Tras
dos reformas que han reducido la capacidad adquisitiva de los y las
pensionistas y han retrasado la edad de jubilación, nos quieren volver a meter
el miedo en el cuerpo con la insostenibilidad de las pensiones. De nuevo
estamos sometidos a una fuerte ofensiva que nos dice que cada vez vamos a ser
más las personas mayores y menos las jóvenes. El famoso problema demográfico.
Más para cobrar y menos para trabajar. Por lo tanto, el sistema es
insostenible. ¿Solución? Planes de pensiones privadas para complementar las
públicas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?
La
situación no es nueva. En los años 90 del siglo pasado también tuvimos una
fuerte ofensiva en el mismo sentido. Y con el mismo argumento: el problema
demográfico. Se iban a hundir las pensiones públicas y teníamos que hacernos
planes privados. A nosotros nos prometían supuestas ganancias, mientras que
ellos se aseguraban suculentos beneficios con las comisiones de gestión: 1.830
millones al año, según Edmundo Fayanas. ¿Y en qué han quedado nuestras
ganancias? De acuerdo a los datos de Fayanas, los planes de pensiones
invertidos en renta variable se revalorizaron una media de 1,36%, y los de
renta fija un 1,25%. Pero, como a esa rentabilidad hay que restar un 0,8% de la
comisión de gestión y el efecto de la inflación, tenemos que, según la OCDE, la
rentabilidad media ha sido de un -0,9% para el período 2008-2012. El único
aliciente de los planes de pensiones, según Adicae, es la desgravación fiscal.
Pero
en realidad, esa desgravación es más bien un aplazamiento del pago de
impuestos, ya que cuando rescatas el dinero de tu plan, tendrás que pagarlos.
Hasta la Unión Europea exige que se eliminen estas desgravaciones fiscales
debido a su nula rentabilidad social. La consecuencia de todo esto es que, en
cuanto surge la crisis del 2008, se va dejando de hacer planes privados. No han
logrado que estos fondos despegaran aquí. Sin embargo, de nuevo vuelven a la
carga.
Pero
antes de la crisis hubo una burbuja financiero-inmobiliaria, a consecuencia de
la cual el paro bajó, se creó empleo, el consumo creció… y el endeudamiento
creció mucho más. Sobre todo el de los bancos y empresas; pero también el de
las familias. ¿Y el cacareado problema de las pensiones? Se difuminó. El Fondo
de Reserva llegó hasta los 67.000 millones de euros en 2011. Y, según Albino
Prada, de ATTAC, ese Fondo de Reserva sería ahora de 519.000 millones de euros,
si en el pasado los sucesivos gobiernos no hubieran realizado transferencias al
Estado desde los superávits del sistema de Seguridad Social para sostener la
sanidad y otras políticas públicas. ¿Y qué fue del gravísimo problema
demográfico? Pues, que vinieron 6 millones de inmigrantes y adiós problema
demográfico.
Aunque
es cierto que cada vez somos más las personas mayores y que la tasa de
natalidad es demasiado baja –también habría que cambiar las políticas actuales
para solucionar este problema-, todavía tenemos un amplio margen de crecimiento
del porcentaje del PIB destinado a pensiones si comparamos con la situación y
perspectivas de otros países europeos. La amenaza para la sostenibilidad de las
pensiones no es demográfica sino política: las políticas que impiden tener un
empleo suficiente y de calidad.
Decía
que vuelven de nuevo a la carga induciendo el miedo con la insostenibilidad de
las pensiones públicas y tratando de convencernos de que hay que bajar el poder
adquisitivo de los y las pensionistas, atrasar la edad de jubilación, fomentar
los planes privados… Pero analicemos brevemente estas dos últimas políticas.
Atrasar la edad de jubilación es un enorme contrasentido. Tenemos 4,3 millones
de personas en paro y se retrasa la edad de jubilación, se aumenta la jornada y
las horas extras, y se precariza el empleo. ¿Resultado? Gran parte de la
juventud no tiene trabajo, cada vez tenemos peores condiciones de jubilación y
también es cada vez peor el empleo para quien tiene la suerte de tenerlo. Todas
y todos, mal.
Si
importaran las personas, las políticas serían justo al revés: fomento de empleo
de calidad, salarios más altos, topes a los chantajes con la deslocalización de
empresas, reparto del trabajo con criterios de solidaridad, apoyo a autónomos y
pequeñas empresas, políticas de redistribución vía fiscalidad y servicios
públicos… Contra toda lógica social y económica, se concentra el empleo en
lugar de repartirlo, se bajan salarios y se precariza el empleo cuando se
necesita más demanda, se implementan políticas que reducen cotizaciones y
recaudación cuando se necesitan más ingresos.
¿Y
qué pasa con el fomento de las pensiones privadas? Pues lo mismo: las únicas
que ganan son las entidades financieras. Ya hemos visto el resultado que están
dando en el Estado español. Chile lleva sufriéndolas unas cuantas décadas. Es
la base de su sistema de pensiones, ya que apenas tienen pensiones públicas
desde Pinochet (menos del 10%). Pues bien, según Edmundo Fayanas, el 91% de las
pensiones privadas chilenas cobran solamente 330 dólares, la mitad de su
salario mínimo. Esto, traducido a España, sería unos 350 euros mensuales,
subida reciente del salario mínimo incluida.
Las
pensiones públicas deberíamos defenderlas con uñas y dientes, todas las
personas: mayores, jóvenes y maduras. Porque si no lo hacemos, cada vez estarán
peor. Son viables y, si fuera necesario en algún momento, están los
presupuestos del Estado para aportar la financiación complementaria necesaria.
Pero hay que hacer que el sistema actual de solidaridad intergeneracional
funcione. Y para eso es necesario aplicar políticas de empleo, salarios,
cotizaciones, impuestos… que sean adecuadas para tener empleo suficiente y de
calidad, y también para tener unas pensiones dignas y una renta garantizada
digna para quienes la necesite. Insisto, el problema no es demográfico. Si las
personas nativas en edad de trabajar no son suficientes, vendrán personas de
fuera. Como ya sucedió en los 90 y en los primeros 2000.
¿Preocupación
por las pensiones? Depende. Si seguimos apoyando a fuerzas políticas que
aplican políticas de austeridad, que realizan reformas que nos llevan al paro y
a la precariedad, que ponen las políticas de promoción de empleo en último
lugar, que implementan políticas regresivas de fiscalidad, que fomentan ayudas
a las empresas vía reducción de cotizaciones y que impulsan los planes de
pensiones privados, entonces sí que nos debemos preocupar seriamente por las
pensiones públicas. Pero, si nos implicamos social y políticamente y obligamos
a cambiar las actuales políticas, no tendría por qué haber motivos de
preocupación.
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