sábado, 8 de septiembre de 2012

Trabajos Forzados para los desempleados


             
               El Consejo de Ministros ha aprobado hoy  un Real Decreto Ley que, escudándose en  el título de “medidas urgentes para paliar los daños sufridos en las personas y los bienes afectados por los incendios forestales”, viene a decretar los Trabajos Forzados para los trabajadores desempleados, a pesar de que el ordenamiento jurídico español prohíbe taxativamente los trabajos forzados, incluso para los mayores asesinos convictos y confesos. ¿Será quizás que para el gobierno de la ultraderecha la pérdida no voluntaria del empleo es el mayor de los crímenes y debe castigarse con más rigor que ningún otro?.
            En efecto, el Real Decreto Ley determina que Los desempleados solicitados por administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo obras de reparación tras un incendio, y se nieguen a realizarlo serán sancionados. Esta especie de tecnología para el chantaje convierte un derecho –la prestación, para la que hemos tenido que cotizar– en un privilegio vergonzante y, por tanto, digno de reproche social. Decretos como este pretenden infundir la sospecha sobre el trabajador que ha perdido su empleo y convertir al más débil en un gorrón
            Sin embargo, esto no es una ocurrencia del momento del gobierno Rajoy. Una de las lecturas más polémicas del Real Decreto Ley 3/2012 abre la puerta a que los parados sean obligados a realizar trabajos a la comunidad para poder mantener su prestación por desempleo para, según la ministra Fátima Báñez, evitar el fraude. He aquí uno de los meollos de la cuestión: de un plumazo, el parado deja de ser víctima de una injusticia y pasa a ser acusado de fraude, y se plantea una figura, que recuerda a algunos castigos ejemplarizantes del Código Penal de 1995 . De este modo, Ana Botella podrá tener los “trabajadores gratis” (ella decía “voluntarios”) que pedía en el mes de febrero para encargarse de servicios municipales como bibliotecas o polideportivos. Las administraciones podrán poner en la calle a los barrenderos y reemplazarlos con parados, a los que no tendrán que pagar un chavo. A lo mejor el ayuntamiento despide a los conserjes del polideportivo y, como parados, éstos podrán ser puestos a trabajar gratis para el ayuntamiento… y tal vez en el mismo polideportivo y en el mismo puesto, sólo que ahora a cuenta del INEM. Y lo mejor de todo es que mientras estén haciendo esos “trabajos sociales”, en lugar de generar derecho a prestación por paro (que es lo que sucede cuando estás trabajando), ¡lo estarán consumiendo!.
            Las palabras del presidente de la CEOE, Joan Rosell, insinuando que los parados encuentran empleo “milagrosamente” un mes antes de agotar la prestación colman el vaso, al abundar e incidir en esta idea que nos quieren vender del parado como defraudador.
            Como siempre, los poderes fácticos (la Iglesia, la banca, la CEOE, cierta Judicatura, la milicia y algunos funcionarios) siempre se salen con la suya contra el más débil, aunque según la jauría los culpables son los “progres estalinistas”. Son tan estúpidos que piensan que a ellos y sus hijos no les va a tocar esta sangría laboral. DE LA ESCALADA DE BENEFICIOS (de los más ricos y ciertas empresas) Y DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, NI UNA PALABRA, a pesar de haberse acordado su control en el 2º Acuerdo por el Empleo, entre sindicatos y patronal. Tanto como criticaban al gobierno anterior, pero ahora sí es normal convocar a los agentes sociales a través del BOE.
           
            Los que dicen amar a España han decidido definitivamente que somos un país del tercer mundo y que lo que debemos hacer es competir en condiciones laborales de esclavitud con China y demás. Desde ese punto de vista lo de recortar en educación, ciencia e I+D tiene todo el sentido del mundo. Nos espera una larga carrera hasta el fondo. Bendito patriotismo.
            En efecto, las primeras medidas relacionadas con el empleo tomadas por el gobierno de la extrema derecha en España han ido encaminadas a la destrucción de empleo. Lo que deberían ser los nuevos yacimientos de empleo, hacia los que deberían dirigirse todos los esfuerzos, han desaparecido o se han congelado.
            Se ha paralizado la Ley de Dependencia. Esta Ley, que además de atender a las personas dependientes, iba encaminada a crear cientos de miles de puestos de trabajo en el sector, al paralizarse, no sólo va a dejar de atender a nuevos dependientes y a crear nuevos puestos de trabajo, sino que además, al ir falleciendo los beneficiarios, eliminará el empleo de los que actualmente les atienden. Además, provocará que muchas mujeres, que siguen siendo las que en mayor medida se dedican al cuidado de sus mayores, no puedan incorporarse al mercado laboral, volviendo a ser un colectivo castigado por la extrema derecha en España.
            Se han paralizado las ayudas a las energías renovables. Este sector estratégico estaba creando cientos de miles de puestos de trabajo, muchos de ellos ocupados por trabajadores de la construcción en situación de desempleo. Paralizar este sector es paralizar el futuro energético nacional, obligándonos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles del exterior, o lo que es más grave, nos obligará a mantener centrales nucleares que han terminado su vida útil, con el peligro que representa. En el empleo, que es lo que ahora analizamos, dejaremos de ser un referente mundial en energía eólica, y dejaremos de avanzar en energía solar. Perderemos miles de puestos de trabajo en el sector, y no se crearán los miles que se deberían crear si se mantuvieran las ayudas.
            Se han paralizado y recortado las ayudas a los proyectos de I+D+i, especialmente los relacionados con la investigación. El “que inventen ellos” se vuelve a repetir de nuevo con la extrema derecha en el poder. Nuestros investigadores están yendo al paro por miles, y los universitarios ya saben que en España no encontrarán trabajo en la investigación, el desarrollo o la innovación.
               Se ha congelado el salario mínimo interprofesional, (y posiblemente se reduzca en breve plazo, tal como exige el BCE para  dar luz verde al rescate) lo que no sólo afecta a los que actualmente cobran ese salario, sino que va a afectar, como veremos más adelante, a todos los trabajadores. Pero si el temor, hasta ahora, era que el gobierno de la extrema derecha destrozara el futuro de lo que se conoce como “nuevos yacimientos de empleo”, para volver al modelo de crecimiento gracias a la construcción, este temor se vuelve pequeño ante la voluntad de convertir a los trabajadores en esclavos mediante la reforma laboral.

            Esta reforma trata de devaluar la economía a base de tres principios: principio de rebaja salarial hasta convertir al trabajador en un mueble de coste cero. Principio de dependencia, consistente en rebajar sus condiciones hasta el esclavismo. Si no estás de acuerdo con el empresario o eres incómodo, sindicalista o protestón, a la calle. Principio de revisión del estado de bienestar: Se trata de acabar con todo lo público para dedicar el dinero del estado a ayudar a los amigos privados.
            Esto crea un serio problema que es el del consumo. A menores salarios, menor consumo y a menor consumo, más paro. Es algo que deberíamos haber aprendido de Grecia. Sin embargo insisten porque detrás hay algo mucho más gordo: se trata de rebajar en la mayor parte de la Unión las condiciones laborales a los niveles de jornadas de 16 horas, sin vacaciones y sin tiempo libre. Todo por y para el trabajo. De ahí que cuando eso esté realizado ya no hagan falta ni hospitales ni escuelas públicas. El trabajador será tratado como un simple bien mueble más que cuando se rompe, se tira y se sustituye por otro.
            Para añadir una idea: los sindicatos y todas las fuerzas que se oponen a esta contrareforma laboral deberían defender el derecho a la existencia de toda la población. Con crisis o sin ella, con déficit o con superávit, el primer derecho debe ser el de la existencia. Aunque fueron dichas hace más de dos siglos, las palabras al respecto de Robespierre siguen siendo, desgraciadamente, de rigurosa actualidad:
            “¿Cuál es el primer fin de la sociedad? Mantener los derechos imprescriptibles del hombre. ¿Cuál es el primero de esos derechos? El de existir. La primera ley social es, pues, la que asegura a todos los miembros de la sociedad los medios de existir; todas las demás se subordinan a ésta; la propiedad no ha sido instituida, ni ha sido garantizada, sino para cimentar aquella ley; es por lo pronto para vivir que se tienen propiedades. Y no es verdad que la propiedad pueda jamás estar en oposición con la subsistencia de los hombres.”
            Algo que el gobierno del PP (y tantos otros en el mundo actual) parecen entender exactamente al revés. Para ellos, la propiedad no solamente es el primer objetivo a mantener y engrandecer sino que debe serlo aunque esté “en oposición con la subsistencia de los hombres".
            En los próximos días y semanas nos jugamos nuestro futuro como personas, como trabajadores, como sociedad. En los próximos días y semanas debemos decidir si queremos ser esclavos o si aún tenemos dignidad.

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