a derivas e involuciones retrógradas y aberrantes. El “Pin parental” ha sido la última muestra: como les aterra que nuestros escolares sean formados en dichos valores de igualdad, multiculturalidad, respeto y tolerancia, resulta que han diseñado un mecanismo que permite una vergonzosa injerencia de los padres y madres para interceptar dichos contenidos e impedir la asistencia de sus hijos a dichas actividades, jornadas, charlas, asignaturas, ciclos, mesas redondas, conferencias, etc.

Amparándose bajo la falsa denominación de “adoctrinamiento”, pretenden impedir que las nuevas generaciones abran sus mentes a dichos valores. Estos grupos políticos pretenden impedir que la escuela pública enseñe a los estudiantes que tenemos derecho a exigir unas condiciones de vida dignas, que tenemos derecho a vivir en paz, a no ser discriminados por ningún motivo o a expresar sin temor nuestra opción sexual o nuestra preferencia religiosa. Pero tampoco quieren que se cuenten a nuestros alumnos las maldades del capitalismo, ni por qué vienen tantos inmigrantes a nuestras costas, ni quiénes son los responsables de la destrucción de nuestro planeta. Son los mismos, por supuesto, que fomentan una educación clasista, elitista, sexista, segregacionista, religiosa (católica), y que para que todo ello tenga cabida fomentan y financian la educación privada y concertada, mientras reducen y marginan la educación pública. Y es que el no creerse del todo los derechos humanos nos lleva por senderos muy peligrosos.