jueves, 30 de agosto de 2012

PSOE, ALTERNATIVAS DE OPOSICIÓN


Cuando el PP perdió las elecciones, en marzo de 2004, enfiló un rumbo entre desesperado e incontinente de bloqueo institucional: desde el primer día del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dispusieron un mecanismo de deslegitimación en todos los ámbitos políticos. Aquella escalada virulenta contra todo lo que oliera a cambio progresista recibió el nombre de “estrategia de la crispación”: se trataba de desacreditar el triunfo electoral, de criminalizar al gobierno de Maragall en Cataluña, de sembrar sospechas de complicidad con el atentado terrorista; en definitiva, de explayar la bronca en las instituciones, en los medios de comunicación y, fundamentalmente, en la sociedad. Poco les importaba que la sociedad terminase dividida con tal de que su estratagema saliera triunfante. Por fortuna, ese diseño fue infructuoso.
           
            Si bien es cierto que una vez que Mariano Rajoy asentó su liderazgo interno, desprendiéndose, en parte, del dislate aznarista, atemperó el tono de la crítica; sin embargo, no por ello la derecha abandonó el fragor de la lógica de combate: el intento de demolición y derribo, a costa de lo que fuese, del gobierno del PSOE tuvo su momento culminante a partir de la crisis económica. Nunca dejaron de ver al gobierno de Rodríguez Zapatero como una “pesadilla”. Hasta tal extremo llegó su inquina que, sin rubor alguno, decían sentir nostalgia de Felipe González.

            ¿Qué es lo que realmente les irritaba de la gestión de Zapatero? ¿El talante?, no; ¿el optimismo antropológico?, tampoco; ¿el recambio generacional?, menos aún. Todos estos atributos del nieto de un republicano fusilado cumplimentaban el obsequioso estribillo de que estábamos dirigidos por un sujeto insolvente. ¡Cuidado!, he dicho que Zapatero era descendiente de un republicano fusilado. Y lo insólito, por no decir escandaloso, es que hablara de su abuelo no sólo orgulloso de su legado familiar sino que, lo que era más desafiante para la derecha, enalteciera su figura en la más alta institución democrática: el parlamento.

            ¡El presidente del gobierno ennobleciendo en la Cámara baja la grandeza de los hombres de la república, de los cuales, con emocionado brío, se sentía honrado y legítimo heredero! ¿Qué había hecho la generación anterior? Un pacto de olvido. Dejaron que la república ocupara un lugar en la academia, en los libros de historia, en el cine, en el teatro, en la poesía, en la novela, en las series televisivas, etc. Pero he aquí la perversión de la transición española: la república, en aquel pacto de olvido, no podía volver a tener alcance político ni en el presente ni en el futuro. Esa fue la condición del pacto y por ello toda la transición democrática incuba una herida. Es una aberración conmemorar la Constitución de 1812 y, sin embargo, birlar calladamente la Constitución de 1931. Pero hay una pregunta aún más lacerante: ¿de qué historia es heredero el PSOE? Cuando Rodríguez Zapatero elogia la memoria de su abuelo acaba con el insalubre galimatías que monopoliza a la institución política. Cobra sentido y plenitud política, no únicamente académica como pretendieron sus antecesores, la memoria histórica y, con ella, la revisión del supuesto paradigma de la transición española. Se abre paso un nuevo horizonte que no es sino pensar en la posibilidad del alcance político actual de la república.
           
            El impacto que tuvo semejante osadía en la derecha española no se hizo esperar: salieron a tumba abierta contra aquella ultrajante iniciativa. Zapatero era una amenaza, algo más que un adversario, era un enemigo y como tal tendría que caer. Habían sentenciado que por la vertiente del zapaterismo se ponía en riesgo todo el andamiaje de la transición. Un neófito estaba poniendo en peligro la estructura territorial del Estado, el concepto unívoco de nación, el modelo de transición, el molde eclesial de familia; en fin, sepultando el ideario catecúmeno de la derecha española.

            La crisis económica le vino a la derecha como anillo al dedo: era el momento de atizar el fuego, de subirse al carro del infortunio e instigar a la población con el monótono cántico de que sólo Zapatero era el culpable del descalabro económico. Únicamente él tenía que cargar con toda la minuta. El brebaje les dio resultado: expulsaron de la Moncloa al engendro.


            ¿Y qué pasó mientras tanto en el PSOE?  Se fue arrugando. No lo digo metafóricamente. El ataque de la derecha fue tan intenso que afectó tanto a las ideas como a las personas. Las ideas viraron hacia el pasado, emergieron voces melancólicas de la etapa felipista, el regatón de la década del cambio sonaba como aliciente ante tanta complejidad y decepción. Sólo faltaba poner un rostro que no fuese heredero del error: Alfredo Pérez Rubalcaba. El PSOE se arrugó en papel de plata.

            En los meses anteriores a las elecciones generales cobró aliento la idea del “voto útil”. Fracasó. Después, con el objeto de demostrar de que somos gente responsable, acentuamos el lema de que el PSOE es un “partido de gobierno” y, por tanto, hay que dar pruebas de que, por un lado, somos capaces eludir cualquier muestra de resentimiento respecto al período anterior y, por otro, a fin de superar la crisis, tendemos la mano al gobierno alcanzando pactos de Estado o, si se quiere, llamémosle consensos básicos. Lo exigen el establishment nacional, los medios de comunicación afines y las altas instituciones extranjeras. Estas demandas esponjan a la cúpula del PSOE.

            Pero se ha producido una novedad interna: las elecciones andaluzas. El Partido Socialista de Andalucía e Izquierda Unida forman gobierno. Además salta la espita en Francia: François Hollande es el nuevo presidente de la V República; en Grecia el Pasok se desploma y la Coalición Izquierda Radical (Syriza), una formación semejante a Izquierda Unida, se convierte en el segundo partido más votado y en Alemania la CDU y los liberales pierden el gobierno en el land de Schleswig-Holstein. Estos hechos astillan el programa de la derecha. Todos ellos tienen un mensaje común: embridar la germanización de Europa y situar a Alemania en su sitio, es decir, volver a europeizar a Alemania. Las políticas de Ángela Merkel, además de conducirnos económicamente hacia la recesión y a la depresión, desde un punto de vista estrictamente político nos empuja al desmoronamiento de Europa.

            Las medidas que se están adoptando no son asépticas sino que responden al dogma económico neoliberal cuyo objeto no es otro que socavar las bases del Estado de bienestar y contraer el poder adquisitivo de las clases medias trabajadoras mediante la reducción salarial.


            ¿Qué significa todo ello en España? Romper el pacto de la transición: esta vez no por la supuesta vía republicana que achacaban a Zapatero, sino por la vía del regeneracionismo canovista, es decir, negando que nuestra economía sea social de mercado y nuestro Estado sea social y de derecho. No es lo mismo una economía de mercado que una economía social de mercado y no es lo mismo un Estado de derecho que un Estado social de derecho. Lo pactado en la transición no fue una sociedad de mercado ni tampoco un Estado sin derechos sociales. Pero en el caso español hay un añadido aún más profundo: la derecha propone una profunda revisión del modelo del Estado de las Autonomías. Cuando hablan de racionalizar el gasto y expurgar las duplicidades, en realidad lo que están impulsando es la recentralización del Estado: recortar el patrón autonómico. Esperanza Aguirre lo manifiesta sin recato.

            Si rompen el pacto, tienen que saberlo: rompen con todo. Este es el PSOE que esperamos y el modelo de oposición ha de responder a este desafío. El consenso de la transición fue una transacción: una negociación donde se asumía la Monarquía parlamentaria no por convicción sino porque, a su vez, se contraía el compromiso de que España se constituía en un Estado social y democrático de Derecho y su articulación territorial se vertebraba a través del Estado de las Autonomías con sus respectivos órganos y competencias.

            A los que hablan de consensuar políticas con el PP para demostrar nuestro “sentido de Estado” y que somos un “Partido de Gobierno” yo les pregunto: ¿Qué es lo que queremos consensuar con el PP? Si ya han decretado las medidas oportunas del programa neoliberal; si ya han desarrollado la estrategia del miedo; si ya han presentado a la Comisión Europea su programa de reformas que, por cierto, apenas lo hemos discutido en España; si ya han entregado la soberanía sobre el control financiero a entidades extranjeras de escasa profesionalidad; si ya se han lanzado como verdaderos corsarios al ataque de todo lo que huela a Estado de Bienestar; si …

            No tiene mucho sentido sostener que lo hacemos para “salvar la marca de España”. La marca de España, tal como la entiende el Partido Popular, irá a peor: lo que fue admiración de todos, nuestro modelo de sanidad y educación universal y gratuita, hoy es razón de espanto; lo que fue nuestro modelo de cohesión social, hoy es motivo de indignación, y así un largo etcétera.

            Hemos de volcarnos en mantener a Grecia en el euro, en apoyar a Hollande frente a Merkel, en hacer un frente común con la izquierda europea; en definitiva, debemos tener una posición nítida para confrontar con el PP tanto a escala nacional como europea.

martes, 28 de agosto de 2012

I. V. E., DERECHO Y MORAL



            Cuando en 1983 José María Ruiz Gallardón, padre del actual Ministro de Justicia, recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC, en adelante), en nombre de AP (antigua denominación del actual PP) la normativa que pretendía regular la interrupción voluntaria del embarazo (IVE, en adelante), sólo consiguió una cosa: retrasar la puesta en marcha de la nueva norma dos años, hasta 1985.

            La nueva ley no legalizaba la IVE, tan sólo la despenalizaba en tres supuestos concretos: grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada (sin plazo), violación (12 primera semanas) o graves taras físicas o psíquicas del feto (22 primeras semanas). Además provocaba una extrema inseguridad jurídica a las mujeres, que quedaban inermes ante cualquier denuncia, y a los propios médicos, por lo que la práctica totalidad de las intervenciones se realizaba en clínicas privadas (se sigue realizando con la actual normativa), permaneciendo al margen de la sanidad pública. En definitiva, a la mujer no se le reconocía autonomía de juicio y capacidad de cisión responsable.

            Con todo, la entrada en vigor de la nueva ley permitió acabar con los abortos clandestinos, que provocaban la muerte de más de 300 mujeres cada año. Claro que esto no pudo suceder hasta que en 1985 el TC declaró la constitucionalidad de los tres supuestos aludidos. El TC en sentencia de 1985, en respuesta al recurso que puso AP contra la Ley, oponiéndose a la despenalización, estableció que: a) los tres supuestos de despenalización contemplados eran constitucionales; b) siendo digno de protección jurídica el feto, es constitucional que prevalezca el derecho de la gestante; c) en caso de violación, no se puede exigir a la mujer “soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza”, porque atenta contra su dignidad, dado que la mujer no es un “mero instrumento”; d) en caso de graves taras físicas o psíquicas en el feto, no se le puede imponer a la mujer una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia; e) en relación con la IVE, conviene que el Estado legisle “en línea de lo que sucede en la regulación positiva de los países de nuestro entorno”.

            La ley aprobada en 2010 a propuesta del PSOE, supuso un paso muy importante, aunque no exento de graves deficiencias, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres: reconoció la IVE como un derecho, sustituyó los tres supuestos por plazos y lo inscribió en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

            En realidad no hacía más que seguir la senda que sugería la Sentencia del TC 53/1985, que en su Fundamento Jurídico 12 aconsejaba legislar “en línea de lo que sucede en la regulación positiva de los países de nuestro entorno” y, como recordaba la Asociación de Mujeres Juristas Themis, seguir la Resolución 1607/2008, del Consejo de Europa, que recomendaba una ley de plazos. Treinta y dos de los cuarenta y siete países integrados en el Consejo de Europa en 2008 disponían de sistemas de plazos. Así pues, en contra de lo que han propagado los voceros clericales, la derecha anti-derechos y la caverna mediática, la vigente ley cumple el mandato del Constitucional de alinearnos jurídicamente con los países de nuestro entorno.

            Veintiocho años después de que su padre recurriera la legislación de 1983, el hijo del entonces portavoz de la derecha se ha propuesto desbaratar la actual legislación en la materia, en nombre del mismo partido, el PP actual, para volver a regirnos por una norma que ellos mismos, con su padre a la cabeza, denunciaron por “inconstitucional”. Con la diferencia de que no van a tener el “detalle” de esperar que el TC dicte sentencia. Han tomado las riendas del Gobierno con enormes ansias de seguir avanzando…hacia el pasado.

            No importa que no haya existido “efecto llamada” con la nueva legislación (sólo un 1,3% de incremento de IVE,s) en 2010 respecto al año anterior; no importa que la tasa de IVE,s por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años apenas haya variado en los dos últimos años; no importa que hayan desaparecido los abortos clandestinos; no importa que las IVE,s en chicas de 16-17 años no hayan sido un “coladero”, como amenazaba el PP, pues se mantienen prácticamente estables; no importa cómo haya podido influir en estas cifras el que las adolescentes hayan estado mejor informadas (aunque no se haya desarrollado plenamente este aspecto de la ley); no importa que hayan dispuesto de más medios anticonceptivos para prevenir los embarazos no deseados; no importa que sea una barbaridad jurídica y una aberración ideológica equiparar la IVE al homicidio, como hacen las organizaciones anti-derechos, la jerarquía católica y no pocos políticos del PP. Todo eso no importa.

            Porque en realidad no estamos ante un problema de naturaleza científico-médica o jurídica: la cuestión es fundamentalmente ideológica y moral. Se trata de derechos de las mujeres frente a dogmas religiosos; del poder clerical de una determinada casta sobre la sociedad (no confundir con el conjunto de personas con creencias religiosas) frente a valores laicos de autonomía de la mujer y respeto de su libertad de conciencia.

            En nuestro país, en el que a pesar de la supuesta aconfesionalidad del Estado es tan profunda la imbricación de los intereses eclesiales con el ámbito de lo público, tanto en la enseñanza como en la financiación de sus demás actividades, así como en el ámbito jurídico, la jerarquía católica pretende que lo que a su juicio sea pecado, se considere delito por las leyes civiles y penales.

            Sin embargo, para el laicismo, desde una óptica de autonomía de la conciencia, el derecho y el Estado no tienen entre sus cometidos afirmar o negar ninguna moral particular. De ahí que el Estado no deba interferir en la moral de las personas, así como éste no debe permitir ninguna interferencia de morales particulares en su seno. Por lo tanto, el derecho no debe ponerse al servicio de ninguna moral ¿Cómo si no podría conjugarse que estemos tod@s sujetos al mismo derecho, desde la diversidad moral existente en la sociedad?

            Cierto que pensamos de distinta forma, cierto que existen múltiples creencias (religiosas o no), cierto que partimos de distintos valores morales. Ése es el contexto del que parte el laicismo: el pluralismo ideológico y moral. Y este reconocimiento del pluralismo, que parece obvio, no lo es para los colectivos anti-derechos o los partidarios de la jerarquía clerical. Si tú piensas que un embrión, o el feto, equivalen a una persona, y yo que no, es algo que no puede dilucidarse científicamente. Ambos son juicios de valor (aunque yo lo tenga muy claro), directamente relacionados con la libertad de conciencia de cada un@.

            El hecho de que el plazo de interrupción del embarazo oscile entre las 12 semanas (Italia) y las 24 (Holanda, Inglaterra) no tiene ninguna significación biológica, sino más bien se remite a un plazo necesario para que la mujer pueda ejercer su LC y, por tanto, su autonomía moral, que es la base de su dignidad como persona.
            Y es este binomio autonomía-dignidad el que impide considerar a la mujer como un simple receptáculo de espermatozoides, y al embrión, o al feto como un simple “subproducto” biológico independiente de su voluntad. Es la mujer, en el ejercicio de su autonomía moral (y por tanto de su dignidad) la que debe decidir si lo que lleva en su vientre es “algo” deseado y, por tanto, susceptible de nacer y convertirse en persona, o si por el contrario, es “algo” no deseado y, en consecuencia opta por interrumpir el embarazo. En ambos casos, a la naturaleza biológica de la decisión la precede un acto moral de voluntad.

            Por otra parte, es evidente que existen numerosas personas con creencias religiosas que comparten esta concepción moral de la mujer, basada en su libertad de conciencia y en la autonomía de su voluntad. Pero también otras muchas que, aun considerando que la interrupción es inmoral, aceptan la separación entre el derecho como sistema regulador de intereses generales y la moral particular de cada persona, que forma parte de un principio básico de cualquier Estado constitucional de carácter no ya laico, sino “simplemente” aconfesional.

            Así pues, hay muchas personas que aun cuando tienen creencias religiosas (católicas, en este caso) no confunden derecho y moral, y no pretenden que aquello que no está de acuerdo a su moral se inscriba en el derecho penal y sea considerado delito.
            Sin embargo, también existe un gran número de personas que inspiradas y azuzadas por la jerarquía católica, y con la inestimable colaboración política del PP, sitúan la afirmación de sus principios morales en directa conexión con el derecho penal, pretendiendo que prevalezca su moral particular por encima de los intereses reales de las personas de carne y hueso, con independencia de los sufrimientos que inflijan a decenas de miles de mujeres, o de los derechos específicos que pisoteen, como su libertad de conciencia o su autonomía moral. Estos fanáticos anti-derechos no reclaman el ejercicio de ningún derecho; tampoco son obligados a hacer nada que su moral no les permita; lo que pretenden es impedir que las mujeres accedan al ejercicio de sus derechos a interrumpir el embarazo y al disfrute de los demás derechos sexuales y reproductivos.

            Pero no sólo el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad tiene un sentido de libertad “positiva”, en el sentido jurídico de la expresión, (para hacer algo); también, e incluso antes, supone el ejercicio de una libertad “negativa”, es decir libertad de no ser obligada a convertirse en madre. Para neutralizar la primera vertiente de este derecho (la libertad para interrumpir el embarazo) las huestes confesionales cuentan con la presión legislativa, con la complicidad política del PP, así como de todos sus poderosos medios de comunicación asociados a la caverna mediática. Sin embargo, para impedir el ejercicio de su libertad para no ser obligada a dar a luz (la vertiente “negativa” de su derecho) cuentan con una miríada de organizaciones religiosas, generosamente subvencionadas por el erario público y con todo tipo de asociaciones anti-derechos, de carácter fanático, que con manifiesto desprecio por la vida y dignidad de las mujeres, y provocando enormes sufrimientos a decenas de miles de ellas, las presionarán de forma inmisericorde para que den a luz bajo coacción.

            No cabe ninguna duda de que a la jerarquía eclesiástica y a las fuerzas confesionales (de signo religioso o político) no les preocupa la autonomía moral de las mujeres, ni su dignidad, ni los sufrimientos ocasionados por su cruzada antiabortista. La secuela histórica de muertes, lesiones graves y todo tipo de sufrimiento, provocada por el ejercicio fanático (impuesto a la fuerza) de la moral católica es buena prueba de ello.

Pero tampoco pueden defender racionalmente que les preocupe especialmente la vida de los fetos o de los bebés no deseados, promoviendo políticas que criminalizan la interrupción del embarazo, puesto que se han demostrado ineficaces a nivel internacional para hacer descender el número de abortos, provocando centenares de miles de abortos ilegales clandestinos, además de provocar sus correspondientes secuelas de muerte, lesiones y sufrimientos.
           Lo consecuente con este objetivo sería la elaboración y puesta en práctica de políticas preventivas para evitar los embarazos no deseados. Esa es la única respuesta racional y razonable de alguien verdaderamente preocupado por el número de IVE,s. Pero el fanatismo clerical practica una moral que no quiere ni oír hablar de políticas preventivas en materia sexual y reproductiva de las mujeres. Y merecen el calificativo de fanáticos porque su objetivo es que las leyes civiles reflejen su particular concepto de la moralidad, y están dispuestos a imponer su criterio, cueste lo que cueste.

          Para el laicismo la separación Iglesia-Estado es un principio jurídico-político básico para establecer la laicidad del Estado, puesto que representa la autonomía del poder político respecto a las creencias particulares de todo tipo, tanto religiosas como de cualquier otra naturaleza. Pero esta separación en el nivel de lo institucional es sólo una condición necesaria, pero no suficiente para establecer la laicidad del Estado y sus instituciones, mientras no se reconozca el pleno ejercicio de la libertad de conciencia y la igualdad jurídica y de trato, y mientras exista discriminación por razón de las creencias o convicciones.

            Pues bien, una manifestación específica de la separación Iglesia-Estado se proyecta en la relación entre el derecho y la moral, y en este caso concreto que discutimos, la interrupción voluntaria del embarazo, confundir uno y otra es el objetivo manifiesto de los intereses clericales, en la medida en que pretenden que se castigue penalmente determinados hechos por la única razón de que su moral lo estipula como “pecado”. Con ello, un derecho que se inspire en esta moral clerical, que castigue penalmente la IVE y no reconozca este derecho, está obligando a miles de mujeres a una opción de vida como es la maternidad. ¿Dónde queda la libertad personal y la dignidad y autonomía de la mujer, reconocidas en la Constitución Española? El derecho no puede imponer conductas u opciones de vida. El derecho no puede imponer a la mujer dar a luz.

            Por el contrario, las leyes que reconocen la legalidad de la IVE no imponen ninguna conducta o norma de vida a las personas que están en contra de la IVE. Por tanto, si amplía derechos de las mujeres y no obliga a ninguna persona a hacer nada que no le aconseje su moral ¿dónde está el problema? Parece que el problema radica en la naturaleza fanática de los intereses clericales, en esa necesidad de imponer a toda una sociedad plural ideológicamente sus particulares creencias y criterios morales.

            Visto desde el ángulo del ejercicio de la libertad de conciencia y de la dignidad y autonomía moral de la mujer, la cuestión no puede ser más monstruosa: si la moral católica (en este caso) penetra en el derecho, la mujer puede ser obligada a llevar su embarazo a término, en contra de su voluntad. Se la obliga a convertirse en madre, aunque no quiera, o no se considere preparada, o ni siquiera se lo haya planteado; se la impone un plan de vida que, como mínimo, incluye criar y educar un hijo no deseado, cuando no soportar una pareja no deseada. Todo ello sin olvidar los tremendos efectos físicos y psicológicos de esta violencia “legal”.
 
            Debo mencionar aquí la terrible responsabilidad que asumen en este proceso la miríada de asociaciones y órdenes religiosas, que generosamente subvencionadas con el dinero público, y por tanto de tod@s, “ayudan a las descarriadas”. Primero se convierten en colaboradoras necesarias para restringir la libertad de elección de las mujeres, así como el ejercicio de su autonomía moral y de su dignidad como personas. Pero tras consumar el desaguisado y forzarlas a parir, se ofrecen “caritativamente” a quedarse con el “producto” de su extorsión. Este mensaje religioso es claro: “Tu conciencia, tu dignidad y tu autonomía nos importan un comino. Para nosotr@s eres sólo un receptáculo, un útero. Da a luz a cualquier coste y luego, si no te haces cargo tú, ya nos haremos cargo nosotr@s”. Parece descarnado este relato pero es fiel reflejo de las actitudes que estos colectivos expresan cotidianamente en la prensa.

            Al escándalo que trasmiten estos comportamientos se une que están financiados con fondos públicos, cuyo uso debería dedicarse a servicios de interés general y no a apoyar políticas inspiradas en una moral particular, como es la católica, que además cercena derechos humanos elementales.

            A menudo cuando se habla de derechos humanos individuales no se repara en que el más importante de todos ellos es el que cada persona tiene sobre sí misma, y forzar un embarazo no deseado viola radicalmente este derecho. La mujer tiene derecho de autodeterminación sobre su propio cuerpo y, por lo tanto, derecho a que su maternidad sea voluntaria, no forzada. Desde su libertad de decisión y su autonomía, éste es un derecho exclusivamente femenino y sólo negando este derecho y reduciendo su cuerpo a un objeto, reduciéndolo a una mera máquina procreadora se le puede arrebatar su capacidad de decisión sobre su propio cuerpo, poniéndola a los pies del Código Penal.

            Claro está que este derecho de autodeterminación de la mujer en materia de IVE dista mucho de estar reconocido en las legislaciones actuales en las que, si acaso, su ejercicio está despenalizado o legalizado de forma controlada. Pero en todo caso, no deja de ser un derecho fundamental y exclusivo de las mujeres cuyo no reconocimiento, como antes señalaba, equivale a someterla a una cadena de obligaciones (maternidad, embarazo, parto, hijo) en contra de todos los principios liberales del derecho penal.

            Hay ocasiones en que se oyen voces masculinas reclamando un supuesto “derecho de paternidad” sobre el proceso de gestación. Este enfoque me parece un subproducto más de la mentalidad patriarcal con que el varón se reserva cotas de poder sobre el cuerpo de la mujer, puesto que si la IVE dependiera de un acuerdo con el varón, se encontraría éste investido de un poder sobre ella, eliminando la posibilidad de ejercer su libertad de conciencia y su autonomía moral. Lo cierto, no obstante, es que el parto, la gestación y el embarazo forman parte, exclusivamente, de la identidad femenina y no de la masculina.

            Valgan estas reflexiones para volver a poner sobre el tapete la necesaria separación de los ámbitos del derecho y de la moral, que desde el laicismo debemos seguir defendiendo, en mayor medida en momentos como los actuales en que la alianza de las fuerzas confesionales (jerarquía católica, PP y medios de comunicación afines) amenaza con tirar por la borda los tímidos avances en materia de reconocimiento de la igualdad y de los derechos sociales llevado a cabo por el PSOE en la etapa anterior.

            En lo referente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la ley aprobada en marzo de 2010 supuso un importante avance en cuanto que, más allá de despenalizarla, reconocía el derecho a su ejercicio por las mujeres y, por tanto, las alejaba del Código Penal. La contrarreforma con la que nos ha avisado el “progresista” Ministro de Justicia Ruiz Gallardón, amenaza con volver a atrasar el reloj de los derechos de la mujer en esta materia unos treinta años, a la vez que pretende lo propio con materias como las políticas de igualdad o los derechos colectivos de los homosexuales.

            Al parecer las mayorías absolutas sirven para ejercer el poder absoluto, despótico diría yo, en detrimento de los valores democráticos y de los derechos civiles y sociales. Y este peligroso “juego” está degradando hasta niveles indecibles la calidad de nuestra democracia constitucional (¿dónde queda la Constitución?) y de las propias instituciones democráticas (parlamento y judicatura, principalmente), dando alas a los populismos autoritarios de toda laya. Millones de personas en España (y en el mundo) se preguntan para qué sirven unos sistemas democráticos que no posibilitan ni el pan, ni el empleo ni la participación en las decisiones que les conciernen. ¿Cómo hablar en este contexto de de libertad y de dignidad?

            Por ello cada vez tiene más vigencia la lucha en torno a los postulado laicistas, que pueden sintetizarse en una frase: Para el laicismo, el objetivo fundamental de la acción política y cívica es el respeto a la dignidad humana, en un marco de libertad e igualdad entre todas las personas, con objeto de promover la autonomía individual frente a la injusta presión de cualquier institución política, económica o religiosa.

miércoles, 22 de agosto de 2012

LA PEPA, 200 AÑOS DESPUÉS

      (Recordar la historia para evitar repetirla)



        Con la península en manos francesas, el diputado liberal Antonio Oliveros propone una comisión que emprenda la tarea constitucional. Se abre el proceso destinado a llenar el vacío de poder. Juntas provinciales, ciudades y reinos, eligen a sus diputados convocados a Cortes en Cádiz, única ciudad que se mantiene ajena a la invasión. La isla de León, hoy San Fernando, se convertirá paradójicamente, en laboratorio soberano de los ideales napoleónicos. Diputados peninsulares y de ultramar se refugian allí, transformando a los súbditos de una monarquía absoluta y decadente, en ciudadanos libres con derechos y deberes. ¿Cómo es posible que el más firme bastión del Antiguo Régimen, pasara a convertirse en modelo del nuevo liberalismo europeo? Desde septiembre de 1810 a marzo de 1812, la ciudad de Cádiz se encontrará aislada de las tropas francesas, pero también de las conjuras de una España absolutista, ocupada en sostener y encarrilar su involutiva Revolución. Los diputados llegan poco a poco. Más de la mitad serán suplentes, como recurso para sustituir a quienes no lleguen a tiempo. Serán éstos los que adquieran un notable protagonismo, manifestándose abiertamente por las reformas.

        La división entre liberales y absolutistas refleja también el talento de unos y otros. Los más comprometidos son un grupo reducido pero van ganando terreno y autoridad. La elocuencia y la retórica juegan un papel esencial en los debates. Los liberales son menos, pero son mejores. No sólo persuaden sino convencen. ¿Qué argumentos pueden sostenerse en favor del absolutismo, que no sean los del interés propio? Durante meses, la representación de la soberanía española, estará obligada a parlamentar. No habrá posibilidad de conjuras, alzamientos de nobles disfrazados de campesinos, pronunciamientos militares o partidas de curas alertando al pueblo sobre la invasión del Anticristo. Ya no vale crispar, apelar al vulgo a la lucha, sino perseguir una sociedad mejor desde parámetros de justicia y razón. Quienes allí están no son franceses, sino diputados españoles representando a la nación. Los tradicionalistas nada pueden frente a los pensamientos de “Locke, Montesquieu o Rousseau”. Se lleva a cabo una verdadera revolución: se establece la soberanía nacional, la monarquía parlamentaria, la división de poderes, se reconoce la ciudadanía, los derechos individuales, la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de imprenta, la igualdad ante la ley, el sufragio universal masculino… Las Cortes debaten la supresión de la Inquisición, la reforma del clero o las desamortizaciones eclesiásticas. Es algo nunca visto.


El enemigo es francés… y español
       Pero la España oscura no está dispuesta a admitir una monarquía constitucional. La guerra contra Rusia ha obligado a Napoleón a vaciar de soldados una península que, excepto el istmo de Cádiz, tenía tomada. Ello cambiará para siempre el destino de España. Con la incursión inglesa y la pérdida del país, Bonaparte permitirá el regreso de Fernando VII. Napoleón, que siempre vio en España “una chusma de aldeanos guiada por una chusma de curas”, deja partir al tan “deseado” por su pueblo, según la propaganda absolutista. Este cruzará la frontera por Cataluña el 24 de marzo de 1814. Desgraciadamente, Bonaparte no se equivocaba en su diagnóstico. El vulgo saboreará pronto los frutos por los que combatía. El repliegue francés fue acompañado desde el primer instante, por la creciente conspiración apostólica. En cuanto los territorios recaen sobre la jurisdicción de las Cortes, los absolutistas, que han contemplado el episodio liberal de Cádiz sin dar crédito, comienzan a provocar disturbios y saqueos sabiendo atraerse, como siempre, la complicidad del pueblo, un campesinado que tras la guerra es alzado en armas ante el desabastecimiento absoluto. Los liberales españoles son tachados de herejes franceses. Deben ser eliminados. Para una opinión pública ignorante, generada exclusivamente a través de lo que se le indica en cada parroquia, nunca existirá diferencia entre franceses y españoles afrancesados (traidores a Dios y partidarios de Satanás).



       Las Cortes de Cádiz habían decretado no reconocer al rey mientras no jurase respetar la constitución pero éste, respaldado por el clero y la nobleza, en lugar de dirigirse a Madrid como está previsto, se desvía a Valencia donde le espera el general Elio, poniendo sus tropas a disposición real y jurando defender el Antiguo Régimen. A la vez, un grupo de 69 diputados le presenta un panfleto por el que se apela a la restauración del absolutismo y la derogación de la constitución; es el llamado Manifiesto de los Persas, donde se aclara por si había alguna duda, cuál es el papel que debe corresponder al hasta ahora, valeroso pueblo español, que tanto habían alentado contra los franceses: “ser mantenido en la oscuridad para evitar la anarquía”. Los historiadores se despachan a gusto con Fernando VII: rastrero, cobarde, ruin… y felón: se personaliza en el rey la responsabilidad del retorno al absolutismo, pero ello es una vez más, desfigurar el pasado intencionadamente. Junto a él, la traición es fruto de la España oscura y eterna, que no muestra la más mínima pasión por esa presunta identidad frente al invasor que decían defender. ¿Qué orgullo y qué soberanía se reivindicaba entonces el dos de Mayo, sino la preservación e independencia de una realidad que permitiera el mantenimiento de la esclavitud y los viejos privilegios nobiliarios?

       Con la entrada militar de Fernando VII en Madrid, desaparece la Constitución de 1812 y se reinstaura el absolutismo. Su llegada será jaleada por siniestros personajes mezclados entre la multitud que disfrazados de aldeanos, recuerdan al vulgo cuál es el sitio que le corresponde: “¡Vivan las caenas!” repite un pueblo sin criterio, que no comprende que habla de “cadenas para ellos”. Como ocurrió en la guerra, se vuelve a decretar el aniquilamiento sin cuartel de los liberales (ahora sólo españoles) y de todo aquel que creyó luchar por un rey constitucional. Tras la denominada resistencia española sólo se escondía el afán absolutista por conservar los privilegios medievales, las vastas posesiones, la esclavitud, la Inquisición y demás virtudes ibéricas.


Perspectiva de la guerra
       Cádiz fue el primer oasis, de un sufrido recorrido de casi dos siglos. La mal llamada guerra de independencia contra el francés, no fue sino la respuesta frontal a las nuevas ideologías de pensamiento ilustradas, (francesas o españolas). En Francia, el pueblo se sumará a una revolución burguesa, social y de clase. En España, el pueblo combatirá por la defensa de unos intereses ajenos: feudales, esclavistas y estamentales ocultados bajo una supuesta guerra de religión frente al “extranjero hereje. Nunca existió una Revolución popular, sino una insurrección creada por la Iglesia y la nobleza, que logra que el pueblo, ignorante, luche por la defensa de un Antiguo Régimen que lo mantiene sometido. La desdicha moderna de España comienza en el momento en que los absolutistas se apropian de la causa nacionalista: la intervención francesa permite así la implantación de una supuesta reacción revolucionaria dirigida por una España reaccionaria, que busca como único objetivo la reinstauración del absolutismo.


        La tragedia de los afrancesados e ilustrados (las personas más cultas por entonces del país) es desear la implantación de las nuevas ideas que vienen de Francia: derechos individuales, tolerancia religiosa, desamortización, ilustración, enciclopedia, imprenta, igualdad, pero al mismo tiempo verse obligados a oponerse a unas tropas enemigas que según los absolutistas y la Iglesia (únicos referentes propagandísticos de un país sin ilustrar), están ocupando la península. Europa derivará poco a poco hacia regímenes constitucionales mientras la reserva espiritual de occidente, aguarda aún el estallido de cuatro guerras civiles en nombre de Dios. 200 años después de Cádiz, no deja de resultar ilustrativo que muchos de los que hoy se apropian de la conmemoración de La Pepa, justifiquen al mismo tiempo, las consecuencias históricas de una interpretación absolutista que buscó siempre despojar a la mitad del país, de un sentido de la Patria que no fuera el suyo. El enemigo nunca fue francés. Era también español: la razón contra el ideal, la tolerancia frente a la imposición, el relativismo contra la confesionalidad, el pluralismo frente a la interpretación única. Se comenzaban a gestar dos maneras de entender España.

domingo, 12 de agosto de 2012

FRAGA A MUERTO SIN PAGAR SUS CRIMENES


El 16 de enero nos despertábamos con la noticia de la muerte de Manuel Fraga, fundador del PP, ministro franquista, enemigo jurado del movimiento obrero, la libertad y los derechos democráticos. La mayoría de los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, se dedicaban a llenar páginas de alabanza al hombre que fue capaz de cambiar la chaqueta de represor por la de demócrata de toda la vida, “salvo algunos pequeños errores del pasado”, como dijo alguna vez.

Y no sólo los medios de comunicación sino algunos de los que persiguió con saña, que, en lugar de explicar lo que Fraga supuso para el mantenimiento de las instituciones franquistas después de la muerte de Franco, no tienen ningún rubor en salir en radios y televisión ensalzándole como un “padre de la patria”. Pero si la dictadura franquista fue un régimen genocida, Fraga fue uno de sus más conspicuos representantes. Franco le fue ascendiendo hasta que, cuando ya empezaban a ser más claro el descontento de amplios sectores de la población, le nombra en 1962 ministro de Información (anteriormente Ministerio de Agitación y Propaganda).Durante su mandato como alto jerifalte de la dictadura aprobó la represiva Ley de Prensa e Imprenta, ordenó la voladura del diario Madrid, aumentó la censura política, y llevó a cabo otras hazañas al “servicio del Estado”, entre las que destacan su implicación directa en los asesinatos del dirigente comunista Julián Grimau y de los anarquistas Delgado y Granados. 


Asesino de trabajadores.


Su ideología fascista le llevó a mostrar su odio a la clase trabajadora en numerosas ocasiones, Tras la muerte del dictador, en noviembre de 1975, sus compinches franquistas le negaron el cargo de presidente del nuevo gobierno pero Fraga asumió la cartera del Ministerio de la Gobernación (el de Interior ahora) desde dónde controló un aparato represivo que emplearía a fondo en los meses siguientes.


A principios de diciembre de 1975, 25.000 obreros metalúrgicos de Madrid se habían declarado en huelga y las minas asturianas estaban paralizadas. A comienzos de enero del año siguiente estalla la huelga en el Metro de Madrid. Le siguen las huelgas en Correos y Telefónica. Después Renfe, taxis y cientos de empresas del cinturón industrial de Madrid se ponen en lucha, y el Gobierno, en un acto de desesperación para frenar el auge del movimiento, militariza el Metro y Correos. Durante las huelgas del mes de enero en todo el Estado se perdieron 21 millones de horas de trabajo.



La lucha llegó a su punto más intenso en Vitoria, a comienzos del mes de marzo. Para el día 3 de marzo, después de 54 días ininterrumpidos de huelga, es convocada una nueva huelga general en toda Vitoria. La ciudad queda paralizada y más de 5.000 personas asisten a la asamblea general convocada en la Iglesia de San Francisco. La policía carga contra la multitud disparando balas de plomo. Mueren tres obreros y más de cien son heridos. Dos obreros fallecen más tarde en el hospital a causa de las heridas provocadas por la brutal acción policial. Al tener conocimiento de estos asesinatos se desata la furia de los trabajadores, que montan barricadas y los disturbios duran hasta la noche. El ambiente es tal que hasta los soldados que ha enviado el Gobierno para sofocar la lucha, se niegan a retirar las barricadas. El día del funeral, el 5 de marzo, 100.000 trabajadores y sus familias acompañan los cadáveres de los trabajadores asesinados por las calles de Vitoria. Los verdugos de estos trabajadores tienen nombres y apellidos, y permanecen grabados en la conciencia de miles de obreros vitorianos: Manuel Fraga, ministro de Gobernación, y Adolfo Suárez, quien lo sustituye por encontrarse fuera del país.



Los sucesos de Vitoria tienen un efecto electrizante sobre la conciencia de centenares de miles de trabajadores de todo el Estado. Se convocan huelgas y manifestaciones espontáneas en diferentes partes que son contestadas por una furiosa represión. El día 5 muere asesinado por la policía un obrero de Duro Felguera en Tarragona. Otro trabajador es asesinado en Elda (Alicante). El movimiento obrero y juvenil espera la convocatoria de una huelga general. Sin embargo, los dirigentes de CCOO llaman a la calma y no convocan nada. Sólo en el País Vasco, el día 8 de marzo, se convoca la huelga general y 500.000 trabajadores responden como un solo hombre en solidaridad con los obreros de Vitoria. En Basauri (Vizcaya), un joven obrero de 18 años muere de un balazo en la cabeza a manos de la policía.


La represión policial organizada por ese “luchador de la libertad” como quieren ahora presentar a Manuel Fraga, es auxiliada en muchas ocasiones por las bandas fascistas que cuentan con el apoyo y la impunidad del aparato del Estado. El 9 de mayo, los carlistas de Carlos Hugo (escisión de carácter izquierdista de los antiguos requetés fascistas) organizaban su concentración anual en Montejurra (Navarra), a la que también acudían diversos grupos de izquierda. Ese día, bandas fascistas disuelven la concentración de 3.000 personas a tiro limpio, matando a dos de ellas, una de las cuales era un obrero de Estella. Los asesinos nunca fueron juzgados y después se supo que fueron financiados por miembros del propio Gobierno.

También Fraga era, en esos momentos, el ministro de Gobernación. La indignación por estos hechos en todo el Estado fue enorme y, a pesar de que la historia oficial intenta borra el rastro de su actuación, han pasado a la posteridad muchas de sus expresiones: “la calle es mía”, “si quieren poner la ikurriña tendrán que pasar por encima de mi cadáver”, etc., que demuestran la ideología fascista de este “servidor público”.

¿Un demócrata?.
Cuando el régimen franquista atraviesa una agonía terminal enfrentado a un movimiento de protesta que se extiende por toda la geografía del Estado, Fraga, junto con otros antiguos exponentes de la dictadura, se meten de lleno en una operación “reformista” para lograr que los crímenes de la dictadura no sean juzgados, sus políticos continúen con sus carreras sin sobresalto, y el país siga bajo el control firme de una clase capitalista que apoyó sin ambigüedad a la dictadura. Con el beneplácito de las direcciones de los partidos obreros, se organizan elecciones a una asamblea constituyente en 1977, pero Fraga tiene mucho que objetar a los derechos democráticos, que aunque limitados, se han arrancado a través de la sangre de la clase obrera y la juventud. Desgajado del núcleo que conforma UCD, Fraga se alinea con los sectores más ultramontanos del franquismo y crea Alianza Popular, que más tarde se refundaría como Partido Popular.

Ahora que ha muerto sin ser juzgado, una mayoría de los políticos honran a Fraga como un “gran demócrata” y subrayan su papel como “padre” de la Constitución. El proceso de la “Transición” siempre se ha presentado por parte de la burguesía, y sus voceros en el movimiento obrero, como un pacto de caballeros entre los sectores moderados del viejo régimen, entre los que estaba Fraga, y los líderes obreros “responsables” que, bajo los auspicios del moderno rey Juan Carlos, permitió superar sin traumas la dictadura.


Esta visión idílica ignora el hecho de que desde finales de los años sesenta la clase obrera del Estado español protagonizó una oleada huelguística sin precedentes en la historia de Europa occidental, respondida a su vez con un aumento de la represión de la que los acontecimientos del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria y el asesinato de los abogados de Atocha son un claro exponente. Sin este movimiento titánico de la clase trabajadora, ni Suárez, ni Fraga, ni Juan Carlos se hubiesen movido un ápice hacia la democracia formal y habrían seguido aferrados al yugo y las flechas y todos los viejos símbolos de la dictadura.


Fraga ha muerto sin pagar sus crímenes, y ningún trabajador y joven con conciencia de clase llora por su desaparición. En todo caso, será tarea de las nuevas generaciones restituir la verdad histórica y colocar a este individuo en el lugar que se merece: como un agente de una dictadura sangrienta a la que siempre defendió.


Así y todo, somos infinidad las voces que seguimos reclamando que se esclarezcan todos los crímenes acontecidos en este país entre 1936 y 1978, que se haga justicia, y se reconozca y repare a todas las víctimas del Genocidio Franquista. Sobre todo, es de máxima importancia que no cese nunca el empeño en esclarecer todo lo ocurrido durante la dictadura, y si por causas naturales no da tiempo a que personajes como Manuel Fraga rindan cuentas con la Justicia, sea esta la que públicamente reconozca y de a conocer cuál fue la implicación de estos en los crímenes franquistas

jueves, 9 de agosto de 2012

LIBERADOS PATRONALES.... ¡¡¡NO CON NUESTRO DINERO¡¡¡


Las patronales de este país, agrupadas en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), reciben muchísimo dinero público que emplean básicamente para atacar a todo lo público. Sus cifras en 2010 fueron: 35000 liberados patronales y 400 millones de euros de dinero público. Es básicamente el mismo juego que se le imputaba a Herri Batasuna, cuando sus representantes políticos recibían dinero del Estado para minar al estado español.

Toda la CEOE, incluidas las confederaciones territoriales y sectoriales (tipos de agrupaciones en que está dividida la patronal), mueve al año 587 millones de euros.

Ese fue su presupuesto de ingresos y de gastos para el año 2010, de acuerdo con los datos de la memoria anual de la propia institución. Gran parte procede del dinero público. La cifra marea si se tiene en cuenta que es más del doble del presupuesto con el que cuentan el Congreso de los Diputados y el Senado juntos (231 millones) y casi la mitad del gasto en ayudas que pudo hacer Vivienda en 2011. Un 68% de esos 587 millones, (aproximadamente 400 millones), procede de subvenciones públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Su poder no sería tanto si no pudieran sufragar parte de sus gastos gracias al dinero de todos los contribuyentes.

 

Es necesario saber, además, que las empresas privadas españolas tienen a 35.000 personas que se dedican a defender sus intereses a jornada completa a través de la estructura de la CEOE. Son los silenciosos. Comparativamente, los trabajadores cuentan con una defensa ínfima, pues la representación sindical es mucho menor: 4.200 liberados sindicales luchan por sus derechos en las empresas españolas.

Son cuentas de la propia CEOE, que implican que el bando sindical cuenta con un soldado a tiempo completo por cada ocho que pelean en el bando empresarial. Las retribuciones de los empleados de la patronal salen en parte de las cuotas empresariales, pero también de las subvenciones públicas, que son la principal fuente de ingresos de la CEOE.

 

El sindicalismo laboral no le gusta al poder, pero sí el “sindicalismo patronal”, cueva de ladrones y corruptos, como Díaz-Ferrán o Ruíz- Mateos, especializados en vivir a costa del trabajo de otros. Los lobbys empresariales que se lo paguen las empresas con su dinero. Es de justicia solicitar ya la eliminación total de las subvenciones públicas destinadas a financiar a liberados patronales, cuyo principal trabajo consiste precisamente en minar la credibilidad de lo Público, como sistema justo, eficaz y eficiente para la defensa del bien común.

Tanto criticar a los Sindicatos.... y no sabíamos que tenían tantos liberados los patronos. Ahora se entienden tantas cosas, y nosotros, sin enterarnos...

martes, 7 de agosto de 2012

VENDEDORES DE PREFERENTES AL BANQUILLO


Más de un millón de personas en España han sido víctimas de las estafas de las participaciones preferentes, según cálculos de la asociación de consumidores ADICAE. Se trata de uno de los engaños más dramáticos y masivos que han cometido las entidades financieras, bancos y cajas de ahorros, en los últimos años. Para hacerse una idea de la magnitud basta saber que en mayo de 2011 había en España un total de 22.000 millones de euros «invertidos» en estos productos financieros.
La trampa puede explicarse de forma sencilla. Todo banco o caja de ahorro está obligada legalmente a cumplir unos requisitos de capital, es decir, necesita tener dinero suficiente para evitar problemas de solvencia y la quiebra de la entidad. Para ello puede emitir acciones o, si lo prefiere, puede emitir unos títulos jurídicamente parecidos, pero que no comportan capacidad de decisión sobre los negocios de la entidad. Dentro del conjunto de esas otras posibilidades se encuentran las acciones o participaciones preferentes (acciones si es un banco, y participaciones si es una caja quien emite), que son en realidad productos perpetuos, esto es, contratados de por vida. Quien compra una participación preferente recibe cada año un interés alto en comparación con otras fórmulas de ahorro –tales como depósitos o fondos de inversión– pero no puede sacar el dinero del banco salvo que éste voluntariamente lo permita..
Pero eso es la teoría. Cuando la banca y las cajas se vieron obligadas a ampliar este capital de seguridad, se encontraron con que los grandes inversores (perfectos conocedores del producto) se negaron a comprarlos. Ante esta situación, los directivos de las entidades financieras ordenaron a sus empleados que realizaran todos los contratos posibles entre los pequeños ahorradores (desconocedores del producto). Y ahí entró la capacidad de engaño y «persuasión» de muchos empleados bancarios, quienes en gran número de casos lo hacían presionados desde arriba o con pleno desconocimiento de las implicaciones reales que conllevaban tales contratos. En cualquier caso, estos productos de vida ilimitada eran presentados como extraordinarias fórmulas para hacer más dinero del habitual, y se vendían mayoritariamente a personas de avanzada edad que buscaban mantener en sitio seguro los ahorros de toda la vida. La mayoría de estos clientes asegura, de hecho, que el banco o caja les recordaba que podrían sacar el dinero cuando desearan. Pero cuando quisieron hacerlo, asustados por la crisis o por necesidad, las entidades financieras les negaron esa posibilidad.
Hay incluso casos en los que tales contratos se realizaron con personas analfabetas, quienes firmaron usando su huella dactilar y desde luego empujados por la confianza que tenían en el empleado de la entidad financiera. Eran, en realidad, el último eslabón de una cadena que permitía a bancos y cajas cumplir con la regulación y poder mantener en niveles altos su actividad especulativa en la burbuja inmobiliaria.
De un modo muy simplista, se puede decir que fueron nuestros mayores (jubilados y pensionistas) con su buena fe y dinero los que por primera vez rescataron a la banca española.



Presionados por las movilizaciones sociales, las entidades han ido convirtiendo las participaciones preferentes en depósitos a largo plazo. No obstante, a veces en depósitos a 10 años ofrecidos a personas de más de 80. Pero aún quedan más de 5.000 millones de euros atrapados en fórmulas perpetuas.
Hasta donde yo sé, ADICAE y alguna otra asociación, están intentando encauzar las reclamaciones, a la vez que negocian con las entidades, por ver si pueden recuperar algo.  Queda la vía judicial, civil o penal, a la que auguro un larguísimo tránsito por los tribunales y una resolución, que sea cual sea, no resolverá, por su tardanza, casi ninguno de los problemas que ha ocasionado la estafa.

Yo sería más partidario de la siguiente estrategia (que no impide las otras): Presentaría, individualmente o en pequeños grupos, querellas criminales por estafa contra la persona física que directamente colocó los productos, directamente contra el interventor o el director de sucursal que vendió a cada uno de los clientes estos activos, a las personas que cobraron buenas comisiones por la venta del producto/estafa.

Estoy ya muy harto de aquello que se esgrime como defensa propia: “yo solo cumplo con mi trabajo”, sea este detener inmigrantes, estafar a jubilados, apalear manifestantes. Que cada uno asuma la responsabilidad de sus propios actos y que después, si se comprueba que hubo obediencia debida, desconocimiento, miedo justificado, o lo que sea, que se aplique la correspondiente eximente o las atenuantes, siempre a cambio de colaborar en el esclarecimiento de los hechos y en la localización de los responsables medios y últimos de la estafa.

En cualquier caso, y como desgraciadamente es costumbre en este país, nadie se ha responsabilizado de esta estafa. Los reguladores (El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores –CNMV-) se lavan las manos asegurando que hicieron lo que las leyes dictaban –revelando la insuficiencia legislativa– y los directivos de las entidades financieras aseguran que no son culpables. Usaron y engañaron a los pequeños ahorradores para satisfacer su ambición especulativa y su infinita avaricia, pero las leyes les siguen protegiendo.