miércoles, 12 de junio de 2019

POR UNA REPUBLICA FEDERAL






El 15 de junio se van a cumplir cuarenta y dos años desde la celebración de las primeras elecciones generales tras la muerte de Franco. Se desarrollaron en un clima de expectación y esperanza sin límite. Eran las primeras elecciones «democráticas», desde las elecciones a Cortes en febrero de 1936 que dieron el triunfo al Frente Popular. Fueron democráticas en cuanto que se desarrollaron en un nuevo clima, tras el referéndum celebrado el año anterior.

Fui testigo, y de alguna forma protagonista de la Transición que comenzaba. No puedo arrepentirme de lo que hice convencido, pero visto en perspectiva histórica y con lo aprendido hago autocrítica. Fue un pacto desde el franquismo hacia la monarquía. La oposición al régimen no pidió que se dirimieran responsabilidades por los crímenes cometidos, por los derechos pisoteados durante la dictadura, ni por el origen del régimen que terminaba. Los responsables y autores, asesinos, siguieron y siguen en la calle formando parte del tejido social. Sobre esos rescoldos se fundó la democracia. Es cierto que la hostilidad en el ejército y en las alturas se dejaba notar. Esta situación hizo que el Gobierno y la oposición fueran prudentes en el proceso.

El 15 de diciembre de 1976, se había celebró un referéndum, en el que se preguntó «¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?». El 94,17% de los votantes (del 77,8% de los votos contabilizados) dijo SI. El censo estaba constituido por 22.644.290 electores. La participación fue del 77,8%. Salíamos de una dictadura en la que no se permitía pensar y poco soñar; solo obedecer consignas, sometidos al régimen.

Lo que no habían previsto los diseñadores del proceso, lo corrigió la ley D’hondt. Se presentaron más de ochenta partidos o agrupaciones electorales y consiguieron escaño doce candidaturas. Ganó Adolfo Suárez, como heredero del régimen. Hubo una participación del 78,83%. La Unión de Centro Democrático obtuvo 6.310.391 votos y consiguió 165 escaños. El segundo partido fue el PSOE con Felipe González a la cabeza, con 5.371.866 de votos y 118 diputados. El PCE, con Santiago Carrillo, fue la tercera fuerza política, con 20 escaños y 1.709.890 votos; Alianza Popular, liderado por Manuel Fraga, representando al franquismo sociológico consiguió 1.504.771 votos y 16 diputados. El Partido Socialista Popular de Tierno Galván, obtuvo 816.582 votos y 6 diputados. Sin anunciarlo, se conformaron unas Cortes constituyentes.

En el 15-J, la gente, tradicionalmente desinformada, votó, como vota casi siempre a los que más salen en televisión, en la prensa, a la voz del poder, o a quienes provocan menos miedo. Los partidos, hasta entonces en la clandestinidad, fueron llamados a participar en la Transición y terminaron aceptando lo que nunca habían defendido: la monarquía, la bandera que había ondeado el dictador y las condiciones que impusieron los vencedores de la guerra. No se pidieron responsabilidades ni investigación por los muertos del franquismo ni por los presos ni marginados ni represaliados, ni por los condenados a trabajos forzados y por las decenas de miles desaparecidos.

El 15-J de 1977, la izquierda votó con el precedente de Pinochet en la cabeza, que aplastó un gobierno de izquierdas surgido de las urnas en 1973; y la derecha, con el de Portugal (1974), que puso fin a una larga dictadura anticomunista y emprendió un proceso revolucionario. En el recuerdo estuvo la guerra civil, que mostraba los riesgos de una nueva confrontación. Los mandatarios del régimen, sabían que tenía que buscar una salida desde arriba para evitar un eventual proceso revolucionario. La oposición era consciente de que hacía falta contención para evitar que el Ejército interviniera.

Las elecciones se caracterizaron por una cierta ceremonia de la confusión. El PCE moderó el discurso y el PSOE lo radicalizó. Los comunistas tenían una imagen pésima acuñada por el franquismo durante 40 años, por lo que tras su legalización en abril de 1977, mostró su máxima moderación para ganar respetabilidad, bajo el lema «Socialismo en libertad». Por el contrario PSOE, con el lema «Socialismo es libertad» y declarado marxista, no era percibido como una amenaza.

Aquella cita con las urnas definió muchas de las tendencias políticas y conflictos que han llegado hasta hoy. Nos legó la Constitución de 1978; el sistema electoral vigente; el conflicto territorial del País Vasco, marcado por la violencia de ETA; y Catalunya, donde el 15-J triunfaron los socialistas (28.5%), seguidos de los comunistas (18.3%). Para evitar que se constituyera una Generalitat de izquierdas, Suárez facilitó el regreso del presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, nombrándole presidente provisional, a pesar de que nadie lo había votado y su legitimidad era republicana.

El surgir de Podemos, la aparición de Ciudadanos y la reivindicación catalana del derecho a decidir, han roto las costuras del modelo dibujado hace cuarenta y dos años. La flamante Presidenta de las Cortes, Meritxell Batet llegó a decir: que la reforma de la Constitución es «urgente, viable y deseable», así como renovar el pacto territorial de España. Las elecciones vinieron a fortalecer a la joven democracia y perfiló un sistema de partidos homologable a cualquier país europeo. Hoy, revisar la historia reciente y reformar las instituciones obsoletas, es tan legítimo como necesario.

La Transición fue una ley de punto final. No solo impidió juzgar y castigar a los culpables, autores y defensores de la dictadura y su represión, sino que hoy se sigue poniendo trabas para investigar los casos de los miles de desaparecidos y enterrados en las cunetas de caminos y carreteras. La Transición puso como jefe de Estado a un rey, que durante veinte años apoyó voluntariamente a Franco que lo nombró como sucesor; que nunca renegó del juramento a los principios generales del movimiento, ni denunciado las penas de muerte que su protector firmó hasta el final de sus días. Fue una reforma sin ruptura, construida sobre el poder franquista intacto. Hubo un gran debate en las alturas sobre ruptura o reforma, pero al final, quienes defendían la ruptura reformaron y los reformistas retornaron al lugar de donde venían.

Ningún partido en el gobierno, ha extirpado el veneno que nos inoculó la dictadura. Si no se hizo en su momento, habrá que hacerlo ahora. Ningún partido ha revisado la ley de amnistía, que permite seguir en el poder a los delincuentes políticos y económicos, que se enriquecieron a costa de los represaliados y desaparecidos, quedando impunes los crímenes del régimen franquista. Poco se ha hecho para conseguir la separación de la iglesia y el Estado, condición indispensable para que la democracia lo sea realmente. Nada se ha hecho para garantizar y blindar constitucionalmente la escuela pública y laica, ni la sanidad pública, ni los derechos sociales.

Para Alfredo Grimaldos en su libro Claves de la Transición 1973-1986, para adultos: «El franquismo no es una dictadura que finaliza con el dictador, sino una estructura de poder específica que integra a la nueva monarquía». La imagen oficial de este periodo se ha construido «sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado». Hoy se conoce, como el entonces sucesor de Franco, Juan Carlos, se hizo confidente de la Casa Blanca y se convirtió en su gran apuesta para controlar España.

Mucho ha cambiado la sociedad española desde el 15-J. Ni todo ha estado mal hecho ni todo ha sido una maravilla. El Sistema actual, respetó las ruinas del franquismo, y se construyó sobre la dictadura y sus miserias. Algunos dicen que lo sucedido pertenece a un capítulo de la historia, que no hay que recordar. Para ellos es mejor el olvido: «el futuro, miremos el futuro, hacia el futuro». Demasiados errores hemos cometido pensando en el futuro. Ahora toca hacerlo bien pensado en el presente; y para no caer en los mismos errores, hay que abrir un Proceso Constituyente que rompa ataduras con ese pasado que algunos recordamos, otros quieren ocultar y muchos conocer.

El 15-J tuvo sus propios valores, que supusieron la conquista pacífica de una democracia imperfecta, y significó un gran paso hacia la modernidad. Fueron unas elecciones en libertad y sin ira. La Transición, cerró en falso el conflicto de las «dos Españas», que sigue visualizándose tras las generales del 28A y las municipales, autonómicas y europeas del 26 de Mayo.

Adolfo Suárez confesó en un descuido, en una entrevista con Victoria Prego, por qué no hubo referéndum monarquía o república. Metieron al rey en la Ley para la Reforma Política porque «Hacíamos encuestas y perdíamos«; un referéndum se habría perdido. Transcurridos cuarenta y dos años es preciso abrir un nuevo proceso constituyente por una República Federal.

miércoles, 5 de junio de 2019

COMO ELEGIR AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO


¿Cuándo es más fácil que dos cosas sean diferentes?. Pues seguramente cuando se eligen de maneras distintas. Así pues, en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente se elige en unas elecciones, mientras que los miembros del Congreso (compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado) se designan en otros comicios.

De esta manera, se consigue cumplir la teoría de la división de poderes, puesto que el poder ejecutivo recae sobre el presidente y el legislativo sobre el Congreso de los Estados Unidos. Por tanto, si los sistemas representativos occidentales aspiran a ser decentes deben procurar que el ejecutivo, legislativo y judicial sean verdaderamente independientes entre sí.

¿Y esto cómo se consigue?. Pues para empezar haciendo que cada poder nazca de procedimientos distintos, dado que si nacen del mismo o son configurados por las mismas personas, es muy difícil que un poder termine supervisando la acción del otro.

Esta introducción permite abordar plenamente la cuestión en España. En este país, aunque las elecciones generales no sirven para elegir al jefe del ejecutivo, lo habitual es que haya presidente poco tiempo después de ellas. De hecho, desde los poderes públicos se promueve esta práctica como algo que responde a lo que llaman “normalidad democrática”.

Pero en absoluto es así. Las elecciones generales son solo legislativas, y de ellas no salen más que los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado) que conforman el poder legislativo.

Sin embargo, estas personas rápidamente comienzan a negociar la investidura del presidente del Gobierno, que es el jefe de otro poder (el ejecutivo) y quien nombra además a los restantes miembros del mismo (ministros). Entonces, si desde la mayoría del poder legislativo (sea el grupo político con más peso o mediante pactos) se elige al jefe del ejecutivo, no es ya que estos dos poderes no vayan a ser independientes, es que directamente ¡uno de ellos será comparsa del otro!.

Por consiguiente, ¿qué consecuencias se derivan de este despropósito?. Sencillamente, que el/los partido/s con mayor cuota del poder legislativo tendrán a su vez controlado el ejecutivo.

Asimismo, no debe olvidarse la determinante influencia que adquieren para designar a los miembros del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial
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Todo ello implicará que un único procedimiento (elecciones generales) sirva para adquirir suficiente poder como para adueñarse de las principales estructuras del Estado durante, al menos, 4 años.

Así que, para evitar precisamente eso se introdujo la teoría de la división de poderes, porque cuando en un sistema representativo un grupo reducido de personas concentran demasiado poder, dicho sistema se vuelve despótico (y lo seguirá siendo aunque sea de carácter temporal y elegible).

Entretanto, este "despotismo elegible" que reina en España, además de las carencias señaladas, pone de manifiesto también la escasa capacidad de elección de la ciudadanía. Dado que si los sistemas representativos actuales presumen que sus cargos son directamente elegidos por sus ciudadanos, ¿cómo puede justificarse que el jefe del ejecutivo, que no es un cargo precisamente menor, sea elegido por sus colegas del Congreso?.

Seguramente cueste hacerlo, de modo que las elecciones legislativas adoptan un falso enfoque presidencialista, y buscan transmitir la sensación de que la ciudadanía realmente puede votar al presidente.

No obstante, los únicas personas que pueden hacerlo son los habitantes de la circunscripción de Madrid, ya que probablemente el candidato a presidente se presente como número uno por esa circunscripción. Ahora bien, en ese caso concreto no lo hará como presidenciable, sino como candidato a diputado.

De esta manera, los problemas mencionados provienen, casi con toda seguridad, de los rasgos preeminentemente partitocráticos que tiene el sistema. Unos rasgos que permiten que el partido que gane las elecciones generales consiga seguramente, además de la mayoría del legislativo, el poder ejecutivo y una influencia determinante en el poder judicial. 
         
Este entramado se sostiene evidentemente en una legislación electoral que sobrerrepresentando a las mayorías e infrarrepresentando a las minorías, termina diseñando un parlamento con una correlación de fuerzas muy dispar.

 Sin embargo, cuando por avatares del destino se terminan teniendo parlamentos más fragmentados, la clase política debe negociar entre sí algo que sería más lógico que correspondiera hacer a la ciudadanía, puesto que, en esos momentos es cuando tienen lugar concesiones en una dirección u otra, normalmente a escondidas del resto de la gente, para que el poder nuevamente consiga acomodarse en una dócil minoría.