O cómo acabar de una
vez por todas con las pensiones públicas
Todo
crimen tiene un móvil. Para descubrirlo y, de paso, desenmascarar a sus
responsables solo hay que seguir el rastro del dinero. En este caso, es difícil
encontrar un botín más atractivo. En España, los actuales planes de pensiones
privados llevan ahorrados 109.244 millones de euros, una décima parte del PIB.
Un monto que representa, sin embargo, una minúscula muestra de lo que podría
ser el negocio de las pensiones para los grandes bancos y aseguradoras si
desaparece su principal competidor: las pensiones públicas. Ya lo han hecho en
muchos países de América Latina. Ahora quieren terminar en España el trabajo
iniciado.
La
estrategia utilizada por los lobbies de los planes de pensiones no puede ser
más vieja: convencer de que el sistema público no tiene futuro, y garantizar
que no lo tenga, dejándolo sin recursos, de forma que la primera previsión se
cumpla.
Los
lobbies y think tanks de la banca y las aseguradoras, titulares de la mayoría
de los planes de pensiones, han conseguido convertirse en la referencia a la hora
de describir el futuro de las pensiones públicas. Y también a la hora de
influir en las leyes que definen su futuro. Una figura que sirve de ejemplo del
vínculo entre los fondos de pensiones privados y el futuro del sistema público
es Rafael Doménech, subdirector de la Oficina Económica del presidente del Gobierno
con José Luis Rodríguez Zapatero y actual responsable de análisis
macroeconómico del BBVA, entidad que lidera el mercado de las pensiones
privadas en España y buena parte de América Latina.
En
2013, Doménech fue seleccionado por el Gobierno de Mariano Rajoy como uno de
los 12 ‘sabios’ que definieron el llamado ‘factor de sostenibilidad’, es decir,
cuánto se recortarán las pensiones a partir de 2019 para compensar que
viviremos más años. De entre la docena de expertos, la mayoría estaba vinculada
con bancos o aseguradoras y solo tres tenían una visión distinta a la del
Gobierno.
Es
también el caso del presidente de esta comisión, Víctor Pérez-Díaz, vinculado
con FAES, la Fundación Caixa Galicia o Unespa, la patronal de las aseguradoras.
Actualmente, en el Congreso se dice que Doménech pasa más tiempo allí que
algunos ministros.
A
través de think tanks como Civismo, Fedea o IEE —el grupo de estudios de la CEOE—,
mediante páginas web ‘blancas’, contenido patrocinado, gabinetes de estudio, encuestas,
seminarios y tertulianos en medios de comunicación, el lobby de las pensiones
privadas defiende su principal tesis: ante la persistencia de la crisis y el
envejecimiento de la población, se debe aumentar la edad de jubilación, recortar
las prestaciones y apostar por vías alternativas de ahorro, es decir, por planes
de pensiones privados.
Estos
grupos de presión también han hecho lo imposible, con buenos resultados hasta
ahora, por mantener fuera de la agenda política la propuesta de financiar las
pensiones por otras vías, a través de los presupuestos generales del Estado, como
ocurre con otros gastos sociales y en otros países europeos. La otra opción defendida
por diversos sectores sociales para asegurar el futuro de las pensiones públicas
—aumentar los salarios o las cotizaciones por parte de las empresas— permanece
todavía más relegada por el lobby que quiere dejarte sin pensión y que tengas
que contratar otra con un fondo privado, si puedes permitírtelo.
No
basta con asustar, aunque ayuda. La noticia de que 2016 había terminado con el
déficit más abultado de la historia de la Seguridad Social —unos 19.000
millones— dio buenos titulares al lobby de las pensiones privadas. El “saqueo”,
como lo llama la Marea Pensionista, viene de lejos.
En
el año 2000, momento de excedente presupuestario, el Gobierno de José María
Aznar creó la llamada ‘hucha de la pensiones’, un fondo de seguridad en
previsión de tiempos peores. Para prevenir malos usos en el futuro, el Gobierno
fijó en un 3% el límite del que se podría disponer en caso de necesidad.
En
2012, el fondo de reserva llegó a su máximo, con 65.000 millones de euros. Ese
año, el mismo en el que Luis de Guindos anunciaba el rescate bancario por una
suma equivalente, el presidente Mariano Rajoy suspendía ese límite y decretaba
que el Gobierno podría disponer en adelante de este fondo, sin más trámite que
una notificación previa al Congreso.
A
partir de entonces, el Gobierno del PP ha retirado una media de 13.500 millones
de euros cada año. En diciembre de 2017 apenas quedaban 8.000 millones, lo
justo para pagar una mensualidad más. La principal causa de este déficit en las
arcas de la Seguridad Social es el aumento del gasto en pensiones por el
envejecimiento de la población. Un factor casi tan determinante como la caída
de los ingresos de las cotizaciones sociales, con las que se financia todo el sistema
público, un fenómeno fácilmente explicable por la crisis, el paro y las más de
dos millones de personas que tuvieron que dejar el país por razones económicas.
Tampoco ha ayudado que la “recuperación” de la que habla el Gobierno se haya
cimentado en los bajos salarios, con una caída media del 12,8%, y en el empleo
precario, con el doble de contratos temporales que en 1995.
Las
plataformas de defensa del sistema público defienden que lo que está en crisis
es el Pacto de Toledo, firmado en 1995, no las pensiones públicas. “Es mentira
que haya alguna razón para pagar las pensiones con las cotizaciones”, afirma
Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco.
La economista Elena Idoate critica desde el seminario de economía Taifa la excepcionalidad
de las pensiones públicas: “No hay ninguna otra partida presupuestaria que esté
vinculada a una determinada fuente de financiación.
¿Por
qué preocupa el equilibrio presupuestario de las pensiones, y no el de la Monarquía,
el Ejército o la Policía?”.
Desde
inicios de la crisis, el lobby de los planes de pensiones incrustado en el Gobierno
ha encontrado en la Comisión Europea un aliado ideal. Frente al desfase entre
los gastos e ingresos de la Seguridad Social, la receta de los sucesivos gobiernos
ha sido recortar prestaciones y alargar el tiempo de trabajo necesario para
acceder a una pensión en vez de abordar la caída de los ingresos del sistema público
con políticas redistributivas.
En
2010, el ultimátum de las instituciones europeas al Gobierno de Zapatero llevó
a la congelación de las pensiones contributivas y, un año después, a la ley de
reforma de la Seguridad Social, que retrasaba la edad de jubilación de 65 a 67
años, entre una batería de medidas que hacían mucho más complicado acceder a
una pensión o a cobrar la pensión máxima.
En
2013, Rajoy ponía las cosas todavía más difíciles con el Real Decreto 5/2013, que
endurecía las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. Y para quienes
ya cobraban una pensión, el PP garantizó ese mismo año, mediante la Ley
23/2013, una merma constante de su poder adquisitivo al desvincular la
actualización de las pensiones de la inflación.
Gracias
a las reformas de las pensiones realizadas por Zapatero y Rajoy en 2011 y 2013,
los pensionistas han perdido 1.200 millones de euros solo en 2017, una media de
200 euros por cada uno de ellos. La introducción del factor de sostenibilidad a
partir de 2019 supondrá que “se cobrará menos al mes pero durante más años”,
afirma una de las web de pensiones del BBVA.
Después
de comparar los sistemas de todos los países europeos en su informe Las
pensiones en España, el catedrático Zubiri concluye que el PP “ha introducido unos
de los ajustes por envejecimiento más severos de la UE”. El think tank de la
patronal, el IEE, recomendaba hace un año aumentar la edad de jubilación a 70
años para “salvar” las pensiones. Si los planes de pensiones fueran lo que
cuenta el aparato de comunicación de la banca y las aseguradoras, pasarse a uno
de esos fondos quizá no sea tan mala idea. Ese es el problema.
El
caso argentino es revelador. En 1994, con la recomendación del FMI y el Banco Mundial,
el Gobierno de Carlos Menem impulsó la privatización del sistema de pensiones,
siguiendo el modelo chileno, el mismo que sirve hoy de ejemplo en España. Una
de las tres entidades más beneficiadas por esta operación fue la filial del BBVA,
Consolidar, que se quedó con el 14,1% del mercado. Un negocio con grandes ventajas
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