LA AMENAZA QUE INVENTAN CADA DÍA

Un hombre  de unos cincuenta años pasaba por la plaza de mi pueblo mientras hablaba por teléfono. Parecía tener una conversación muy animada y cuando pasó a mi lado le escuché decir: a mí me da mucho más miedo lo que dice el de Podemos. Después dijo algo así como dictadura comunista. Miedo. Dictadura. Comunismo.

La derecha recupera el comunismo como amenaza, como elemento subjetivo que moviliza en contra. El análisis ajustado a lo que está sucediendo se anula pronunciando una de las palabras más temidas para las personas que votan a la derecha. Comunismo. No saben qué es pero la palabra está llena de significados. La bajada de impuestos es comunismo. La defensa de lo público es comunismo. El laicismo es comunismo. La II República española es comunismo. Si ademas lo unes a separatismo juntas dos asustaviejas temibles.

El preacuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos ha revolucionado a la derecha. La nueva socialdemocracia, representada por los pesoístas, y la vieja, representada por los podemitas, se han convertido en una alianza comunista dirigida a destruir España. Ninguno de los 10 puntos que recoge el preacuerdo es una amenaza pero si lo adjetivamos como 10 puntos comunistas se convierten en un ataque frontal a la idea conservadora de España. Entonces hablamos de enemigos de España, fraude electoral, extrema izquierda, recetas social-comunistas, frente popular, crispación social o desgobierno. 

      

La realidad es que las medidas, que están por desarrollar, vienen a reforzar el estado de bienestar de naturaleza socialdemócrata como combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar el trabajo digno, estable y de calidad, proteger los servicios públicos, como la educación la sanidad pública y la atención a la dependencia o el blindaje de las pensiones. Todo suena muy peligroso.

La derecha mediática y política sabe qué tecla apretar para convertir unas ideas poco desarrolladas en una amenaza. De repente la simple idea de justicia social se transforma en agresiones fiscales a las clases medias.

Nada de esto es nuevo, por supuesto. Lo que es novedoso es la posibilidad de un gobierno de coalición entre dos fuerzas socialdemócratas, una más escorada hacia la derecha y otra hacia la izquierda. La derecha reacciona ante la pérdida de poder de la manera que sabe. A principios de siglo organizó el tamayazo en la Comunidad de Madrid y concedió licencias de TDT a corporaciones amigas para iniciar una guerra mediática descarnada que configuró el actual análisis marciano de la realidad de medios como Libertad Digital o OkDiario. El hiperbólico Eduardo Inda escribe en un panfleto “Esto es un proceso revolucionario que los comunistas [están] mandando tanto como en el 36”. Ni en 1936 mandaban los comunistas ni ahora pero qué les importa.

1936 está muy presente en el imaginario de la derecha reaccionaria. Sus actuales alusiones al Frente Popular y al comunismo les permite situar mentalmente a sus votantes en una época en la que se produjo un levantamiento militar armado y una guerra civil. El relato está trillado. El levantamiento militar fue provocado por la deriva izquierdista del gobierno republicano y la [inexistente] amenaza comunista.

Esta versión derechista, falsa e interesada, sirve en la actualidad para que se sientan amenazados y temerosos del preacuerdo entre el PSOE y Podemos. La lógica les lleva a pensar que esta nueva coalición derivará en un desastre político, económico y social. Por eso el señor de unos cuarenta años le da miedo lo que dice Podemos y habla de una dictadura comunista. Es una paranoia política que omite, como en el caso de un paranoico, su responsabilidad en la construcción de una realidad amenazante.

Si se puede denominar a alguien guerracivilista es a la derecha reaccionaria. Su desequilibrado análisis de la realidad no es vivido como una invención sino como una creencia cierta. En sus acciones les reconoceremos. Mientras, el irrelevante partido Ciudadanos propone un acuerdo entre el PP y el PSOE ante el horror que plantea Pedro Sánchez. El preacuerdo no es definido como un documento legítimo entre dos fuerzas políticas sino como un horror. 

El mensaje va dirigido a las tripas. Tiene la intención de movilizar emocionalmente y bloquear el pensamiento. Las tripas son las que han llevado a votar partidos como VOX. La reflexión, el análisis y la emoción en equilibrio son sustituidos por las tripas, el actuar desde las entrañas. Así nos sitúan en un escenario de crispación social, el que profetizan ante la posibilidad de un gobierno indeseado. Esta es su manera de manipular a sus votantes.

En el caso de que este gobierno se conforme no habrá una amenaza comunista ni será de extrema izquierda. Será un gobierno más, enmarcado en una democracia liberal, una monarquía parlamentaria y un sistema capitalista que, al menos de manera intencional, buscará suavizar los filos cortantes del capitalismo. Es decir, un gobierno socialdemócrata.

No se preocupen señores de la derecha. La propiedad seguirá en manos de las élites. Las decisiones las tomarán los de siempre. No se cambiará nada que los organismos financieros y económicos internacionales no quieran. Igual tienen que pagar más impuestos, sí, pero ya les dirán sus asesores cómo saltarse las normas. Los comunistas seguirán siendo esos seres mitológicos que solo sirven para asustar a los niños, además de comérselos. Y la revolución… esperen sentados.

LA FALACIA DE LOS DOS BANDOS

         

      Ver cómo el ayuntamiento de Madrid desmantelaba el monumento a las víctimas del franquismo que estaba acabando de erigirse en el cementerio del Este ha sido una provocación, una más, de los herederos del fascismo que no desaprovechan ocasión para blanquear al franquismo escudándose en pretendidas argumentaciones derechohumanistas y justas.

Dejando a un lado las argumentaciones de Vox que no merecen ni respuesta ya que qué se puede esperar de un partido de fanáticos en el tema de memoria si se atreven a negar una realidad, la de violencia machista, que todos podemos ver con nuestros propios ojos, las argumentaciones que esgrime el alcalde Almeida son las típicas tras las que se escudan quienes se niegan a condenar el franquismo. La primera mentira es afirmar, como hacen perversamente, que hubo dos bandos y que los dos cometieron atrocidades. Vayamos por partes:

1) Hablar de bandos es hablar de guerra, de ejércitos, no de cuarenta años de dictadura ya que en la dictadura, una vez acabada la guerra, solo quedó un “bando”, el de los de la Una, Grande y Libre que tan arraigado ha quedado en este país.

      2) Equiparar como iguales a quienes dieron un golpe de Estado y a quienes defendieron la democracia y el orden legítimo es una mentira malintencionada que pretende igualar la barbarie con la razón.

       

        3) En los casos de violencia previa al golpe de Estado franquista que tanto gustan recordar los defensores del franquismo para justificar sus atropellos, hay que distinguir que los casos de violencia que se produjeron en el lado republicano fueron organizados por los ciudadanos, no por el gobierno, mientras que las atrocidades que cometieron los franquistas fueron ideadas, diseñadas, implementadas y ejecutadas siguiendo un plan minuciosamente establecido que perseguía dos objetivos: arrasar cualquier posible foco de resistencia en la retaguardia de las zonas conquistadas, y exterminar a cuantos pudieran constituir una amenaza de futura oposición al régimen una vez acabada la guerra. Es decir, que mientras en un caso la violencia era espontánea y provenía de la base, en el otro era organizada y venía de la cúpula.

Cuarenta años de dictadura han hecho mucho daño a este país, y cuarenta años de democracia timorata han acabado por conceder a los franquistas y a sus herederos la victoria de un relato basado en la mentira y la constante falta a la verdad que ha inculcado varias ideas muy peligrosas, especialmente para los más jóvenes que no vivieron la dictadura y no la conocen, que han propiciado el resurgir fascista en forma de Vox: no haber estudiado en nuestros colegios e institutos lo que pasó durante la República, la Guerra de España (mal llamada guerra civil ya que mal se puede considerar guerra entre españoles a una en la que el ejército de Franco fue ayudado por los de Hitler y Mussolini), la dictadura y la transición.

La juventud española desconoce por completo la verdad de lo que pasó en este país, y por eso es fácil manipularla con eslóganes futboleros como el “A por ellos”, mentiras intencionadas y argumentaciones falaces.

Y no solo desconocen por completo lo que pasó aquí, sino que tampoco tienen ni idea de cómo traicionaron a la República las potencias europeas permitiendo que Hitler y Mussolini apoyaran a Franco sin mover un dedo en favor de la República o incluso torpedeando al legítimo gobierno español al bloquear las cuentas bancarias que tenía abiertas en el extranjero a través de sus embajadas impidiéndole comprar armas con las que defenderse en una contienda tan desigual.

Como tampoco conocen que esos mismos países y EEUU blanquearon la dictadura franquista reconociéndola como legítima porque preferían tener un dictador fascista en España que el riesgo de la amenaza del comunismo en España.

Sí, nuestros socios europeos nos dejaron en la estacada y no les importó que, para salvaguardar sus intereses, los españolitos tuviéramos que sufrir una dictadura durante cuarenta años.

Desconocer estas verdades, ignorar lo que pasó, considerar que hubo “dos bandos” que fueron igual de atroces, es abonar el terreno para que el neofascismo de Vox imponga su ideología retrógrada y nos haga retroceder cuarenta años. Y ahí los partidos y la prensa que blanquean a Vox son tan responsables como quienes, pudiendo conocer lo que pasó, no se molestan en informarse y dejan que cale su peligroso mensaje.

Reivindicar la memoria histórica, defender la memoria democrática es hoy más necesario que nunca.

Por eso callar o mirar a otro lado, dejarse embaucar por mentiras que equiparan a una dictadura con una democracia, creer que alguna vez hubo dos bandos, no exigir verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo o permitir que mas de cien mil desaparecidos sigan hoy enterrados en fosas comunes y cunetas, es ser cómplice del asedio al que la extrema derecha está sometiendo hoy a la democracia y los derechos humanos.

POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA, SUPRIMIR LA CONCERTADA

Al hilo de la cruzada que ha emprendido el PP en defensa de la escuela concertada, ha circulado un vídeo en el que “un padre con hijos en la pública explica a la ministra Celaá lo que es la libertad de enseñanza”. En un tono impertinente y paternalista, amparado en la supuesta autoridad moral que le confiere llevar a sus tres hijos a la escuela pública, este sujeto explica una sarta de majaderías aprendidas en el peor catecismo ideológico. Lo importante no es este señor, por supuesto, pero el catecismo en cuestión sí conviene denunciarlo. Pienso que seguramente el vídeo es un montaje propagandístico del PP porque, sinceramente, no creo que se pueda ser tan tonto y tan ignorante. Pero el caso es que este señor amenaza a los del “pacto de gobierno” con plantarles cara en las calles si se llega a tocar el asunto de la escuela concertada. Y eso sí ocurrirá, sin duda, a la menor ocasión, por lo que conviene tener algunas ideas claras respecto a esta posible eventualidad.

Hay una serie de sofismas que se repiten sin cesar como si fueran evidencias. Según ellos, y tal y como recita el padre en cuestión, el artículo 27 de la Constitución protege la enseñanza concertada porque defiende la libertad de enseñanza contra el modelo de la “escuela única”. Esto es completamente falso, pero es que además no se sabe qué puede ser eso de la “escuela única”. Lo bueno que tiene este padre es que con ese tonillo tan repelente se explica con mucha claridad: “la escuela única se da sólo en los países en donde existe el partido único, la prensa única, o sea, en las dictaduras, en los regímenes totalitarios”. Lo repite dos veces en cinco minutos.

Así pues, si suprimir la escuela concertada es imponer el modelo de “escuela única” y eso sólo se da en las dictaduras totalitarias, habría que concluir de inmediato que en Europa hay una buena cantidad de países totalitarios: en realidad, casi todos. Se lleva la palma, desde luego, Finlandia, que durante las últimas décadas ha sido el milagro educativo europeo, donde la escuela concertada se reduce a un 2,9 % y la escuela privada a un impactante 0,0%. Noruega es, también, un país muy totalitario, con un 96,4% de escuela pública. Peor es en Irlanda, donde la concertada y la privada juntas suman un 0,4%. Otras dictaduras totalitarias serían Alemania (la que más, junto con Austria, un 0,0%), Los Países Bajos (0,9%) o Italia (5,1%). En realidad, según esta especie de catecismo del PP, sólo tres países europeos se librarían, por tanto, del totalitarismo: España, donde la suma concertada privada es del 31,8%; Reino Unido, con un 39,1% y Bélgica, con un 55,7%. Todos los demás serían dictaduras totalitarias que cercenan la libertad de enseñanza imponiendo un modelo de “escuela única”.

El disparate es tan mayúsculo y el truco ideológico tan grotesco que no se entiende como en nuestro país ha podido gozar de un cierto consenso, de modo que un padre desinformado puede poner ese tonillo tan cargante de sermón aleccionador y responsable.

Todo está (además de basado en datos falsos) mal planteado. Lo que esta “gente liberal de derechas” llama “libertad de enseñanza” no es más que un supuesto derecho que tienen los padres a imponer a sus hijos su propia ideología personal y, además, de hacerlo de forma absolutamente totalitaria hasta que cumplan 18 años (cuando el daño ya estará hecho y rematado). O sea, que si se da la circunstancia de que tienes unos padres del Opus o Testigos de Jehová, la has jodido de por vida y sin remedio, porque según esta peculiar interpretación de la Constitución, los padres tienen derecho a encerrar a sus hijos en una cárcel ideológica hasta que sean mayores de edad. A eso le llaman “libertad de las familias”. Las cosas, sin embargo, suceden exactamente al revés.

La escuela pública es lo mejor que se ha inventado contra el totalitarismo ideológico. Se inventó, sobre todo, para librar a los niños de la dictadura ideológica a la que los padres podrían someterlos, educándolos según sus convicciones (en ocasiones repugnantes o incluso a veces criminales) sin dejarles asomarse ni por un momento a la pluralidad ideológica y la diversidad social. Los niños pueden, sin duda, ser educados en casa de manera más o menos asfixiante. Ese es el derecho de los padres. Pero en el colegio, en el Instituto, deben de tener una ventana abierta al mundo, a otros mundos que sus padres no tienen derecho a censurar, porque no son más que los mundos de sus conciudadanos. Unos serán cristianos, otros musulmanes, otros ateos, budistas o rastafaris.

Esta es la gran belleza de la escuela pública, donde cada niño se sienta junto a alguien que seguro que es diferente que él, donde se aprende el respeto y la tolerancia hacia la diversidad y la riqueza ideológica. ¿De verdad que parece razonable que los padres puedan tener el derecho, por ser del Opus (o de ETA militar, eso da igual) de sentar a sus hijos durante 18 años en un colegio de gente del Opus, donde se explique el mensaje del Opus, se coma como comen los del Opus, se piense al modo Opus y esté prohibido comportarse más que como se comportan los del Opus, por ejemplo, separando los sexos y prohibiendo la masturbación o la homosexualidad con las penas del infierno? Yo no pretendo, que ya me gustaría, que se me meta a esa gente en la cárcel, porque en esto no me ampara la Constitución y yo la respeto mucho también. Pero, me parece una cuestión de elemental higiene democrática que esos hijos se eduquen en una escuela pública, donde podrán elegir (¡eso sí que es la libertad de elegir de las familias y no del patriarca en cuestión!) si prefieren admirar y seguir el modelo cultural de sus padres o apuntarse a cualquier otro modelo ideológico, cultural o religioso.

La escuela pública se inventó para salvarnos de nuestros padres. Es un invento tan bueno, que no sólo te facilita salvarte de tus padres fachas, sino también de tus padres progres. Porque lo que es aplicable a los padres del Opus, es aplicable igualmente a esos padres acrátas alternativos que se empeñan en educar a sus hijos en una casa okupa, según su catecismo ideológicamente correcto, al tiempo que se niegan a vacunarles y les alimentan con quinoa. Los padres, nadie lo niega, tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos. Pero no de manera totalitaria. Sus convicciones educativas tienen que pasar por la prueba de la escuela pública. Someterse a la reválida de la democracia, la diversidad social y la pluralidad ideológica. Contra lo que suele decirse, la escuela pública es el único invento fiable contra el control ideológico.

Cuando se repite ese mantra absurdo del control ideológico estatal se olvida la cuestión fundamental: la de si se está hablando de un Estado con división de poderes o no. En la medida misma de que haya un control gubernamental de lo público, ya se trate de la escuela pública (donde es casi impracticable) o de la prensa pública (donde por supuesto que lo hay) o de la justicia (que no puede ser privada), eso no es más que una demostración de que la separación de poderes no está funcionando correctamente. Y en esos casos, el problema no es lo público, sino el hecho de que lo público no está suficientemente blindado frente a las presiones privadas o gubernamentales. Es algo que, por ejemplo, se observa en la sanidad pública, mucho más que en la escuela pública. Y no digamos ya, en el terreno del periodismo, donde la libertad de expresión está secuestrada por unas cuantas corporaciones mediáticas económicamente muy poderosas.

La enseñanza concertada está dañando muy gravemente el sistema de instrucción pública y esto es lo más grave que puede ocurrir para las clases más desfavorecidas. Con su sistema de tasas encubiertas, absolutamente generalizado, están seleccionando a los alumnos menos problemáticos y condenando a un ghetto de marginados a la población más necesitada de recursos para su educación ciudadana. Esto es así hasta el punto de que hay ya muchos padres de izquierdas que deciden llevar a sus hijos a la concertada, porque, en algunos barrios, llevarlos a la pública es como sentenciarlos a un reformatorio carcelario. El padre ese del vídeo del PP dice que lleva a sus hijos a la pública. Me gustaría saber si ese sinvergüenza alardearía de lo mismo en ciertos barrios que yo mismo podría recomendarle. Mientras las políticas neoliberales de derechas están favoreciendo la enseñanza privada con recursos del Estado (que es lo que supone el sistema de conciertos), en las dos últimas décadas no han cesado de recortarse los recursos de la escuela pública. Se trata de un darwinismo social neonazi que se impone en nombre de la libertad de enseñanza según es entendida por el PP. Es increíble que alguien pueda caer en una trampa tan burda y apelar encima a la Constitución y su artículo 27.

La escuela pública no es un “modelo educativo”, es la institución que garantiza que ningún modelo educativo pueda imponerse sobre los demás. Un alumno de la escuela pública tendrá un año un profesor medio facha y otro año una profesora medio progre. Tendrá una profesora del opus en una asignatura y un profesor hippie homosexual en otra. Conocerá profesores homófobos y profesoras lesbianas, profesores ateos y profesoras beatas, profesores y profesoras que serán a veces votantes del PP y a veces votantes de Podemos. Esta riqueza estructural de la escuela pública hace impracticable cualquier intento de control ideológico. Todo lo contrario de las dictaduras ideológicas que se imponen en la escuela concertada, donde cualquier profesor o profesora puede ser despedido por no encajar con la matriz ideológica de quien paga. ¿En serio que debemos destinar un sólo euro de dinero público a semejante totalitarismo educativo?

CHILE DESPERTÓ Y SE REBELÓ

Durante décadas, las derechas de América Latina alababan a Chile como modelo de los modelos. Allí se había aplicado el neoliberalismo con más fuerza (con fuerza bruta en sentido literal), con más profundidad y por más tiempo. De todas las sociedades, la chilena era la que más se asemejaba a los sueños teóricos de Hayek y de Milton Friedman, capaz incluso de superar con creces la pesadilla práctica del thatcherismo. ¡Neoliberalismo en estado puro, weon!

En Chile se conjugaron todos los condimentos para ser un paraíso neoliberal: se gestó por medio de una dictadura terrorista que no tuvo que lidiar con incómodos debates y eventuales oposiciones parlamentarias, ni necesidad de seducir a electorados populares, negociar con organizaciones sindicales o satisfacer demandas sociales. Arrancó, por lo demás, sobre las bases de un muy tenue estado social, muy alejado de las enormes maquinarias estato-benefactoras de otras tierras, a las que los neoliberales debieron ir desmantelando en cómodos plazos y nunca pudieron desarmar del todo.

Quienes eran partidarios confesos de la doctrina neoliberal elogiaban a Chile como el ejemplo a seguir. La propia clase dominante chilena se vanagloriaba, para decirlo con las propias palabras de Sebastián Piñera, de ser “una buena casa en un mal barrio” y un “oasis” de estabilidad en medio de una región inestable. Aunque poco dispuestos a alabarlo incondicionalmente, “populistas” y “progresistas” no se atrevían a condenar abiertamente al modelo chileno: la actitud típica era el piadoso silencio, un mirar para otro lado acompañado por una oscilación entre la condena tibia cuando el “modelo chileno” era regido por la “derecha”, y guiños de complicidad cuando gobernaban (como sucediera la mayor parte del tiempo en los últimos 30 años) supuestas fuerzas progresistas.

Sucede que para las dirigencias políticas progresistas latinoamericanas, aunque poca gracia les hacía la elevada miseria de las clases trabajasoras de Chile y miraran con alguna desconfianza sus “excesos privatistas”, los números macro-económicos parecían dignos de envidia: crecimiento de la economía más o menos sostenido, baja inflación, deuda publica manejable, relativo equilibrio fiscal, alta renta per-cápita. Todo esto parecía contrastar con la caótica macro-economía de la Argentina, por ejemplo. Sólo la izquierda más roja se atrevía a decir sin medias tintas que el modelo chileno era un verdadero desastre para las clases trabajadoras y su democracia la más falsaria de las ya de por si falsarias democracias regionales.

El reventón de Chile se produjo precisamente cuando todo allí parecía estar de maravilla. Los economistas miraban estadísticas, contrastaban datos, echaban cuentas … y todo parecía marchar mejor que bien. Mauricio Macri y el candidato de apellido Espert hicieron el ridículo elogiando el ideal modelo chileno … mientras el Chile real estallaba en una todavía vigente ola de indignación popular. Y no es el fracaso del modelo lo que produjo la explosión, sino su éxito. De esto no puede haber dudas. Chile era la niña mimada del empresariado. La sociedad real que más se parecía a sus deseos profundos y a sus concepciones teóricas. Una sociedad mercantilizada hasta extremos inauditos, imbuida de individualismo, con mínima protección social y laboral, con todas las garantías y ventajas para la inversión privada.

De Menem se podía decir que no hizo todo el ajuste necesario, que no privatizó todo lo privatizable. Ese fue el discurso neo-liberal cuando el estallido de 2001. Pero esta excusa no sirve para Chile: en ningún sitio se avanzó tanto por la senda neoliberal. De hecho, hasta pocos días antes las autoridades se vanagloriaban satisfechas de sus éxitos. Dos semanas antes de declararle la guerra al pueblo chileno, Sebastián Piñera no dudaba en afirmar que Chile era un Oasis. ¿Hará querido decir espejismo?

Que la reacción de la ciudadanía chilena tomó por completo de sorpresa a su elite se constata en las dos absurdas reacciones del impresentable Piñera: primero declarando que estaban en guerra; luego pidiendo perdón (otro Juan Domingo Perdón en el sur del sur) por haber sido insensible y anunciar un insulso paquete de medidas paliativas de urgencia con el mismo semblante y la misma gestualidad con la que podría haber anunciado su programa de gobierno al día siguiente de ganar las elecciones. Dos reacciones tan contrapuestas como parejamente desubicadas. Piñera no tiene la menor idea de lo que está pasando en su país, y por eso los manifestantes en Chile hacen lo único inteligente que se puede hacer: exigir su renuncia inmediata.

La conmoción generada entre los círculos de poder por el despertar político de las masas chilenas ha dejado por estos días verdaderas perlas. La “primera dama” confesando ante una amiga que “estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena”, es una muestra insuperable de prejuicio de clase. Ignorancia no docta. La frase final del audio de Cecilia Morel viralizado en las redes dice mucho más de lo que aparenta: “Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”. Fueron necesarios varios muertos para que Cecilia Morel aprenda lo que cualquier niño aprende en un jardín de infancia público: que hay que compartir. Y la referencia a “nuestros privilegios” es un desmentido rotundo y práctico de que nunca creyeron lo que pregonan: que en una sociedad de mercado cada quien tiene lo que merece, por lo que no hay estrictamente privilegios, aunque haya desigualdad.

Y no hablemos de las consideraciones de Andronico Luksic, el hombre más adinerado de Chile aunque sea un indigente moral, quien confundió (¿confundió?) a Piñera con Pinochet -dijo que le parecía muy bien que el general haya decretado el toque de queda- y afirmó que si por él fuera a los periodistas los borraría del mapa. ¡Un demócrata don Andrónico!

Pero a pesar de la crudeza de la represión -que en una semana ya ha dejado un saldo de al menos 18 muertos, más de 2000 detenidos, cientos de heridos, un número indeterminado de desaparecidos, denuncias por tortura y vejaciones, ingresos extra-judiciales en viviendas y “montajes” perpetrados por las fuerzas de seguridad- las calles de Chile siguen pobladas de manifestantes, el toque de queda no es respetado y la economía se halla en gran medida paralizada.

Ninguna duda puede quedar del carácter sustancialmente espontáneo de las manifestaciones, que no son dirigidas ni controlas por ninguna fuerza política. Tampoco cabe la menor duda respecto a que el aumento del valor del billete del metro de 800 a 830 pesos fue sólo la gota que rebalsó el vaso. Aunque todo comenzó con las evasiones masivas y festivas de la estudiantada rebelde, es claro que había una larga lista de demandas y quejas. Algo así como un programa político se va gestando en las calles. Un amplio consenso parece haberse establecido en torno a la semana laboral de 40 horas, la urgencia de reformas profundas de los sistemas de salud y educación, la necesidad de modificaciones constitucionales, la reducción de las desigualdades sociales. Dos de las consignas más escuchadas en las manifestaciones dicen muchos sobre el sentir y el pensar de quienes salen a las calles y desafían a la autoridad: “no son treinta pesos, son treinta años” y “Chile despertó”. Ambas apuntan a lo mismo: un rechazo profundo al régimen surgido de la dictadura pinochetista. No es casual que cada vez se escuche con más fuerza la demanda de una Asamblea Constituyente.

En la última semana la ciudadanía chilena ha realizado más aprendizajes políticos que en varios lustros precedentes. A pesar de la represión, las violaciones y las muertes, en las calles se vive una verdadera fiesta. Se baila, se canta, se confraterniza, se comparte. Banderas chilenas y mapuche ondean una al lado de la otra. Manos chilenas y mapuche arrojan hermanadas piedras a los odiados pacos. Los mejores sentimientos y las mejores acciones humanas salen a la luz. La rebelión hace mejores a las personas, siempre. Dichosos quienes puedan vivirlo, dichosas quienes lo experimenten. Este es el momento en el que todo parece posible. No todo lo es, desde luego; pero no ha llegado la hora de negociar a la baja. Al menos no es ese el clima que se respira en las calles. Se han despertado de la pesadilla neoliberal, y están viviendo un momento de ensueño. Cuanto más se atrevan a soñar, más podrán transformar la realidad. ¡Que viva la rebelión!

POR LA REPÚBLICA, CONTRA LA CONSTITUCIÓN DEL 78

Es un clamor entre los partidos políticos la necesidad de reformar la Constitución. También seis de cada diez españoles están a favor. La cuestión es que no hay acuerdo sobre los aspectos a enmendar. Algunos pretendemos que la enmienda sea a la totalidad; comenzando con el artículo 1.3, en el que se declara que «La forma política del Estado español es la Monarquía». Si, ya sé que una República no garantiza el mejor gobierno, pero sí que no haya monarquía.

En 1978, el Estado quedaba configurado como una «monarquía parlamentaria». Fui uno de aquel 67,11% de votantes (hubo una abstención del 32,89%) en el referéndum del 6 de diciembre. El 88,54% dijimos sí a la Constitución, frente al 7,89% que la negó. No reniego del sentido de mi voto, lo que no quiere decir que acepte ni lo sucedido desde entonces ni la realidad injusta que hoy vivimos. Abogo decididamente por una nueva Constitución, que supere la del 78 heredera del Estado totalitario. Salíamos de la negra dictadura y el futuro prometía democracia, salud y bienestar. Luego las cosas no han sido como hubiéramos deseado que fueran, aunque estamos a tiempo de que lo sean.

La monarquía es la antítesis de la democracia, «el dogal de los pueblos y la condena y asfixia de la clase trabajadora y de la mayoría social». La cuestión catalana y la crisis de la monarquía ha cohesionado un bloque, capitaneado por los llamados partidos constitucionalistas (PP, PSOE y Ciudadanos), que está imprimiendo al sistema una deriva hacia políticas que podríamos calificar de reaccionarias, como la ley Mordaza y otras medidas que aplican con saña contra quienes luchamos por los derechos y libertades. La política del Gobierno del PP, con el apoyo decidido del PSOE y C’s, sienta un precedente y alecciona sobre la puesta en marcha de una Segunda Transición, que intentan llevar a término con una reforma constitucional, pero en un sentido regresivo, autoritario, para que el conjunto de la sociedad sea derrotada durante otros cuarenta años.

Hemos conocido por el diario El Mundo, que seis de cada diez españoles consideran necesario reformar la Constitución (61,6%). Además el sondeo indica que el 68,5 % de los encuestados creen que los partidos políticos no se pondrán de acuerdo a la hora de modificar la Carta Magna, una opinión que comparten sobre todo los votantes de Unidos Podemos (81,2 %) y los electores menores de 29 años (84,1 %). Sólo el 19,0% de los encuestados confían en que los partidos políticos alcancen un consenso para la reforma. Es significativo que un 48,9% de los votantes del PP son partidarios de la reforma constitucional, pese a que la dirección del PP no muestre gran entusiasmo. Los electores de Ciudadanos (71%) sí apuestan por los cambios.

M. Rajoy, dijo que el compromiso con el PSOE para reformar la Constitución era solo «para hablar» y que la reforma de la Constitución «no puede ser un premio para aquellos que han pretendido liquidarla», refiriéndose al procès en Catalunya.

Los acontecimientos en Cataluña evidencian la herencia del franquismo. Se han pisoteado derechos fundamentales, como la libertad de expresión, opinión, reunión y manifestación. El Estado ha hecho uso de la represión y violencia contra ciudadanos indefensos, para amordazar y acallar su voz. Ha encarcelado a representantes políticos y sociales por su acción pacífica en defensa de sus derechos políticos. Se ha aplicado el artículo 155, atentado antidemocrático, que elimina la representación legítima del pueblo de Catalunya y les condena a la condición de «presos políticos».

Y es que la Constitución de 1978 se hizo de urgencia y no se remató. Alfredo Pérez Rubalcaba pidió reformar la Constitución para atajar la crisis territorial, al ser un modelo inacabado, tratar sobre las competencias incompletas e «incorporar los derechos sociales perdidos» En su artículo "Tan difícil como necesaria", abordaba la reforma para resolver las tres crisis simultáneas que padecemos: económica, política y territorial. Rubalcaba señalaba que cuando los socialistas plantearon una reforma constitucional, lo hicieron para salir del paso de la crisis territorial que se estaba incubando. A su juicio, hay que «constitucionalizar algunos derechos y desconstitucionalizar otras medidas».

Con la crisis económica como justificación, el Gobierno de Rajoy llevó a cabo medidas excepcionales que se deben revertir. «Según el diccionario de la RAE, recuperar es volver a tener lo que uno tuvo», y ni derechos ni empleo ni prestaciones sociales se han vuelto a tener. Propuso clarificar la distribución de competencias y reformar el Senado en el que las CCAA puedan participar directamente en el proceso legislativo, así como crear un sistema de financiación «transparente, justo y solidario».

De la propuesta de reforma constitucional que hace Pedro Sánchez mejor no hablar. El objetivo es la modernización del modelo territorial, como respuesta el desafío independentista en Catalunya y reconocer la «plurinacionalidad» de España, como «nación de naciones». La propuesta requeriría una reforma del artículo 2 del Título Preliminar («La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones»). Habría que reformar en su totalidad el Título VIII, De la Organización Territorial del Estado; y aplicar el artículo 168: disolución de las Cortes, convocatoria de elecciones y referéndum sobre el asunto. Demasiado trámite para no resolver nada, ni la cuestión catalana.

La cuestión catalana y la aplicación del artículo 155, con el apoyo explicito de Pedro Sánchez, fue el detonante, para que Unidos Podemos abandonara la comisión de estudio no permanente para abordar la cuestión territorial propuesta por el PSOE. «El PSOE no puede abrir el melón constitucional desde el apoyo al 155». Tanto Podemos como IU, defienden la necesidad de abrir un amplio proceso constituyente y refundar consensos no solo territoriales, sino también sociales, de regeneración política, independencia judicial, lucha contra la corrupción y reversión del 135.

La monarquía, su Constitución, sus instituciones y leyes, no solo han manifestado su incapacidad para dar una solución democrática a las demandas del pueblo, a los problemas políticos y a las demandas populares, sino que también han sido incapaces de impedir y eliminar las penurias y sufrimientos de millones de personas. Poco se ha hecho contra la pobreza y desigualdad creciente; pocas medidas contra el paro y la precariedad laboral. Nada contra el exilio forzoso de centenares de miles de jóvenes o solucionar el problema de la vivienda. Y qué decir de la vergonzosa corrupción.

El Partido Popular, se ha convertido en la primera formación política que se sienta en el banquillo de los acusados ante la Justicia, por la destrucción de los discos duros y el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. Francisco Camps es citado a declarar como investigado (imputado) por la Fórmula 1 en Valencia. El fiscal que llevaba el caso Lezo dejó un escrito en el que pedía la imputación de Aguirre y Gallardón por prevaricación y malversación de fondos públicos en la construcción de un campo de Golf en pleno centro de Madrid. Por esto y todo lo demás nos merecemos otro Sistema, por justicia y dignidad; porque el actual no nos protege.

El Estado, sus instituciones, los partidos, permiten estas tropelías y otras actuaciones antidemocráticas, apelando a la Constitución, a la legalidad, a la ley. Ellos son quienes las han hecho, quienes las aplican y quienes se las saltan en su propio provecho e interés y en contra del pueblo soberano.

Se cambió la Constitución en 15 días para favorecer a la banca y en perjuicio de los servicios públicos y gastos sociales, poniendo la soberanía a los pies de la Unión Europea. Se ha impedido la aprobación de una ley de dación en pago; se han aprobado reformas laborales que no han eliminado el paro, condenando a cada vez más trabajadores a salarios de hambre; reformaron las pensiones que obliga a los mayores a trabajar más tiempo y cobrar menos; hacen leyes fiscales que obligan a pagar más impuestos a los trabajadores y menos a los ricos y grandes empresas. ¡Ellos y sus leyes! Y de la división de poderes hablaremos otro día.

No es reformar la Constitución, como algunos proponen. No es reformar todo para que nada cambie. Hay que entrar a fondo en la estructura del Estado; hay que cambiar la esencia misma del Sistema, la forma política del Estado, convertir el modelo territorial en un Estado federal, modernizar la administración de Justicia y blindar los derechos económicos y sociales, configurando un auténtico Estado social y democrático. No debe ser una reforma de adaptación, sino una ruptura con el modelo; que si en un principio pudo haber dado resultado, ahora está agotado.

El sistema político diseñado en la Constitución de 1978 hace aguas. Ha sido incapaz de garantizar, de forma efectiva y eficaz, un estado social y democrático de derecho. Hay que abrir un Proceso Constituyente, que ponga fin a los postulados de la Transición, que cuestione la forma política de Estado (artículo 1.3 CE).

El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano público de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática concurrencia ciudadana. No cabe que la persona del jefe del Estado (ahora el rey) sea inviolable y no sujeta a responsabilidad.

Apostemos por un referéndum sobre la forma política del Estado; por la equiparación de los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles y políticos. «Contra la Constitución del 78 y por la República».

POR UNA REPUBLICA FEDERAL

El 15 de junio se van a cumplir cuarenta y dos años desde la celebración de las primeras elecciones generales tras la muerte de Franco. Se desarrollaron en un clima de expectación y esperanza sin límite. Eran las primeras elecciones «democráticas», desde las elecciones a Cortes en febrero de 1936 que dieron el triunfo al Frente Popular. Fueron democráticas en cuanto que se desarrollaron en un nuevo clima, tras el referéndum celebrado el año anterior.

Fui testigo, y de alguna forma protagonista de la Transición que comenzaba. No puedo arrepentirme de lo que hice convencido, pero visto en perspectiva histórica y con lo aprendido hago autocrítica. Fue un pacto desde el franquismo hacia la monarquía. La oposición al régimen no pidió que se dirimieran responsabilidades por los crímenes cometidos, por los derechos pisoteados durante la dictadura, ni por el origen del régimen que terminaba. Los responsables y autores, asesinos, siguieron y siguen en la calle formando parte del tejido social. Sobre esos rescoldos se fundó la democracia. Es cierto que la hostilidad en el ejército y en las alturas se dejaba notar. Esta situación hizo que el Gobierno y la oposición fueran prudentes en el proceso.

El 15 de diciembre de 1976, se había celebró un referéndum, en el que se preguntó «¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?». El 94,17% de los votantes (del 77,8% de los votos contabilizados) dijo SI. El censo estaba constituido por 22.644.290 electores. La participación fue del 77,8%. Salíamos de una dictadura en la que no se permitía pensar y poco soñar; solo obedecer consignas, sometidos al régimen.

Lo que no habían previsto los diseñadores del proceso, lo corrigió la ley D’hondt. Se presentaron más de ochenta partidos o agrupaciones electorales y consiguieron escaño doce candidaturas. Ganó Adolfo Suárez, como heredero del régimen. Hubo una participación del 78,83%. La Unión de Centro Democrático obtuvo 6.310.391 votos y consiguió 165 escaños. El segundo partido fue el PSOE con Felipe González a la cabeza, con 5.371.866 de votos y 118 diputados. El PCE, con Santiago Carrillo, fue la tercera fuerza política, con 20 escaños y 1.709.890 votos; Alianza Popular, liderado por Manuel Fraga, representando al franquismo sociológico consiguió 1.504.771 votos y 16 diputados. El Partido Socialista Popular de Tierno Galván, obtuvo 816.582 votos y 6 diputados. Sin anunciarlo, se conformaron unas Cortes constituyentes.

En el 15-J, la gente, tradicionalmente desinformada, votó, como vota casi siempre a los que más salen en televisión, en la prensa, a la voz del poder, o a quienes provocan menos miedo. Los partidos, hasta entonces en la clandestinidad, fueron llamados a participar en la Transición y terminaron aceptando lo que nunca habían defendido: la monarquía, la bandera que había ondeado el dictador y las condiciones que impusieron los vencedores de la guerra. No se pidieron responsabilidades ni investigación por los muertos del franquismo ni por los presos ni marginados ni represaliados, ni por los condenados a trabajos forzados y por las decenas de miles desaparecidos.

El 15-J de 1977, la izquierda votó con el precedente de Pinochet en la cabeza, que aplastó un gobierno de izquierdas surgido de las urnas en 1973; y la derecha, con el de Portugal (1974), que puso fin a una larga dictadura anticomunista y emprendió un proceso revolucionario. En el recuerdo estuvo la guerra civil, que mostraba los riesgos de una nueva confrontación. Los mandatarios del régimen, sabían que tenía que buscar una salida desde arriba para evitar un eventual proceso revolucionario. La oposición era consciente de que hacía falta contención para evitar que el Ejército interviniera.

Las elecciones se caracterizaron por una cierta ceremonia de la confusión. El PCE moderó el discurso y el PSOE lo radicalizó. Los comunistas tenían una imagen pésima acuñada por el franquismo durante 40 años, por lo que tras su legalización en abril de 1977, mostró su máxima moderación para ganar respetabilidad, bajo el lema «Socialismo en libertad». Por el contrario PSOE, con el lema «Socialismo es libertad» y declarado marxista, no era percibido como una amenaza.

Aquella cita con las urnas definió muchas de las tendencias políticas y conflictos que han llegado hasta hoy. Nos legó la Constitución de 1978; el sistema electoral vigente; el conflicto territorial del País Vasco, marcado por la violencia de ETA; y Catalunya, donde el 15-J triunfaron los socialistas (28.5%), seguidos de los comunistas (18.3%). Para evitar que se constituyera una Generalitat de izquierdas, Suárez facilitó el regreso del presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, nombrándole presidente provisional, a pesar de que nadie lo había votado y su legitimidad era republicana.

El surgir de Podemos, la aparición de Ciudadanos y la reivindicación catalana del derecho a decidir, han roto las costuras del modelo dibujado hace cuarenta y dos años. La flamante Presidenta de las Cortes, Meritxell Batet llegó a decir: que la reforma de la Constitución es «urgente, viable y deseable», así como renovar el pacto territorial de España. Las elecciones vinieron a fortalecer a la joven democracia y perfiló un sistema de partidos homologable a cualquier país europeo. Hoy, revisar la historia reciente y reformar las instituciones obsoletas, es tan legítimo como necesario.

La Transición fue una ley de punto final. No solo impidió juzgar y castigar a los culpables, autores y defensores de la dictadura y su represión, sino que hoy se sigue poniendo trabas para investigar los casos de los miles de desaparecidos y enterrados en las cunetas de caminos y carreteras. La Transición puso como jefe de Estado a un rey, que durante veinte años apoyó voluntariamente a Franco que lo nombró como sucesor; que nunca renegó del juramento a los principios generales del movimiento, ni denunciado las penas de muerte que su protector firmó hasta el final de sus días. Fue una reforma sin ruptura, construida sobre el poder franquista intacto. Hubo un gran debate en las alturas sobre ruptura o reforma, pero al final, quienes defendían la ruptura reformaron y los reformistas retornaron al lugar de donde venían.

Ningún partido en el gobierno, ha extirpado el veneno que nos inoculó la dictadura. Si no se hizo en su momento, habrá que hacerlo ahora. Ningún partido ha revisado la ley de amnistía, que permite seguir en el poder a los delincuentes políticos y económicos, que se enriquecieron a costa de los represaliados y desaparecidos, quedando impunes los crímenes del régimen franquista. Poco se ha hecho para conseguir la separación de la iglesia y el Estado, condición indispensable para que la democracia lo sea realmente. Nada se ha hecho para garantizar y blindar constitucionalmente la escuela pública y laica, ni la sanidad pública, ni los derechos sociales.

Para Alfredo Grimaldos en su libro Claves de la Transición 1973-1986, para adultos: «El franquismo no es una dictadura que finaliza con el dictador, sino una estructura de poder específica que integra a la nueva monarquía». La imagen oficial de este periodo se ha construido «sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado». Hoy se conoce, como el entonces sucesor de Franco, Juan Carlos, se hizo confidente de la Casa Blanca y se convirtió en su gran apuesta para controlar España.

Mucho ha cambiado la sociedad española desde el 15-J. Ni todo ha estado mal hecho ni todo ha sido una maravilla. El Sistema actual, respetó las ruinas del franquismo, y se construyó sobre la dictadura y sus miserias. Algunos dicen que lo sucedido pertenece a un capítulo de la historia, que no hay que recordar. Para ellos es mejor el olvido: «el futuro, miremos el futuro, hacia el futuro». Demasiados errores hemos cometido pensando en el futuro. Ahora toca hacerlo bien pensado en el presente; y para no caer en los mismos errores, hay que abrir un Proceso Constituyente que rompa ataduras con ese pasado que algunos recordamos, otros quieren ocultar y muchos conocer.

El 15-J tuvo sus propios valores, que supusieron la conquista pacífica de una democracia imperfecta, y significó un gran paso hacia la modernidad. Fueron unas elecciones en libertad y sin ira. La Transición, cerró en falso el conflicto de las «dos Españas», que sigue visualizándose tras las generales del 28A y las municipales, autonómicas y europeas del 26 de Mayo.

Adolfo Suárez confesó en un descuido, en una entrevista con Victoria Prego, por qué no hubo referéndum monarquía o república. Metieron al rey en la Ley para la Reforma Política porque «Hacíamos encuestas y perdíamos«; un referéndum se habría perdido. Transcurridos cuarenta y dos años es preciso abrir un nuevo proceso constituyente por una República Federal.