Hace 93 años que se proclamó la Segunda República. En este aniversario, como lo he hecho en otras ocasiones, durante el mes de Abril, dedicaré mi pensamiento a este Sistema político democrático que se frustró por un golpe de Estado militar y una dictadura fascista. Hoy, la monarquía atenta contra la democracia participativa; no premia las capacidades, sino la herencia de la sangre. Soy republicano por sus principios y valores; por convicción.
Ya
me he referido a este tema, pero un año más no puedo sustraerme a no
recordarlo. El modelo republicano debe ser políticamente abierto, participativo
y por tanto democrático; un modelo en el que la ciudadanía sea crítica y
responsable; un modelo sustentado por principios y valores de libertad, igualdad
y justicia social; y que éstos sean blindados por la Constitución, para evitar
que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del propio Estado
republicano.
Grandes
esperanzas había despertado la proclamación de la República aquel 14 de abril
de 1931. El rey Alfonso de Borbón había abandonar precipitadamente España
suspendiendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real, tras conocer los
resultados de las elecciones municipales, celebradas dos días antes.
España
se constituyó como Estado integral, compatible con la autonomía de municipios y
regiones. Se estableció la separación de poderes: el poder legislativo recayó
en un Congreso unicameral; el ejecutivo, bajo control parlamentario, en el
Consejo de ministros y el presidente de la República; y el poder judicial en
jueces independientes. Se abrió la posibilidad de expropiación y
nacionalización por motivo de utilidad social. Se incorporó una amplia
declaración de derechos y libertades. Se reconoció el matrimonio civil y el
divorcio. Se reconoció el derecho de voto para los mayores de 23 años y, por
primera vez en la historia, el derecho de sufragio a las mujeres; y se declaró
la separación entre Iglesia y Estado.
Con la proclamación de la República se abrían inmensas perspectivas de cambios políticos, económicos y sociales, pospuestos durante decenios. Se iniciaron las reformas políticas necesarias, mediante un cambio profundo de las estructuras sociales, económicas y culturales, para poner a España en la senda de la modernidad. Poco tiempo duró todo. El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la guerra que provocó, rompieron la esperanza.
El
sistema político republicano moderno, se identifica con un sistema de valores,
como expresión de la voluntad libre y soberana de la ciudadanía: el pueblo se
gobierna a través de representantes elegidos democráticamente y la igualdad de
oportunidades como esencia de sus principios. En este sistema, la jefatura del
estado también es elegida, y no hay rey o líder que guíe, arbitre o gobierne;
no hay persona o figura que esté por encima de la ley, ni irresponsable ante
ella.
A
lo largo de la historia, el concepto y la idea republicana han evolucionado,
pero hay un hilo conductor: el pueblo que se autogobierna y protege la
libertad, como acto contrario a la dominación. Se fundamenta en el derecho y el
imperio de la ley, y todos iguales ante ella; la igualdad de oportunidades como
esencia democrática; la participación ciudadana, como marco de referencia; los
derechos civiles y la transparencia, como oposición a la corrupción política.
Una república en sí misma, no es garantía de bienestar o de democracia; son sus valores los que dan carácter al modelo y la ejemplaridad de los servidores públicos. Son las garantías para ejercer los derechos los que dan la dimensión exacta del sistema. Una monarquía (parlamentaria o constitucional) puede ser democrática en su ejercicio, si el pueblo así lo ha decidido, pero la monarquía, que es un símbolo que transmite su poder por la herencia de la sangre, está muy alejada de los principios de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. La monarquía es antidemocrática por naturaleza, opaca por convicción, y alejada de los intereses de la ciudadanía.
El
acceso a la jefatura del estado, como a cualquier otro órgano de representación,
no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática
elección ciudadana. «Las magistraturas vitalicias, y más aún las hereditarias,
dificultan el fácil acomodo de las personas que ejercen cargos de esa
naturaleza a la voluntad del pueblo en cada momento histórico», decía Luis
Gómez Llorente (Socialismo y República). Ninguna generación puede comprometer
la voluntad de las generaciones sucesivas; son éstas las que deben proyectar su
futuro libremente, sin ataduras del pasado.
En
el republicanismo se conjugan las ideas de honestidad, integridad, honradez,
lealtad y justicia en el gobierno de la cosa pública. Esta idea está entroncada
en la filosofía de la república griega y romana, pasando por Maquiavelo; está
presente en la «Revolución Francesa», en los pensadores antimonárquicos
ingleses del siglo XVII y la Ilustración radical. Los padres de la constitución
americana la llevaron a los altares del liberalismo. El mejor gobierno es el de
la ciudadanía para sí misma.
Podría parecer que la Constitución española está inspirada en estos principios y hechos históricos, pero no es cierto. El modelo español, sigue el hilo de la evolución de la monarquía absoluta: el rey es el que va cediendo su soberanía procedente de «dios»; no es el pueblo soberano quien otorga el mandato del poder. La Constitución española declara que la soberanía nacional reside en el pueblo y que de él emanan los poderes del Estado. La monarquía parlamentaria a la que refiere la Constitución, fue instaurada por Franco, mediante las leyes fundamentales.
En
el artículo 56.3 se dice que La persona del Rey es inviolable y no está sujeta
a responsabilidad. El rey se sitúa por encima de la ley, no está sujeto a su
mandato, y por tanto encima de todos los españoles. Sin hablar de los
comportamientos –incluso los criminales–, que no quedan sujetos a las leyes que
a todos nos afectan. Por encima queda, cuando se dice que La Corona de España
es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo
heredero de la dinastía histórica –hoy encarnada en Felipe VI y su
descendencia–; es decir: es heredera de la monarquía absoluta de Fernando VII y
sus antecesores imperiales, la irresponsabilidad de Isabel II, la caciquil de
la Restauración y la dictadura diseñada en las leyes franquistas.
La
idea sobre la libertad en el republicanismo, no es la que se entiende desde el
liberalismo; sino que presenta una visión del ser humano, como una
manifestación de la vida social. En este espacio, la política es una actividad
en la que los ciudadanos desarrollan sus potencialidades individuales; frente a
la concepción del liberalismo, que entiende que la única actitud posible por
parte de la ciudadanía es la resistencia pasiva frente a un Estado. El Estado
tiene que ser garante del bienestar general y en particular de los más
desfavorecidos socialmente.
En
el republicanismo la política es una actividad digna, honesta y de
responsabilidad. La ciudadanía es militante político ante el grupo social,
donde su opinión se deja sentir y es tenida en cuenta constantemente, en las
decisiones que determinan la actividad del Estado. La democracia adquiere un
carácter deliberativo, permitiendo que todas las decisiones públicas sean
producto de una reflexión, en la que la totalidad de la ciudadanía participa
responsablemente. La libertad es entendida, no como que la sociedad no pueda
tomar decisiones contrarias a las voluntades individuales, sino como que estas
decisiones, no deben interferir arbitrariamente en el ámbito de lo privado.
Nadie puede decidir por el individuo, en lo que respecta a sus propios intereses, y ninguna pauta de comportamiento es excluida, en tanto que no perjudique a los intereses de los demás. La diversidad y la disidencia, son valores que los republicamos entendemos asociados a una concepción laica del individuo, que no acepta más normas morales que las que dicta su razón. Un pleno ejercicio de libertad para todos y plena conciencia de pertenecer a la comunidad, sólo es posible si hay igualdad suficiente. En una sociedad, en la que la igualdad sea real y efectiva, no surgirán enfrentamientos y disensiones por las diferencias, que no son sino afrentas para los que menos tienen.
Es
tarea fundamental del Estado garantizar la igualdad de oportunidades y que las
diferencias económicas y de poder, sólo vengan dadas por el mérito o el
trabajo. Para ello el sistema educativo público debe ser de la máxima calidad y
atractivo para todas las clases sociales, de manera que sea una experiencia de
convivencia entre los diversos grupos. Es necesaria la igualdad porque todos
los seres humanos somos iguales, y es necesaria la libertad porque todos somos
diferentes. Cada persona es responsable de encontrar su propio camino hacia la
felicidad, pero la sociedad, a través del Estado, es responsable de reducir la
improbabilidad de conseguirlo; y que el bienestar de unos no se haga a costa de
la pobreza de otros.
La
vida de la Segunda República fue corta, pero intensa. Todo empezó un 12 de
abril de 1931, cuando la ciudadanía eligió a los partidos republicanos y
socialistas, contra los monárquicos que dieron la espalda al rey. También vimos
cómo se proclamó la República y cuáles fueron las medidas políticas que se
adoptaron con el objetivo de poner a España en la senda de la modernidad,
haciendo frente a las llamadas «cuestión regional, cuestión religiosa, cuestión
militar, cuestión agraria y cuestión social», que fueron demasiadas cuestiones
para resolver en tan poco tiempo, teniendo en frente a tan potentes enemigos.
Estoy
convencido de que no se terminaran los males de España por instaurar una
República; pero sería un principio. Aquellos que condenaron a la República a
muerte siguen al acecho, pero ni entonces ni ahora podrán con los principios
republicanos ni con sus ideas.
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