VUELVE EL HUIDO JUAN CARLOS I EL “DEMERITO”

 

Tenía que pasar y ha pasado: Juan Carlos I ha pactado su regreso a España. Regreso inmediato, además. Tras varios meses huido en Emiratos Árabes Unidos —desde agosto de 2021— viviendo a cuerpo de rey en esa dictadura que ha participado en la mayor tragedia humanitaria del planeta —Yemen, más de 377.000 fallecidos— y en la que los migrantes —que son el 85 %, unos 8,5 millones de 9,4 millones de habitantes— son explotados mediante el régimen de la kafala y mueren por miles — solo indios fallecieron 5.185 entre 2012 y 2017—.

Allí, entre el sol, el lujo, los bajos impuestos y los codiciosos occidentales en busca de altos salarios con los que mantener un tren de vida desenfrenado o acumular ahorros con los que volver a su país, Juan Carlos ha pasado casi dos años sin grandes protestas mientras las mujeres y el colectivo LGTBI han padecido —y todavía padecen— un calvario o se pisotean derechos y libertades fundamentales. Si acaso, Juan Carlos ha sufrido de morriña. Pobre.

El relato oficial al respecto de El retorno del rey es poco menos que surrealista. Estrambótico, quizás sería más exacto. Según nos informan fue alcanzado telefónicamente tras coincidir ambos físicamente en un entierro en Abu Dabi —por el fallecimiento del anterior jefe de Estado de los Emiratos Árabes Unidos, Jalifa Bin Zayed al Nahyan—. No parece muy normal que un hijo coincida físicamente con su padre, del que vive alejado a miles de kilómetros y al que se supone no ve con frecuencia, y en lugar de verle, abrazarle o hablar con él, le llame por teléfono. Igual es que las tarifas telefónicas locales de los Emiratos son muy económicas, pero algo no cuadra. Si es real, mal asunto; si no lo es, peor. En cualquier caso, verosímil no es. Más allá de lo relatado, conviene señalar que no es el primer acuerdo al respecto: el rey iba a regresar en otoño, luego en Navidad, después en su cumpleaños y, la última intentona, en febrero. Lleva meses de inminente retorno.

En todos los casos se trataba, como en el que nos ocupa, de acuerdos realizados entre padre e hijo. "Sin intermediarios", según los medios. Menos mal, porque los intermediarios cuestan dinero y los Borbones son más de tirar del erario público que de su bolsillo, de lo contrario Papá Borbón no tendría, según The New York Times, más de 2.000 millones de dólares.

Pero es que la vuelta del delincuente múltiple, el “campechano del 23-F”, el canalla que creía que reinar era sinónimo de robar es más que complicada, sobre todo porque el PSOE no ha conseguido que el Partido Popular y la Casa Real acepten eliminar la inviolabilidad jurídica del rey de España. Porque la eliminación de ese privilegio tan medieval como injustificable en términos políticos e incomprensible para la ciudadanía habría suavizado bastante la situación. Un privilegio que retrata al PSOE, PP y Casa Real para mal. Para muy mal. Y a España para peor: los valores democráticos españoles son estos: que el jefe del Estado pueda gozar de impunidad para ser, si le place, un delincuente múltiple. Y a los Borbones, históricamente, les ha placido en demasía.

Saltan chispas en la Zarzuela, o eso comentan los medios del reino de España. Parece ser que Felipe VI y Juan Carlos han tenido una confrontación por el primer destino del rey, que pretendía acudir a la localidad de Sanxenxo (Pontevedra) para ver a sus amigos y disfrutar de las regatas. Pero la Casa del Rey opina que debe acudir primero a ver a Felipe VI, a la familia y "aceptar las condiciones". Que sea un delincuente múltiple no parece que genere gran controversia, que elija ir a Sanxenxo antes que a la Zarzuela escuece. Y mucho. El rey Juan Carlos es un fiestas y no gusta. Que sea un ladrón —recordemos que estos días Bruselas ha denegado por segunda vez la extradición de Valtònyc—, ni tan mal. Llámenme raro, pero debería ser al revés: no sé si España está vuelta o de vuelta.

En cualquier caso, la relación es tan tirante que Felipe VI ha descartado que resida en la Zarzuela, porque esta no es "una residencia", sino la residencia del jefe del Estado. Pero, claro, ¿qué es Juan Carlos? ¿Un rey emérito no es un jefe de Estado emérito? En España es todo realmente muy extraño, aunque si Juan Carlos no fuera un delincuente múltiple quizás no habría tanto problema con su residencia. Y si España fuera una democracia, tampoco: estaría en prisión. De hecho, es la prisión el lugar en el que, razonablemente, deberían tener su reunión. Pero el reino que fue regido por Franco, porque España siguió siendo un reino durante la dictadura, tiene estas cositas. Por todo ello, de momento, su paradero final es desconocido.

Para los que duden al respecto del calificativo "delincuente múltiple", el rey emérito se marchó de España de España, en agosto de 2020, cuando se inició una investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo que tenía por objetivo desentrañar el cobro de comisiones por la comisión del AVE a La Meca. Seguramente se precipitó, pues España no es país para la justicia —la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, es elegida por el Gobierno y depende directamente de este—. Fue en ese momento cuando Juan Carlos, nacido en una dictadura —la Italia fascista— y criado en una dictadura —la España franquista— decidió marcharse a una dictadura —Abu Dabi—. Para ser el Padre de la Democracia española le va lo autoritario.

Por si fuera poco, también se le investigaba por el cobro de tarjetas black —opacas— y una cuenta a su nombre en la isla de Jersey, un paraíso fiscal, con 10 millones de euros. Y se trata, solo, de sus últimos escandalillos, su currículum es bastante más extenso. El de Felipe VI, que acaba de empezar, no está mal tampoco: era beneficiario de una cuenta de cien millones de dólares, aunque señala que no lo sabía.

Íñigo Errejón ha pedido estos días a Juan Carlos que disimule para que, al menos, parezca que se arrepiente. En la misma línea se ha mostrado Pablo Echenique, que ha enlazado en redes sociales la noticia con la cuenta oficial de la Policía Nacional, como si de un delincuente se tratara.

Más duro todavía ha sido Joan Baldoví, que le ha calificado directamente como sinvergüenza, o Gabriel Rufián, que ha bromeado como si Juan Carlos fuera a reunirse con 'carteristas' en lugar de 'regatistas'. Por tanto, para los socios de Gobierno del PSOE, que mantiene el perfil de Estado de considerar que el delincuente múltiple Juan Carlos puede hacer lo que le plazca, es un escándalo. Para muchos españoles, también. Pero, quizás, lo más escandaloso de todo este escándalo es que no sea un escándalo para demasiados.

LAS CLOACAS DEL ESTADO DE DERECHO

 

Fue Felipe González quien afirmó aquello de que “el Estado de Derecho se defiende desde las cloacas”. Se refería a la guerra sucia del GAL, pero ahí no acababa todo, pues el problema era la red al completo de desagües y alcantarillado del régimen, apenas reformada desde su instalación en 1936.

Desde entonces, pocas son las democráticas depuradoras que han sido instaladas y los vertidos y fugas de la red siguen dándose con rigurosa y apestosa periodicidad.

La hedionda cloaca de hoy se llama Pegasus. Veremos en qué y cómo acaba ésta, pero es preciso recordar que antes ha habido otras más. Al final de los años 80, más de 80 ministros, parlamentarios, empresarios, periodistas y hasta el mismísimo rey, fueron espiados ilegalmente por el CSID (Centro Superior de Investigación de la Defensa), predecesor del actual CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Se grabó de todo: conversaciones políticas, empresariales y judiciales, relaciones sentimentales … Le tocó pagar el pato al coronel Perote, alto cargo de aquel servicio a las órdenes del general Manglado, quien fue condenado finalmente a la durísima pena de cuatro meses de arresto. Las depuradoras judiciales seguían sin instalarse.

Pequeñas minucias. Hasta 1995 en que se descubrió el pastel, la sede de Herri Batasuna de Bilbo fue grabada y filmada por el CSID. Poco después, en 1998, mientras se cocinaba el Pacto de Lizarra-Garazi, en su sede de Gasteiz fueron descubiertos unos micrófonos ocultos. Nada se supo de sus autores. ¡Misterio, misterio!

En 2003, el PNV denunció pinchazos en sus teléfonos del Congreso, pues en una ocasión, al descolgar el de su oficina, un miembro del grupo pudo escuchar una conversación suya mantenida el día anterior. Algo similar se repitió en 2012 en la oficina de Amaiur, cuando el diario El Mundo reprodujo textualmente una conversación habida en sus oficinas. Por supuesto, los Mortadelo y Filemón policiales que investigaron todo aquello no descubrieron nada anormal.

Los responsables policiales y beneméritos de los crímenes franquistas no fueron los únicos blanqueados por la Ley de Amnistía de 1977. Junto a ellos, todo el aparato político, sindical, clerical, militar, bancario y empresarial que apoyó el golpe del 18 de julio y fue parte y sostén de aquel franquismo criminal negador de todo tipo de libertades, fue también amnistiado. Nadie exigió a aquél responsabilidad alguna, personal o patrimonial, por todas sus tropelías.

Decenas de miles de personas, pringadas hasta las orejas y miembros activos de aquel régimen dictatorial (militares, empresarios, jueces, cargos del Movimiento, el Frente de Juventudes, la Sección Femenina, el Sindicato Vertical, la Banca y el empresariado), transitaron inmaculadamente al nuevo régimen y ocuparon en él los nuevos y democráticos puestos de privilegio que se les otorgó en aras a la política de reconciliación entonces impulsada.

Quien quiera ahondar un poco en todo lo anterior, no tiene más que leer la excelente bibliografía escrita al respecto estos últimos años. En lo que respecta al ámbito militar, el teniente Luis González Segura, hoy expulsado del Ejército, autor de “El libro negro del ejército español”, desgrana las consecuencias de lo que ha supuesto el trasvase de todo aquel generalato, coronelato y oficialato al actual Ejército: pervivencia de prácticas corruptas, mantenimiento de las salas de oficiales como nidos fascistas, bunkerización de la milicia frente a cualquier intento de democratización… Que ex generales, coroneles y altos mandos militares hayan suscrito el conocido como Manifiesto de los Mil, ensalzando la figura del dictador Franco, poco tiene que extrañar. Que no se tomen medidas ante ello, sí.

Joaquim Bosch, ex portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, ha analizado en su libro “La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España”, las raíces de ésta, sus precedentes en el s. XIX, su absolutización durante la dictadura franquista y la generosa herencia que la misma de ello dejó al actual régimen. Según él “hubo continuidad en los abusos fraudulentos por una razón de peso: batallar contra la corrupción no formó parte de las prioridades de la Transición”. Por su lado, distintos índices internacionales (Varieties of Democracy, Rule of Law, Trasparencia Internacional…) han situado al estado español en los últimos lugares de las listas europeas de independencia judicial, separación de poderes o control de la corrupción, materia ésta en la que la propia Comisión Europea lo coloca en lugares próximos al del coche escoba.

Prosigamos. En el libro “Iglesia S.A.”, de Ángel Munarriz, se habla del poder de esa franquicia vaticana en tierra española y se desgranan los actuales privilegios económicos, educativos y sociales que ésta heredó del franquismo. Por su parte, Antonio Maestre, en “Franquismo S.A.”, ha desmenuzado el recorrido de quienes fueron grandes sostenedores del golpe y la dictadura, y hoy sientan reales en las principales empresas del IBEX-35: Gas Natural Fenosa (Naturgy), Iberdrola, Acciona, OHL, ACS, BBVA, Santander, CEPSA, REPSOL,..

Los múltiples y variados delitos imputados al ex comisario Vilarejo son buena muestra de lo dicho. Antiguo miembro de la Brigada Político-Social franquista (BPS), donde practicó torturas y demás habilidades, su caso ha evidenciado las múltiples conexiones mafiosas que aún perduran entre distintos espacios policiales, políticos, bancarios y empresariales. Algo parecido a lo reflejado en los escándalos protagonizados por el emérito Juan Carlos, Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, ferviente católico-apostólico-romano y conseguidor mayor del reino, para mayor gloria de multinacionales patrias, satrapías del Golfo y su propio bolsillo.

Mientras pervivió el movimiento 15-M se gritó con ganas en plazas y calles: ¡Le dicen democracia y no lo es! Por ahí van los tiros. La urbanización exterior de este régimen ha sido remozada, pero su alcantarillado sigue siendo una mierda.

LOS DERECHOS HUMANOS SEGÚN OCCIDENTE

           La aplicación occidental de los DDHH es tan interesada como asimétrica, tan hipócrita como exasperante y tan lacerante como inmoral. Debería ser, por tanto, una preocupación generalizada. Sin embargo, que los DDHH se repartan al gusto del juego geopolítico no resulta alarmante para la mayoría de los occidentales, que conviven sin mayor dificultad con transacciones humanas o ventas de armas cuyas víctimas se cuentan por millones. La mayor tragedia humanitaria del planeta (Yemen) y el interminable listado en el que el Sáhara solo es el último ejemplo lo corroboran: Afganistán, Libia, Irak, Siria, el Sahel...

El presidente español, Pedro Sánchez, mantuvo una reunión con el dictador Mohamed VI el pasado 7 de abril en la que aseveró que España y Marruecos iniciaban "una nueva etapa en las relaciones bilaterales, basada en la transparencia y en el respeto mutuo". Una etapa marcada por la reapertura ordenada de las fronteras y la celebración de una cumbre a finales de año "al más alto nivel".

Y para celebrarlo, Mohamed VI ordenó que drones marroquíes, probablemente comprados a Israel y Turquía, bombardeasen civiles saharauis. No fue el único evento de los festejos del dictador marroquí para conmemorar el restablecimiento de las amistosas relaciones hispanomarroquíes. El último fin de semana incluyó, al menos, ocho bombardeos que han dejado, como mínimo, dos víctimas mortales, una mujer y un joven, además de varios heridos, algunos de ellos de gravedad. Entre los daños materiales fueron contabilizados daños en depósitos de agua, campamentos y camiones. Otra forma de asesinar, pero más lenta y subrepticia.

            Nada nuevo en el Sáhara, donde hace solo un mes, el 15 de marzo, un menor de 15 años falleció en otra serie de bombardeos que incluyeron un colegio. Y no mucho más atrás en el tiempo, en noviembre pasado, quince civiles fallecieron en otra serie de ataques aéreos, los cuales también tuvieron por objetivo a civiles y jóvenes saharauis.

Además, la decisión de Pedro Sánchez de entregar, de facto, el Sáhara a Marruecos no solo agrede con brutalidad a los DDHH, sino que, además, es contraria a los más elementales principios democráticos al tratarse de una decisión presidencialista que no ha contado ni con apoyo parlamentario ni con apoyo popular.

Por un lado, el Congreso de los Diputados desautorizó públicamente la decisión socialista tras la aprobación de una proposición no de ley firmada por Unidas Podemos, socios del gobierno socialista, Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya. Debido a la posición de sus socios y aliados, el PSOE fue el único partido que votó en contra. Una desautorización que, por tanto, demuestra que la nueva posición española en el conflicto del Sáhara no solo causará un enorme padecimiento a todo un pueblo, sino que se sustenta en una minoría parlamentaria que no cuenta con el apoyo de los partidos que representan a la ciudadanía: solo la apoyan 120 de los 350 escaños parlamentarios. Y, probablemente, ni eso.

Por otra parte, existen serias dudas al respecto del respaldo de la población a la decisión de Pedro Sánchez, incluso dentro de los simpatizantes y votantes del PSOE. En el caso de la ciudadanía, sabemos que las múltiples encuestas en los medios de comunicación muestran rechazo, pero no se puede llegar más allá porque el CIS, centro encargado de testear la opinión ciudadana, no pregunta sobre Marruecos desde el año 2002 y sobre el Sáhara desde 1974. En el caso de las bases socialistas, no parece que se trate de una decisión de su agrado, ya que se han posicionado, históricamente, a favor de la autodeterminación del Sáhara y nada hace pensar que exista un cambio sustancial de su opinión.

En cualquier caso, la decisión, contraria a la resolución de la ONU sobre la cuestión saharaui, que exige que cualquier decisión se tome con la aprobación del Sáhara e incluya un referéndum, ha sido defendida por destacados miembros del PSOE. Así, Héctor Gómez, portavoz parlamentario del PSOE, defendía que "la política exterior la fija el presidente del Gobierno". Esto es, Pedro Sánchez.

Una defensa pública que ha alcanzado su cénit mediático cuando el expresidente socialista, Felipe González, se ha pronunciado. El expresidente español, todo un referente occidental, ha aseverado que se trata del plan más serio presentado en cuatro décadas para resolver el conflicto. Opinión que debe ser tenida muy en cuenta, pues Felipe González tiene mucha experiencia en cuanto a la solución de conflictos. No olvidemos que, bajo su mandato, se crearon soluciones serias para el conflicto vasco como los GAL, que torturaron, violaron y asesinaron durante el gobierno socialista de los años ochenta.

Aunque referentes occidentales como Felipe González lo omitan, quizás por sus propios intereses (en el año 2014 vendió terrenos en Tánger a la familia de la dictadura saudí), Marruecos es una dictadura. Una cruel dictadura que vulnera los DDHH de forma feroz y reiterada. Según el Informe 2021/22 de Amnistía Internacional sobre Marruecos y el Sáhara Occidental, la dictadura de Mohamed VI atenta contra la libertad de expresión y de asociación, el derecho a la privacidad, la libertad de reunión, el derecho a la salud, los derechos de las mujeres y de las niñas, los derechos del colectivo LGTBI, los derechos de los refugiados y migrantes. Además, perpetra actos de tortura y otros malos tratos. Una salvaje dictadura a la que el embudo occidental convierte en un socio serio y fiable.

Quizás, para comprender mejor el escenario, en el caso de la ignominiosa entrega del Sáhara a Marruecos hay que tener en cuenta que España y Marruecos vulneran los DDHH brazo con brazo en Ceuta y Melilla.

Por tanto, no solo es que los cuerpos policiales españoles esperen a los migrantes pertrechados de porras tras las concertinas o que la Guardia Civil los haya recibido a pelotazos en el mar, como en el caso de los quince migrantes fallecidos en la playa del Tarajal, sino que Marruecos los usa como munición contra España cada vez que tiene necesidad. Lo que sucede con demasiada frecuencia.

Por desgracia, países como España no tienen capacidad de decidir sus relaciones internacionales, las cuales, en más de una ocasión, parecen impuestas. Como en este caso. No olvidemos que el origen de la aceptación española del plan marroquí para el Sáhara emana del interés norteamericano por el restablecimiento de las relaciones de Israel con Marruecos y otros países no menos respetuosos con los DDHH. Y si EEUU le ha prometido el Sáhara como compensación a Marruecos, ¿quién es España para negarse?

Sánchez solo es un títere que un día gasta casi 4.500 millones de euros en ampliar y modernizar su flota de aviones de combate con el pretexto de defender el espacio aéreo canario de Marruecos y al siguiente concursa para que Mohamed VI compre las embarcaciones militares de Navantia. Un títere que no tiene inconveniente en regalar medio millón de personas al dictador marroquí y aporrear migrantes en Ceuta y Melilla mientras acoge a ucranianos como si fueran compatriotas. Un títere que ejemplifica como pocos la asimétrica aplicación occidental de los DDHH.

LA OBSCENA TRAICIÓN DEL INCOHERENTE PEDRO SÁNCHEZ

  

           Sánchez ha puesto al pueblo saharaui a los pies del dictador que lo esclaviza. Y ha vulnerado los principios más elementales del Derecho

El presidente del Gobierno denuncia lo que está ocurriendo en Ucrania con la invasión rusa, pero no contempla lo que lleva ocurriendo desde hace 47 años en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.

Los saharauis fueron bombardeados con napalm y fósforo blanco, hay desaparecidos, son perseguidos, encarcelados y Pedro Sánchez avala la autonomía que propone Marruecos para el territorio que invadió.

 “Violación sistemática de los principios más básicos de la humanidad recogidos en nuestro orden internacional”, “espeluznantes imágenes de bombardeos y matanzas contra población civil inocente”, “crímenes de guerra que no pueden quedar impunes”, “guerra ilegal, irracional, injusta”, “éxodo humano”…

Son manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados el 5 de abril, en la sesión en la que intervino telemáticamente el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ante el Gobierno, congresistas y senadores, que aplaudieron en pie largamente al líder ucraniano.

    Esas y otras expresiones del presidente del Gobierno podrían servir, también, para reflejar la persecución y el sufrimiento que lleva padeciendo el pueblo saharaui desde hace 47 años, cuando fue entregado a Marruecos por España y que ahora, con el aval de Pedro Sánchez a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, ha supuesto en palabras del líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, “una reedición, peor si cabe, del abandono de 1975”.

Ese abandono, en época franquista, fue la primera traición de España al pueblo saharaui: el ejército marroquí entró “a sangre y fuego” en el Sáhara Occidental, la población civil que huía por el desierto fue bombardeada con napalm y fosforo blanco y hubo fusilamientos de civiles, como demostraron con el descubrimiento de fosas comunes en el desierto el médico forense Francisco Etxeberria y el médico y psicólogo Carlos Martín Beristain.

La intervención militar marroquí dio lugar a un procedimiento judicial en España y desde abril de 2015 doce altos cargos militares y de la policía de Marruecos se encuentran procesados en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio contra el pueblo saharaui, con orden internacional de detención.     Los inculpados actuaron entre 1976 y 1991 en el Sáhara Occidental, donde se produjo “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”, según el auto del Juzgado Central de Instrucción numero 5. Marruecos no atendió ni una sola petición de la justicia española.

        Las acusaciones de Sánchez citadas al principio son por la invasión y las muertes que Rusia está causando en Ucrania, pero nunca se ha condenado la represión que a diario ejerce Marruecos en el Sáhara Occidental ocupado, donde, según organizaciones internacionales, se vulneran continuamente los Derechos Humanos, como han denunciado recientemente, una vez más, Amnistía Internacional, Human Rights Watch  o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  Amnistía Internacional ha dirigido una carta a Sánchez con motivo de su viaje a Marruecos en la que le enumera las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por las autoridades marroquíes.

También ha hablado Reporteros sin Fronteras: en su Clasificación Mundial 2021 de Libertad de Prensa sitúa a Marruecos en el puesto 136 de 180, y afirma que en este país la justicia cumple las órdenes del poder.

Pero los Derechos Humanos, que se dice son un principio rector de la política exterior del Gobierno de España y se defienden y promocionan en todos los países, como proclama el Ministerio de Asuntos Exteriores y se responde en preguntas parlamentarias, no se tienen en cuenta en la excolonia española. Y ello a pesar de que Pedro Sánchez dijo el 10 de diciembre de 2018 con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Hoy, cuando algunos pretender retroceder, defendamos el respeto a los DDHH como la única vía para profundizar en la Democracia, el Estado de Bienestar y el desarrollo de nuestras sociedades. Actuemos todos y todas para convertir los Derechos Humanos en una realidad innegociable”.

        En esa línea, el 21 de agosto de 2021, con motivo de la llegada a la base de Torrejón de Ardoz de refugiados afganos, Sánchez dijo que “España siempre va a estar comprometida con la democracia, los derechos humanos y la libertad”. Cuatro meses después, el 15 de noviembre, en el 30 aniversario de las cumbres iberoamericanas, pidió trabajar por la consolidación y el avance de la democracia en toda Iberoamérica, así como por “el respeto de los derechos humanos, la libertad y la seguridad jurídica”, pues afirmó que «queda mucho por hacer».

Siempre en cualquier otra parte, nunca en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, que ahora Pedro Sánchez apoya en contra de lo que han dictaminado el Tribunal de Justicia de la Haya, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Un respaldo al plan de autonomía marroquí que supone en opinión de la activista saharaui Aminetu Haidar, premio de DDHH de la Fundación Robert F. Kennedy y de la Fundación Right Livelihood, un apoyo a la vulneración de sus derechos legítimos: “Es luz verde a un país autoritario como Marruecos para eliminarnos a sangre fría”.

Ahora, el presidente del Gobierno, el mismo que consideró en mayo de 2021 “absolutamente inaceptable” la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí que achacó la crisis diplomática con España a que Madrid no aceptaba su soberanía sobre el Sáhara Occidental como había hecho Donald Trump, viaja a Rabat para normalizar las relaciones con Marruecos. Es la segunda traición al pueblo saharaui, esta vez bajo signo socialista, al abandonar el apoyo a su derecho a la libre determinación, el mismo que Sánchez defendió en 2018  ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –lo que también hizo el rey Felipe VI– y que el PSOE llevó en su programa electoral.

8M. UN GRITO FEMINISTA IGUALITARIO Y ABOLICIONISTA

 

Las violencias machistas, la precariedad, la losa de los cuidados, la falta de seguridad y libertad en la vivencia de la sexualidad y el placer; la brecha salarial y de las pensiones protagonizarán las protestas del 8M, en el que se volverá a denunciar que la desigualdad se cierne gravemente sobre la mitad de la población. El 8 de Marzo coincide con el Día Internacional de la Mujer. Este año con el lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”.

El Ministerio de Igualdad presentó la campaña para el 8M, Día Internacional de las Mujeres, con el lema “In Spain we call it igualdad“, inspirado en una de las canciones de Rigoberta Bandini, con el que se quiere apelar al feminismo como algo que hace la vida mejor para la mayoría de la población. Desde este punto de vista, el feminismo es, no solo una manera de relacionarnos o de estar en el mundo, sino también un proyecto de país, una manera de entender el Estado. “In Spain we call it igualdad”, es una de las muchas maneras de mostrar a España como lo que ya es: un país feminista, un país en el que haya igualdad entre mujeres y hombres. Promueve la lucha “contra toda forma de discriminación por razón de género, orientación sexual, etnia o cualquier otra circunstancia”, al igual que querer una vida “en la que poder trabajar con dignidad al tiempo que cuidas de tus seres queridos y te cuidas a ti misma o a ti mismo”.

Organizaciones feministas, partidos políticos y sindicatos de España, hacen un llamamiento a salir este 8 de marzo para reivindicar desde las calles un mundo en el que se pueda ser socialmente igual, humanamente diferente y totalmente libre. Tras dos años de pandemia y la prohibición de las manifestaciones el pasado año, en esta ocasión se reivindica que el feminismo es imparable.

        La Comisión 8M y el Movimiento Feminista de Madrid, han hecho públicos los manifiestos que leerán y que coinciden en exigir cambios en la educación o la justicia, así como medidas para seguir luchando contra la violencia de género. Sin embargo, difieren en lo que tiene que ver con normas que incluyen la identidad de género. Debates como la identidad de género o la prostitución son históricos en el seno del Movimiento Feminista. La Comisión 8M acudirá a la manifestación tras una pancarta con el lema “Derechos para todas, todos los días”; mientras que Movimiento Feminista de Madrid marchará defendiendo que “El feminismo es abolicionista”.

En la celebración del Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas, bajo el lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible“, reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas. Potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres es uno de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI. Las personas más vulnerables y marginadas son quienes sufren sus efectos más nefastos. Cada vez es más evidente que las mujeres son más vulnerables al impacto del cambio climático que los hombres. Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance.

        El 8M vuelve a las calles en 2022 con dos marchas por separado en Madrid. Dos años han pasado de la última manifestación multitudinaria del 8M, en un marzo de 2020. 120.000 asistentes fue la cifra que facilitó la Delegación de Gobierno de Madrid, frente a las más de 300.000 contabilizadas en 2018 y 2019. La Comisión 8M denunció que esta situación vivida en 2020 fue la causante de que la Delegación de Gobierno de Madrid decidiera cancelar cualquier marcha en la capital por razones de salud pública. De hecho, en el resto de España sí se permitieron diferentes movilizaciones.

En esta ocasión, el Movimiento Feminista se ha posicionado abiertamente en los diferentes debates: principalmente la abolición de la prostitución y la Ley trans. Las conocidas como ‘feministas clásicas’, lideradas por el Movimiento Feminista de Madrid, critican la ley Trans de la ministra Irene Montero y, en concreto la medida que permite la autodeterminación de género, porque consideran que pone en peligro las políticas públicas a favor de la igualdad” y “socavan los derechos” de las mujeres que se han reclamado a lo largo de la historia. Tampoco ha gustado a este sector que la ministra de Igualdad no haya sido contundente en sus medidas relacionadas con la prostitución, a pesar de que Montero se ha declarado abolicionista de la misma.

      La Comisión 8M, entidad que ha organizado las ediciones de la protesta desde 2018, destaca la importancia de la movilización en un momento en el que los efectos de la crisis sanitaria han agravado la situación que viven las mujeres que a menudo se encargan de las labores de cuidados y de muchos de los oficios esenciales imprescindibles para el sostenimiento de la vida.

Las abolicionistas organizan su propia manifestación el 8 de marzo. Una manifestación diferenciada para poner el énfasis en la defensa de la auténtica agenda feminista. Son varios los motivos que han llevado a las asociaciones, colectivos y plataformas feministas a dar el paso de no acudir a otras convocatorias, y en síntesis se sustancian en que la agenda feminista lleva años bloqueados e incluso rechazados con actos violentos. O dicho de otra forma: la agenda feminista ha sido sustituida por otras agendas que incluso colisionan con los objetivos centrales de la agenda feminista. Por ello, se han visto abocadas a organizarse de forma independiente, en ejercicio de su derecho constitucional de manifestación y en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas.

El negacionismo de ultraderecha con la violencia machista, supone una verdadera internacional reaccionaria contra los avances del feminismo y la igualdad. Unas y otras organizaciones coinciden en determinadas denuncias y reclamaciones, como la existencia en España de una justicia patriarcal. Entienden que se necesita una justicia que “nos escuche, que nos crea, que no nos exponga” y que se elimine los sesgos patriarcales, racistas y clasistas. La necesidad de una legislación “que persiga eficazmente la trata con fines de explotación laboral y explotación sexual”. Muestran la necesidad de una reforma del sistema judicial que no revictimice a las mujeres; creación de nuevos juzgados específicos para la violencia contra la mujer; siendo urgente la dotación de presupuestos para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

      En materia de Educación, la Comisión 8M reclama que sea “pública, universal, gratuita y de calidad”, con aumento el profesorado y un mayor reconocimiento de la profesión, además de una bajada de las ratios. También piden una educación sexual y afectiva “que abrace y celebre todas nuestras identidades y opciones sexuales” y que combata las violencias machistas en todas sus formas, que eduque en la corresponsabilidad, la equidad, la autonomía y la libertad, con un currículum basado en la interculturalidad, que reconozca la diversidad y las aportaciones de todos los grupos sociales.

El movimiento feminista es un muro de contención ante el avance de la ultraderecha y su agenda de odio, por eso lo tienen en el punto de mira. “Queremos un mundo sin muros, ni fronteras, ni guerras. No queremos explotar a nadie. No queremos sustentar nuestra vida sobre la explotación de otros territorios, de otras poblaciones, de otras mujeres”. El bienestar no puede depender de un sistema colonial que oprime a tres cuartas partes de la población, ni de un sistema que amenaza con destruir el planeta.

Dice el Manifiesto de Podemos Madrid: Somos un grito global. “Nuestra lucha es la de todas, en todos los lugares del planeta. Somos un grito global que viene de lejos: Las miles de mujeres que padecieron la represión franquista en todas sus formas son parte de nuestra memoria democrática y feminista. Somos un grito global que llega de lejos: Caminamos con las defensoras indígenas de la tierra, con las mujeres polacas, brasileñas, húngaras, indias y todas las que se enfrentan a gobiernos fascistas; con las mujeres mexicanas, sudafricanas, salvadoreñas y todas las que se organizan ante los feminicidios y la complicidad de sus gobiernos; reivindicamos la libertad. Nos fortalecen las victorias. Hacemos nuestras todas y cada una de las resistencias que las mujeres están batallando”.

El movimiento feminista, en toda su diversidad, construyendo múltiples y valiosísimas alianzas, es una caja de resonancia de toda la conflictividad social, así como del deseo y el entusiasmo por cambiarlo todo, desde la convicción de que un mundo justo es posible. “Somos un movimiento de genealogías diversas que transforma todos los aspectos de la vida”. En este contexto de crisis global, las feministas tienen un plan, “dibujamos otra trayectoria posible, con una potencia feminista que atraviesa fronteras y derriba muros”. Nos llamamos a seguir caminando juntas, a seguir en rebeldía hasta que la sociedad feminista que queremos sea una realidad para todas y cada una.

A estas alturas de la historia y conociendo los datos que se conocen, sobre la violencia de género o las brechas entre mujeres y hombres, hay que seguir denunciando los discursos de la extrema derecha en España. Hay que seguir caminando, seguir en rebeldía hasta que la sociedad feminista sea una realidad. ¡Derechos para todas! Ayer, hoy, mañana, todos los días. Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera del alcance de todas y todos.

GOLPE DE ESTADO EN EL PP

 

Como toda familia de dinero, la derecha española siempre supo resolver sus asuntos internos de forma discreta. Cuentan que Carmen Polo, esposa del dictador, atracaba joyerías de empresarios afines al régimen con exquisito saber estar. Magnífico collar, alababa Doña Carmen el género del joyero que, encantado de recibirla en su tienda, minutos después quedaba con cara de tonto al verla salir por la puerta con el collar puesto y la cartera cerrada por la gracia de Dios. El tipo, por supuesto, callaba ante el atraco y Carmencísima, si estaba de buenas, recomendaba el establecimiento a sus amigas. Pura elegancia. Una forma de funcionar, transmitida de generación en generación –de Franco a Fraga, de Aznar a Casado–, que ha hecho posible el indiscutible logro de compatibilizar corrupción sistemática con imagen de estabilidad. La apuesta de la derecha española por la estrella del pop Díaz Ayuso ha acabado con esto.

El PP estalla por los aires a estas horas y los peritos, salpicados de trocitos de líderes, se centran en confirmar si, como todo indica, la explosión ha sido provocada. Parece que no hay dudas. Según ha explicado la propia Ayuso en su comparecencia, hace dos meses tuvo conocimiento de que su propio partido la investigaba por un contrato dado a dedo. Un millón y medio de euros a la empresa de un amigo que repercutieron en 283.000 euros para el bolsillo de su hermano en concepto de comisiones por la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia.         

Dos meses después, en plena pugna por decidir qué será del partido –boda con la ultraderecha o noviazgo sin compromiso–, el entorno de Díaz Ayuso ha decidido hacer público lo que en cualquier otro espacio-tiempo hubieran tratado de ocultar: un espionaje interno que conlleva reconocer la llegada de ese dinero público al bolsillo de un familiar. Este movimiento significa una cosa clara. Que Ayuso se sabe inmune a las consecuencias de una mala gestión que suena a corrupción porque su éxito nada tiene que ver con la capacidad de gestión, sino con el folclore. Si fue capaz de rozar la mayoría absoluta con los peores datos europeos de gestión sanitaria, ¿por qué no moverle la silla a Pablo Casado apoyándose en un contrato que enriqueció a su propio hermano?

El nivel de la escalada bélica dentro del PP deja en juego de niños lo de Rusia y la OTAN. Después de la rueda de prensa de Díaz Ayuso cargando contra su jefe y el expediente que desde Génova han abierto contra la presidenta de Madrid, no hay marcha atrás. Se abre un horizonte en el que solo puede quedar uno de los dos liderazgos del PP, y si alguien teme por su cuello no es precisamente Díaz Ayuso. Casado, que hace sólo unos días clamaba a gritos por la hispanidad que conquistaba América, podría ver su cabeza clavada en una pica en la plaza de Colón. Cosas de la vida. La historia dice que cuando uno juega con el fascismo suele ser el primero en ser devorado.

Según pasan las horas, lo que empezó pareciendo una guerra va cogiendo forma de algo aún peor para Pablo Casado: golpe de Estado. Y no llegan buenas noticias al cuartel de Génova. A los apoyos incondicionales de Ayuso –la marquesa Cayetana y Don Federico están a esta hora ya vestidos de militares– se une el ruido de la ultraderecha –valga la redundancia– que lleva pidiendo la dimisión del líder del PP desde que el pasado martes se mostró partidario de dejar a la extrema derecha fuera del gobierno de Castilla y León. Hoy con más fuerza porque saben que se juegan ser gobierno.

Después de años de discurso ultra alimentado por el propio Casado, la diferencia ideológica entre el militante de Vox que lo acusa de traicionar a España y el militante medio del PP que le pide que pacte con Vox o se largue es ya inapreciable. Telemadrid, la de todos los madrileños excepto Casado, convoca sutilmente a manifestarse frente a la sede nacional del PP en defensa de Ayuso. Por allí aparecen encapuchados. Son los mismos que, después de salvar España frente a la casa de Pablo Iglesias, tienen nueva misión. España es tan frágil que, como dejó dicho Isabel la Católica, hay que organizarse para que cada día haya unos cuantos encapuchados de guardia.

El éxito de un golpe de Estado como este se mide en tuits y el terremoto es tal que en las redes sociales a todo cargo público y orgánico pepero le toca saltar a uno de los dos bloques en separación para no caerse por la grieta. Tuits de apoyo a Casado, como el de la diputada vasca Bea Fanjul, que utiliza una imagen de Miguel Ángel Blanco porque qué más da todo a estas alturas de degradación de la política. El elefante blanco, José María Aznar, encantado de la vida de ver un partido que él no preside patas arriba, echa leña al fuego con un chascarrillo en plena crisis de quien fue su hijo predilecto: está mejor Ucrania que el PP ahora mismo. Traducido al castellano, pulgar hacia abajo.

Una declaración preocupa especialmente en Génova tanto como la de Aznar. El gallego Núñez Feijoó, ala moderada del partido al que se podría esperar saltando al lado de la grieta del actual líder de la formación, condena la investigación contra Ayuso sin explicar por qué le parece condenable que se investigue internamente un contrato a dedo que acaba en el bolsillo de un pariente.

Tampoco es importante que lo explique. En los golpes de Estado la excusa es lo de menos. Todo esto nos remite a una imagen: la de Casado atrincherado en Génova sin más armamento ni apoyos que el del fiel escudero Teodoro y su capacidad de lanzar de modo letal huesos de aceituna con la boca.

En el imaginario de la religión aznariana está por venir ese ser de luz que, como hiciera el prohombre en los 90, consiga unir con pegamento lo que, por algún motivo, siguen llamando centro-derecha español y que no es otra cosa que un PP echado al monte sujetándole la escopeta a Vox. En los sectores mediáticos más ultras nadie duda desde hace tiempo que la enviada para tan magna obra es Isabel Díaz Ayuso. La mujer dispuesta a gobernar sin complejos y refundar de una vez por todas el Bando Nacional.      

Los medios de derechas, es decir, los grandes medios de comunicación de este país, se verán sometidos en los próximos tiempos a un test de estrés haciendo de árbitros para dilucidar cómo acaba esta historia. Pase lo que pase, el PP tal y como lo conocemos está acabado desde hoy. Lo que venga después no parece que vaya a ser mejor.

Cualquiera sabe mañana, pero el punto de partida oficial parece que es el siguiente: investigar un contrato a dedo que acaba en el bolsillo de un familiar es mayor escándalo que concederlo.

VOX: UN PARTIDO CARROÑERO

                                     Honestidad y extrema derecha  son incompatibles. Es un oxímoron.  

(Julio Anguita)

 

         Casi con toda seguridad en la mayoría de los Partidos políticos se elaboran diaria y semanalmente unos guiones previos con los que responder a las preguntas de los periodistas sobre cuestiones de la actualidad inmediata, además, se les proporciona un listado de consignas que deben intercalar en sus discursos a fin de suscitar polémicas que convierta al Partido correspondiente en noticia y centro de atención.

Esos guiones están elaborados por los gabinetes de prensa propios conjuntamente con expertos politólogos, ideólogos y asesores a sueldo del Partido. De esta manera se les ahorra a las caras visibles de esas Organizaciones el esfuerzo de tener que improvisar ante las casi seguras preguntas que les van a formular los chicos de la prensa, además, se elimina la posibilidad de incurrir en incoherencias argumentales entre los distintos líderes de cada formación, en definitiva, se homogeniza el discurso.

En el mundo de la política es de sobra conocido que la táctica tiene que estar al servicio de la estrategia y en eso Vox demuestra estar muy bien aleccionada, ha contado y cuenta con ingentes fuentes de recursos legales, alegales e ilegales. Asesores internacionales americanos y europeos y con un colchón colaborativo de toda la carcundia incrustada en un Estado continuador de la dictadura franquista: cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, jueces y fiscales y un amplio espectro de periodistas a sueldo de Grupos mediáticos que, aparte del interés crematístico de sus negocios, tienen muy clara su vocación de influencia ideológica y creación de opinión y, claro está, esa opinión no puede ser sino otra que la defensa de los privilegios de una clase burguesa minoritaria en un capitalismo decadente y sin salida beneficiosa para el resto, es decir, la inmensa mayoría.

      Los capitalistas se pueden permitir cualquier cosa menos ser idiotas y saben que ante un futuro, no muy lejano, repleto de contradicciones crecientes e insolubles no les queda otra que contrarrestar, oponer e incluso dinamitar cualquier intento de organización de los que sí están en condiciones de ofrecer una alternativa al negro presente y al aún más oscuro futuro que se nos avecina: los trabajadores.

Y en este sentido, la creación de Vox cumple a la perfección el clásico papel que anteriormente cumplieron el partido fascista en Italia y el nazi en la Alemania de entreguerras: ser las fuerzas de choque contra las organizaciones obreras primero en los campos ideológico, político y cultural y, después si fuere necesario, en la calle, en los centros de trabajo y en todos los espacios que ocupa la izquierda bien por asimilación o bien por la fuerza bruta.

Este no es un fenómeno que se circunscriba a una sola nación, sino que es un movimiento desplegado artificialmente en todos los países en donde se sospecha que puedan darse problemas relacionados con el buen funcionamiento del sistema de explotación de mano de obra asalariada tanto en el presente como en un futuro próximo.

         En un principio, el cultivo de esas opciones políticas por el sistema, tienen un carácter preventivo, pero si con el machaque y la anulación de la izquierda que aspira a transformar realmente la contradicción entre trabajo y capital no se conjura la crisis económica ni las contradicciones internacionales de las burguesías nacionalistas, tal y como ocurrió en la Europa de las décadas 20 y 30 del siglo pasado, estos instrumentos reaccionarios, estos huevos de serpientes incubados por la burguesía eclosionan tomando el relevo en la gestión del Estado erigiéndose en la otra cara (dura) de ese mismo sistema.

Este es el esquema o molde clásico sobre el que se está construyendo o armando precipitadamente la organización ultraderechista Vox a modo del monstruo Frankenstein que tiene movimiento, pero sin voluntad propia o autónoma. El engendro cuenta con un cerebro que, de momento, sólo da para poco más que ser teledirigido por una serie de ingenieros sociales que se encargan de adiestrarlo para salir airosos en la confrontación política, les asesoran en imagen, oratoria, a mentir sin despeinarse y a ser capaces, como las hienas, de estar devorando tus entrañas exhibiendo una sonrisa, véase R. Monasterio.

El monstruo es omnívoro, apelan a las vísceras de la gente y se alimenta de ellas, come cualquier cosa: odio, bajas pasiones, verdades falseadas, verdades a medias, crudas verdades, fake news y de los muertos que ya no pueden defenderse.

Escogen personas o símbolos de reconocido prestigio social para fagocitarlos como la boa de “El Principito”. Ejemplos hay muchos y más que veremos: la canción Bella Ciao, el poeta García Lorca y hasta al mismísimo Julio Anguita. No tardando mucho si no pueden enlodar la memoria de Almudena Grandes, por ejemplo, también comenzaran con el burdo proceso de apropiación. Todo les vale, no tienen prejuicios y utilizan con descaro la doctrina del shock para noquear a sus enemigos. Funcionan como una sociedad secreta, pero si se descubre algún trapo sucio lo pintan de rojigualda y lo exhiben en un balcón de manera obscena.

De momento están en la retaguardia del Sistema esperando agazapados su momento, cumpliendo con el objetivo para el que fueron creados: enturbiar el ambiente y de esta manera impedir el esclarecimiento, confundir a los ideológicamente débiles, atacar a los que tienen las ideas claras, atraerse a los desclasados y entre col y col medrar en las Instituciones y en el aparato del Estado