A estas alturas, a ningún español capaz de razonar mínimamente sin prejuicios sectarios, le cabe la menor duda de que el PP no piensa cumplir ni un solo punto del Programa Electoral con que ganó las elecciones, sino que está haciendo y va a seguir haciendo todo lo contrario, consumando con ello la gran estafa política al pueblo español, y en especial a sus propios electores.
La guerra sin precedentes que el PP ha declarado a la mayoría de la sociedad española (trabajadores y clases medias), amenaza con destruir las condiciones de vida y trabajo, la sanidad, la educación, la vivienda y los derechos políticos y sociales de los españoles. Ante esta situación, el PP es plenamente consciente de que es completamente inevitable que la clase trabajadora, más temprano o más tarde, responda con potentes movilizaciones de masas contra este estado de cosas, contra esos ataques. Y esta reacción, que cada día ven más próxima, le lleva a plantearse medidas de corte auténticamente totalitario para evitar que el pueblo consiga impedirles su intención de llevar al país a las condiciones de vida y trabajo del siglo XIX.
El Gobierno sueña con una ciudadanía sumisa. Para conseguirlo ha elegido el camino de la fuerza. Pretende hacer una reforma legal para criminalizar toda protesta cívica ajena a sus intereses. Todo un atentado contra los derechos humanos.
El PP añora un pasado teñido de grises en el que la imposición del orden era la regla básica de la sociedad. Por ello no dudan en utilizar la coacción física y penitenciaria institucional para infundir el miedo en la población. Rajoy no quiere más protestas sociales que le hagan seguir perdiendo apoyo en los sondeos.
Además de la persecución mediática y la campaña de desprestigio contra cualquier manifestante que viene haciendo la derecha de este país desde los inicios del movimiento 15M, ahora amenazan con meter en la cárcel a cualquiera que luche por sus derechos.
Los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pretenden equiparar como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa y ¡pasiva!, y como delito de integración en organización criminal la difusión a través de Internet o las redes sociales de concentraciones que deriven en actos violentos, con una pena mínima de prisión de dos años.
El Gobierno está intentando asustar y desmovilizar la respuesta social al grave ataque a los derechos conquistados que está sucediendo en España.
Estamos involucionando como sociedad, dirigiéndonos a un sistema totalitario en el que los derechos y libertades individuales son recortados de facto a la vez que los derechos sociales y económicos se aplastan al ritmo de decretos ley.
En la práctica, la reforma que pretende llevar a cabo el PP supondría la eliminación de derechos fundamentales de la ciudadanía como la libertad de expresión o de reunión. También será la legalización y la confirmación del apoyo institucional para la brutalidad policial indiscriminada.
Los hechos no hacen más que confirmar que el sistema democrático español no es más que la expresión de dominación de los poderes económicos, políticos y mediáticos sobre los intereses de la sociedad en general y de los más desfavorecidos en particular. Sólo hay que observar quién paga los platos rotos de la crisis y quién se va de rositas. Desgraciadamente el monopolio de la violencia está en manos equivocadas.
Ante esta reforma es importante recordar el Artículo 21 de la Constitución Española:
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
El Estado español debe garantizar que las personas puedan protestar de forma pacífica, difundir información y criticar a los propios gobiernos respecto a la protección o promoción de los derechos humanos.
Estas reformas atemorizan a la población, y les impulsa a no protestar y aceptar la pérdida de Derechos Fundamentales que se impulsa desde los mercados financieros, con la complicidad de instituciones europeas, españolas e internacionales.
Aprobar leyes que fueron derogadas hace 50 años no significará mayor seguridad para los españoles, ni siquiera para los que no protestan. Significará aumentar la crispación, la protesta y objeción de conciencia ante los abusos que maltratan a las personas más débiles de nuestra sociedad.
Sres. Ministros, no apaguen el fuego con gasolina. Las Instituciones están para defender a los ciudadanos ante los poderosos, no para ayudar a los poderosos a quebrar la dignidad de las personas. Si no aceptan argumentos lógicos y razonables, al menos, lean los tratados internacionales ratificados por España, que son vulnerados por su reforma, y en cuyo fundamento podrá de ser denunciado el Reino de España por Violación de los Derechos Humanos.
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