Hay un objetivo claro y preciso hasta el 23 de julio: movilizar todas las fuerzas de las izquierdas y progresistas para evitar una victoria de las derechas. El momento es grave. La pelea será dura. La guerra sucia está asegurada. Las mentiras y falsas noticias serán el pan de cada día. Se desplegarán todas las fuerzas mediáticas ultras y extremas, se propagarán bulos y miedos y se pondrán en acción todas las fuerzas partidarias de las derechas, en las que no faltarán los sectores derechistas de la judicatura. Como ha denunciado Enric Juliana en La Vanguardia, los jueces ocultaron hasta después de las elecciones del 28 de mayo que uno de los acusados de comprar votos era un apoderado del PP en Mojácar (Almería), mientras Ayuso hablaba de pucherazo. Retrasaron hacer pública la absolución de un dirigente del PSOE acusado de supuesta corrupción y también que era falsa la acusación de la extrema derecha de que Mónica Oltra había borrado correos para evitar la investigación sobre su ex marido, uno de los hechos por los que abandonó la vicepresidencia de la Generalitat valenciana. Las cloacas están muy activas y por la superficie ya se huelen sus efluvios.
Por
más que la amenaza sea real, para derrotar a las derechas no es suficiente la
alarma de que viene el lobo. Para lograrlo se necesita reunir diferentes
componentes. El primero, sin duda, es la unidad de todas las fuerzas a la
izquierda del PSOE y una alianza o acuerdo con las fuerzas políticas
soberanistas e independentistas. Ambas sumas son imprescindibles. Y, evidentemente,
un programa y un proyecto para las clases trabajadoras y las naciones y pueblos
del Reino de España. Lo que más encabrita a la derecha extrema y extrema
derecha porque es lo que puede hacerle daño.
Uno de los elementos del 28 M es el varapalo que han recibido las fuerzas políticas del gobierno de coalición progresista. Una lectura de esos resultados es que las políticas que se han puesto en práctica durante estos años no han sido suficientes para animar al voto de sectores de las clases trabajadoras y populares. No hay entusiasmo detrás de esas políticas. Hay la aceptación de que el mal menor es lo único que se puede hacer y que si no se cambia la tendencia, detrás del mal menor pueden llegar males peores. Y esta cantinela no puede repetirse constantemente.
Demasiadas
cosas se quedaron en el cajón durante esta legislatura. La ley mordaza del PP
de Rajoy sigue en vigor; la reforma laboral solo se modificó en parte; la renta
mínima para pobres (que se llamó Ingreso Mínimo Vital), que supuestamente debía
ayudar a combatir la pobreza, apenas llegó a un porcentaje ridículo de los
destinatarios; una ley de vivienda que llegó tarde y se ha quedado corta frente
a la gravedad del problema; incremento de gastos militares como nunca se había
visto -el gasto militar total para 2023 en el reino de España alcanzará la
colosal cifra de 27.617,45 millones, 75,7 millones diarios. Ni un gesto por la
laicidad del Estado permitiendo que la Iglesia Católica, lustro tras lustro,
haga y deshaga a su antojo con negocios en sanidad, educación, propiedades
inmobiliarias, atención y apropiación privilegiada de impuestos mediante el
IRPF, etc. Cierto que hubo avances en
leyes como la eutanasia y en medidas favorables a las mujeres (un conflicto mal
resuelto con la colaboración del PP sobre la ley del "sí es sí").
Pero, sobre todo, fueron medidas que se quedaron cortas, muy cortas, para
afrontar la gravedad de la situación social.
Cierto
que el empleo está alcanzando récords, 20,8 millones de empleos y 2,7 millones
en paro, pero también está por los aires la desigualdad y las familias que,
incluso con empleo, no llegan a fin de mes. Tener un puesto de trabajo
legal y estar en la pobreza ya no son
incompatibles, el 15 % de las personas trabajadoras están en esta situación. Los
beneficios empresariales alcanzaron en 2022 los mayores niveles en décadas.
Según el Banco de España, los beneficios de las empresas no financieras
alcanzaron aumentos del 91,3 % (con notable diferencia entre las grandes
empresas y las medianas y pequeñas), mientras que el salario real sufría una
caída del 12,6 %. Si sumamos que la inflación está vaciando los bolsillos y los
ahorros de las familias o que el precio de los alquileres ha subido en los
últimos diez años un 51,4 % mientras que las rentas lo han hecho en un 3,4%,
tendremos una fotografía incontestable de la situación. Más brutal aún, según
los datos del Panel Hogares, el 5 % de la población con mayor patrimonio y
renta concentra el 77 % del patrimonio neto y el 42 % de la renta bruta. Sin contar
lo que tiene en paraísos fiscales ni escondido. Números oficiales. Se ha dicho
de muchas maneras distintas, pero durante muchas décadas es una constante: Grandes
fortunas y democracia son incompatibles.
Durante
estos años también se ha dejado desguarnecido el flanco izquierdo del Gobierno.
Pareció que la mejor decisión era formar un gobierno de coalición entre el PSOE
y las fuerzas surgidas del 15 M y del municipalismo del cambio, pero sucedió lo
que era previsible, que quien se presentaba para transformar las cosas e
impugnar el régimen monárquico del 78 se convirtió en el gestor de las cosas
que se podían hacer (el mal menor), y se abandonó el proyecto transformador,
ilusionante y movilizador. Ese flanco quedó vacío, y ya se sabe que la política
tiene terror al vacío, o sea, que cuando eso ocurre otras fuerzas políticas y
sociales lo ocupan. Estos elementos pueden ayudar a explicar las razones por
las que los partidos del gobierno de coalición, probablemente por razones
distintas, han sido de los más castigados el 28 de mayo.
El
gobierno de coalición progresista no es una referencia transformadora,
republicana, de alternativa al régimen del 78. Es un gobierno que ha llevado a
cabo limitadas reformas. El PSOE y Sumar siguen apostando por él. Si vuelve a formarse,
habrá que seguir presionando para empujar e ir más lejos.
La importancia de estas elecciones es que se sitúan en una encrucijada. La perspectiva de las derechas es una salida reaccionaria para mantener el régimen monárquico con pérdida de derechos y condiciones de vida (su fórmula favorita será derogar). Por hacer una comparación histórica, una especie de golpe Primo de Rivera. Ya se amenaza con ilegaliaciones de partidos. Las izquierdas no pueden limitarse a defender un régimen que arrastra una crisis lenta pero persistente. Se necesita una perspectiva de cambio social y democrático, republicano. Una nueva impugnación de las elites políticas y económicas.
Existen
también los componentes de izquierdas de las naciones catalana, vasca y
gallega. Sin ellos no hubiera sido posible derrotar al PP y formar el gobierno
de coalición. En Euskadi y Galicia, EH Bildu y BNG son las únicas fuerzas de
izquierda que avanzaron el 28 M. Las explicaciones pueden ser variadas. En el
caso de EH Bildu debido a su papel de presión por la izquierda al gobierno
Sánchez y su disputa de las mayorías al PNV, por hacer una política útil sin
abandonar su perspectiva social y soberanista. Otro ha sido el papel del BNG en
Madrid que, en general, ha utilizado la política del no para casi todo y que se
ha beneficiado del hundimiento de las mareas municipalistas gallegas. Como
distinto ha sido el balance de ERC que, haciendo una política de presión en
Madrid, ha sido penalizada por las posteriores complicaciones de la rebelión
catalana y la falta de avances para el ejercicio del derecho de
autodeterminación. La CUP también ha tenido un retroceso electoral. Todas
ellas, y quizás otras, son necesarias para derrotar a las derechas.
Por eso, resulta más que sorprendente que desde las fuerzas herederas del 15M y del municipalismo del cambio ni siquiera haya un guiño político, de búsqueda de alianzas, teniendo en cuenta la defensa del democrático derecho de autodeterminación. No habrá un verdadero proyecto de país ni una verdadera respuesta al centralismo y nacionalismo español de las derechas sin el reconocimiento de las reivindicaciones democráticas de las naciones encadenadas por el Reino de España.
Uno
de los elementos del balance del 28 M es que no solo se avanza con medidas
publicadas en el BOE, se avanza si forman parte de un plan alternativo que
implica disputar la hegemonía de las ideas a las derechas.
Medidas
como una renta básica universal que posibiliten las condiciones materiales de
libertad de toda la población, además de la abolición de la pobreza, son
imprescindibles. Sin la existencia material garantizada no hay libertad para
toda la ciudadanía. No se trata de la supuesta “libertad” de las derechas, que
significa más derechos para los más ricos a costa de desigualdad y falta de
libertad para de los más desfavorecidos.
Hay
que defender lo público frente a las privatizaciones de las derechas,
aumentando la inversión en sanidad y educación pública. Se deben tomar medidas
enérgicas, mucho más allá de la ley de vivienda aprobada, para limitar y
regular los alquileres y construir vivienda pública.
Son
urgentes medidas diferentes contra la inflación, controlando los precios de los
alimentos, ayudando a los pequeños agricultores e imponiendo impuestos
especiales sobre los beneficios desorbitados de los intermediarios. De la misma
manera, hay que continuar imponiendo medidas contra los superbeneficios de la
banca y las eléctricas.
Hay
que continuar y desarrollar medidas para la igualdad efectiva de las mujeres
frente a la violencia machista y el patriarcado.
Son
imprescindibles medidas enérgicas, no medias tintas, contra el cambio climático
frente al negacionismo de las derechas.
Es
necesario el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad del Reino de
España y del derecho de los pueblos a la autodeterminación para que haya una
relación sana y democrática, y de igual a igual, entre los pueblos, frente a la
imposición obligatoria del nacionalismo español y la Monarquía.
Y
se necesita una perspectiva republicana de derechos y libertades.
¿Hay
que parar a las derechas? Sin ninguna duda. Toda la movilización necesaria para
lograrlo. Pero no es suficiente con repetir las mismas políticas, se necesita
más valentía y movilización y una perspectiva de cambio político y social.
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