Hace
unos días, el Presidente Pedro Sánchez anunció que antes de acabar el verano se
exhumarían y trasladarían los restos mortales de Francisco Franco al lugar que
indicara su familia. Una antigua reivindicación de las gentes que aman la
libertad para empezar a suprimir lo que resta de franquismo y sus nefastas
herencias y huellas en este país.
El
Gobierno de Sánchez ya ha hablado al respecto con la familia del fallecido
dictador y también con la jerarquía de la Iglesia Católica (gestora del
mausoleo y basílica del Valle de los Caídos donde están los restos de Franco)
para concretar su exhumación y traslado. Altos dignatarios de la Iglesia habían
hecho saber públicamente que colaborarían en la exhumación y traslado de lo que
quede del autócrata en el Valle de los Caídos.
Una
medida deseada por muchos ciudadanos y ciudadanas, aunque persistan algunas
opiniones contrarias minoritarias y necias (del latín, nescio, nescis, nescire,
nescivi, nescitum: no saber, ignorar, desconocer) propias de partidarios,
admiradores y nostálgicos del franquismo.
Al
tiempo que se comunicaba la intención de trasladar los restos del dictador,
Izquierda Unida registraba en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley
que amplía la de memoria histórica democrática con medidas que van desde la
ilegalización de cualquier asociación del tipo que sea que haga apología del
franquismo o de Franco hasta multas y penas de cárcel por incumplir la ley de
memoria histórica, además de establecer un censo oficial de víctimas de la
dictadura franquista y un mapa de fosas comunes.
Hace
43 años falleció el dictador Franco, tras soportar la ciudadanía española 36
años de férreo autoritarismo y represión. Ahora, que llevarán sus restos a
donde su familia indique (si es que lo indican pues, al parecer, ni su familia lo quiere), cabe recordar que en 1946, la ONU condenó el
franquismo de modo tajante. Fue en San Francisco, Potsdam y Londres, ciudades
en las que se reunió la asamblea general de los pueblos de las Naciones Unidas
para crear la ONU.
Las
Naciones Unidas condenaron por unanimidad el régimen de Franco. La Asamblea
General de los pueblos de las Naciones Unidas concluyó sin el menor asomo de
duda que en origen, naturaleza, estructura y actuación general, el régimen de
Franco era un régimen fascista. La ONU aseguró que pruebas innegables
demostraban que Franco fue, con Hitler y Mussolini, culpable de una
conspiración de guerra contra los países que fueron agredidos por fascistas,
nazis y franquistas y, tras la II Guerra Mundial, formaron las Naciones Unidas.
La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas afirmó que el
Gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la
fuerza, no lo representaba ni lo representó nunca. Y sancionó al régimen
franquista con la retirada de embajadores, embargos y otras medidas.
Lamentablemente,
los intereses de EEUU, presididos primero por el ex-jefe supremo de los
ejércitos aliados en Europa durante la guerra mundial, general Dwight
Eisehower, y después por Harry Truman, acabaron con el bloqueo al que la ONU
había condenado a la España franquista por su evidente colaboración con al
fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler. Pero EEUU prefirió considerar la
dictadura franquista como aliada en su enfrentamiento con la Unión Soviética y
estados satélites en la guerra fría que empezaba. Los intereses de EEUU
primaron sobre el hecho de que la España de Franco fuera una dictadura
implacable, condenada internacionalmente, que violaba sistemáticamente los
derechos de la gente.
Una
dictadura que hoy sabemos causó al menos 143.000 desaparecidos forzados, cuyos
restos mortales siguen en las cunetas del país en unas 2.500 fosas comunes.
España soporta así la vergüenza de ser el segundo país del mundo con más
desaparecidos forzados detrás de la Camboya del criminal Pol Pot y sus jémeres
rojos. Además, según informe del Consejo de Europa, en los años cuarenta e
incluso principios de los 50, los presos políticos fueron en la España de
Franco extremadamente numerosos: unos 400.000, muchos de los cuales fueron
forzados a trabajar en obras del franquismo. En 1940, “la tasa de
encarcelamiento en España era casi tan elevada como la de la Alemania nazi“,
asegura un informe del Consejo de Europa. A sumar además entre las víctimas de
la dictadura los 220.000 exiliados que se fueron a Francia, México, Argentina y
otros países de América Latina para poder vivir.
Cientos
y cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas españoles, denuncia ese informe,
sufrieron cárcel, malos tratos y torturas por luchar por la libertad y por la
democracia y aún constan como delincuentes en los archivos de la Justicia
española de la época franquista de un modo incomprensible, porque ningún
gobierno de la época democrática desde 1976 ha tenido el valor y el coraje de
anular las sentencias de la ilegítima y criminal dictadura franquista.
Según
varias estimaciones, los muertos por la dictadura franquista serían unos
150.000, pero podrían ser 400.000 si se incluyen las víctimas muertas en campos
franquistas de concentración durante la guerra civil y primeros años de
dictadura. El historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres se
prolongaron mucho tiempo bajo el gobierno franquista y, de los cientos de miles
de presos internados en campos de concentración franquistas, fueron fusilados
más de 190.000.
El
franquismo fue una dictadura asesina que murió matando. El 27 de septiembre de
1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, fueron fusilados tres miembros del Frente
Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA político-militar.
Apenas dos meses después, murió el dictador tras una larga y dolorosa agonía.
Además
de la ONU, el 16 de marzo de 2006, el Consejo de Europa (organización que
agrupa los 47 Estados de Europa, salvo Bielorrusia, Kazajistán y el Vaticano)
también condenó por unanimidad las “graves y múltiples violaciones de Derechos
Humanos cometidas en España por el régimen franquista de 1939 a 1975“.
Según
Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal de la Universidad de
Castilla-La Mancha, España es la única democracia que no ha investigado nunca
su terrorismo de Estado tras desaparecer la dictadura. A pesar de que, según el
historiador británico Paul Preston, los crímenes políticos que perpetró Franco
fueron muy superiores a los cometidos por Hitler, aunque éste lo aventajó
ampliamente en masacres raciales. Los crímenes del franquismo perpetrados por
instituciones y personas franquistas fueron “una venganza ciega” según Preston.
Todo
eso es agua pasada, oiréis que arguye una minoría que no quiere que se
investiguen, juzguen ni castiguen los crímenes de guerra y de lesa humanidad
perpetrados por la dictadura franquista en la guerra civil y durante los
treinta y seis años siguientes. Pero, contra la falsa razón de que hay que
olvidar y cerrar heridas, siguiendo con el símil, las heridas que no se abren,
se limpian y airean, se infectan y provocan la muerte. Hay que juzgar los
crímenes del franquismo que, por ser de guerra y lesa humanidad, no prescriben
según el derecho penal internacional.
Además
es imprescindible anular los juicios y condenas de republicanos y demócratas en
general perpetrados por tribunales franquistas y, por supuesto, procesar a
quienes se rebelaron criminalmente contra la legítima República, provocaron la
guerra civvil y crearon y sostuvieron la dictadura franquista. Todo ello es la
gran asignatura pendiente de España y de su ciudadanía. En tanto no se aborde y
resuelva, este país no levantará cabeza ni será una democracia completa digna
de tal nombre.
