martes, 16 de abril de 2013

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA INDIGNACIÓN POPULAR

Es un hecho indiscutible que la campaña de "escraches" lanzada por la PAH contra los políticos del PP para presionar, por vía de la denuncia y la protesta social, a objeto de que no se recorte la ILP sobre los desahucios presentada por la plataforma en el Congreso con apoyo de más de un millón y medio de firmas, ha generado terror en las filas de los dirigentes del partido fundando por el franquista nunca arrepentido Manuel Fraga. Y este mismo hecho  demuestra la evidencia de que es una vía efectiva para garantizar que los políticos de este partido, como de otros similares (UPyD, PNV, CiU, etc.), actuando en nombre del terrorismo financiero, no vayan contra lo que es una demanda mayoritaria en la calle. 

Lo que está en juego con esta lucha de la PAH es la vida misma, tal y como demuestran los múltiples casos de suicidios y otras dramáticas situaciones relacionadas con los desahucios que se han producido en las últimas fechas. Máxime, teniendo en cuenta la reciente sentencia europea que declara ilegal parte de la ley hipotecaria española que está permitiendo poner en la calle a cientos de miles de familias, que además, en la mayoría de casos, deben afrontar, desposeídos ya de su vivienda, un nueva hipoteca: la hipoteca de sus propias vidas que supone para ellos el quedarse con una deuda con el mismo banco que los ha desahuciado, y que jamás podrán pagar.

Pero los representantes del PP, y sus lacayos mediáticos, no parecen dispuestos a dejarse condicionar por las presiones de la calle, pues ellos no aceptan más presión que la que le imponen los poderes financieros y económicos estatales e internacionales, así como banqueros y grandes empresarios. Por ello, ante la estrategia de lucha de la PAH, el PP ha respondido con una brutal campaña, mediática y judicial, que pretende criminalizar a la PAH, y centrar las iras de la justicia y de aquella parte de la ciudadanía que todavía apoya al gobierno, incluídos los siempre activos escuadrones violentos de la extrema derecha, contra sus activistas.

Sin embargo, los activistas de la PAH llevan años sufriendo el acoso y la represión policial en una buena parte de sus actos solidarios con las familias desahuciadas, con cargas de los antidisturbios, heridos, detenidos y varios procesos judiciales abiertos contra personas participantes de estos actos, en algunos casos de varias decenas de personas simultáneamente, y al PP y su entorno mediático parece no serle suficiente con ello. 

Desde que la PAH iniciase su campaña de "escraches", la criminalización de la PAH se ha convertido en línea central de la estrategia política y mediática del PP, impulsada tanto por los dirigentes populares, como por sus medios afines. Con ello, tratan de deslegitimar socialmente a la Plataforma,  presentándose ante la sociedad como víctimas, cuando cientos de miles de personas, que se suman a las cientos de miles ya desahuciadas, tienen abiertos actualmente procesos de desahucio, y viven en una angustia y agonía que no se limita a la "visita" de un grupo de personas durante unos minutos a las puertas de sus casas o en sus actividades en la calle, sino que dura las 24 horas del día, los siete días de la semana. En muchos casos arrastrando con ellos a menores de edad, sus hijos e hijas, que pueden tener igual un mes de vida, que 17 años y once meses. Porque cada caso es un mundo, pero en todos ellos hay un elemento común: la tragedia y el sufrimiento.

Ha sido la heroína oficial del régimen, la sheriff del Condado de Madrid, azote de rojos y principal defensora del orden social, Cristina Cifuentes, la que abrió la veda de una salvaje campaña de criminalización contra la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y, en particular, contra su portavoz, Ada Colau.  

Cifuentes, gran protagonista de numerosos actos de represión policial, como la del 25 de septiembre (y días posteriores) en los alrededores del Congreso, declaró que “la PAH y su lideresa últimamente parece que tienen ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras”. Denunció, además, que las acciones de escrache son actos de kale borroka.

Los escraches no son más que citas de activistas en los domicilios de, - en este caso - políticos del PP, partido que ha anunciado que votará en contra de los puntos fundamentales de la ILP que presentó la PAH en el Congreso. Según la Plataforma, “consideramos que tenemos derecho como ciudadanos a informarles de las consecuencias dramáticas que va a ocasionar su decisión porque las estamos padeciendo diariamente”.

        Cifuentes tiró la primera piedra, pero inmediatamente fue secundada por elementos como Alberto Ruiz-Gallardón (ministro de Justicia), Antonio Basagoiti, el propio Rajoy, Rosa Díez (dirigente de UPyD), los medios habituales de la derecha, y personajillos de variado pelaje como Ramoncín. Escudándose en estas calumnias, la Secretaría de Estado de Seguridad ha dado instrucciones para la identificación y detención de los participantes en escraches.

Colau ha respondido a esta grave amenaza de represión: "Hay casos de corrupción gravísimos, hay acoso y hostigamiento de las entidades financieras contra las personas más vulnerables, y aquí en ningún caso se ha enviado a la policía a identificar ni se han hecho detenciones". En cambio "contra los ciudadanos honrados que sólo han dejado de pagar la hipoteca porque no pueden, porque se han quedado en el paro, contra éstos envían todas las fuerzas del orden y el peso de la ley".

Esta campaña histérica contra el movimiento de oposición a los desahucios es parte de la criminalización de la derecha (PP, CiU, PNV y UPyD) contra todos los movimientos que ponen en cuestión su política en favor del capital y contra la mayoría trabajadora.

La represión brutal de luchas (la Primavera Valenciana de hace un año, las huelgas mineras del verano, la pasada huelga general…), las calumnias contra el Sindicato de Estudiantes (al que se acusó de “terrorista”) y la CEAPA por organizar huelgas contra la ley Wert, la amplia campaña mediática acusando a los organizadores de Rodea el Congreso –y posteriormente a las manifestaciones del 23 de febrero- de golpistas… todo vale para desviar la atención de la brutal política de ataques del Gobierno, y de su desbordada corrupción, y para apretar las filas de su base social más reaccionaria (en un momento en que cunde el desánimo y la perplejidad entre los votantes del PP).

 
          El Gobierno es consciente de que uno de sus puntos más débiles (¡y mira que tiene!) es la creciente inflamación popular ante la sangrante tragedia diaria de los desahucios. Ver a familias enteras, niños, ancianos, empujados, expulsados de sus casas, por las fuerzas del orden… a la orden de los banqueros, mientras éstos son mimados por el Gobierno en forma de decenas de miles de euros, es causa de indignación masiva.

De igual forma, es altamente valorada la existencia de un movimiento como la PAH, que gracias a la acción directa, a sus raíces en el movimiento social, y su determinación de seguir adelante pese a quien pese, ha demostrado que la lucha sirve. De hecho, la movilización ha conseguido que se paren 800 desahucios, que se concedan 300 daciones en pago y, lo más importante, concienciar de este gran drama.

Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una importante sentencia, ha declarado la nulidad de los desahucios desde 1993, ya que la norma que regula las “ejecuciones hipotecarias” es ilegal al no garantizar el derecho de defensa de los afectados. Esta enorme victoria jurídica (que el Gobierno no está dispuesto a acatar, escudándose en que implicaría graves perjuicios para los bancos) hubiera sido imposible sin esta constante lucha de la PAH. De igual forma que la toma en consideración de la ILP, cuyas líneas centrales son: dación en pago retroactiva, paralización de los desahucios, y alquileres sociales.

Es obligación de los sindicatos, de los partidos de la izquierda, de los movimientos sociales, y de todos los ciudadanos honrados denunciar estas maniobras de criminalización, y participar en la lucha contra los desahucios, entendiendo que ésta es parte de la lucha general contra el sistema capitalista.

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