Dice
la ínclita e indocta presidenta de la Comunidad de Madrid que 2021 ha sido el
año en el que Sánchez ha perpetrado un “ataque infame a España por medio de la
falsa descentralización generando agravio entre regiones”. Qué sabrá esta
ignorante cultural y moral sobre lo que significa el centralismo y el agravio
entre regiones?. Vemos algunos datos esclarecedores:
Somos
iguales cuando así nos reconocemos los unos a los otros. Pero si este
reconocimiento no es recíproco uno de los sujetos pierde su humanidad y se
transforma en cosa, en un recurso para otros, en un objeto que puede aprovecharse.
Al
sustituir el término “España vacía”, por “España vaciada”, sus habitantes
dieron el primer paso para el reconocimiento de sí mismos. Se expresaron por
fin en términos de denuncia: no estamos vacíos, nos vacían. El término
“vaciada” expresa una voluntariedad, una culpa: alguien la ha vaciado. ¿Pero
quién? ¿Quién es el vaciador? ¿Quién es el responsable?
La
respuesta es un silencio incómodo. Y la España vaciada enumera con precisión
los síntomas de su abandono y su agonía, pero no llega a diagnosticar las
causas, no identifica al agente agresor. En su lugar se susurran vaguedades:
los culpables son “las ciudades”, “el mundo moderno”, “los políticos”… Da la
impresión de que hubiese una presencia oscura, un poder perverso al que es
mejor no irritar, que ejerce aquel que no puede ser nombrado.
En
un proceso destructivo que dura siglos, ese ente socioeconómico al que llamamos
Madrid ha tenido una relación dañina con el resto de los territorios y se ha
convertido en un auténtico agujero negro que genera empobrecimiento y vacío
sobre todo en aquellos que están más cercanos a su horizonte de sucesos.
En
el S.XVII Castilla era una de las regiones de producción cerealera más
importantes del mundo, pero desde Madrid se obligó a los agricultores
castellanos a venderles su producción a un precio tasado y subvencionado para
hacer frente a los desorbitados e insostenibles gastos que generaba la corte.
Esta intervención del mercado, que hoy desde la capital juzgarían como
estalinista, empobreció a los castellanos al reducir su tasa de beneficios y
desincentivó tanto la producción como la inversión. Supuso una incalculable
pérdida de competitividad con otros mercados, cercenó su capacidad de crear
excedentes, susceptibles de ser empleados, a su vez, en crear nueva riqueza, e
inició el éxodo poblacional que jamás cesó. Pero, sobre todo, la intervención
de los precios del cereal inauguró una forma de relacionarse en la que el resto
de España tiene con respecto a la capital un vínculo de vasallaje, que se
expresa en una típica relación de explotación colonial.
El trigo de hoy es la producción energética. En una estadística que sonroja por su obscenidad, Madrid es la única comunidad autónoma que no produce energía. Por decirlo con otras palabras: está exenta. Sus números son parejos a la producción de Ceuta o Melilla, y apenas cubre un ridículo 3% de sus necesidades. ¿Pero para qué iba a hacerlo? Si ya lo hacen los demás. En lo que constituye un auténtico expolio, Extremadura produce el 400% de sus necesidades energéticas y Castilla y León casi el 200%. Madrid es España y España es Madrid, para los demás las centrales nucleares y sus residuos, los gigantescos parques solares o eólicos, las minas de carbón, la contaminación, la devastación ambiental y paisajística. Y para Madrid los empleos de alta capacitación y los tributos generados por Naturgy o Endesa que, aunque extraen su riqueza en otros lugares, tienen su sede social en Madrid y vierten allí sus beneficios. Cuando las tecnologías quedan obsoletas, los suelos yermos, las minas y las centrales se cierran, para los demás la ruina social, los pueblos abandonados. Para Madrid la energía gratis. Como dijo Esperanza Aguirre: “Madrid no está para producir energía”.
El
Monte Pindo es el Olimpo para los celtas. Su contorno lo adornan ahora molinos
eólicos por doquier. El mismo paisaje de palas se extiende por toda la costa,
desde la maravillosa ruta de los faros de la Costa da Morte hasta los miradores
de la península de Barbanza. Y aunque Galicia ya produce más energía de la que
consume, más de trescientos nuevos proyectos de parques eólicos se amontonan en
los despachos de la Xunta. Se organizan manifestaciones por todas las ciudades
gallegas, al tiempo que en toda la Cordillera Cantábrica surgen plataformas
contra las megainstalaciones eólicas. Otras voces alertan en León. ¿Y cuántos
molinos hay en la Comunidad de Madrid? Cero. Conviene repetir esta cifra: cero.
¿No
es esto un ejemplo típico de explotación colonial?
Un
ejemplo entre muchos porque esta explotación se manifiesta en todos los ámbitos
socio-económicos. En 1849 se aprobó el decreto que regulaba los teatros
españoles. Estos se organizaban en tres categorías subordinadas entre sí: de
primer, segundo y tercer Orden. Se procedía igualmente a crear el Teatro
Español, con sede en Madrid y que se sostenía con fondos públicos. En sus
artículos 93 a 95, el decreto obligaba a todos los espectáculos públicos y a
todos los ateneos y teatros de España, públicos o privados, a destinar una
parte de la recaudación “al sostenimiento” del teatro madrileño.
Así,
cada vez que, por ejemplo, un ciudadano de Soria acudía al teatro de su ciudad,
estaba pagando las diversiones y entretenimientos de la corte capitalina. Pero
el empobrecimiento que causaba esta regulación no se circunscribía únicamente a
las enormes cantidades de dinero que Madrid extraía de “las provincias”, sino a
que establecía con rango de ley que este teatro era de categoría inferior,
apuntalando el prejuicio que permanece hoy en día y que menosprecia e ignora la
creación cultural periférica. No solo eso. El hecho de que el Teatro Español
pudiese contar con tales sumas, sin competencia posible, supuso también una
aspiradora de talento. Actores, dramaturgos y escritores peregrinaron a la
capital, el único lugar que podía ofrecer salarios aceptables y, muy
importante, donde la censura decidía si sus obras podían o no representarse.
El teatro de entonces tenía una relevancia social equivalente al audiovisual de hoy. La creación en 1962 de la Escuela de Cine en Madrid, así como de toda la estructura de la industria audiovisual, inició el éxodo de actores, guionistas y futuros directores y contribuyó a crear esa visión de Madrid como ciudad cosmopolita, abierta y dinámica, donde ocurren divertidos enredos amorosos frente a la España de provincias, rústica y paleta, a veces mágico lugar donde los hombres crecen en bancales y otras hosca, gris, habitada por ceñudos y silenciosos tipos de negro, escenario de crímenes extraños. La capitalización de talento y recursos en Madrid amputó la posibilidad de que los demás territorios pudiesen ofrecer representaciones alternativas de su realidad social.
Sus
más de tres siglos de existencia y ser el gran centro de excelencia educativa
español no salvaron a la Universidad de Alcalá de Henares de su
desmantelamiento y traslado a Madrid. Se creó así la llamada Universidad
Central (predecesora de la Complutense) que el Decreto Moyano erigía como
cabeza del sistema universitario español y, subordinadas a ella, nueve
universidades de distrito repartidas por el resto de la península. A estas
últimas se les cedían algunos de los estudios más comunes pero solo hasta
grados menores. Madrid, por el contrario, podía impartir absolutamente todas
las titulaciones hasta el grado de Doctor, privilegio este que conservó hasta
mediados del S.XX. Madrid se apropió de todos los saberes más útiles para el
naciente capitalismo: las “Ciencias exactas, físicas y naturales”, todas las
ingenierías, arquitectos, aparejadores, agrimensores… En Madrid se crearon también
los centros de investigación relacionados con cada una de estas materias y aún
hoy, de los diez organismos públicos de investigación, nueve tienen sede en
Madrid.
La
consecuencia es que incluso hasta más allá de 1960, más de la mitad de los
universitarios españoles y la casi totalidad de ingenieros y científicos
cursaban estudios en Madrid. La ciudad creaba así “la élite política e
intelectual del país”, el sitio “donde todos quería estudiar y todos querían
impartir”. Y muchos de aquellos titulados pasaron a integrarse en la clase
dirigente madrileña dominando la historia de España hasta tal punto que todavía
en la actualidad, cerca del 60% de los ministros de la democracia han sido
titulados por Madrid y la ciudad monopoliza la alta judicatura, el cuerpo de
Abogados del Estado, el Consejo de Estado y así hasta una lista inacabable de
organismos que dominan imponiendo a los demás su visión centralista. Tal es el
caso del Tribunal Constitucional, cuya función más relevante es la de cercenar
y amputar cualquier intento del resto de territorios de legislar sobre sus
propios intereses.
Convertida en la gran aspiradora de talento, Madrid no solo absorbió a los mejores estudiantes del resto de España, obligados a dejar sus lugares de origen para cursar estudios allí, sino que durante más de un siglo se nutrió de todos los recursos con los que las familias de estos estudiantes los sostenían. Como ocurrió con el Decreto del teatro, el saqueo era tanto intelectual como poblacional y económico.
La
banca y el sistema financiero corrieron una suerte parecida. En 1856 se fundó
el Banco de España, con sede en Madrid. Esta entidad, aunque era privada y solo
respondía ante sus accionistas —madrileños— privados, obtuvo el monopolio de la
emisión de moneda, el de los préstamos a la Hacienda Pública y el de la
recaudación de tributos en todo el Estado. En 1874, absorbió transformándolos
como sucursales propias a 12 de los 16 bancos que operaban entonces en el
territorio español. Esta operación supuso el drenaje de los escasos ahorros
españoles a la capital, que iniciaba sus proyectos de expansión con grandes
infraestructuras y necesitaba todos los depósitos de los que pudiera disponer.
La
expansión del ferrocarril del último tercio del S.XIX coincidió con las
llamadas rebeliones cantonalistas, acaecidas sobre todo en el levante español y
que propugnaban un estado de corte federal. Cartagena fue barrida con un
“diluvio de fuego” que causó más de 800 muertos. Fueron, pues, los intereses
militares los que hicieron valer su peso para que el ferrocarril se
desarrollase en cinco ramales que unían Madrid con la periferia, pues el
ejército necesitaba poderse desplazar a cualquier lugar de España lo antes
posible para sofocar posibles levantamientos populares. Así, la estructura
radial de comunicaciones se pensó desde su inicio como si el resto de España
fuese la amenaza a Madrid. Es decir, se pensó contra el resto de los españoles.
Como no podía ser de otro modo, al ser construida contra toda lógica económica,
la estructura radial es, incluso a día de hoy, una de las más ineficientes y
costosas en términos energéticos del mundo desarrollado.
El ferrocarril diseñado de ese modo pronto se reveló un negocio absolutamente ruinoso que trajo consigo escandalosos y generalizados casos de corrupción, sobresaliendo por su notoriedad el del Marqués de Salamanca. Todas las líneas ferroviarias eran ya entonces deficitarias y las empresas adjudicatarias, que ni siquiera habían pagado su construcción, fueron rescatadas con dinero público que manaba a espuertas desde la Hacienda Pública sostenida por el Banco de España, que a su vez hundía sus tentáculos en el ahorro nacional. Y así, los españoles pagaban la inacabable expansión de Madrid dos veces: con sus ahorros y con sus impuestos.
Se
inauguró entonces el modo de construir infraestructuras que ha perdurado
exactamente idéntico hasta nuestros días en el que
1)
El poder central decide construir infraestructuras que benefician a Madrid.
2)
Se adjudican a constructoras y empresas madrileñas.
3)
El dinero se pide a crédito a bancos madrileños.
4)
Las comisiones de bancos y constructoras vuelven a la clase política afincada
en Madrid.
5)
Continúese la rima del 5. O dicho más elegantemente, el resto paga la fiesta.
Este
círculo extractivo perfecto en el que todos ganan excepto los españoles,
explica desde el primer ferrocarril Madrid-Aranjuez hasta las Autovías y el AVE
y une en la misma línea histórica de corrupción al Marqués de Salamanca con los
comisionistas de la Gurtel, y al primer ferrocarril con las ruinosas radiales
madrileñas de Aznar y Aguirre que rescataron los demás españoles con 3500
millones de euros. Entretanto, los gallegos siguen pagando por los peajes con
que les desangra la única autopista que recorre y vertebra su territorio.
Nacionalizarla costaría menos de la décima parte que se pagó por el rescate de
las radiales madrileñas, pero sugerirlo es pecado. ¿Y cuánto pierde Galicia en
términos de competitividad económica al ser el único territorio que paga por
sus carreteras?
La
estructura radial no es un solo un robo en sí misma sino que supone una ventaja
competitiva incalculable frente al resto de los territorios. La Autovía del
Cantábrico tardó en construirse dos. Dos décadas de retraso económico para el
norte mientras la capital pudo expandirse a todo trapo. Pero los asturianos no
deberían quejarse porque el corredor mediterráneo, de una importancia capital
para el desarrollo del levante español, lleva aguardando medio siglo a que se
inicie siquiera el estudio del proyecto. ¿Cómo se puede valorar el daño que
sufren unos y la ventaja que obtienen otros?
Incluso
hoy AENA diseña una estructura parecida subordinando los restantes aeropuertos
españoles a los intereses de Madrid-Barajas. Y eso explica por qué millones de
pasajeros de toda España hacen escala obligatoriamente por Madrid para ir a
cualquier otro sitio. Hasta el extremo que los aeropuertos del norte de España llegan
a desviar a Barajas siete de cada diez de sus vuelos. A pesar de ello, sus
pérdidas tienen que equilibrarse con los beneficios de los aeropuertos
mediterráneos.