“Si abres la lata
verás lo que hay realmente: el fascio, la purulencia del capitalismo, porquería
compuesta de razones estratégicas, lo atado y bien atado, el fondo, el más
allá, el extremo de la desvalorización humana. En el Estado Español empieza por
la negación de la dictadura franquista y la negación de la memoria histórica
democrática, segunda potencia mundial en personas desaparecidas por la
violencia fascista, detrás de Camboya, lo acompañan con la negación de los
derechos humanos y continúan por la negación del derecho internacional”
(Ramón Pedregal
Casanova)
Debido
a la creciente permisividad hacia la ultraderecha y el neofascismo en nuestro
país, estamos pisando un terreno cada vez más pantanoso. Hace pocos días,
durante el inicio “solemne” de la legislatura por parte del Rey, daba mucha
risa escuchar a Santiago Abascal diciendo que eran los partidos que no
reconocían al Rey los que deberían estar fuera del Parlamento, cuando quienes
de verdad tenían que estar fuera del Parlamento son los esperpentos de VOX,
formación política que debería estar ilegalizada si viviéramos en una auténtica
democracia.
Y
otra discusión falsa que causa sonrojo es el reciente debate en la Asamblea de
Madrid entre la Presidenta Díaz Ayuso y la representante de VOX, Rocío
Monasterio: mientras ésta le indicaba que el PP tenía complicidad con la
izquierda en relación al mal llamado “Pin parental”, aquélla le respondía que
le dijera casos de profesores concretos que estuvieran “adoctrinando” a sus
hijos en las escuelas madrileñas, para así poder intervenir y “actuar contra
ellos”. Como decimos, un debate absurdo, porque es falso. Y es falso porque en
el fondo las dos están de acuerdo en que no se puede, según ellas, “adoctrinar”
en las escuelas y esto ocurre, según PP y VOX (y en menor medida C’s), cuando
nuestros docentes les hablan a nuestros escolares sobre derechos humanos.
Las
formaciones políticas de la derecha española son las que siempre se han rasgado
las vestiduras cuando se ha intentado desligar la enseñanza de la religión del
currículo escolar y lo han vuelto a incluir (véase la LOMCE, el último
precedente) cada vez que han podido. Pero eso, según estas formaciones políticas,
no es adoctrinar. En cambio si a nuestros alumnos se les habla en clase de
educación sexual, de valores cívicos y democráticos, de derechos humanos, de
igualdad y tolerancia, de opciones sexuales, de machismo y feminismo, del
derecho de asilo, de la memoria histórica, de derechos económicos, sociales,
culturales, ambientales, colectivos, etc., entonces sí están “adoctrinando” a
nuestros hijos e hijas.
En
cambio, el “Misterio de la Santísima Trinidad” o el relato adulterado del
descubrimiento y conquista de América, junto con charlas a favor de la
ilegalización del aborto, por ejemplo, no serían considerados para estos grupos
“adoctrinamiento”. Estamos llegando, como vemos, a una situación extremadamente
grotesca e indeseable. Y lo peor de todo es que este debate se normaliza y
llega bajo una capa de legitimidad al debate popular. Y entonces nos podemos
encontrar a personas debatiendo de estas cosas en el metro, por la calle, en un
bar, en la tienda, en el autobús o en las redes sociales. La razón última de
todo ello es que aún no nos hemos creído del todo la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948, por citar el referente oficial más reciente.
Porque
creerse de verdad aquella declaración implica, de forma automática, que todas
las opciones políticas que la cuestionen deben quedar fuera del debate público,
es decir, ilegalizadas. Amparándose en la democracia y en la libertad de
expresión, no podemos tolerarlo todo. Por ejemplo, no podemos ser racistas. Si
una formación política defiende abiertamente el racismo y la xenofobia, lisa y
llanamente no puede pertenecer al debate público. No está legitimada para
expresar sus opiniones, porque sus opiniones no respetan el marco de los
derechos humanos que la comunidad internacional se impuso a partir de un
determinado momento histórico.
Pero
como decimos, cuando esto no ocurre, corremos el peligro de normalizar debates,
opiniones y opciones políticas que no respeten este marco, y vuelvan a lanzar
ciertos debates públicos que ya deberían haber sido erradicados. Otro ejemplo:
no se puede hacer apología del fascismo. Por tanto, si alguien exalta el
franquismo, debería ser detenido inmediatamente como delincuente. Pero estamos
acostumbrados, porque lo hemos normalizado (porque a su vez nuestros
gobernantes lo han permitido), a que se exalte el franquismo (incluso el
nazismo) por parte de determinadas personas o grupos políticos y aquí no pasa
nada. Incluso hay medios de comunicación que están encantados de
proporcionarles un altavoz para que puedan pronunciarse con total claridad. La
exhumación del dictador del Valle de los Caídos fue un claro ejemplo de ello.
El
objetivo está muy claro: ya que no pueden alterar el contenido de los libros de
texto tal como a ellos les gustaría (casi volviendo al nacionalcatolicismo),
así como purgar (como se hizo durante la dictadura) a todos los docentes que
planteasen criterios diferentes a los establecidos por la cultura del odio, lo
que intentan es que unos padres racistas puedan educar a sus hijos en el
racismo, que unos padres homófobos puedan educar a sus hijos en la homofobia o
que unos padres machistas puedan educar a sus hijos en el machismo. Y aunque lo
han planteado poniendo como ejemplos estos temas, en la práctica el “Pin
parental” llegaría a mucho más, estableciendo una censura educativa cada vez
que, por ejemplo, la escuela pública intentara criticar a las grandes empresas
transnacionales, denunciara las tremendas desigualdades sociales o intentara
educar a los estudiantes en una visión crítica sobre el sistema económico
dominante. En realidad, el “Pin parental” lo que intenta es prohibir que
nuestros escolares sean formados bajo cualquier actitud, precepto o teoría
crítica sobre el mundo que sus padres entienden. Precisamente por ello atenta
contra los derechos humanos fundamentales.
Mientras
no alcancemos el estatus de una sociedad verdaderamente democrática y asumamos
el pleno respeto a los derechos humanos en su totalidad, continuaremos
permitiendo opiniones y debates extremadamente peligrosos que ponen en riesgo
(porque anulamos las garantías de no repetición) nuestro sistema democrático,
abriendo la puerta a derivas e involuciones retrógradas y aberrantes. El “Pin
parental” ha sido la última muestra: como les aterra que nuestros escolares
sean formados en dichos valores de igualdad, multiculturalidad, respeto y
tolerancia, resulta que han diseñado un mecanismo que permite una vergonzosa
injerencia de los padres y madres para interceptar dichos contenidos e impedir
la asistencia de sus hijos a dichas actividades, jornadas, charlas, asignaturas,
ciclos, mesas redondas, conferencias, etc.
Amparándose
bajo la falsa denominación de “adoctrinamiento”, pretenden impedir que las
nuevas generaciones abran sus mentes a dichos valores. Estos grupos políticos
pretenden impedir que la escuela pública enseñe a los estudiantes que tenemos
derecho a exigir unas condiciones de vida dignas, que tenemos derecho a vivir
en paz, a no ser discriminados por ningún motivo o a expresar sin temor nuestra
opción sexual o nuestra preferencia religiosa. Pero tampoco quieren que se
cuenten a nuestros alumnos las maldades del capitalismo, ni por qué vienen
tantos inmigrantes a nuestras costas, ni quiénes son los responsables de la
destrucción de nuestro planeta. Son los mismos, por supuesto, que fomentan una
educación clasista, elitista, sexista, segregacionista, religiosa (católica), y
que para que todo ello tenga cabida fomentan y financian la educación privada y
concertada, mientras reducen y marginan la educación pública. Y es que el no
creerse del todo los derechos humanos nos lleva por senderos muy peligrosos.
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