lunes, 29 de abril de 2013

LOS NAZIS Y LOS ESCRACHES

        Recientemente, la Secretaria General del PP, María Dolores De Cospedal, hacía unas declaraciones sobre las acciones de protesta del movimiento contra los desahucios en las cercanías de los domicilios de determinados políticos, los llamado escraches, que no iban a pasar desapercibidas para nadie: “tratar de violentar el voto es nazismo puro”, y continuaba diciendo: "Vivimos en una democracia, la libertad de expresión tiene que ser libertad de expresión. ¿Qué es esto de tratar de violentar el voto? Es nazismo puro". Lejos de arrepentirse o de matizar lo dicho, días después seguía diciendo: “(…) ir a casa de alguien y decir 'sé donde vives', violentar a su familia, a sus hijos, se puede comparar a lo que se produjo en los años 30 en un país europeo y en otros sitios también”, en esa misma línea aseguraba que “a nadie le gustaría que le pasara en su propia casa, ni con sus hijos, ni en su negocio, ni con su marido, mujer, padre o madre”.

No se si María Dolores De Cospedal conoce la curiosa historia del matrimonio compuesto por Beate y Serge Klarsfeld, en todo caso, puede venir bien recordarla. Beate Künzel era una joven alemana, hija de un soldado de la Wehrmacht que se trasladó, a principios de los años 60 del siglo pasado, a trabajar a Francia. En París, conoció a Serge Klarsfeld, un joven francés, judío, nacido en Rumanía, cuya familia huyó de aquel país para sobrevivir al terror del régimen fascista del General Ion Antonescu, fiel aliado de los nazis y de los fascistas italianos.

El padre de Serge fue arrestado en 1943 en una razzia de la SS en Niza y enviado al campo de concentración de Auschwitz, donde moriría. Serge, su hermana y su madre pudieron escapar.

En 1963, Beate y Serge contraerían matrimonio, desde entonces, los Klarsfeld desarrollarían una intensa labor de investigación de los crímenes del nazismo y de búsqueda de los criminales nazis.
 
Se puede decir que cada miembro de la pareja tuvo su papel: Beate, fue la activista y la cara pública, mediática y polémica: en 1968, Beate llamó la atención de la opinión pública internacional al abofetear al Canciller alemán Kurt Georg Kiesinger, un antiguo nazi reconvertido en político democristiano (CDU, el partido de la actual Canciller Angela Merkel), algo bastante frecuente en la República Federal Alemana (RFA). Por su parte, Serge, licenciado en Derecho por la Soborna, se encargaba de la investigación y de llevar a juicio a esos criminales nazis. En 1979, Beate sobrevivió a un intento de atentado por parte de la red de antiguos soldados nazis ODESSA.

Mucho se ha dicho y escrito sobre el matrimonio Klarsfeld, aunque Beate fue acusada de izquierdista por sus duras críticas al SPD por la pasividad del partido ante la penetración de antiguos nazis en las instituciones de la RFA, también se sospechaba de las relaciones del matrimonio con los servicios secretos israelíes, el MOSSAD, debido fundamentalmente a la colaboración que mantuvieron con el también conocido cazador de nazis Simon Wiesenthal. Incluso, se llegó a insinuar que los Klarsfeld colaboraron con la CIA, ¿quién sabe?

El caso es que Beate Klarsfeld tenía por costumbre presentarse ante los domicilios de esos antiguos nazis y denunciarlos públicamente, es decir, lo que hoy en el Estado español se está conociendo como escrache. En uno de esos actos, un antiguo nazi, abochornado y, por qué no decirlo, agobiado por la situación le dijo a Beate: “¡Déjeme en paz, yo solo quiero vivir tranquilo!”, a lo que Beate le contestó con una acertada pregunta: “¿Quiere Usted vivir tranquilo después de lo que ha hecho?”.

Quizá sea improcedente trasladar este hecho a lo que está ocurriendo en el Estado español con los actos del movimiento contra los desahucios, pero es inevitable hacerlo  cuando la gente, los trabajadores, aquellos que no son culpables de la crisis pero que están siendo los primeros en pagarla, están viendo día tras día que se les está usurpando lo más básico: el trabajo, la educación, la sanidad, la vivienda, y por qué no, hasta el derecho a vivir tranquilos, como quería aquel nazi.

Políticos, banqueros y grandes hombres de negocios quieren vivir tranquilos a costa de la intranquilidad del pueblo trabajador, como esos nazis a los que Beate Klarsfeld acosaba querían vivir tranquilos a pesar del sufrimiento y la muerte que dejaron tras de sí. Quieren la impunidad total y absoluta y se puede decir que al menos en el Estado español en lo político y en lo judicial casi la tienen asegurada, pero no entienden que no pueden conseguir la impunidad social. No se están dando cuenta que están forzando la máquina del consenso social hacia sus políticas e incluso hacia su ideología y que la legitimación de su poder económico, político, social y cultural está haciendo aguas por todas partes.

La actividad del matrimonio Klarsfeld, con todos sus claroscuros, y entre ellas las acciones de denuncia pública de Beate, crearon un estado de opinión antinazi en la RFA que forzó a una depuración institucional que de ninguna de las maneras las instituciones federales alemanas querían llevar a cabo.
 
Debemos tener presente que si de verdad queremos que ninguna familia trabajadora más se vea en la calle, la denuncia pública de los responsables es una de nuestras armas legítimas más certeras y efectivas a la que no podemos renunciar.
        Pero debemos ir más allá, si de verdad queremos una legalidad que realmente respalde a las familias trabajadoras y sus derechos hace falta una alternativa política que acompañe a la movilización popular, porque ya los parches como los que prepara el Gobierno español del PP y el no menos parche que es el Decreto-Ley sobre la función social de la vivienda del Gobierno andaluz, un decreto que a apenas afecta al 2% de los desahucios en Andalucía, son pan para hoy y hambre para mañana.
 

miércoles, 24 de abril de 2013

VIGENCIA DEL PROGRAMA MÁXIMO DEL PSOE

            Estos amarguísimos tiempos que corren para las clases trabajadoras en general, se hacen doblemente amargos para los militantes socialistas que, catorce meses después de la derrota electoral de 2011, y a pesar de la tremenda indignación popular provocada por las políticas regresivas y antisociales del PP, vemos como nuestro Partido no solo no recupera la confianza de los ciudadanos, sino que, día a día pierde más afiliados, simpatizantes y votantes.
 
          Y es lógico que así ocurra porque este partido no le plantea a la sociedad auténticas alternativas al neoliberalismo imperante. Los ciudadanos no ven diferencias esenciales entre las recetas neoliberales del PP, y los parches y remiendos a esas recetas que estamos planteando nosotros. La ciudadanía está cansada de oír decir que debe hacerse aquello que no se hizo  a los mismos que no lo hicieron cuando gobernaron.
          La dirección del partido está anclada en la inacción, enrocada en dejar pasar el tiempo, a ver si el tiempo nos trae soluciones y una nueva oportunidad para gobernar. Estamos instalados en una “oposición responsable, dicen que para demostrar que somos un “partido de gobierno”. ¿Para demostrárselo a quién?. Parece que la obsesión de la dirección de nuestro partido es gobernar; pero lo importante de gobernar es saber para qué se gobierna. El gobierno no puede ser un objetivo en sí mismo, sino simplemente una herramienta para conseguir arribar a una sociedad socialista. Para hacer otra cosa, mejor que no gobernemos nunca.
          Quizá es esa obsesión por gobernar la que lleva a Elena Valenciano a decir en una entrevista publicada  por el Huffington Post el pasado día 8 de abril, que “es la marca (PSOE) la que pesa sobre Rubalcaba y no al revés”. ¿Quiere decir con esto que Rubalcaba estaría gobernando si no fuera por el lastre que para él supone la marca PSOE?. Si es así, somos muchos en este partido los que pensamos que debería liberarse del lastre de la marca, y de paso nos hacía el favor de liberarnos a nosotros del lastre de su presencia en la dirección del partido, especialmente si se lleva con él a la pléyade social-liberal que tiene secuestrado al verdadero PSOE.
La emancipación de las clases trabajadoras del cáncer social de la explotación, la discriminación y el dominio constituye la tarea fundamental de un espacio socialista,  (partido, colectivo, sindicato o asociación). Sabemos que el socialismo como proceso secular de liberación del capitalismo está, en muchos sentidos, por inventarse y que será una tarea heroica construida colectivamente por las clases trabajadoras, los intelectuales críticos y los nuevos movimientos emancipatorios.
          Es un enorme desafío que determinará toda una etapa histórica. El siglo XX podrá ser visto como el fracaso del socialismo (y directa o indirectamente el triunfo del capitalismo) o  bien como una experiencia frustrada de una sociedad alternativa. Sin embargo, este siglo XXI que tan convulsamente estamos iniciando puede pasar a la historia como el del gran estallido revolucionaria que marcó el inicio del largo camino de construcción del socialismo. Esto no es solo una cuestión de convicción moral sino que será obra de las luchas sociales, de la autoorganización de  los trabajadores y clases populares y de la capacidad para elaborar objetivos emancipatorios críticos con lo existente y capaces de crear de una esperanza que puede ser posible.
          Esto dependió y dependerá siempre de las personas, de las clases y de la voluntad creadora.
 
          El Socialismo español organizado, desde su fundación, siempre tuvo un Programa Máximo, breve pero muy claro, decantándose a favor de una sociedad sin clases, es decir sin explotados y explotadores y por la propiedad social de los medios de producción y de consumo. Para lo cual y ante la lucha de clases existente, era imprescindible lograr el poder político de la clase obrera.
          Desde 1888 hasta el presente, este Programa Máximo ha seguido contenido en los papeles del PSOE. Sin embargo, en sus Congresos celebrados a partir de la transición, una vez legalizado y en la vida pública el PSOE, jamás se ha tenido en cuenta, ni se ha elaborado una estrategia tendente a lograr una articulación práctica del tránsito hacia el Socialismo. Al contrario, la gran ola de privatizaciones se inicia con Felipe González y sus Gobiernos, de forma que Aznar, no tiene sino que continuar la tarea y completarla, en cuanto a sectores industriales, de comunicación y bancarios se refiere. Delenda est la propiedad pública de los medios de producción y de servicios; y en este sentido, un partido llamado socialista y otro conservador y liberal, son ampliamente coincidentes. Ni siquiera en los servicios esenciales en puridad existen diferencias irreconciliables.
          Por esta razón, hablar de Programa Máximo exige el máximo respeto por el mismo, y trazar una hoja de ruta para alcanzarlo. Aunque sea a medio o largo plazo. Eso es lo que podemos definir como tener proyecto: tener valores e ideas. Es proponer un nuevo camino diferente del orden burgués. Un proyecto de futuro distinto, que nos hace aspirar a algo más que a gestionar de forma diferente el sistema capitalista, del cual abominamos; es decir, proponer a la sociedad nuestra solución: la sociedad socialista, la democracia total, que incluye la propiedad común y el reparto real de la riqueza. La igualdad, no solo de género, sino sin dominados y dominadores a la que los y las socialistas aspiramos.
          Para trazar ese tránsito, es absolutamente imprescindible un estado social fuerte, una banca pública, unos servicios públicos, unos pilares del estado del bienestar y unos sectores estratégicos y energéticos públicos, junto a un desarrollado y potente sector de economía social, además de una distribución controlada y no especulativa y una reforma fiscal tan fuerte como progresiva. Sin esas premisas previas no existe ni siquiera socialdemocracia.
          Por lo tanto, nuestro programa máximo es el Socialismo,  y nuestra vía de transito la democracia social fuerte y un estado republicano y laico garante de la democracia, de la justicia y la redistribución social, además de protector de los derechos ciudadanos. Y en esa vía de tránsito es también necesario el control económico y el reparto social, garantizando el poder de la ciudadanía, la soberanía popular por encima de intereses privados, grupos de poder económico, clases opresoras y leyes injustas.
          La democracia liberal, es imperfecta. En el Reino de España, la exigencia de igualdad total ante la ley no existe, cuando un ciudadano o ciudadana cualquiera no tiene derecho a ser jefe del estado, y la Constitución, - tras la reforma exprés de 2011 - sitúa los objetivos de déficit y el pago de la llamada deuda a bancos, sobre las personas.  Estas – y otras muchas - son cuestiones de principio a considerar antes de hablar sobre un programa máximo simplemente de adorno. Se es socialista o no se es. Ser socialista, no es compatible con aplicar de grado políticas neoliberales, privatizar bienes públicos o ceder ante los poderosos. Tampoco lo es proteger castas privilegiadas y exclusivas.
          Pero para conseguir la necesaria recuperación, no solo del ideal, sino de la esperanza en el socialismo, es necesario analizar cuál es nuestro proyecto, y la situación actual para implementarlo. El Socialismo en democracia, no es una utopía imposible.
          Para realizar serenamente ese análisis de la situación, que nos permita implementar una estrategia real de tránsito al socialismo, se hace cada día más urgente un Congreso Extraordinario que permita la participación activa de toda la militancia, a dos vueltas como se hizo siempre tradicionalmente en este Partido. Un Congreso que explicite ante la sociedad española nuestro total rechazo al sistema capitalista, porque el capitalismo ha fracasado y a la postre produce desigualdades e injusticias, hambrunas, pobreza y guerras. El capitalismo hace infelices a las personas y no les garantiza su derecho al trabajo, la educación, la sanidad, la vida digna y la vivienda. El capitalismo solo beneficia a los detentadores de las riquezas y al mundo financiero y los grupos de poder privilegiados, por eso creemos en una sociedad socialista.
          Y una vez hecho esto, deberemos elegir a aquellos de entre nosotros con mayor capacidad, empuje y decisión para llevar adelante ese inicio del tránsito al socialismo. Porque creemos en los ideales, no en los ídolos.

 

PROGRAMA MÁXIMO DEL PSOE, REDACTADO EN 1888

Considerando:

Que esta sociedad es injusta, porque divide a sus miembros en dos clases desiguales y antagónicas: una la burguesía, que, poseyendo los instrumentos de trabajo, es la clase dominante; otra, el proletariado, que, no poseyendo más que su fuerza vital, es la clase dominada.
Que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de la esclavitud en todas sus formas: la miseria social, el envilecimiento intelectual y la dependencia política.
Que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político, del cual se vale para dominar al proletariado.

Por otra parte:

Considerando que la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el antagonismo entre una y otra clase desaparezcan, reformando o destruyendo el estado social que los produce.
Que esto no puede conseguirse sino transformando la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de la sociedad entera.
Que la poderosa palanca con que el proletariado ha de destruir los obstáculos que a la transformación de la propiedad se oponen ha de ser el poder político, del cual se vale la burguesía para impedir la reivindicación de nuestros derechos.
El Partido Socialista declara que tiene por aspiración
1.       La posesión del poder político por la clase trabajadora
2.       La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común.
Entendemos por instrumentos de trabajo la tierra, las minas, los transportes, las fábricas, máquinas, capital-moneda, etc., etc.
3.       La organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, el usufructo de los instrumentos de trabajo por las colectividades obreras, garantizando a todos sus miembros el producto total de su trabajo, y la enseñanza general científica y especial de cada profesión a los individuos de uno u otro sexo.
4. La satisfacción por la sociedad de las necesidades de los impedidos por edad o por padecimiento.
En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipación de la clase trabajadora; es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes.

martes, 16 de abril de 2013

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA INDIGNACIÓN POPULAR

Es un hecho indiscutible que la campaña de "escraches" lanzada por la PAH contra los políticos del PP para presionar, por vía de la denuncia y la protesta social, a objeto de que no se recorte la ILP sobre los desahucios presentada por la plataforma en el Congreso con apoyo de más de un millón y medio de firmas, ha generado terror en las filas de los dirigentes del partido fundando por el franquista nunca arrepentido Manuel Fraga. Y este mismo hecho  demuestra la evidencia de que es una vía efectiva para garantizar que los políticos de este partido, como de otros similares (UPyD, PNV, CiU, etc.), actuando en nombre del terrorismo financiero, no vayan contra lo que es una demanda mayoritaria en la calle. 

Lo que está en juego con esta lucha de la PAH es la vida misma, tal y como demuestran los múltiples casos de suicidios y otras dramáticas situaciones relacionadas con los desahucios que se han producido en las últimas fechas. Máxime, teniendo en cuenta la reciente sentencia europea que declara ilegal parte de la ley hipotecaria española que está permitiendo poner en la calle a cientos de miles de familias, que además, en la mayoría de casos, deben afrontar, desposeídos ya de su vivienda, un nueva hipoteca: la hipoteca de sus propias vidas que supone para ellos el quedarse con una deuda con el mismo banco que los ha desahuciado, y que jamás podrán pagar.

Pero los representantes del PP, y sus lacayos mediáticos, no parecen dispuestos a dejarse condicionar por las presiones de la calle, pues ellos no aceptan más presión que la que le imponen los poderes financieros y económicos estatales e internacionales, así como banqueros y grandes empresarios. Por ello, ante la estrategia de lucha de la PAH, el PP ha respondido con una brutal campaña, mediática y judicial, que pretende criminalizar a la PAH, y centrar las iras de la justicia y de aquella parte de la ciudadanía que todavía apoya al gobierno, incluídos los siempre activos escuadrones violentos de la extrema derecha, contra sus activistas.

Sin embargo, los activistas de la PAH llevan años sufriendo el acoso y la represión policial en una buena parte de sus actos solidarios con las familias desahuciadas, con cargas de los antidisturbios, heridos, detenidos y varios procesos judiciales abiertos contra personas participantes de estos actos, en algunos casos de varias decenas de personas simultáneamente, y al PP y su entorno mediático parece no serle suficiente con ello. 

Desde que la PAH iniciase su campaña de "escraches", la criminalización de la PAH se ha convertido en línea central de la estrategia política y mediática del PP, impulsada tanto por los dirigentes populares, como por sus medios afines. Con ello, tratan de deslegitimar socialmente a la Plataforma,  presentándose ante la sociedad como víctimas, cuando cientos de miles de personas, que se suman a las cientos de miles ya desahuciadas, tienen abiertos actualmente procesos de desahucio, y viven en una angustia y agonía que no se limita a la "visita" de un grupo de personas durante unos minutos a las puertas de sus casas o en sus actividades en la calle, sino que dura las 24 horas del día, los siete días de la semana. En muchos casos arrastrando con ellos a menores de edad, sus hijos e hijas, que pueden tener igual un mes de vida, que 17 años y once meses. Porque cada caso es un mundo, pero en todos ellos hay un elemento común: la tragedia y el sufrimiento.

Ha sido la heroína oficial del régimen, la sheriff del Condado de Madrid, azote de rojos y principal defensora del orden social, Cristina Cifuentes, la que abrió la veda de una salvaje campaña de criminalización contra la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y, en particular, contra su portavoz, Ada Colau.  

Cifuentes, gran protagonista de numerosos actos de represión policial, como la del 25 de septiembre (y días posteriores) en los alrededores del Congreso, declaró que “la PAH y su lideresa últimamente parece que tienen ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras”. Denunció, además, que las acciones de escrache son actos de kale borroka.

Los escraches no son más que citas de activistas en los domicilios de, - en este caso - políticos del PP, partido que ha anunciado que votará en contra de los puntos fundamentales de la ILP que presentó la PAH en el Congreso. Según la Plataforma, “consideramos que tenemos derecho como ciudadanos a informarles de las consecuencias dramáticas que va a ocasionar su decisión porque las estamos padeciendo diariamente”.

        Cifuentes tiró la primera piedra, pero inmediatamente fue secundada por elementos como Alberto Ruiz-Gallardón (ministro de Justicia), Antonio Basagoiti, el propio Rajoy, Rosa Díez (dirigente de UPyD), los medios habituales de la derecha, y personajillos de variado pelaje como Ramoncín. Escudándose en estas calumnias, la Secretaría de Estado de Seguridad ha dado instrucciones para la identificación y detención de los participantes en escraches.

Colau ha respondido a esta grave amenaza de represión: "Hay casos de corrupción gravísimos, hay acoso y hostigamiento de las entidades financieras contra las personas más vulnerables, y aquí en ningún caso se ha enviado a la policía a identificar ni se han hecho detenciones". En cambio "contra los ciudadanos honrados que sólo han dejado de pagar la hipoteca porque no pueden, porque se han quedado en el paro, contra éstos envían todas las fuerzas del orden y el peso de la ley".

Esta campaña histérica contra el movimiento de oposición a los desahucios es parte de la criminalización de la derecha (PP, CiU, PNV y UPyD) contra todos los movimientos que ponen en cuestión su política en favor del capital y contra la mayoría trabajadora.

La represión brutal de luchas (la Primavera Valenciana de hace un año, las huelgas mineras del verano, la pasada huelga general…), las calumnias contra el Sindicato de Estudiantes (al que se acusó de “terrorista”) y la CEAPA por organizar huelgas contra la ley Wert, la amplia campaña mediática acusando a los organizadores de Rodea el Congreso –y posteriormente a las manifestaciones del 23 de febrero- de golpistas… todo vale para desviar la atención de la brutal política de ataques del Gobierno, y de su desbordada corrupción, y para apretar las filas de su base social más reaccionaria (en un momento en que cunde el desánimo y la perplejidad entre los votantes del PP).

 
          El Gobierno es consciente de que uno de sus puntos más débiles (¡y mira que tiene!) es la creciente inflamación popular ante la sangrante tragedia diaria de los desahucios. Ver a familias enteras, niños, ancianos, empujados, expulsados de sus casas, por las fuerzas del orden… a la orden de los banqueros, mientras éstos son mimados por el Gobierno en forma de decenas de miles de euros, es causa de indignación masiva.

De igual forma, es altamente valorada la existencia de un movimiento como la PAH, que gracias a la acción directa, a sus raíces en el movimiento social, y su determinación de seguir adelante pese a quien pese, ha demostrado que la lucha sirve. De hecho, la movilización ha conseguido que se paren 800 desahucios, que se concedan 300 daciones en pago y, lo más importante, concienciar de este gran drama.

Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una importante sentencia, ha declarado la nulidad de los desahucios desde 1993, ya que la norma que regula las “ejecuciones hipotecarias” es ilegal al no garantizar el derecho de defensa de los afectados. Esta enorme victoria jurídica (que el Gobierno no está dispuesto a acatar, escudándose en que implicaría graves perjuicios para los bancos) hubiera sido imposible sin esta constante lucha de la PAH. De igual forma que la toma en consideración de la ILP, cuyas líneas centrales son: dación en pago retroactiva, paralización de los desahucios, y alquileres sociales.

Es obligación de los sindicatos, de los partidos de la izquierda, de los movimientos sociales, y de todos los ciudadanos honrados denunciar estas maniobras de criminalización, y participar en la lucha contra los desahucios, entendiendo que ésta es parte de la lucha general contra el sistema capitalista.

viernes, 12 de abril de 2013

ANTE LA DESCOMPOSICIÓN MONARQUICA: ¡A POR LA TERCERA!

          La difusión de los papeles de Bárcenas explosionó como una bomba termonuclear en uno de los pilares del sistema de partidos de la segunda restauración borbónica. El presidente de gobierno y gran parte de la cúpula del Partido Popular (PP) se vieron presuntamente implicados en una red institucionalizada de cobro de sobresueldos en dinero negro procedente de las grandes empresas que se beneficiarían de un trato de favor por estos pagos ilegales. Un escándalo que acaparó las portadas de los grandes medios de comunicación internacionales, precisamente en vísperas de la crucial entrevista entre Mariano Rajoy y Ángela Merkel en Berlín.

La tremenda detonación se produjo cuando las inquietantes vicisitudes del caso Noos señalan hacia arriba tras las imputaciones contra el secretario de las dos infantas reales. Un asunto delicado que corroe las bases del consenso político y mediático instituido en torno a la Corona tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Las andanzas de Iñaki Urdargarín y el equívoco comportamiento del Rey en el feo asunto de la cacería de elefantes han cuarteado la imagen de familia ejemplar construida con esmerado preciosismo durante décadas por los medios de comunicación.

El problema de la corrupción en España va más allá del comportamiento individual de ciertos políticos o funcionarios públicos que abusan de sus cargos y actúan como delincuentes, sino que adquiere un carácter estructural en una metástasis que afecta al conjunto de las administraciones públicas.

Desde la Casa Real a decenas de ayuntamientos, pasando por casi todas las comunidades autónomas, las instituciones están involucradas en graves casos de corrupción urbanística, como en Valencia y Baleares, cuyos presidentes hubieron de dimitir por su implicación en los casos Gürtel y Palma Arena. Tampoco la judicatura se ha escapado de la marea negra de corrupción y abuso de poder; en junio de 2012, Carlos Dívar presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura, dimitió acusado de malversación de caudales públicos en sus múltiples excursiones “gratis total” a Marbella.

El enriquecimiento ilícito de las elites del régimen contrasta violentamente con el creciente empobrecimiento de las clases asalariadas y alimenta una extraña mezcla de sensaciones entre la indignación y la desafección de la ciudadanía contra un régimen corrupto incapaz de reformarse.

La ocupación de las principales plazas de las ciudades españolas por el movimiento 15-M constituyó un serio aviso del profundo malestar social que se estaba incubando en el país. Un fenómeno complejo, de difícil interpretación, pero que cobraba particular relevancia al ser impulsado por una nueva generación que irrumpía en la vida pública y realizaba su primera experiencia política. Una juventud sin perspectivas, ni futuro, en un país con una tasa de paro juvenil que supera el 50% y bate todos los registros de la Unión Europea (UE), con uno de los porcentajes más elevados de fracaso escolar y en la cola de los informes PISA de nivel académico.

La clase política reaccionó con una sordera rayana en el autismo a los mensajes del 15-M y ni se le ocurrió responder con algunas reformas de regeneración democrática del petrificado sistema de partidos como, por ejemplo, la revisión de la injusta ley electoral.
         El 15-M eclosionó al final de la larga agonía política de Zapatero, en plena campaña de las municipales y autonómicas que precedieron a la resonante victoria de Mariano Rajoy en las generales.

Una mayoría absoluta sobredimensionada por el voto de castigo al PSOE, el otro pilar del sistema de partidos de la monarquía. Sin embargo, pronto la hegemonía institucional del PP en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Estado se vació de legitimidad democrática, al contravenir cínicamente los compromisos y promesas del programa electoral, su contrato con la ciudadanía.

El sistema de partidos español ha sido calificado de bipartidismo imperfecto. PP y PSOE, al igual que conservadores y liberales en la monarquía alfonsina, se turnan en el poder con la corrección de los nacionalistas conservadores catalanes y vascos cuando las grandes formaciones estatales carecen de la mayoría absoluta parlamentaria que disfrutaron González, Aznar y Rajoy.

La ley electoral, escasamente respetuosa con la proporcionalidad del voto popular, y la circunscripción provincial, contradictoria con el Estado de las Autonomías, se diseñó precisamente para primar la representación parlamentaria de los dos partidos del turno dinástico. Unas máquinas políticas que han generado una elite endogámica que no debe rendir cuentas ante sus electores, sino ante la cúpula del partido que los incluye en la lista electoral evocando las prácticas del encasillado de la primera restauración borbónica. Así, se ha producido una selección negativa del personal político donde triunfan los arribistas, palmeros, mediocres y corruptos… que han acaparado los cargos públicos del país.

Un sistema de partidos donde se han mantenido o consolidado espesas redes clientelares con los Fabra en Castellón, los Baltar o Cacharro en Galicia que no tienen nada que envidiar al caciquismo de los tiempos de la primera restauración.

Las analogías históricas, aunque sugerentes, tienen sus limitaciones. En esta segunda restauración borbónica no existen poderosas y combativas centrales sindicales como CNT y UGT, donde se encuadraba gran parte de la clase obrera, sino organizaciones burocratizadas y financiadas por el Estado con una de las tasas de afiliación más bajas de Europa. Tampoco existen aquella pujante cultura republicana ni aquellos potentes partidos antidinásticos, situados extramuros del sistema que funcionaron como alternativa cuando la monarquía entró en barrena.

La gestión de la crisis financiera está erosionando profundamente a los dos grandes partidos del régimen. Primero le tocó al PSOE y ahora le está ocurriendo al PP. El profundo desgaste de ambas formaciones explica el crecimiento de Unión Progreso y Democracia (UPyD) como refugio liberal de los electores desencantados del PP, y de Izquierda Unida (IU) como alternativa progresista a los votantes exasperados de un PSOE que se muestra incapaz de recuperarse a pesar del descrédito del PP. Pero, tanto UPyD como IU se mueven dentro del régimen y no han planteado un programa de ruptura democrática en la perspectiva de apertura de un proceso constituyente.

A la deslegitimación política y a la profunda recesión económica se añade el conflicto territorial planteado por el reto soberanista de Artur Mas. La burguesía catalana, liderada por Jordi Pujol, fue una pieza clave en los consensos constituyentes de la Transición que originaron ese extraño híbrido de centralismo y federalismo denominado Estado de las Autonomías. El reto soberanista de Convergència i Unió (CiU) dinamita otro de los consensos del régimen. Al fin y al cabo, el Estado autonómico se diseñó para satisfacer las reivindicaciones al autogobierno del movimiento nacionalista catalán y vasco. Un modelo que nunca ha acabado de funcionar y que deja de tener sentido cuando CiU rompe con este marco político-jurídico y apuesta por un proyecto independentista.

El régimen de la segunda restauración borbónica se forjó en la Transición cuando los franquistas reformistas y los líderes de la oposición democrática pactaron a puerta cerrada la Constitución monárquica.

Entonces se hurtó a la ciudadanía el derecho fundamental a participar en un verdadero proceso democrático constituyente tras la larga dictadura, ciudadanía a la que sólo se le dejó intervenir en el trámite de un referéndum servido como las lentejas, o las tomas o las dejas.

Recordemos, además que la actual Constitución fue refrendada por los ciudadanos que son a día de hoy mayores de 52 años. Es decir, una franja poblacional de menos del 30%.  Haciendo cuentas, si sólo una minoría de los que hoy votan tuvo la oportunidad de votar esta Constitución y teniendo en cuenta la abstención de cerca del 30% que es habitual en todas las elecciones, menos del 20% de la población aprobó la Carta Magna.

También se instituyó la ominosa ley de la amnesia histórica sobre la Segunda República y el franquismo: la única manera de legitimar una monarquía surgida del golpe de Estado del general Franco que designó a Juan Carlos I como su sucesor en la jefatura del Estado.

De este modo se generó una democracia de perfil muy bajo donde la participación popular en los asuntos públicos se reduce a votar periódicamente a los partidos del régimen, que gozan de unas de las tasas de afiliación más bajas de Europa.

Las demandas de regeneración democrática surgidas del 15-M y movimientos afines se encaminaron a exigir la disolución de las cámaras y la convocatoria de un proceso constituyente, ante la extremada rigidez de un sistema político, incapaz de reformarse. La desproporcionada represión policial a las concentraciones ante el Congreso de los Diputados que portaban a sus señorías esta reclamación fue una prueba del pavor que produjo entre los guardianes del régimen un movimiento cívico y político orientado hacia estos objetivos.

Estas propuestas hallaron escaso eco entre los políticos en activo, excepto Sánchez Gordillo o Julio Anguita, retirado este último del primer plano de la vida pública, quien desde Sabadell anunció su disposición a liderar este proceso de ruptura democrática, articulado en torno a la plataforma Frente Cívico Somos Mayoría.

La primera restauración borbónica demostró que la descomposición de un régimen puede ser muy larga y lenta, mientras no se construya la alternativa política capaz de sustituirlo.

La confluencia de la triple crisis política, social y territorial está tensando al máximo las cuadernas de la monarquía parlamentaria.

El vendaval de corrupción que asola el país está tensando al máximo las cuadernas del régimen de la Segunda Restauración borbónica. Ha llegado el momento de aglutinar fuerzas en torno al objetivo de la apertura de un proceso constituyente, la única manera de regenerar nuestra democracia

Ese vendaval de corrupción, la dureza de una crisis económica que arroja a millones de personas a la miseria o la gravedad del reto soberanista catalán expresan el avanzado estado de descomposición del régimen y crea las condiciones, objetivas y subjetivas, para levantar esa alternativa política en la perspectiva de derrocar a esta monarquía manchada por la corrupción y proclamar la Tercera República..
No hay tiempo que perder

jueves, 4 de abril de 2013

LA DOCTRINA DE LA IGLESIA AL ASALTO DE LA CÁTEDRA

Los Borjamaris y las Sorayas de Nuevas Generaciones, cachorros de la derecha carpetovetónica, andan un poco desatados. Amenazan con denunciar al profesorado que utilice la tarima a modo de minarete, cual ulema, para el adoctrinamiento. Viendo su campaña «Me quieren adoctrinar. Que no te líen» pudiera dar la impresión de un laicismo de tinte liberal tardíamente sobrevenido. Pero no van por ahí los tiros, no. A los hechos me remito.

Hace escasos días dos matemáticos dos, el físico Juan Carlos Gorostizaga, profesor de la Universidad del País Vasco y Milenko Bernadic, doctor por la Universidad de Murcia aseguraban que la Tierra no se mueve sino que es el Sol junto al resto del Universo los que giran en rededor nuestro. Ni orbita alrededor del Sol ni rota sobre sí misma, es el firmamento al completo el que se mueve. Nuestro compatriota, además, afirma que fue creada ex nihilo por un dios en seis días hace 6.000 años, mes arriba mes abajo, como nuestros antecesores Adán y Eva. También que nos portamos mal y que hubo un diluvio del copón, etcétera.

Poco después, la profesora Gloria Casanova de la Universidad Cardenal Herrera-CEU (fundada por la Asociación Católica de Propagandistas) declaraba a su alumnado: «aunque tu marido te sea infiel, la verdadera prueba de amor es seguir amándole con lágrimas en los ojos, como Jesús lloraba en la cruz» afirmando, a renglón seguido, «las mujeres maltratadas no deben separarse porque eso es amor» , para la profesora que imparte Doctrina Social de la Iglesia en la carrera de Periodismo, «el aborto en el caso de violación no es tolerable porque dentro de lo terrible de la violación sacas algo bueno, que es un hijo, un don de Dios».
 
Así que ya sabéis, queridas mías, si os violan que lo hagan, si no con amor, al menos de manera concienzuda y generosa, al tiempo que rogáis a Dios que la violación haya sido productiva. Que venga con regalo. Rematando la faena afirmó, la tal Gloria, la existencia de supuestos estudios «que demuestran que los niños de padres homosexuales tienen más trastornos de personalidad» pero ella, tan católicamente llena de caridad, siempre dejando una puerta a la esperanza afirmó con fe ciega que «la homosexualidad se puede reconducir». Así lo dice su conmilitón en el espíritu de Cristo y Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, Antonio Aguilera Jiménez, que lejos de rechazar a quienes padecen la psicopatología de la homosexualidad, los comprende y los cura.

Para los Borjamaris y las Sorayas, los hechos anteriormente descritos -geocentrismo, creacionismo, monoteísmo, machismo, homofobia- no constituyen adoctrinamiento y sí, la enseñanza de sus contrarios, -ciencia, ateísmo, feminismo, sexualidad-. Aquellos son pertenecientes al Orden Natural de las cosas instaurado por Dios hace 6.000 años, semana arriba, semana abajo; y, éstos, al Caos que reiteradamente es promovido por los enemigos de España. Armados con la Doctrina de la Iglesia, Borjamaris y Sorayas denunciarán a quien se atreva adoctrinar mediante la falsa razón laica.