BORBONEANDO ENTRE EMERITOS Y “PREPARADOS”

El penúltimo escándalo del rey emérito, por el cual su amante oficial durante muchos años reconocía en una filtración de conversaciones, su papel de intermediaria en las actividades comisionistas de aquel, añade otra gota al ya colmado vaso de este país. Por mucha presunción de inocencia que podamos tener, es evidente que las líneas de implicación de la familia real en los negocios fraudulentos a gran escala no se cierran con la sentencia condenatoria del yerno díscolo, Iñaki Urdangarin, otrora Duque de Palma por casamiento con la infanta Cristina.

Está claro que el nombre de la empresa, Nóos, objeto de la condena, en realidad se tendría que leer como el plural mayestático Nos, usado por reyes y Papas para vincular su figura a la institución que representan. Por otro lado, el intento de colocar el cortafuego en el yerno, dejando a su esposa Cristina como una mera ama de casa ignorante de la proveniencia del tren de vida familiar se desmorona ante la confesión de Corinna, dejando de manifiesto la pinza acusatoria sobre el penúltimo borbón y por extensión, a su hijo ahora rey.

Pero esta forma campechana de convertir la piel de toro en una oficina de cobro de comisiones, y a su familia en empleados a comisión, no era una novedad, ya que tenía sus antecedentes, también se sabe ahora, conocidos a través de la carta que le dirigió JC I al entonces Sha de Persia en 1978 para pedir apoyo económico a la campaña electoral de Adolfo Suarez. De esta manera, el monarca rompía ya al inicio de su reinado la figura de neutralidad y arbitrio político que se suponía había de tener, y que sancionaba la bisoña constitución recién salida de la imprenta, pero que se asociaba más al falsamente jocoso termino coloquial de “borboneo” con el cual se han conocido las actividades y maniobras del penúltimo borbón. Además de sus sospechosas relaciones “familiares” con todas las monarquías sátrapas (Arabia Saudí, Marruecos, etc)

Ya en este nuevo siglo el cambio de banquillo en el equipo de la flor de Lis no ha dado los frutos que se hubiera esperado de este último borbón al que se supone se le “preparó” a conciencia. El contundente discurso de Felipe VI con posterioridad a los sucesos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, no dejaron ni orgullo, ni satisfacción, más bien todo lo contrario, por ser una vez más el reflejo de una opción partidista y no un llamamiento a la conciliación de las partes en conflicto.

Son ya casi 300 años de frustrante relación de la ciudadanía con esta dinastía anacrónica, repletas de desencuentros, expolios y traiciones, y no han sido suficientes para dar a esta por finalizada. Pronunciamientos, guerras civiles fratricidas, golpes de estado, muertos y exiliados, dos repúblicas frustradas y dos restauraciones no parecen ser bastante para formalizar definitivamente el divorcio con los herederos de Felipe V.

En este primer tramo del siglo XXI estamos viviendo sucesos que recuerdan las corruptelas y maniobras políticas de la otra Cristina, de Borbón y dos Sicilias, madre de Isabel II, que provocaron su primer exilio en 1840 y las revueltas de 1854. Pero se la recuerda por sus negocios a costa del dinero público, la fuga de capitales al extranjero y el entonces lucrativo comercio de esclavos.  Pero la corrupción no tuvo su final con la expulsión de esta, sino que su hija le dio una continuidad hasta la revolución de 1868, y que la restauración, tras la efímera I República, tampoco frenó hasta el reinado de Alfonso XIII. No hay uno solo de los miembros de la estirpe, ya desde Carlos IV, que no haya dado muestras suficientes para demostrar que algo no funciona con la flor de Lis.

Estos años, desde que empezara la crisis económica en 2011, han puesto de relieve la fractura del régimen del 78. Los tres poderes puestos en duda por la ciudadanía ante el diktat de Bruselas en pro de políticas austericidas, la desigual forma de dictaminar sentencias y el peso de las mismas, la judicialización progresiva de la política y en su forma de ejercerla, el abandono a su suerte de las clases más desfavorecidas ante el acoso de bancos y eléctricas, el mismo rescate de esa banca con dinero público a fondo perdido, y la corrupción que contamina toda la estructura sobre la que se fundamenta el Estado desde municipios, diputaciones, CCAA y gobierno central son factores que han sobrepasado los límites de resistencia del estado fracturándola incluso en su propia concepción, al no haberse dado solución al problema de encaje de los territorios históricos y para el que el sistema autonómico fue solo una solución sujeta a las olas centrifugas y centrípetas del contexto electoral.

Un régimen que fundamentó su último acto de supuesta regeneración en la moción de censura de junio pero que ha demostrado su carácter continuista al frenar cualquier investigación sobre las últimas revelaciones sobre JCI. Y cuando aún no nos habíamos recuperado de la impresión de la moción de censura exprés, el ultimo Ministro de Justicia de Rajoy firmaba la sucesión al título de Duquesa de Franco, concedida en su día por el emérito a tan insigne familia, a la ahora sucesora, la “nietísima” del dictador quien su a vez le nombró heredero y garante de los principios del Movimiento. Cerrando así el círculo de premios, lealtades y fidelidades entre la dictadura y la estirpe borbónica restaurada.

Ante esta situación de colapso no es posible pensar de otra forma que no sea la ruptura que no se gestó en 1976 en beneficio de una reforma pactada. La presión a la que se vio sujeta la población española por las fuerzas vivas del extinto régimen dictatorial, el contexto internacional que no dejaría jamás que se repitiera una revolución como la de abril del 74 en Portugal, unos medios de comunicación totalmente escorados hacia la opción borbónica, y el pasado presente de la confrontación civil fueron suficientes para que la propuesta rupturista no se pudiera materializar.

Por esa razón, las fuerzas sociales de espíritu republicano deben unirse en la consecución de esa ruptura no solo con el régimen reformista del 78, sino con el sistema que lo sustenta y con una estirpe anacrónica y tóxica hacia la ciudadanía desde su implantación en 1700. Deben unirse para organizar un referéndum vinculante que ponga punto final a esta situación insostenible y que permita decidir la forma de gobierno que deseamos.

Hemos de recuperar los valores y el espíritu de las dos repúblicas que nos precedieron, haciéndolos nuestros y que a través de un proceso constituyente en el cual participe la ciudadanía, se reflejen en la transformación de nuestra sociedad. Una sociedad que habrá de ser igualitaria, fraternal y libre, y en la que nadie se sienta excluido, marginado o perseguido. Una sociedad laica, solidaria, pacifista y ecologista, libre de fronteras físicas o mentales y donde se respete y proteja el derecho de asilo y acogida.