LA IZQUIERDA Y LAS PENSIONES

Repasando el programa de Podemos, uno repara con sorpresa (y creo que no me equivoco) en que no aparecen una sola vez las palabras “jubilación” o “pensión”, a pesar de que esta prestación pública -y derecho constitucional– haya sido de las más dañadas, no solo en esta última etapa de ajustes, sino desde hace treinta años.

Ante esta observación cabría contestar que se trata de un programa diseñado para el gobierno de las Comunidades Autónomas y el sistema público de pensiones es exclusivamente competencia estatal, porque hasta ahora (¡menos mal!) a nadie se le ha ocurrido la idea de transferirlo a las Autonomías. La respuesta en principio tiene sentido, pero pierde fuerza cuando se observa que en múltiples ocasiones (como no podía ser de otra forma) el programa aborda aunque sea tangencialmente temas y medidas que se salen de la órbita estricta de las Autonomías.

De forma quizá más aviesa podría buscarse la razón de la ausencia en las características de la clientela electoral de esta formación política, con una edad media más bien joven. Cabe pensar que las pensiones no están dentro de sus preocupaciones más inmediatas. Posiblemente algo influirá este factor, aunque bien es verdad que va a ser precisamente a los jóvenes de hoy a los que más va a afectar, aunque ahora lo vean lejos, el desmantelamiento del sistema público de pensiones.

Pero hay que ir más allá en la explicación, al constatar que este olvido de las pensiones no es propio únicamente de Podemos, sino que participan de él, con mayor o menor intensidad, casi todas las formaciones políticas de izquierdas, incluso las organizaciones sindicales. Al mismo PSOE, que desde la oposición y con la finalidad de diferenciarse del PP ha prometido revocar determinadas reformas acometidas por el ejecutivo de Rajoy, por ejemplo la reforma laboral, no se le ha escuchado nunca afirmar que va a derogar la última ley sobre pensiones, a pesar de ser una de las normas más dañinas aprobadas por el actual Gobierno y que, de no modificarse, va a condenar a la pobreza a medio plazo a la mayoría por no decir a la totalidad de los jubilados.

En mi opinión, la auténtica razón de que la izquierda en su conjunto se haya olvidado del tema de las pensiones y resignado a que no se actualicen con el IPC -no obstante ser un compromiso adquirido por todas las formaciones políticas y organizaciones sindicales en el Pacto de Toledo- se encuentra en que se ha terminado por dar por bueno, en una especie de síndrome de Estocolmo, el discurso oficial y se han introyectado como ciertos los sofismas y falacias que de forma reiterada han venido lanzando durante treinta años los poderes fácticos.

Se ha acabado por aceptar de forma generalizada que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad conforman para el futuro una pirámide de población que pondrá en graves dificultades el mantenimiento del sistema público de pensiones. Lo que de ninguna manera tiene por qué ser cierto. Tal argumentación olvida variables tales como la incorporación de la mujer al mercado laboral, la emigración, incluso el empleo, porque de nada vale que la evolución demográfica sea la correcta si el desempleo es cuantioso. Con cinco millones de parados no tiene sentido incrementar la edad de jubilación.

Tras muchos años de bombardeo ideológico, nos hemos terminado creyendo que la reducción del coeficiente activos/pasivos imposibilita el nivel actual de las pensiones. Pero tal planteamiento debe superarse. Lo importante no es cuántos producen, sino cuánto se produce. Hay tener en cuenta la productividad. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de manera que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error, al fundamentar únicamente sus argumentos en la relación del número de trabajadores por pasivo, ya que, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor.

Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años, el 30 % de la población activa española trabajaba en agricultura. Hoy, tan solo el 3 %, pero ese 3% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.

La esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no son las variables significativas si se quiere analizar la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones, sino la evolución de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo no deberían reducirse, tendrían más bien que incrementarse por encima del coste de la vida.

El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y no de carencia de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad, y especialmente de los políticos, de realizar una verdadera política redistributiva. Solo el hundimiento de la economía podría poner en peligro real el sistema de pensiones. Pero entonces no serían los jubilados los únicos que tendrían problemas.

Pero ello nos conduce a la existencia de otro sofisma muy extendido y que también han ido asimilando las izquierdas: la creencia de que el sistema público de pensiones debe ser financiado exclusivamente con cotizaciones sociales; lo que nos introduce en la trampa de la relación activos-pasivos, amén de tener que sostener la presión constante de los que piden que esta figura impositiva disminuya, al tratarse de un gravamen al trabajo.

En cierta forma, la culpa ha sido del Pacto de Toledo con su reiterada separación de fuentes de ingresos, que ha dado lugar al equívoco de entender que la Seguridad Social es un sistema cerrado y autosuficiente separado del Estado. ¿Por qué la sanidad, el seguro de desempleo o las carreteras tienen que financiarse con impuestos mientras que las pensiones deben hacerlo con las cotizaciones sociales? Es el Estado con todos sus ingresos el que debe asegurar que todos los trabajadores en su vejez cobren una prestación digna. El obstáculo no estriba en la pirámide de población o en el incremento de la esperanza de vida, sino en las reformas fiscales que hacen más regresivos los sistemas tributarios y minan la capacidad recaudatoria de los impuestos.

Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también cambios en las necesidades que deben ser satisfechas y, por ende, en los bienes que hay que producir. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida generan nuevas necesidades y exigen por tanto la dotación de nuevos servicios.

Hace ya tiempo que Galbraith anunciaba que todos estos cambios demandaban una redistribución de los bienes que deben ser producidos y en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluso las pensiones, los puede suministrar el mercado. Pero tal aseveración significa en realidad privar a la mayoría de la población de ellos.

Muy pocos ciudadanos en este país podrían permitirse el lujo de costear todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos españoles tienen capacidad de ahorro en cuantía suficiente para garantizarse una jubilación digna? La única dificultad se encuentra en que, bajo el imperio del neoliberalismo económico, la tendencia es la contraria. Más sector privado y menos público.

El pronosticado envejecimiento de la población de ninguna manera hace insostenible el sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no solo al gasto en pensiones, sino también a la sanidad y a los servicios de atención a los ancianos y a los dependientes. Detracción, por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos; una especie de eutanasia colectiva.

En este tema como en otros muchos, si la izquierda está perdiendo la contienda es tan solo porque antes ha perdido la batalla ideológica y ha terminado por asumir el discurso de la derecha y dado por bueno sus argumentos

LA IZQUIERDA TRAS LAS ELECCIONES DEL 24-M

Una vez celebradas las elecciones la sensación en la izquierda no puede ser más que agridulce. En el lado de las satisfacciones se pueden anotar el fuerte castigo electoral al PP, que pierde las mayorías absolutas de poder local alcanzadas hace cuatro años; el fuerte avance de las candidaturas de unidad popular en algunas grandes ciudades como Barcelona, Madrid, La Coruña o Cádiz entre otras; y el papel de árbitro que para gobernar pueden jugar diversas candidaturas de izquierda (Podemos, Compromís, candidaturas de unidad popular) en otros municipios y comunidades.

En el lado de negativo se pueden apuntar hechos como que el desgaste del bipartidismo no ha sido tan importante como se esperaba; el tirón de la marca Podemos se ha alejado de las expectativas creadas; la marginación política a la que se ha visto abocada IU; el desigual resultado territorial de la izquierda; la consolidación de un recambio por la derecha, aunque más flojo de lo esperado, como es Ciudadanos y, sobre todo, el complejo panorama post electoral resultante que obliga a la izquierda a tener que hacer frente al problema de los pactos si quiere evitar que muchos gobiernos locales y autonómicos vuelvan a quedar en manos de la derecha (PP, UPN, CiU).

Los brillantes resultados obtenidos por las candidaturas de unidad popular en Madrid y Barcelona no son ninguna casualidad, responden a la fuerte movilización social desarrollada en ambas ciudades durante los cuatro años pasados y a su carácter aglutinante de la izquierda y los movimientos sociales - con la excepción de IU en la primera, que ha pagado muy caro su error, y de las CUP en la segunda, que se ha comportado bien -, pero también al peso de una cabeza de lista con tirón, como se ha demostrado en Madrid con la importante diferencia de resultados entre Ahora Madrid en el ayuntamiento y Podemos en la Comunidad.

El avance de las candidaturas de izquierda ha sido muy desigual territorialmente, con importante peso en los grandes núcleos urbanos y en algunos territorios, pero con resultado mediocre en los pequeños municipios, zonas rurales y otros territorios. El bipartidismo, aunque reducido, no ha sido sustituido por un sistema a cuatro partidos con un peso electoral similar como pronosticaron muchas encuestas. PP y PSOE han aguantado bien el tirón, con Podemos y, sobre todo, Ciudadanos alejados de las expectativas.

Podemos como tal marca se presentaba solamente en las elecciones en las comunidades, y es donde se puede analizar sus resultados. En ningún caso ha conseguido superar al PSOE, solo en Navarra, que es un caso muy especial, ha conseguido empatar, en Madrid, Aragón y Baleares se ha aproximado con cierta distancia, y en el resto queda por la mitad o menos de los resultados de los socialistas. Tal como ya se escenificó en Andalucía, no se ha producido ni de lejos el sorpasso del PSOE y, en general, se puede decir que los resultados de Podemos como marca solitaria son inferiores a los obtenidos por las candidaturas de amplia unidad popular como Madrid (coalición no partidaria) o Barcelona y La Coruña (coaliciones de partidos).

          

Esto pone a Podemos ante dos disyuntivas. La primera, a medio plazo, si cambiará su política de alianzas electorales de cara a las elecciones generales de noviembre o mantendrá su estrategia de presentarse en solitario. La segunda, más inmediata, la política sobre los posibles los pactos de gobierno para las comunidades y, de manera indirecta, para los ayuntamientos. En el primer caso las decisiones se tomarán en el seno de Podemos y les afectará a ellos exclusivamente. En el caso de los ayuntamientos, Podemos está integrado en candidaturas plurales con otros partidos y movimientos y tendrá que alcanzar con ellos acuerdos previos.

La política de pactos post electorales se va a convertir en un elemento clave que va a generar fuertes debates en la izquierda y va a condicionar seriamente lo que pueda pasar en las elecciones generales de noviembre. En términos generales el PP podría pactar con Ciudadanos para mantener el poder en algunos lugares, pero eso no está tan claro, Ciudadanos tiene poco que ganar en esos pactos y mucho que perder de cara a las siguientes elecciones.

En Cataluña la política de pactos puede articularse según una línea nacionalista (CiU, ERC y CUP) o según una línea social (candidaturas de unidad popular, CUP y PSC), pero en cualquier caso va a suponer tensiones. En la izquierda, Podemos, las candidaturas de unidad popular, IU o Compromís solo pueden establecer pactos donde figure el PSOE.

Pero el PSOE es parte del problema para la izquierda, no de la solución. Y no porque sea parte de la casta (término que Podemos ha dejado hace tiempo de utilizar), sino porque, es parte de establishment: la pertenencia a la OTAN, la aceptación de Maastricht, la reconversión industrial, el giro neoliberal de Zapatero, las huelgas generales de los sindicatos, el comportamiento de la socialdemocracia europea, han demostrado durante toda una época donde está situado el PSOE. Sería toda una ironía que Podemos después de haber rechazado firmemente la alianza con IU ahora pactase con el PSOE.

Pero las cosas de las alianzas son complicadas, y la izquierda con muchos años de experiencia en España y en el mundo lo sabe perfectamente, es un quebradero de cabeza que la sitúa entre la espada de mantenerse fiel a los principios y no influir en la realidad, y la pared de ceder pragmáticamente y terminar sirviendo a los intereses de la clase dominante. Los ejemplos prácticos recientes de IU son los mismos que se le presentan ahora a Podemos y a las candidaturas de unidad popular.

Si pactan con el PSOE, como en Andalucía – donde el acuerdo era la única manera de evitar que un PP como primer partido votado ocupase el poder en la Junta - terminan siendo castigados en las urnas; y si no pactan y dejan gobernar al PP, como en Extremadura, simplemente terminan perdiendo toda la representación. La izquierda plural que ha conseguido importantes avances en estas elecciones tiene, además, otro punto de similitud con IU, carece de una instancia unificadora que adopte una estrategia única, con lo cual las decisiones pueden ser contradictorias.

El PSOE va a intentar utilizar su posición para presentarse como el eje articulador de la izquierda con medidas cosméticas como la utilización de primarias, las declaraciones anticorrupción, el apartamiento de los nombres más quemados por la corrupción en Andalucía, o algunas promesas sociales de poco calado dentro de una declaración de “giro a la izquierda”, pero sin criticar ni intentar revertir las medidas neoliberales tomadas por el último Zapatero. Va a presionar, además, con el argumento de que sin su colaboración el PP seguirá en el poder en muchos gobiernos locales. Sabiendo por la experiencia pasada que cualquier pacto encabezado por él, siempre redundará en su beneficio.

Con estas elecciones se abre una nueva etapa en la reconfiguración que está teniendo lugar en la izquierda del Estado español donde quedan por resolver aspectos muy importantes como el futuro definitivo de IU, la política inmediata de pactos poselectorales, la posibilidad o no de alcanzar alianzas amplias como las candidaturas de unidad popular de cara a las elecciones legislativas de noviembre, las políticas a implementar en los gobiernos locales donde se acceda al poder y los obstáculos que encuentren, si en la práctica van a primar las medidas de regeneración política o de transformación social, o la capacidad de establecer canales de coordinación y cooperación entre las múltiples expresiones de unidad popular que han surgido.

Es un espejismo las declaraciones de los líderes de Podemos de que el resultado de estas elecciones muestran una tendencia imparable al cambio político y social. Los resultados de las próximas elecciones generales van a depender, por el contrario, del acierto con que se resuelvan las cuestiones planteadas.

COMO SAQUEAN LAS ARCAS MUNICIPALES (Final)

Secretarios, interventores, aparejadores, arquitectos municipales, estuvieron dotados en otro tiempo de autoritas. Bendita democracia, ahora ya son tan víctimas de mobbing y acoso como cualquiera. Empieza a ser común que se les aparte de sus funciones y se los someta al escarnio popular. La acusación de que “paralizan el funcionamiento del ayuntamiento” por la “excesiva burocracia” es frecuente. Los ciudadanos los ven como unos tiquismiquis que le ponen pegas a todo e impiden el flujo de inversiones. Lo cierto es que lo único que paralizan, de un modo muy limitado, es la adjudicación ilegal. Cuando “todo” se paraliza, simplemente es porque “todo” es ilegal. Secretarios e interventores, que son el único débil dique ante la corrupción, son demonizados entre los ciudadanos. Aprenden con el tiempo a pelear sólo las batallas que pueden ganar y a dejar pasar algunas cosas para poder discutir otras. Saben que su fiscalización es casi siempre inútil.

Cuando los ayuntamientos realizan gastos que no se ajustan a la ley, el interventor pone un “reparo”. El reparo se levanta por medio de un decreto que firma el alcalde. Habitualmente ni se molestan en motivarlos y son de copia y pega. En un ayuntamiento mediano el número de “reparos” que se levantan en una legislatura puede llegar a varios centenares. Estos “reparos” se comunican al Tribunal de Cuentas, donde llegan por decenas de miles. Nunca ocurre nada.

De todos modos, siempre es mejor que los informes estén a favor. Para eso se contrata como personal laboral a asesores externos. Si tu arquitecto o tu aparejador es demasiado escrupuloso con la legalidad, siempre habrá otro al que se contrate a dedo y al que no le importe decir que hay un pantano donde se eleva un monte. Los funcionarios con oposición están aislados en despachos a los que no llega ni un triste expediente, mientras los contratados informan positivamente todo lo que se les pone en las manos. Lo mismo ocurre con interventores y secretarios.

Es necesario hablar de las políticas de contratación de personal que son el verdadero soporte del sistema. El poder se encarga de quitarle importancia a estos asuntos. Se ven como algo disculpable, algo que está en la naturaleza humana. “¿Acaso tú no enchufarías a tu hermano si está en paro? ¿Quién no lo haría?”, vienen a decir. La realidad, desgraciadamente, es menos amable. Los puestos de trabajo valen dinero. El más cotizado es el de funcionario. Pongamos que enchufamos de auxiliar administrativo a un chaval de 27 años. Cobrará 21.000 euros al año durante 40 años hasta su jubilación. Eso, con aumentos y trienios, supone que a lo largo de su vida ganará cerca de un millón de euros. ¿Y alguien regala un millón de euros? Ese valor hay que compensarlo: tiene un precio. Por eso es tan habitual ver en los ayuntamientos a los hijos balas perdidas de los empresarios locales. Aquellos tarambanas que no fueron capaces de otra cosa encuentran su acomodo en la administración previo pago de las aportaciones que sean necesarias. También influye el tamaño de la unidad familiar. Enchufar a un chaval soltero garantiza un voto: el suyo. Enchufar a uno con pareja, con padres y hermanos ambos cónyuges garantiza más de una decena. Puede parecer banal, pero no lo es: todo se estudia, todo se cuida.

Se puede afirmar que no hay ni un solo puesto de trabajo que dependa de las administraciones locales pequeñas y medianas que no se dé de modo arbitrario. Ni uno. La inexistencia de control es total. Los exámenes o las preguntas se le proporcionan al premiado. Por si acaso aún así falla (no se trata precisamente de lumbreras) se deja para el final una entrevista en la que se le valora subjetivamente. Previamente se han adecuado los méritos a su perfil. Los puestos de trabajo se cuidan de igual modo que la compra de grapadoras. Todo debe recaer en alguien “del pueblo”. Desde un humilde contrato de dos meses para abrir la caseta de turismo, hasta un arquitecto contratado. Cada puesto tiene un precio y un coste. Por la caseta de turismo quizá solo se exija subordinación y fidelidad. Por ser arquitecto, bastante más. Cada ayuntamiento tiene a una cuadrilla de funcionarios, siempre los mismos, que se encargan de valorar todas las oposiciones del año. Este negociete apenas conocido puede reportar de 250 a 300 euros por cada examen. Al cabo del año la cifra no es desdeñable y supone un buen sobresueldo por colaborar con tus jefes corruptos.

En los últimos tiempos, con la caída de la oferta de plazas de funcionario, se ha generalizado otro modo de hacer fijos a los contratados laborales. Los ayuntamientos encadenan más de tres contrataciones parciales consecutivas para la misma función con lo que, si el trabajador denuncia, la ley obliga a hacerle un contrato fijo. Así, este empieza a ser el modo habitual de “contratación” y los ayuntamientos están en pleitos permanentes que pierden una y otra vez, pagando indemnizaciones a los enchufados que les han “denunciado” y sosteniendo, de paso, a los bufetes de abogados amigos que hacen su agosto por perder juicio tras juicio. En el colmo de la desfachatez el ayuntamiento encarga trabajos (por ejemplo, informes de arquitectura) a los mismos trabajadores que “ha despedido” y le “han denunciado” y con los que todavía está pleiteando. El trabajador temporal cobra sus informes mientras “está despedido”; recibirá más adelante la indemnización; será readmitido como fijo; y los abogados amigos pasarán sus minutas. Todo el mundo gana.

Con el tiempo, si una fuerza política es hegemónica, la diversidad ideológica de los funcionarios desaparece y el ayuntamiento se divide entre los directamente cómplices de la arbitrariedad y los que prefieren tomar un perfil plano, lo más invisible que se pueda para no meterse en líos. Los escasos héroes que se enfrentan al sistema padecen un acoso salvaje. Así se entiende por qué no hay controles sobre lo que surten los proveedores amigos. Los trabajadores que hacen de lacayos cada día informan favorablemente facturas falsas, otras desorbitadas u otras con conceptos falsos que ocultan el verdadero gasto. Si los suministros tienen calidades pésimas y se rompen, no importa, ya se comprarán más. Los funcionarios honrados se asombran de que los cartuchos de tinta de la fotocopiadora se agoten en dos días. Los que se encargan de su compra saben que la obsolescencia forma parte del negocio.

Los trabajadores públicos colocados a dedo por el poder son el engranaje necesario para que el flujo del dinero corra. El enchufismo no es una solidaridad mal entendida. No: se trata de una organización en la que el nepotismo y la arbitrariedad en la contratación de personal son imprescindibles para el saqueo generalizado del dinero público.

Pierden todos. La población sabe esto. Los votantes, mal que bien, lo saben. Pero han aceptado la justificación del poder según la cual, al fin y al cabo, las irregularidades sirven para que hasta el último euro recale “en el pueblo”. De hacer las cosas legalmente, quién sabe, entrarían trabajadores de otros lugares o las obras las acometerían empresas foráneas. Piensan, al fin, que tal estado de cosas es necesario. Que sin él las cosas irían peor. Y si bien es cierto que algunos se benefician mucho más que otros, así es como el dinero fluye.

Sin embargo, las cosas no son así y ésta es únicamente la justificación que los corruptos han hecho crecer en una población resignada. Voy a poner un ejemplo muy gráfico: dos pueblos celebran los carnavales. En el primero, el concurso de disfraces es justo y gana el mejor. Grupos de todas partes, algunos multitudinarios, participan. Compiten charangas enormes y espectaculares. Las calles se atestan de visitantes y el comercio y la hostelería lo agradecen. En el segundo pueblo, el jurado cuida de que los premios recaigan en los grupos locales. Los foráneos dejan de acudir. El nivel cae y con los años el desfile se convierte en un paseo de algunos tipos con disfraces comprados en los chinos por calles semidesiertas.

Esto mismo puede aplicarse a todo: a la industria y al comercio. Los adalides de la libre competencia sostienen un sistema en el que algunos privilegiados no necesitan competir y juegan con cartas marcadas. Los nuevos proyectos no pueden enfrentarse exitosamente a empresas que reciben el flujo constante de las inversiones públicas por hacer un trabajo más caro y peor. El nivel general baja. La usurpación de todos los puestos de trabajo por parte de incapaces penetra en la subcultura dominante del lugar (el meme) acentuando la idea de que son sólo los mediocres los que prosperan. El talento huye. Las buenas ideas son incapaces de crecer. El hecho de que el mérito no sea un factor para contratar a las personas con responsabilidades hace que las personas de mérito emigren. Se crean menos cosas y son peores. Hay menos músicos, menos actores, menos emprendedores de cualquier cosa. La sociedad civil se degrada, pierde vitalidad, el talento solo emerge fuera. Se crean distinciones para honrar a los exitosos exiliados y poder vivir durante un día en la ensoñación de que forman parte del cuerpo social que los exilió.

El lugar se anquilosa, se revela incapaz de ser polo de atracción por nada. Gobernado por una mafia que se rige únicamente por una lógica de comisiones cortoplacista mira como si fueran marcianos a otros lugares que innovan, ya en el urbanismo, en la energía o en los servicios. Si el concejal de medio rural escribe “violojía”, ¿promoverá la agricultura biológica? El comercio y la industria agonizan, la población decrece, los ingresos por impuestos menguan, el flujo de dinero disminuye, con lo que cada vez es menos lo que llega fuera del círculo de poder. La espiral de degradación se acentúa entonces, cada vez más y más.

Anigo, ¿conoces algún lugar así?

COMO SAQUEAN LAS ARCAS MUNICIPALES (1ª PARTE)

De vez en cuando en televisión un rojillo afirma: “La corrupción es sistémica”. Entonces alguien, generalmente del PP, se cubre con la máscara de la indignación y, desde el pedestal ético construido por su partido, contesta: “¿Estás llamando corruptos a los 26.000 concejales de mi partido? ¿A esas miles de personas abnegadas que están en pueblos pequeños trabajando y desviviéndose por sus vecinos?”. El rojillo se la envaina y dice: “No, no, a esos claro que no”. Aunque en su fuero interno piensa: “Sí, a todos. Del primero al último”.

Lo primero que llama la atención es que parece que nadie se ha parado a pensar que cuando únicamente se ponen como ejemplo de abnegación y honradez los concejales “de los pueblos pequeños”, parece deducirse que nada bueno se puede decir de los “de los pueblos grandes”. No seré yo quien niegue esto. Si los propios adalides del PP dan por hecho que los concejales y alcaldes de ciudades y capitales son indefendibles y están enfangados hasta el tuétano, no es cosa de llevarles la contraria. Hablaré solo de “los pequeños”.

Un ayuntamiento es posiblemente el actor económico más importante de su territorio. Su influencia como generador de riqueza en el tejido local no es comparable a ninguna otra empresa o entidad. Por poner un ejemplo, un ayuntamiento de un pueblo de 20.000 habitantes puede recibir al cabo del año entre 5.000 y 6.000 facturas de todo tipo: productos de limpieza, herramientas, mobiliario, material de obras y oficina, repuestos mecánicos, ropa de trabajo, productos de ofimática, papelería, imprenta. Materiales de carpintería, construcción, fontanería, electricidad, trofeos, camisetas, gomas de borrar, carteles y trajes de rey mago.

Tal vez nosotros no imaginemos la enormidad de esta lista. Pero el alcalde la conoce muy bien. Sabe que uno de los pilares fundamentales de su reelección es el cuidado con que realice cada uno de estos gastos. Y ni uno solo se deja al azar: todos los jefes de servicio saben en qué comercios se deben adquirir estos objetos.

Hasta importes de 18.000 euros, estas facturas no necesitan de ningún procedimiento de fiscalización previa. Los ayuntamientos medianos, en sus bases de presupuesto, establecen una cantidad (suele ser una cercana a los 1.200 euros) a partir de la cual el gasto debería ser aprobado previamente. Pero este trámite se suele soslayar y, además, no implica control alguno. Es mero papeleo. En la práctica eso significa que el 100% del gasto corriente en suministros se hace de modo arbitrario. Todo desagua en los establecimientos de familiares, militantes o donantes del partido. Las facturas acostumbran a tener un sobrecoste. Algunos son razonables y otros disparatados. Nadie controla si lo que se adquiere está en los precios de mercado y ni siquiera que se suministren las cantidades u objetos que se facturan. ¿Quién va a mirar si había 20 sacos de cemento o 15? Eso sí, en la factura sí había 20. En algunos negocios, el peso del ayuntamiento como comprador es tan importante que no es extraño que un cambio de gobierno traiga aparejado un cambio de dueño en establecimientos tan estratégicos como imprentas, droguerías o ferreterías y éstas acaben en manos de familiares o amigos cercanos de los nuevos gestores. Alcaldes y concejales aleccionan a los funcionarios sobre dónde se puede adquirir cada cosa. Desde almacenes de materiales de construcción a tiendas de Todo a Cien. Todo suma. Todo vale.

Es habitual que se le pregunte al encargado de la compra: “¿Es para ti o para el ayuntamiento?”. Si es para este último el precio se eleva. Puede parecer banal que una grapadora le cueste a una institución pública el doble que a un particular. Pero cuando multiplicamos esa diferencia por las miles de facturas que se pagan al año, la cuestión deja de ser tan baladí. Por supuesto, alcaldes y concejales tienen un trato preferente. Habría que ser un mezquino para cobrarle un cambio de aceite a quien envía a tu taller toda la flota municipal de vehículos. Y como eso, todo. Reformas en su casa, muebles, ordenadores gratis. Cualquier cosa, hasta la más ínfima, se les regala. Se acostumbran a no pagar por nada, a comer de gorra en los restaurantes. Los comerciantes beneficiarios también son generosos donantes de las campañas. Tanto en metálico como en especie. Las imprentas, las empresas de megafonía, de alquiler de carpas, de organización de eventos, les hacen gratis la campaña electoral. Previamente ya habrán pasado alguna factura desorbitada por cualquier otra cosa.

La red mafiosa se extiende por todo el comercio y la industria local. De haber varios proveedores del mismo ramo a los que premiar, se reparte en función de lo que aportan a la causa. Hay muchas decenas de miles de euros que fluyen incesantemente, muchas familias, muchos empleados viviendo del dinero público. En los días previos a las elecciones se pronuncian veladas amenazas: “Si pierden estos, nos bajan los ingresos y tendré que despedir gente”. Comerciantes y empresarios reparten las papeletas de votación a sus empleados en sobre cerrado. Estos siempre tienen la sospecha de que “tienen un tono de color diferente” para que los apoderados del partido que vigilan las mesas las reconozcan el día de la votación. Las empresas señaladas como de la facción política contraria subsisten como pueden castigadas por una competencia desleal. Muchas se rinden y tienden puentes: aceptan el chantaje. También están dispuestas a pagar, a donar, a subvencionar. O eso, o la ruina.

Alcaldes y concejales buscan que hasta el último euro que gestionan recaiga en “el pueblo”. O al menos en el reducido círculo de beneficiarios que ellos consideran “pueblo”. Jamás se compra nada a una empresa foránea a menos que haya un comisionista local. No importa si esto encarece el presupuesto. Pongamos que hay que comprar unos focos para el teatro que sólo pueden surtir empresas especializadas. En ese caso, si se puede, mejor es que los compre la tienda de bombillas local, propiedad de algún amigote, y luego los revenda al ayuntamiento.

Como en los supermercados, todo acaba en 9. Existen números mágicos que se repiten en las adjudicaciones de toda España.

Las obras y servicios valen por norma general 49.000 euros. La razón es que hasta 50.000 se dan a dedo a quien se quiera. Si sobrepasan esa cantidad entonces pasan a costar 199.000. Entre 50.000 y 200.000 euros la adjudicación se hace por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. O lo que es lo mismo, es el ayuntamiento el que elige a tres empresas a las que le solicita presupuestos. En estos casos lo habitual es que sea la empresa a la que se va a favorecer la que aporta los otros dos presupuestos que obliga la ley. Pueden ser del mismo dueño, empresas pantalla u otras reales con las que se llegó a un acuerdo de reparto o de subcontratación. En otras ocasiones, la mesa de contratación municipal busca dos empresas que, ya sea por su pequeño tamaño, por su inexperiencia o por su falta de solvencia, sabe positivamente que presentarán la documentación incompleta o errónea.

En los ayuntamientos pequeños son raras las obras que sobrepasan los 200.000 euros. Cuando es así, deberían adjudicarse por el “procedimiento negociado con publicidad”. Es decir, que cualquiera podría optar a ellas. Para evitarlo, habitualmente se fraccionan las obras en fases de 199.000. Esto es ilegal y fraude de ley, pero nadie lo suele denunciar. Todo se puede hacer en fases: desde tejados hasta aceras. Las explicaciones rayan en lo cómico. Así, el concejal de obras de Málaga aportó esta nueva genialidad a la historia de la contratación pública: “No hay fraccionamiento porque lo que se ha dividido no es el contrato para construir un parque en el Benítez, si no el dinero del que se disponía”. Exacto, el papel del contrato seguía de una pieza. Ahí estaba el folio enterito para quien quisiera comprobarlo.

Existe otra modalidad: los contratos de servicio que cuestan 119.000. La razón es que a partir de 120.000 existe la “exigencia de clasificación” a las empresas. Por debajo de esa cifra, puede ser cualquiera.

Aprovecho para animar a quien esto lea a que busque las cantidades de las adjudicaciones en sus villas y pueblos. Se sorprenderá de la frecuencia con que aparecen estas cantidades.

¿Cuándo se gasta? Las elecciones municipales son siempre en mayo. Ese año, en los primeros días de enero, los concejales peregrinan al Departamento de Intervención para que les apunten con una flechita las cantidades que se pueden gastar de las partidas de sus presupuestos. Desde entonces, en una carrera contrarreloj, tienen cuatro meses para vaciarlas todas. Es lo habitual verlos preguntándose: “¿Qué podemos pintar?”, ¿hay que comprar algo para el polideportivo?”. El qué se compra es lo de menos. Las partidas deben agotarse. El mayor flujo de dinero posible debe revertir en “el pueblo”. Puede ser la última oportunidad para las comisiones. Es la mejor época para los gastos absurdos o las ideas disparatadas. Ningún concejal es tan estúpido como para dejar dinero en el presupuesto que podría gastarse otro si ganase las elecciones. Incluso aunque su propio partido pudiese ganar, no siempre es seguro que fuese a ocuparse de la misma responsabilidad. Mejor no dejar nada.

Esto ocurre cada cuatro años. En un año no electoral, el mismo proceso se da en los meses de otoño, cuando se está a punto de cerrar el presupuesto. Tras el verano se produce la misma peregrinación y todos solicitan informes del estado de las partidas para vaciarlas a conciencia. El objetivo es llegar a 31 de diciembre a cero. O mejor aún, en negativo. En la lógica municipal, cuando un concejal deja un año una partida presupuestaria sin gastar, esta desaparece del presupuesto del año siguiente. Puesto que no se usó, no debe ser importante. Así se anima al gasto irreflexivo y al cortoplacismo: cuánto más se gasta, más puede crecer la partida presupuestaria el año siguiente.

Todo esto es impune, en primer lugar, porque existe un pacto tácito de no agresión entre los partidos del régimen. Si tú no hurgas en mis cosas yo no hurgo en las tuyas. Pero es que, además, no es tan sencillo. Si la mayoría de las ilegalidades tiene como beneficiarios a vecinos de la localidad, ir contra la ilegalidad es ir, de facto, contra los vecinos. La acusación de que se ponen en peligro puestos de trabajo por “peleas políticas” está siempre en el aire. Para la oposición, en este terreno pantanoso hay mucho que perder y poco que ganar.

Interventores y secretarios carecen ya de capacidad para controlar todo este flujo enorme de malgasto y cohecho. Dirigen departamentos con escasez de medios y personal. En los ayuntamientos más pequeños ni siquiera se contrata a interventores, pues la ley no lo obliga, y es el secretario quien, en teoría, debería realizar ambas funciones. Puesto que carece de tiempo material para controlar todas y cada una de las decenas de facturas que entran cada día, sólo pide explicaciones cuando existen sobrecostes escandalosos. Aún así, siempre hay modo de justificarlos.

JOAN ROSELL Y SUS REBUZNOS SOCIALES

"Nuestro problema mayor no es la corrupción sino la desaparición de la vergüenza"

(Gregorio Morán)

En efecto, ahí está de nuevo al ataque, por enésima vez, Joan Rosell, Presidente de la CEOE, es decir, de todos los grandes empresarios españoles, divulgando su despreciable ideario a todo aquél que quiera escucharle, sin ninguna vergüenza. No es la primera vez pasa al ataque este indecente personaje, porque es muy dado a las polémicas declaraciones, al estilo de su compañera de organización, Mónica de Oriol, otra gran protagonista de la patronal, por sus constantes salidas de tono y ofensivas declaraciones hacia las personas desempleadas y los jóvenes de este país.

En esta ocasión, el Presidente de los patronos estaba ofreciendo su discurso ante un conjunto de empresarios del sector hostelero, cuando volvió a calentar el ambiente con sus exabruptos.

Y así, y con la que está cayendo en torno a las deleznables prácticas de las puertas giratorias, comisiones ilegales y casos de corrupción a mansalva, entre otras muchas prácticas aberrantes, a Rosell se le ocurrió directamente mostrarse a favor de la privatización de la Sanidad y de la Educación. Ahí es nada. ¡Los dos grandes pilares del Estado del Bienestar completamente privatizados!. Según él, ambos aspectos de la gestión pública funcionarían mejor si estuviesen gestionados por empresarios.

¿Y por qué tipo de empresarios, señor Rosell? ¿Por empresarios quizá como David Marjaliza, en prisión preventiva actualmente por sus múltiples y supuestos delitos en torno a los negocios de su compañero (político, que no empresarial) Francisco Granados? ¿O bien por empresarios como su ex Presidente, Gerardo Díaz Ferrán, también en prisión por ocultamiento y alzamiento de bienes, entre otros muchos delitos, en torno al hundimiento de Viajes Marsans? ¿Estos son los que deberían gestionar la Sanidad y la Educación privadas, señor Rosell? ¿Estos "empresarios" que manchan diariamente la vida política y social del país, hundiéndonos en la mierda más absoluta y repugnante, y convirtiéndonos en el hazmerreir de la llamada "Marca España"?

Las palabras concretas del señor Rosell, para que no nos llamemos a engaño, fueron las siguientes: "El sector público es la primera empresa del país, y debe cambiar con mucha mejor gestión. Tenemos las dos grandes partidas de gasto, que son la Sanidad y la Educación, que seguro que si estuviesen gestionadas por empresarios, con criterios empresariales, yo creo que podríamos sacar mucho más rendimiento y podríamos hacer cosas de mucha mejor manera"

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No se puede ser más ruin con menos palabras. Vamos a analizarlas detalladamente, para poder rebatirlas en sus justos términos: en primer lugar, el sector público no es ninguna empresa, ni la primera ni la última, el sector público es la garantía de que nos dotamos entre todos de una serie de servicios básicos de carácter público y universal, como la Sanidad y la Educación, que no pueden ser privados porque no cabe en ellos el enfoque del beneficio empresarial.

No deben ni pueden ser rentables, señor Rosell (se lo explicaremos todas las veces que hagan falta hasta que usted y sus colegas se enteren de una puñetera vez), porque están pensados para que todo el mundo los pueda utilizar cuando lo necesiten.

De ahí su carácter público, gratuito y universal, algo de lo que ustedes reniegan tanto, porque persiguen un modelo de sociedad donde sólo exista lo privado, es decir, donde sólo las personas que tengan recursos económicos puedan valerse de dichos servicios.

En segundo lugar, la Sanidad y la Educación no son partidas de gasto, señor Rosell, sino partidas de inversión pública: simplemente el Estado tiene la obligación de invertir en Sanidad y en Educación para su ciudadanía, si es que persigue una sociedad mínimamente justa y cohesionada, algo que a usted le importa bien poco.

Lo que le pasa al Señor Rosell, y a todos sus colegas grandes empresarios, es que están un poco al ojo avizor ante las próximas citas electorales, porque temen comenzar a perder gran parte de su imperio empresarial en torno a la Sanidad y a la Educación públicas, imperios que han obtenido gracias a las políticas practicadas desde el bipartidismo (PP y PSOE) durante los últimos Gobiernos en este país.

Y así, tanto en la Comunidad de Madrid, como en Valencia y en Cataluña, actualmente sus más grandes feudos, se lleva intentando implantar el modelo privatizador, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, lo que ha llevado a un levantamiento ciudadano vehiculizado a través de las Mareas Verde (de la Educación) y Blanca (de la Sanidad), para defender lo público, lo que es de todos, y a todos pertenece.

Durante los próximos años, se acaban los contratos de concesión con dichas empresas, tras lo cual debe evaluarse la gestión llevada a cabo, para renovar o derogar dichas concesiones. Y como resulta que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas que concurren a las próximas Elecciones Autónomicas y Municipales han mostrado su firme convicción de no renovar dichas concesiones, el señor Rosell, como máximo representante de la camarilla de funestos empresarios de nuestro país, se hace portavoz de su temor ante tan grave y cuantiosa pérdida.

¿Y cuál es su argumento principal para defender la postura de la privatización de los dos grandes pilares del Estado del Bienestar? Pues como ha quedado claro de sus declaraciones, el convencimiento de que, desde el enfoque privado, se conseguiría una mayor eficiencia en la gestión.

Pero bajo ese falaz argumento, ¿sabe usted lo que de verdad obtendríamos, señor Rosell? Pues tendríamos casos de corrupción multiplicados por diez mil, porque la corrupción es consustancial al capitalismo, y ustedes quieren meter el capitalismo hasta en la sopa.

Lo que tendríamos es un panorama desolador, donde los trabajadores públicos (tanto funcionarios como personal laboral) serían desmantelados progresivamente, y por tanto no tendrían asegurado su puesto de trabajo, dejarían de ser "privilegiados" como a usted les gusta llamarlos, para engrosar las listas de trabajadores precarios que ya cultivan ustedes en todos los sectores donde meten sus garras de viles empresarios.

Los servicios que ahora son universales, públicos y gratuitos dejarían de serlo, no teniendo derecho todo el mundo a los mismos, sino sólo aquéllos que pudieran costearlos. Disminuiría también la calidad de dichos servicios, ya que al tener que justificarse desde parámetros de rentabilidad y beneficio empresarial, dejarían de importar los criterios de calidad, perdiendo los usuarios de dichos servicios, es decir, el conjunto de la ciudadanía, la inmensa mayoría social.

Los únicos beneficiados con su propuesta, señor Rosell, serían ustedes, los empresarios que manejaran el tinglado, rompiendo con los principios de equidad y cohesión social, y migrando a una sociedad, a un modelo y a un sistema más injusto, corrupto, caro e insostenible. Afortunadamente, nunca lo van a conseguir.