Ante
la actual situación de emergencia causada por la pandemia del coronavirus demos
todo nuestro apoyo a todas/os las/os profesionales que están luchando contra el
COVID-19 y todas aquellas personas que hacen posible la continuidad de nuestras
vidas. Así mismo manifestemos nuestra total oposición a cualquier respuesta
securitaria y militarista a la actual situación.
La
crisis del coronavirus es sin lugar a dudas una crisis de seguridad humana. Son
las/os profesionales de la sanidad, así como quienes trabajan en servicios
sociales básicos y en investigación, quienes pueden atajar esta emergencia y
proveernos de protección y seguridad. Situaciones como esta sólo se pueden
afrontar con sistemas públicos de atención y de cuidado de las personas, con
una gestión basada en constataciones científicas objetivas y con estructuras
que sean a la vez de coordinación global y de actuación local.
No
es esta la situación en el Estado español. La crisis de 2008 dio alas a unas políticas
neoliberales de fuertes recortes y privatizaciones, con graves consecuencias
para el sistema público de salud y otros pilares del estado de bienestar que
son garantes de la seguridad humana. La gestión de aquella crisis ha generado
en gran parte la fragilidad con la que ahora estamos enfrentando esta.
Las
clases trabajadoras y los sectores más vulnerables fueron los grandes
perjudicados de aquella crisis, y debemos asegurarnos de que no vuelva a ser
así.
Por
su parte, el sector militar ha gozado tradicionalmente de un trato de favor en
la elaboración de los presupuestos del Estado, basado en su supuesto rol como
garante de nuestra seguridad. No obstante, con la crisis del COVID-19 ha
quedado probado nuevamente que las capacidades militares nada pueden hacer para
frenar ni confrontar las verdaderas emergencias que afectan la vida de las
personas.
Si
hubiéramos empleado con criterios de seguridad humana una pequeña parte de los
recursos destinados a la militarización y el armamentismo durante la última
década (206.745 millones de euros desde 2008), ahora sin duda contaríamos con
un sistema público de salud más robusto y capaz.
Además
de la evidente pérdida del coste de oportunidad de financiar con nuestros
impuestos ejércitos y arsenales, debemos también denunciar que las medidas
decretadas por el Gobierno otorguen al ejército, principalmente a través de la
Unidad Militar de Emergencias, un papel destacado en la gestión de la crisis.
La UME solo cuenta con una pequeña asignación específica dentro del presupuesto
del Ministerio de Defensa, que en 2018 fue de 31 millones (un 0,32% de los
10.200 millones de gasto en Defensa), por lo que estas actuaciones parecen más
bien un lavado de cara y una forma de legitimar las FAS. Por otro lado, su
labor debería ser desempeñada por cuerpos de protección civil, que están
especializados en estas labores pero que cuentan con plantillas y recursos
mucho más modestos.
Por
su parte, el despliegue de tropas del Ejército del Aire y de Infantería (2.600
soldados a 19 de marzo) es todavía más preocupante. La presencia de la UME y de
militares armados en las calles representa una militarización de la vida
pública que pudiera ser la antesala de futuras medidas represoras que debemos
rechazar y condenar firmemente.
Pidamos,
por tanto, que ante una crisis causada por un virus que no entiende de
fronteras, se tomen medidas por la salud pública y se utilicen exclusivamente
mecanismos de protección civil y humanitaria, en vez de recurrir a medidas de
vigilancia, control de las personas y seguridad militarizada, que son
precisamente las que se emplean sistemáticamente en nuestras fronteras.
Nuestra
seguridad y protección no puede seguir gestionándose con estructuras
militarizadas que lo que pretenden es defender los supuestos intereses de los
estados-nación y sus fronteras. Porque las grandes crisis del siglo XXI no
entenderán de fronteras. Para hacer frente a una pandemia como la del COVID-19
hacen falta más recursos sanitarios, no mayor militarización. Cambiemos el
paradigma de seguridad nacional por uno de seguridad humana, que será sin duda
más eficaz, justo y sostenible.