Más de un millón de personas en España han sido víctimas de las estafas de las participaciones preferentes, según cálculos de la asociación de consumidores ADICAE. Se trata de uno de los engaños más dramáticos y masivos que han cometido las entidades financieras, bancos y cajas de ahorros, en los últimos años. Para hacerse una idea de la magnitud basta saber que en mayo de 2011 había en España un total de 22.000 millones de euros «invertidos» en estos productos financieros.
La trampa puede explicarse de forma sencilla. Todo banco o caja de ahorro está obligada legalmente a cumplir unos requisitos de capital, es decir, necesita tener dinero suficiente para evitar problemas de solvencia y la quiebra de la entidad. Para ello puede emitir acciones o, si lo prefiere, puede emitir unos títulos jurídicamente parecidos, pero que no comportan capacidad de decisión sobre los negocios de la entidad. Dentro del conjunto de esas otras posibilidades se encuentran las acciones o participaciones preferentes (acciones si es un banco, y participaciones si es una caja quien emite), que son en realidad productos perpetuos, esto es, contratados de por vida. Quien compra una participación preferente recibe cada año un interés alto en comparación con otras fórmulas de ahorro –tales como depósitos o fondos de inversión– pero no puede sacar el dinero del banco salvo que éste voluntariamente lo permita..
Pero eso es la teoría. Cuando la banca y las cajas se vieron obligadas a ampliar este capital de seguridad, se encontraron con que los grandes inversores (perfectos conocedores del producto) se negaron a comprarlos. Ante esta situación, los directivos de las entidades financieras ordenaron a sus empleados que realizaran todos los contratos posibles entre los pequeños ahorradores (desconocedores del producto). Y ahí entró la capacidad de engaño y «persuasión» de muchos empleados bancarios, quienes en gran número de casos lo hacían presionados desde arriba o con pleno desconocimiento de las implicaciones reales que conllevaban tales contratos. En cualquier caso, estos productos de vida ilimitada eran presentados como extraordinarias fórmulas para hacer más dinero del habitual, y se vendían mayoritariamente a personas de avanzada edad que buscaban mantener en sitio seguro los ahorros de toda la vida. La mayoría de estos clientes asegura, de hecho, que el banco o caja les recordaba que podrían sacar el dinero cuando desearan. Pero cuando quisieron hacerlo, asustados por la crisis o por necesidad, las entidades financieras les negaron esa posibilidad.
Hay incluso casos en los que tales contratos se realizaron con personas analfabetas, quienes firmaron usando su huella dactilar y desde luego empujados por la confianza que tenían en el empleado de la entidad financiera. Eran, en realidad, el último eslabón de una cadena que permitía a bancos y cajas cumplir con la regulación y poder mantener en niveles altos su actividad especulativa en la burbuja inmobiliaria.
De un modo muy simplista, se puede decir que fueron nuestros mayores (jubilados y pensionistas) con su buena fe y dinero los que por primera vez rescataron a la banca española.
Presionados por las movilizaciones sociales, las entidades han ido convirtiendo las participaciones preferentes en depósitos a largo plazo. No obstante, a veces en depósitos a 10 años ofrecidos a personas de más de 80. Pero aún quedan más de 5.000 millones de euros atrapados en fórmulas perpetuas.
Hasta donde yo sé, ADICAE y alguna otra asociación, están intentando encauzar las reclamaciones, a la vez que negocian con las entidades, por ver si pueden recuperar algo. Queda la vía judicial, civil o penal, a la que auguro un larguísimo tránsito por los tribunales y una resolución, que sea cual sea, no resolverá, por su tardanza, casi ninguno de los problemas que ha ocasionado la estafa.
Yo sería más partidario de la siguiente estrategia (que no impide las otras): Presentaría, individualmente o en pequeños grupos, querellas criminales por estafa contra la persona física que directamente colocó los productos, directamente contra el interventor o el director de sucursal que vendió a cada uno de los clientes estos activos, a las personas que cobraron buenas comisiones por la venta del producto/estafa.
Estoy ya muy harto de aquello que se esgrime como defensa propia: “yo solo cumplo con mi trabajo”, sea este detener inmigrantes, estafar a jubilados, apalear manifestantes. Que cada uno asuma la responsabilidad de sus propios actos y que después, si se comprueba que hubo obediencia debida, desconocimiento, miedo justificado, o lo que sea, que se aplique la correspondiente eximente o las atenuantes, siempre a cambio de colaborar en el esclarecimiento de los hechos y en la localización de los responsables medios y últimos de la estafa.
En cualquier caso, y como desgraciadamente es costumbre en este país, nadie se ha responsabilizado de esta estafa. Los reguladores (El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores –CNMV-) se lavan las manos asegurando que hicieron lo que las leyes dictaban –revelando la insuficiencia legislativa– y los directivos de las entidades financieras aseguran que no son culpables. Usaron y engañaron a los pequeños ahorradores para satisfacer su ambición especulativa y su infinita avaricia, pero las leyes les siguen protegiendo.
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