La
difusión de los papeles de Bárcenas explosionó como una bomba termonuclear en
uno de los pilares del sistema de partidos de la segunda restauración
borbónica. El presidente de gobierno y gran parte de la cúpula del Partido
Popular (PP) se vieron presuntamente implicados en una red institucionalizada
de cobro de sobresueldos en dinero negro procedente de las grandes empresas que
se beneficiarían de un trato de favor por estos pagos ilegales. Un escándalo
que acaparó las portadas de los grandes medios de comunicación internacionales,
precisamente en vísperas de la crucial entrevista entre Mariano Rajoy y Ángela
Merkel en Berlín.
La
tremenda detonación se produjo cuando las inquietantes vicisitudes del caso
Noos señalan hacia arriba tras las imputaciones contra el secretario de las dos
infantas reales. Un asunto delicado que corroe las bases del consenso político
y mediático instituido en torno a la Corona tras el intento de golpe de Estado
del 23 de febrero de 1981. Las andanzas de Iñaki Urdargarín y el equívoco
comportamiento del Rey en el feo asunto de la cacería de elefantes han
cuarteado la imagen de familia ejemplar construida con esmerado preciosismo
durante décadas por los medios de comunicación.
El
problema de la corrupción en España va más allá del comportamiento individual
de ciertos políticos o funcionarios públicos que abusan de sus cargos y actúan
como delincuentes, sino que adquiere un carácter estructural en una metástasis que
afecta al conjunto de las administraciones públicas.
Desde
la Casa Real a decenas de ayuntamientos, pasando por casi todas las comunidades
autónomas, las instituciones están involucradas en graves casos de corrupción
urbanística, como en Valencia y Baleares, cuyos presidentes hubieron de dimitir
por su implicación en los casos Gürtel y Palma Arena. Tampoco la judicatura se
ha escapado de la marea negra de corrupción y abuso de poder; en junio de 2012,
Carlos Dívar presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo
órgano de gobierno de la judicatura, dimitió acusado de malversación de caudales
públicos en sus múltiples excursiones “gratis total” a Marbella.
El
enriquecimiento ilícito de las elites del régimen contrasta violentamente con
el creciente empobrecimiento de las clases asalariadas y alimenta una extraña
mezcla de sensaciones entre la indignación y la desafección de la ciudadanía
contra un régimen corrupto incapaz de reformarse.
La
ocupación de las principales plazas de las ciudades españolas por el movimiento
15-M constituyó un serio aviso del profundo malestar social que se estaba
incubando en el país. Un fenómeno complejo, de difícil interpretación, pero que
cobraba particular relevancia al ser impulsado por una nueva generación que
irrumpía en la vida pública y realizaba su primera experiencia política. Una
juventud sin perspectivas, ni futuro, en un país con una tasa de paro juvenil
que supera el 50% y bate todos los registros de la Unión Europea (UE), con uno
de los porcentajes más elevados de fracaso escolar y en la cola de los informes
PISA de nivel académico.
La
clase política reaccionó con una sordera rayana en el autismo a los mensajes
del 15-M y ni se le ocurrió responder con algunas reformas de regeneración
democrática del petrificado sistema de partidos como, por ejemplo, la revisión
de la injusta ley electoral.
El
15-M eclosionó al final de la larga agonía política de Zapatero, en plena
campaña de las municipales y autonómicas que precedieron a la resonante
victoria de Mariano Rajoy en las generales.
Una
mayoría absoluta sobredimensionada por el voto de castigo al PSOE, el otro
pilar del sistema de partidos de la monarquía. Sin embargo, pronto la hegemonía
institucional del PP en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Estado se
vació de legitimidad democrática, al contravenir cínicamente los compromisos y
promesas del programa electoral, su contrato con la ciudadanía.
El
sistema de partidos español ha sido calificado de bipartidismo imperfecto. PP y
PSOE, al igual que conservadores y liberales en la monarquía alfonsina, se
turnan en el poder con la corrección de los nacionalistas conservadores
catalanes y vascos cuando las grandes formaciones estatales carecen de la
mayoría absoluta parlamentaria que disfrutaron González, Aznar y Rajoy.
La
ley electoral, escasamente respetuosa con la proporcionalidad del voto popular,
y la circunscripción provincial, contradictoria con el Estado de las
Autonomías, se diseñó precisamente para primar la representación parlamentaria
de los dos partidos del turno dinástico. Unas máquinas políticas que han generado
una elite endogámica que no debe rendir cuentas ante sus electores, sino ante
la cúpula del partido que los incluye en la lista electoral evocando las
prácticas del encasillado de la primera restauración borbónica. Así, se ha
producido una selección negativa del personal político donde triunfan los arribistas,
palmeros, mediocres y corruptos… que han acaparado los cargos públicos del
país.
Un
sistema de partidos donde se han mantenido o consolidado espesas redes clientelares
con los Fabra en Castellón, los Baltar o Cacharro en Galicia que no tienen nada
que envidiar al caciquismo de los tiempos de la primera restauración.
Las
analogías históricas, aunque sugerentes, tienen sus limitaciones. En esta
segunda restauración borbónica no existen poderosas y combativas centrales
sindicales como CNT y UGT, donde se encuadraba gran parte de la clase obrera,
sino organizaciones burocratizadas y financiadas por el Estado con una de las
tasas de afiliación más bajas de Europa. Tampoco existen aquella pujante
cultura republicana ni aquellos potentes partidos antidinásticos, situados
extramuros del sistema que funcionaron como alternativa cuando la monarquía
entró en barrena.
La
gestión de la crisis financiera está erosionando profundamente a los dos
grandes partidos del régimen. Primero le tocó al PSOE y ahora le está
ocurriendo al PP. El profundo desgaste de ambas formaciones explica el
crecimiento de Unión Progreso y Democracia (UPyD) como refugio liberal de los electores
desencantados del PP, y de Izquierda Unida (IU) como alternativa progresista a
los votantes exasperados de un PSOE que se muestra incapaz de recuperarse a
pesar del descrédito del PP. Pero, tanto UPyD como IU se mueven dentro del régimen
y no han planteado un programa de ruptura democrática en la perspectiva de
apertura de un proceso constituyente.
A
la deslegitimación política y a la profunda recesión económica se añade el
conflicto territorial planteado por el reto soberanista de Artur Mas. La
burguesía catalana, liderada por Jordi Pujol, fue una pieza clave en los
consensos constituyentes de la Transición que originaron ese extraño híbrido de
centralismo y federalismo denominado Estado de las Autonomías. El reto
soberanista de Convergència i Unió (CiU) dinamita otro de los consensos del
régimen. Al fin y al cabo, el Estado autonómico se diseñó para satisfacer las
reivindicaciones al autogobierno del movimiento nacionalista catalán y vasco.
Un modelo que nunca ha acabado de funcionar y que deja de tener sentido cuando CiU
rompe con este marco político-jurídico y apuesta por un proyecto
independentista.
El
régimen de la segunda restauración borbónica se forjó en la Transición cuando
los franquistas reformistas y los líderes de la oposición democrática pactaron
a puerta cerrada la Constitución monárquica.
Entonces
se hurtó a la ciudadanía el derecho fundamental a participar en un verdadero
proceso democrático constituyente tras la larga dictadura, ciudadanía a la que
sólo se le dejó intervenir en el trámite de un referéndum servido como las
lentejas, o las tomas o las dejas.
Recordemos,
además que la actual Constitución fue refrendada por los ciudadanos que son a
día de hoy mayores de 52 años. Es decir, una franja poblacional de menos del
30%. Haciendo cuentas, si sólo una
minoría de los que hoy votan tuvo la oportunidad de votar esta Constitución y
teniendo en cuenta la abstención de cerca del 30% que es habitual en todas las
elecciones, menos del 20% de la población aprobó la Carta Magna.
También
se instituyó la ominosa ley de la amnesia histórica sobre la Segunda República
y el franquismo: la única manera de legitimar una monarquía surgida del golpe
de Estado del general Franco que designó a Juan Carlos I como su sucesor en la
jefatura del Estado.
De
este modo se generó una democracia de perfil muy bajo donde la participación
popular en los asuntos públicos se reduce a votar periódicamente a los partidos
del régimen, que gozan de unas de las tasas de afiliación más bajas de Europa.
Las
demandas de regeneración democrática surgidas del 15-M y movimientos afines se
encaminaron a exigir la disolución de las cámaras y la convocatoria de un
proceso constituyente, ante la extremada rigidez de un sistema político,
incapaz de reformarse. La desproporcionada represión policial a las
concentraciones ante el Congreso de los Diputados que portaban a sus señorías
esta reclamación fue una prueba del pavor que produjo entre los guardianes del
régimen un movimiento cívico y político orientado hacia estos objetivos.
Estas
propuestas hallaron escaso eco entre los políticos en activo, excepto Sánchez
Gordillo o Julio Anguita, retirado este último del primer plano de la vida
pública, quien desde Sabadell anunció su disposición a liderar este proceso de
ruptura democrática, articulado en torno a la plataforma Frente Cívico Somos
Mayoría.
La
primera restauración borbónica demostró que la descomposición de un régimen
puede ser muy larga y lenta, mientras no se construya la alternativa política
capaz de sustituirlo.
La
confluencia de la triple crisis política, social y territorial está tensando al
máximo las cuadernas de la monarquía parlamentaria.
El
vendaval de corrupción que asola el país está tensando al máximo las cuadernas
del régimen de la Segunda Restauración borbónica. Ha llegado el momento de
aglutinar fuerzas en torno al objetivo de la apertura de un proceso
constituyente, la única manera de regenerar nuestra democracia
Ese
vendaval de corrupción, la dureza de una crisis económica que arroja a millones
de personas a la miseria o la gravedad del reto soberanista catalán expresan el
avanzado estado de descomposición del régimen y crea las condiciones, objetivas
y subjetivas, para levantar esa alternativa política en la perspectiva de
derrocar a esta monarquía manchada por la corrupción y proclamar la Tercera
República..
No hay tiempo que perder
No hay comentarios:
Publicar un comentario