POR LA REPÚBLICA, CONTRA LA CONSTITUCIÓN DEL 78

Es un clamor entre los partidos políticos la necesidad de reformar la Constitución. También seis de cada diez españoles están a favor. La cuestión es que no hay acuerdo sobre los aspectos a enmendar. Algunos pretendemos que la enmienda sea a la totalidad; comenzando con el artículo 1.3, en el que se declara que «La forma política del Estado español es la Monarquía». Si, ya sé que una República no garantiza el mejor gobierno, pero sí que no haya monarquía.

En 1978, el Estado quedaba configurado como una «monarquía parlamentaria». Fui uno de aquel 67,11% de votantes (hubo una abstención del 32,89%) en el referéndum del 6 de diciembre. El 88,54% dijimos sí a la Constitución, frente al 7,89% que la negó. No reniego del sentido de mi voto, lo que no quiere decir que acepte ni lo sucedido desde entonces ni la realidad injusta que hoy vivimos. Abogo decididamente por una nueva Constitución, que supere la del 78 heredera del Estado totalitario. Salíamos de la negra dictadura y el futuro prometía democracia, salud y bienestar. Luego las cosas no han sido como hubiéramos deseado que fueran, aunque estamos a tiempo de que lo sean.

La monarquía es la antítesis de la democracia, «el dogal de los pueblos y la condena y asfixia de la clase trabajadora y de la mayoría social». La cuestión catalana y la crisis de la monarquía ha cohesionado un bloque, capitaneado por los llamados partidos constitucionalistas (PP, PSOE y Ciudadanos), que está imprimiendo al sistema una deriva hacia políticas que podríamos calificar de reaccionarias, como la ley Mordaza y otras medidas que aplican con saña contra quienes luchamos por los derechos y libertades. La política del Gobierno del PP, con el apoyo decidido del PSOE y C’s, sienta un precedente y alecciona sobre la puesta en marcha de una Segunda Transición, que intentan llevar a término con una reforma constitucional, pero en un sentido regresivo, autoritario, para que el conjunto de la sociedad sea derrotada durante otros cuarenta años.

Hemos conocido por el diario El Mundo, que seis de cada diez españoles consideran necesario reformar la Constitución (61,6%). Además el sondeo indica que el 68,5 % de los encuestados creen que los partidos políticos no se pondrán de acuerdo a la hora de modificar la Carta Magna, una opinión que comparten sobre todo los votantes de Unidos Podemos (81,2 %) y los electores menores de 29 años (84,1 %). Sólo el 19,0% de los encuestados confían en que los partidos políticos alcancen un consenso para la reforma. Es significativo que un 48,9% de los votantes del PP son partidarios de la reforma constitucional, pese a que la dirección del PP no muestre gran entusiasmo. Los electores de Ciudadanos (71%) sí apuestan por los cambios.

M. Rajoy, dijo que el compromiso con el PSOE para reformar la Constitución era solo «para hablar» y que la reforma de la Constitución «no puede ser un premio para aquellos que han pretendido liquidarla», refiriéndose al procès en Catalunya.

Los acontecimientos en Cataluña evidencian la herencia del franquismo. Se han pisoteado derechos fundamentales, como la libertad de expresión, opinión, reunión y manifestación. El Estado ha hecho uso de la represión y violencia contra ciudadanos indefensos, para amordazar y acallar su voz. Ha encarcelado a representantes políticos y sociales por su acción pacífica en defensa de sus derechos políticos. Se ha aplicado el artículo 155, atentado antidemocrático, que elimina la representación legítima del pueblo de Catalunya y les condena a la condición de «presos políticos».

Y es que la Constitución de 1978 se hizo de urgencia y no se remató. Alfredo Pérez Rubalcaba pidió reformar la Constitución para atajar la crisis territorial, al ser un modelo inacabado, tratar sobre las competencias incompletas e «incorporar los derechos sociales perdidos» En su artículo "Tan difícil como necesaria", abordaba la reforma para resolver las tres crisis simultáneas que padecemos: económica, política y territorial. Rubalcaba señalaba que cuando los socialistas plantearon una reforma constitucional, lo hicieron para salir del paso de la crisis territorial que se estaba incubando. A su juicio, hay que «constitucionalizar algunos derechos y desconstitucionalizar otras medidas».

Con la crisis económica como justificación, el Gobierno de Rajoy llevó a cabo medidas excepcionales que se deben revertir. «Según el diccionario de la RAE, recuperar es volver a tener lo que uno tuvo», y ni derechos ni empleo ni prestaciones sociales se han vuelto a tener. Propuso clarificar la distribución de competencias y reformar el Senado en el que las CCAA puedan participar directamente en el proceso legislativo, así como crear un sistema de financiación «transparente, justo y solidario».

De la propuesta de reforma constitucional que hace Pedro Sánchez mejor no hablar. El objetivo es la modernización del modelo territorial, como respuesta el desafío independentista en Catalunya y reconocer la «plurinacionalidad» de España, como «nación de naciones». La propuesta requeriría una reforma del artículo 2 del Título Preliminar («La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones»). Habría que reformar en su totalidad el Título VIII, De la Organización Territorial del Estado; y aplicar el artículo 168: disolución de las Cortes, convocatoria de elecciones y referéndum sobre el asunto. Demasiado trámite para no resolver nada, ni la cuestión catalana.

La cuestión catalana y la aplicación del artículo 155, con el apoyo explicito de Pedro Sánchez, fue el detonante, para que Unidos Podemos abandonara la comisión de estudio no permanente para abordar la cuestión territorial propuesta por el PSOE. «El PSOE no puede abrir el melón constitucional desde el apoyo al 155». Tanto Podemos como IU, defienden la necesidad de abrir un amplio proceso constituyente y refundar consensos no solo territoriales, sino también sociales, de regeneración política, independencia judicial, lucha contra la corrupción y reversión del 135.

La monarquía, su Constitución, sus instituciones y leyes, no solo han manifestado su incapacidad para dar una solución democrática a las demandas del pueblo, a los problemas políticos y a las demandas populares, sino que también han sido incapaces de impedir y eliminar las penurias y sufrimientos de millones de personas. Poco se ha hecho contra la pobreza y desigualdad creciente; pocas medidas contra el paro y la precariedad laboral. Nada contra el exilio forzoso de centenares de miles de jóvenes o solucionar el problema de la vivienda. Y qué decir de la vergonzosa corrupción.

El Partido Popular, se ha convertido en la primera formación política que se sienta en el banquillo de los acusados ante la Justicia, por la destrucción de los discos duros y el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. Francisco Camps es citado a declarar como investigado (imputado) por la Fórmula 1 en Valencia. El fiscal que llevaba el caso Lezo dejó un escrito en el que pedía la imputación de Aguirre y Gallardón por prevaricación y malversación de fondos públicos en la construcción de un campo de Golf en pleno centro de Madrid. Por esto y todo lo demás nos merecemos otro Sistema, por justicia y dignidad; porque el actual no nos protege.

El Estado, sus instituciones, los partidos, permiten estas tropelías y otras actuaciones antidemocráticas, apelando a la Constitución, a la legalidad, a la ley. Ellos son quienes las han hecho, quienes las aplican y quienes se las saltan en su propio provecho e interés y en contra del pueblo soberano.

Se cambió la Constitución en 15 días para favorecer a la banca y en perjuicio de los servicios públicos y gastos sociales, poniendo la soberanía a los pies de la Unión Europea. Se ha impedido la aprobación de una ley de dación en pago; se han aprobado reformas laborales que no han eliminado el paro, condenando a cada vez más trabajadores a salarios de hambre; reformaron las pensiones que obliga a los mayores a trabajar más tiempo y cobrar menos; hacen leyes fiscales que obligan a pagar más impuestos a los trabajadores y menos a los ricos y grandes empresas. ¡Ellos y sus leyes! Y de la división de poderes hablaremos otro día.

No es reformar la Constitución, como algunos proponen. No es reformar todo para que nada cambie. Hay que entrar a fondo en la estructura del Estado; hay que cambiar la esencia misma del Sistema, la forma política del Estado, convertir el modelo territorial en un Estado federal, modernizar la administración de Justicia y blindar los derechos económicos y sociales, configurando un auténtico Estado social y democrático. No debe ser una reforma de adaptación, sino una ruptura con el modelo; que si en un principio pudo haber dado resultado, ahora está agotado.

El sistema político diseñado en la Constitución de 1978 hace aguas. Ha sido incapaz de garantizar, de forma efectiva y eficaz, un estado social y democrático de derecho. Hay que abrir un Proceso Constituyente, que ponga fin a los postulados de la Transición, que cuestione la forma política de Estado (artículo 1.3 CE).

El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano público de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática concurrencia ciudadana. No cabe que la persona del jefe del Estado (ahora el rey) sea inviolable y no sujeta a responsabilidad.

Apostemos por un referéndum sobre la forma política del Estado; por la equiparación de los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles y políticos. «Contra la Constitución del 78 y por la República».

POR UNA REPUBLICA FEDERAL

El 15 de junio se van a cumplir cuarenta y dos años desde la celebración de las primeras elecciones generales tras la muerte de Franco. Se desarrollaron en un clima de expectación y esperanza sin límite. Eran las primeras elecciones «democráticas», desde las elecciones a Cortes en febrero de 1936 que dieron el triunfo al Frente Popular. Fueron democráticas en cuanto que se desarrollaron en un nuevo clima, tras el referéndum celebrado el año anterior.

Fui testigo, y de alguna forma protagonista de la Transición que comenzaba. No puedo arrepentirme de lo que hice convencido, pero visto en perspectiva histórica y con lo aprendido hago autocrítica. Fue un pacto desde el franquismo hacia la monarquía. La oposición al régimen no pidió que se dirimieran responsabilidades por los crímenes cometidos, por los derechos pisoteados durante la dictadura, ni por el origen del régimen que terminaba. Los responsables y autores, asesinos, siguieron y siguen en la calle formando parte del tejido social. Sobre esos rescoldos se fundó la democracia. Es cierto que la hostilidad en el ejército y en las alturas se dejaba notar. Esta situación hizo que el Gobierno y la oposición fueran prudentes en el proceso.

El 15 de diciembre de 1976, se había celebró un referéndum, en el que se preguntó «¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?». El 94,17% de los votantes (del 77,8% de los votos contabilizados) dijo SI. El censo estaba constituido por 22.644.290 electores. La participación fue del 77,8%. Salíamos de una dictadura en la que no se permitía pensar y poco soñar; solo obedecer consignas, sometidos al régimen.

Lo que no habían previsto los diseñadores del proceso, lo corrigió la ley D’hondt. Se presentaron más de ochenta partidos o agrupaciones electorales y consiguieron escaño doce candidaturas. Ganó Adolfo Suárez, como heredero del régimen. Hubo una participación del 78,83%. La Unión de Centro Democrático obtuvo 6.310.391 votos y consiguió 165 escaños. El segundo partido fue el PSOE con Felipe González a la cabeza, con 5.371.866 de votos y 118 diputados. El PCE, con Santiago Carrillo, fue la tercera fuerza política, con 20 escaños y 1.709.890 votos; Alianza Popular, liderado por Manuel Fraga, representando al franquismo sociológico consiguió 1.504.771 votos y 16 diputados. El Partido Socialista Popular de Tierno Galván, obtuvo 816.582 votos y 6 diputados. Sin anunciarlo, se conformaron unas Cortes constituyentes.

En el 15-J, la gente, tradicionalmente desinformada, votó, como vota casi siempre a los que más salen en televisión, en la prensa, a la voz del poder, o a quienes provocan menos miedo. Los partidos, hasta entonces en la clandestinidad, fueron llamados a participar en la Transición y terminaron aceptando lo que nunca habían defendido: la monarquía, la bandera que había ondeado el dictador y las condiciones que impusieron los vencedores de la guerra. No se pidieron responsabilidades ni investigación por los muertos del franquismo ni por los presos ni marginados ni represaliados, ni por los condenados a trabajos forzados y por las decenas de miles desaparecidos.

El 15-J de 1977, la izquierda votó con el precedente de Pinochet en la cabeza, que aplastó un gobierno de izquierdas surgido de las urnas en 1973; y la derecha, con el de Portugal (1974), que puso fin a una larga dictadura anticomunista y emprendió un proceso revolucionario. En el recuerdo estuvo la guerra civil, que mostraba los riesgos de una nueva confrontación. Los mandatarios del régimen, sabían que tenía que buscar una salida desde arriba para evitar un eventual proceso revolucionario. La oposición era consciente de que hacía falta contención para evitar que el Ejército interviniera.

Las elecciones se caracterizaron por una cierta ceremonia de la confusión. El PCE moderó el discurso y el PSOE lo radicalizó. Los comunistas tenían una imagen pésima acuñada por el franquismo durante 40 años, por lo que tras su legalización en abril de 1977, mostró su máxima moderación para ganar respetabilidad, bajo el lema «Socialismo en libertad». Por el contrario PSOE, con el lema «Socialismo es libertad» y declarado marxista, no era percibido como una amenaza.

Aquella cita con las urnas definió muchas de las tendencias políticas y conflictos que han llegado hasta hoy. Nos legó la Constitución de 1978; el sistema electoral vigente; el conflicto territorial del País Vasco, marcado por la violencia de ETA; y Catalunya, donde el 15-J triunfaron los socialistas (28.5%), seguidos de los comunistas (18.3%). Para evitar que se constituyera una Generalitat de izquierdas, Suárez facilitó el regreso del presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, nombrándole presidente provisional, a pesar de que nadie lo había votado y su legitimidad era republicana.

El surgir de Podemos, la aparición de Ciudadanos y la reivindicación catalana del derecho a decidir, han roto las costuras del modelo dibujado hace cuarenta y dos años. La flamante Presidenta de las Cortes, Meritxell Batet llegó a decir: que la reforma de la Constitución es «urgente, viable y deseable», así como renovar el pacto territorial de España. Las elecciones vinieron a fortalecer a la joven democracia y perfiló un sistema de partidos homologable a cualquier país europeo. Hoy, revisar la historia reciente y reformar las instituciones obsoletas, es tan legítimo como necesario.

La Transición fue una ley de punto final. No solo impidió juzgar y castigar a los culpables, autores y defensores de la dictadura y su represión, sino que hoy se sigue poniendo trabas para investigar los casos de los miles de desaparecidos y enterrados en las cunetas de caminos y carreteras. La Transición puso como jefe de Estado a un rey, que durante veinte años apoyó voluntariamente a Franco que lo nombró como sucesor; que nunca renegó del juramento a los principios generales del movimiento, ni denunciado las penas de muerte que su protector firmó hasta el final de sus días. Fue una reforma sin ruptura, construida sobre el poder franquista intacto. Hubo un gran debate en las alturas sobre ruptura o reforma, pero al final, quienes defendían la ruptura reformaron y los reformistas retornaron al lugar de donde venían.

Ningún partido en el gobierno, ha extirpado el veneno que nos inoculó la dictadura. Si no se hizo en su momento, habrá que hacerlo ahora. Ningún partido ha revisado la ley de amnistía, que permite seguir en el poder a los delincuentes políticos y económicos, que se enriquecieron a costa de los represaliados y desaparecidos, quedando impunes los crímenes del régimen franquista. Poco se ha hecho para conseguir la separación de la iglesia y el Estado, condición indispensable para que la democracia lo sea realmente. Nada se ha hecho para garantizar y blindar constitucionalmente la escuela pública y laica, ni la sanidad pública, ni los derechos sociales.

Para Alfredo Grimaldos en su libro Claves de la Transición 1973-1986, para adultos: «El franquismo no es una dictadura que finaliza con el dictador, sino una estructura de poder específica que integra a la nueva monarquía». La imagen oficial de este periodo se ha construido «sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado». Hoy se conoce, como el entonces sucesor de Franco, Juan Carlos, se hizo confidente de la Casa Blanca y se convirtió en su gran apuesta para controlar España.

Mucho ha cambiado la sociedad española desde el 15-J. Ni todo ha estado mal hecho ni todo ha sido una maravilla. El Sistema actual, respetó las ruinas del franquismo, y se construyó sobre la dictadura y sus miserias. Algunos dicen que lo sucedido pertenece a un capítulo de la historia, que no hay que recordar. Para ellos es mejor el olvido: «el futuro, miremos el futuro, hacia el futuro». Demasiados errores hemos cometido pensando en el futuro. Ahora toca hacerlo bien pensado en el presente; y para no caer en los mismos errores, hay que abrir un Proceso Constituyente que rompa ataduras con ese pasado que algunos recordamos, otros quieren ocultar y muchos conocer.

El 15-J tuvo sus propios valores, que supusieron la conquista pacífica de una democracia imperfecta, y significó un gran paso hacia la modernidad. Fueron unas elecciones en libertad y sin ira. La Transición, cerró en falso el conflicto de las «dos Españas», que sigue visualizándose tras las generales del 28A y las municipales, autonómicas y europeas del 26 de Mayo.

Adolfo Suárez confesó en un descuido, en una entrevista con Victoria Prego, por qué no hubo referéndum monarquía o república. Metieron al rey en la Ley para la Reforma Política porque «Hacíamos encuestas y perdíamos«; un referéndum se habría perdido. Transcurridos cuarenta y dos años es preciso abrir un nuevo proceso constituyente por una República Federal.

COMO ELEGIR AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

¿Cuándo es más fácil que dos cosas sean diferentes?. Pues seguramente cuando se eligen de maneras distintas. Así pues, en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente se elige en unas elecciones, mientras que los miembros del Congreso (compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado) se designan en otros comicios.

De esta manera, se consigue cumplir la teoría de la división de poderes, puesto que el poder ejecutivo recae sobre el presidente y el legislativo sobre el Congreso de los Estados Unidos. Por tanto, si los sistemas representativos occidentales aspiran a ser decentes deben procurar que el ejecutivo, legislativo y judicial sean verdaderamente independientes entre sí.

¿Y esto cómo se consigue?. Pues para empezar haciendo que cada poder nazca de procedimientos distintos, dado que si nacen del mismo o son configurados por las mismas personas, es muy difícil que un poder termine supervisando la acción del otro.

Esta introducción permite abordar plenamente la cuestión en España. En este país, aunque las elecciones generales no sirven para elegir al jefe del ejecutivo, lo habitual es que haya presidente poco tiempo después de ellas. De hecho, desde los poderes públicos se promueve esta práctica como algo que responde a lo que llaman “normalidad democrática”.

Pero en absoluto es así. Las elecciones generales son solo legislativas, y de ellas no salen más que los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado) que conforman el poder legislativo.

Sin embargo, estas personas rápidamente comienzan a negociar la investidura del presidente del Gobierno, que es el jefe de otro poder (el ejecutivo) y quien nombra además a los restantes miembros del mismo (ministros). Entonces, si desde la mayoría del poder legislativo (sea el grupo político con más peso o mediante pactos) se elige al jefe del ejecutivo, no es ya que estos dos poderes no vayan a ser independientes, es que directamente ¡uno de ellos será comparsa del otro!.

Por consiguiente, ¿qué consecuencias se derivan de este despropósito?. Sencillamente, que el/los partido/s con mayor cuota del poder legislativo tendrán a su vez controlado el ejecutivo.

Asimismo, no debe olvidarse la determinante influencia que adquieren para designar a los miembros del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial

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Todo ello implicará que un único procedimiento (elecciones generales) sirva para adquirir suficiente poder como para adueñarse de las principales estructuras del Estado durante, al menos, 4 años.

Así que, para evitar precisamente eso se introdujo la teoría de la división de poderes, porque cuando en un sistema representativo un grupo reducido de personas concentran demasiado poder, dicho sistema se vuelve despótico (y lo seguirá siendo aunque sea de carácter temporal y elegible).

Entretanto, este "despotismo elegible" que reina en España, además de las carencias señaladas, pone de manifiesto también la escasa capacidad de elección de la ciudadanía. Dado que si los sistemas representativos actuales presumen que sus cargos son directamente elegidos por sus ciudadanos, ¿cómo puede justificarse que el jefe del ejecutivo, que no es un cargo precisamente menor, sea elegido por sus colegas del Congreso?.

Seguramente cueste hacerlo, de modo que las elecciones legislativas adoptan un falso enfoque presidencialista, y buscan transmitir la sensación de que la ciudadanía realmente puede votar al presidente.

No obstante, los únicas personas que pueden hacerlo son los habitantes de la circunscripción de Madrid, ya que probablemente el candidato a presidente se presente como número uno por esa circunscripción. Ahora bien, en ese caso concreto no lo hará como presidenciable, sino como candidato a diputado.

De esta manera, los problemas mencionados provienen, casi con toda seguridad, de los rasgos preeminentemente partitocráticos que tiene el sistema. Unos rasgos que permiten que el partido que gane las elecciones generales consiga seguramente, además de la mayoría del legislativo, el poder ejecutivo y una influencia determinante en el poder judicial. 

         

Este entramado se sostiene evidentemente en una legislación electoral que sobrerrepresentando a las mayorías e infrarrepresentando a las minorías, termina diseñando un parlamento con una correlación de fuerzas muy dispar.

 Sin embargo, cuando por avatares del destino se terminan teniendo parlamentos más fragmentados, la clase política debe negociar entre sí algo que sería más lógico que correspondiera hacer a la ciudadanía, puesto que, en esos momentos es cuando tienen lugar concesiones en una dirección u otra, normalmente a escondidas del resto de la gente, para que el poder nuevamente consiga acomodarse en una dócil minoría.

¿EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA? POR SUPUESTO

Recuerdo mis años mozos en Vallecas, la pequeña Rusia” en la que nací, en pleno franquismo, en plena pobreza, en plena diáspora migratoria. Era un pueblo muy hermoso, de casas de dos plantas encaramadas a los cerros, con calles sin pavimentar, con un alumbrado público casi invisible. Criado como un pequeño salvaje que creía descubrir América cada vez que construía una cabaña en los árboles junto a sus primos y amigos, aquel rincón era lo más parecido al paraíso que he conocido a lo largo de mi vida.

Pese a ello, el ambiente era hostil una vez que te metían en las instituciones del régimen. Teníamos que acudir obligatoriamente a absurdos oficios religiosos en los que personas de muy escasa preparación nos aconsejaban sobre cualquier cuestión mundana, dejando las enseñanzas de su señor Jesucristo para mejor ocasión.

A ellos, a los curas que iban a las escuelas, a los institutos y a las casas, les preocupaba nuestro sexo, qué hacíamos con él y qué iba a ser de nosotros pecadores llenos de lujuria adolescente. Eran unos obsesos que, en muchas ocasiones, cometieron actos incompatibles con el más mínimo sentido ético de la vida.

Los curas tenían poder en todo el proceso educativo, no sólo en los colegios de curas y monjas, sino en los que eran públicos, estatales. No obstante, España era la reserva espiritual de Europa y un Estado Nacional-Católico, nombre que se dio en España al fascismo patrio. En mi proceso de adoctrinamiento fascista, llegué a tener un singular terror al demonio, personaje al que no conocía pero que me describían un día y otro con absoluto tremendismo.

También se me apareció la virgen, creo que era la del Carmen. Estaba mi madre un poco trastornada y me mandó que fuese a su dormitorio a por unas aspirinas. Así lo hice, pero la virgen que había encima de su cama me llamó vestida de azul: ¡José Luis, acércate, no temas! Salí triscando como alma que lleva el diablo y durante muchas semanas me abstuve de entrar en aquella habitación sagrada. Años después, pensé en comentar el suceso a la curia y promover en mi casa una peregrinación que me habría dado pingües beneficios. Luego lo dejé por desidia, también por un poquito de rubor que he roto hoy para escribir este artículo.

En la Escuela comenzábamos las clases diciendo Ave María Purísima, para luego pasar a cantar “Isabel y Fernando -que mi hermana citaba como Fernández- el espíritu impera, moriremos besando la sagrada bandera…”. Tenía seis años y me sabía todas las oraciones e himnos gloriosos que imaginarse pueda.

En el Instituto, cambiaron muchas cosas, sobre todo que algunos de nosotros comenzamos a no callarnos, a hablar y a hacer barrabasadas de cierto calibre. Empero, teníamos una tediosa asignatura que computaba tanto como cualquier otra y que se llamaban Formación del Espíritu Nacional. Contábamos para su perfecto aprendizaje de unos libros de editorial Doncel y unos profesores falangistas tan aburridos y cansinos como los textos que nos obligaban a leer y estudiar. Entre Dios, los curas, los maestros y profesores falangistas o aproximados, los libros de FEN y los himnos, muchos salieron como pudieron, otros vacunados para siempre contra cualquier imposición ideológica o religiosa.

El franquismo sepultó para siempre los avances educativos que nacidos a finales del XIX alcanzaron su cénit durante la II República. La Institución Libre de Enseñanza, el Instituto-Escuela, la Residencia de Estudiantes y la Junta de Ampliación de Estudios formaron a varias generaciones de los mejores de entre nosotros en todos los campos del saber.

Después, se volvió a la memoria, a la obligación, a la letra con sangre entra que tanto gusta a los nostálgicos de aquello. También al adoctrinamiento en el mal. Aquel terrible periodo de pensamiento único y la pervivencia de partidos políticos de corte franquista, propició que durante cuarenta años de democracia borbónica -salvo el corto intento de Zapatero- no nos hayamos preocupado de educar ciudadanos demócratas que amen la libertad y la fraternidad por encima de cualquier otra cosa.

La educación ha querido aprovechar a los que más facilidades tenían para el aprendizaje y postergar a los que más ayuda necesitaban. El resultado de todo ese orden de cosas es que hoy una parte considerable de la población apenas tiene formación democrática, ignora las luchas de sus antepasados por las libertades y los derechos humanos, desconoce los nombres de las grandes personalidades de la Democracia y permanece ayuna de los valores consustanciales al régimen de libertades que se funda sobre el pensamiento humanístico de los grandes hombre españoles y europeos de los siglos XV al XX.

“Educad al niño y no será preciso castigar al hombre” decía Pitágoras mucho antes de que se supiese nada del portal de Belén. Por su parte, nuestro inconmensurable Francisco Giner de los Ríos se encargaba de alertarnos: “Todos los niños son inteligentes, hasta que el maestro y los padres se encargan embrutecerlos… Los hombres medio instruidos, pero no educados, tienen su inteligencia y su corazón punto menos que salvajes…”.

Y es precisamente para eso y para combatir el axioma reaccionario de que en la Escuela se enseña y en la casa se educa, que precisamos con toda urgencia de una asignatura obligatoria y evaluable en todo el Estado que enseñe los principios democráticos elementales, los valores laicos universales que convierten al hombre en un Ser Humano y que inoculen en cada uno de nosotros la tolerancia y el espíritu crítico indispensable para avanzar como sociedad.

Seguir abundando en conocimientos utilitaristas, dejando de lado las Humanidades y los valores que han hecho avanzar al mundo, es volver al tiempo de las bestias, al darwinismo social, al terror que se está cociendo en muchos países de Europa y que ya sufrimos durante buena parte del siglo XX.

Es preciso, vital, que mediante la Educación Pública introduzcamos en el ADN de las nuevas generaciones el amor a la Justicia, la Libertad, la Fraternidad; el respeto reverencial a la Naturaleza, al inmenso patrimonio monumental que poseemos, a lo público que es lo que hemos sido capaces de crear entre todos y a quienes nos antecedieron en la vida; la solidaridad activa con los diferentes, con los que sufren por culpa de un sistema que fomenta tanto la competencia como la desigualdad.

Del mismo modo que es menester que enseñemos a los futuros hombres a odiar y combatir la explotación, la supremacía, la discriminación, la exclusión y el mito. No estaría nada mal que para que todo ello fuese posible se introdujese en todas las escuelas e institutos como manual de discusión, un libro imprescindible de Antonio Machado que mi padre llevaba siempre en el bolsillo de su chaqueta: “Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo”: “Preguntadlo todo, como hacen los niños. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo de más allá? En España no se dialoga porque nadie pregunta, como no sea para responderse a sí mismo. Todos queremos estar de vuelta, sin haber ido a ninguna parte…”.

MUJERES CASTAS, BUENAS ESPOSAS Y SANTAS MADRES

Está claro que las relaciones de poder entre los sexos se han basado tradicionalmente en el control de los cuerpos, la sexualidad y la capacidad de reproducción de las mujeres, y el Estado, a través del Derecho, ha institucionalizado con frecuencia este control. Regular los casos y circunstancias en los que una mujer puede decidir tener o no tener hijos, esto es, interrumpir voluntariamente su embarazo o acceder a técnicas de reproducción asistida, ha sido siempre una forma de limitar la autonomía de las mujeres, vulnerar sus derechos sexuales y reproductivos (aunque no solo estos), y fomentar la subordinación y la opresión sexual en la que se apoya el sistema patriarcal.

El PP ha demostrado sobradamente en estos años su falta de sensibilidad en temas de género y su confianza en el patriarcado como sistema de cohesión social. No solo se opuso ferozmente a la Ley de Igualdad y a la de Violencia de Género, sino que, ya en el poder, retiró todo apoyo a la aplicación de esta última y modificó el Código Penal al objeto de dinamitarla sustituyendo, incluso, la expresión “violencia de género” por “violencia doméstica”, como si fueran sinónimas.

El PP admite a duras penas que la mujer está discriminada y, de hecho, se ha resistido desde tiempo inmemorial a la articulación de acciones afirmativas en este campo, así que si hablamos, como es el caso, de violencia sistémica, opresión y dominación sexual, lo normal es que no entienda una palabra. De hecho, su última legislatura ha estado marcada por un casposo conservadurismo, una especie de paternalismo benevolente o incluso una forma de moralismo legal, que “animaba” a las mujeres a comportarse como es debido, y estigmatizaba y perseguía a quienes no se atuvieran a la norma. Ni putas, ni abortistas, ni bolleras. Mujeres castas que cumplan el rol social para el que han sido llamadas: buenas esposas y santas madres.

Ya en la Ley Mordaza el PP aumentó la presión sobre los consumidores de prostitución, algo que, aisladamente, podrían suscribir ciertas formas de feminismo y que, de hecho, no constituye, necesariamente, una violación de los derechos de las mujeres. El problema es, sin embargo, que la Ley castiga también a las prostitutas, a las que impone multas de hasta 600 euros, en casos de infracción leve (artículo 37.5) o hasta 30.000, si no se obedece de forma reiterada los mandatos de los funcionarios policiales y se siguen ofreciendo servicios sexuales (artículo 36.6).

El castigo a las prostitutas solo se explica desde un paradigma moral para cuya salvaguarda se utiliza la fuerza jurídica y policial, lo que sucede únicamente en el Estado islámico y en algunos otros, no, por cierto, democráticos. Todo ello sin considerar ahora el modo en que tales disposiciones aumentan la deuda de las mujeres con sus proxenetas y la necesidad, por tanto, de mantenerse en el bucle de la prostitución y la trata.

Por lo demás, el PP se ha empeñado con el mismo entusiasmo en obligar a las mujeres a tener hijos que no querían, como en prohibirles que los tuvieran cuando querían, siempre y cuando se trate de bolleras o de mujeres sin varón que las tutele.

Primero, intentaron limitar el aborto para situar la legislación en algún lugar anterior a la década de los 80, que ya les debió parecer el despelote; después, presentaron un recurso de inconstitucionalidad para mostrar que hay vida incluso antes de la existencia del varón y la mujer. Es más, ya en el encuentro entre ambos y en la intencionalidad, hay una vida en ciernes que merece protección. Evidentemente, toda esta filosofía visionaria y enormemente imaginativa, pasaba olímpicamente de los informes y la legislación internacional que señalan desde hace décadas que la prohibición del aborto viola un sinfín de derechos de las mujeres.

Y lo peor es que la cosa no se ha quedado ahí. Además de perseguir a putas y a abortistas, la cruzada del PP ha consistido en proteger a la sagrada familia (joya de la corona del conservadurismo más senil) del vil asalto de bolleras y solteronas. ¡No pongáis vuestras sucias manos sobre Mozart, por Dios!

Así que Ana Mato redujo heroicamente el acceso a las técnicas de reproducción asistida a los casos de “problemas médicos”, esto es, a los casos de esterilidad, fijando como requisito para ser usuaria tener “un trastorno documentado de la capacidad reproductiva” o “ausencia de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos” (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, noviembre de 2014).

Sí, sí…sé que todos se preguntan cómo se acredita la esterilidad en este último caso, pero el Gran Hermano lo sabe todo. Aunque la esterilidad no es un hecho natural, dado que exige determinados comportamientos sexuales, y en España la intimidad está protegida, el PP ha encontrado el modo de acreditar semejante extremo. ¿Y cómo lo ha encontrado? Muy fácil: deduce tales comportamientos de la simple existencia de una pareja heterosexual estable que se ha mantenido durante más de un año.

Si tienes pareja heterosexual estable es que tienes coitos vaginales orientados al embarazo, y si no hay varón pues está claro que los coitos no son los que debieran ser, de modo que no puedes demostrar tu esterilidad, y, en consecuencia, amiga, estás fuera. ¿No lo ven? ¡Se trata de poner en práctica una auténtica ingeniería jurídica de alta gama! Y aunque un fallo del Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid confirmó que esta disposición es discriminatoria por razones de orientación sexual, dado que niega la reproducción asistida a mujeres lesbianas y a mujeres sin pareja, esto es algo que Ana Mato ya sabía y que al PP nunca le ha parecido mal.

El control sobre la reproducción es una forma de opresión que impide a las mujeres tomar sus propias decisiones o definir las condiciones en las que tales decisiones se dan; es una forma de violencia institucional orientada al mantenimiento de la familia biológica convencional y de la sexualidad patriarcal.

Una violencia que se refuerza con la utilización de excusas médico-sanitarias para excluir a las mujeres solas, bajo el presupuesto de que los hijos en los matrimonios heterosexuales son una necesidad y en los demás casos, no son más que un capricho.

 Los hijos son la alegría del hogar y una pareja de lesbianas o una mujer sola ni pueden fundar un hogar, ni pueden fundar nada. Las bolleras y las solteronas son anomalías sociales, seres patológicos y desviados a los que no hay más remedio que tolerar pero a los que no vamos a animar a reproducirse. De hecho, ya sabemos las razones por las que, en su momento, el PP bombardeó cualquier conato de matrimonio homosexual.

En fin, lamentablemente, en estos años hemos comprobado que los menonitas, Amish y el Tea Party no son solo cosa de Estados Unidos, sino que se trata más bien de un movimiento mundial homófobo y misógino que se presenta con diversas etiquetas, y que en España ha tenido la suerte de gobernar con mayoría absoluta.

DOS TONTOS MUY TONTOS

Casado y Rivera me recuerdan a Carrey y Daniels en la película de los Farrelly, dos tontos muy tontos. En la cinta dos bobos de postín se empeñan en una absurda persecución para devolver un maletín perdido a una guapa chica que ni siquiera es consciente de la pérdida. La crítica tachó la obra de insufrible, chabacana y penosa. Los citados actores cómicos, me refiero a los de Hollywood esta vez, no son responsables de la calidad del film, más achacable a directores y productores que no se sabe bien por qué invirtieron tiempo y dinero en esta majadería.

¿O si se sabe? Si no con certeza, sí que puede barruntarse que apostaron por que siempre habrá un lote de descerebrados que se diviertan con simplezas. Es decir que, probablemente, sabedores de que la obra es un puro dislate lleno de sinsentido, queda la oportunidad de sacar provecho de lo más bajo, de apuntarse al tortazo y al resbalón para arrancar unas risotadas estúpidas, pero pagadas en taquilla, y van por la tercera secuela.

Hay gente pa tó decía el Gallo y parece que los cómicos de la derecha han cogido el rábano por las hojas y han decidido competir por ver quién es más lerdo y se lleva el gato al agua del esperpento bien temperado.

Y aquí comienza su carrera por ver quien emula más y mejor al más torpe y obtuso de los analistas políticos (alguno pagado con fondos reservados), que claman por la españolidad más española y mucho española. La patética posición de denuncia de la invasión de la patria por parte de las hordas subsaharinas solo cabe en la cabeza trastornada de dos tontos muy tontos que compiten a brazo partido por la primera y segunda posición en este ranking.

Los tropiezos, las astracanadas, los juegos de palabra y las triquiñuelas no han hecho sino comenzar. Vamos a ver cosas que si no fuera porque ya lo adelantaron los personajes citados, hasta nos harían reír. Pero es tarde. El papel está reservado, si quieren seguir en esta línea que se lo pidan a los Farrelly o al mismísimo Santiago Segura que dada su voracidad, estoy seguro que no haría ascos a una secuela compartida de los dos tontos mezclada con una versión Ozores del que vienen los socialistas. Si así es, y me pillan en una buena tarde con algún efluvio etílico en las venas o lo que se tercie, puede que acabe sonriendo.

Las secuelas son lo peor, produce grima el estar forzando una trola, generar una narrativa se dice ahora, que obliga a los cargos de sus respectivos partidos a tener que decir y sostener “paponadas” de tal calibre que percibo hasta bochorno en el tono de alguno de ellos cuando manifiestan por boca propia lo que dicta el asno del jefe. Creo que sienten vergüenza ajena y no me extraña. Estos dos tontos se han tomado su competición muy en serio.          A la prueba de descalificación de emigrantes le sigue la de utilización perversa de víctimas y finalmente la prueba de fondo: Cataluña. Desde aquí pido que se otorguen dos diplomas al ganador, uno obviamente por tonto y el otro por si lo pierde.

Se me podría reprochar el usar la descalificación tontuna de manera injustificada, pero no es así. Es tonta una persona cuando actúa imitando a otros sin conciencia de su conducta seguidista. Haz lo que vieres hacer es una proverbio que solo tiene sentido si se relaciona con haz el bien y no mires a quien, pero estos cómicos locales más parece que siguen la máxima que dice que si culo veo, culo quiero. Y han visto el culo de Salvini y el de Trump y quieren culo, xenófobo y mentiroso, y además culo.

Y aquí es donde su tontería llega al nivel muy alto, al de preocupación general, pues quieras que no representan a una parte de la sociedad española que va a dejar de depender del juicio conservador de la vida para depender de lo que se ponga de moda aquí o allá. Es decir que estos baluartes del españolismo autóctono van a tratar de construir un discurso político importado y claramente alóctono.

Como son tontos y siguen el dedo que apunta a la luna en lugar de a ésta, no parecen tener constancia de que ya el único rey que conocemos por su sabiduría, Alfonso X, llamaba españoles a los moros y judíos de su reino (aún no enteramente español) a quienes reserva notables tareas de administración y justicia. Es decir que contaba con la pluralidad racial y religiosa como forma de potenciar lo que acabaría siendo el primer imperio planetario y el primer estado preocupado por difundir en lengua clara (vernácula) todo el conocimiento no religioso logrado en su tiempo.

Dado que tras posiciones defendidas por este par de ases de la estulticia se esconden operaciones como el examen de españolidad para solicitantes de permiso de trabajo o residencia para extranjeros, creo que sería bueno también aplicarles a ellos, como cabezas visibles de partidos políticos aspirantes a gobernar, el que demostraran conocimiento básico de la cultura y trayectoria política de un país territorio que conecta geográficamente Europa con África y culturalmente con América.

Y que nos cuenten a todos si tan colosal obra puede llevarse a cabo repudiando y despreciando lo desconocido o si más bien conviene forjar asociaciones provechosas más allá de la coyuntura puntual del florecimiento del voto racista.

¡Pero qué digo de pruebas o de exámenes! Si por ahí viene Casado exhibiendo sus trabajos compensatorios de master ¡chúpate ésa, pardillo! Casado 1, Rivera 0. Esto no ha hecho más comenzar ¡bbbrrrlllddd!

BORBONEANDO ENTRE EMERITOS Y “PREPARADOS”

El penúltimo escándalo del rey emérito, por el cual su amante oficial durante muchos años reconocía en una filtración de conversaciones, su papel de intermediaria en las actividades comisionistas de aquel, añade otra gota al ya colmado vaso de este país. Por mucha presunción de inocencia que podamos tener, es evidente que las líneas de implicación de la familia real en los negocios fraudulentos a gran escala no se cierran con la sentencia condenatoria del yerno díscolo, Iñaki Urdangarin, otrora Duque de Palma por casamiento con la infanta Cristina.

Está claro que el nombre de la empresa, Nóos, objeto de la condena, en realidad se tendría que leer como el plural mayestático Nos, usado por reyes y Papas para vincular su figura a la institución que representan. Por otro lado, el intento de colocar el cortafuego en el yerno, dejando a su esposa Cristina como una mera ama de casa ignorante de la proveniencia del tren de vida familiar se desmorona ante la confesión de Corinna, dejando de manifiesto la pinza acusatoria sobre el penúltimo borbón y por extensión, a su hijo ahora rey.

Pero esta forma campechana de convertir la piel de toro en una oficina de cobro de comisiones, y a su familia en empleados a comisión, no era una novedad, ya que tenía sus antecedentes, también se sabe ahora, conocidos a través de la carta que le dirigió JC I al entonces Sha de Persia en 1978 para pedir apoyo económico a la campaña electoral de Adolfo Suarez. De esta manera, el monarca rompía ya al inicio de su reinado la figura de neutralidad y arbitrio político que se suponía había de tener, y que sancionaba la bisoña constitución recién salida de la imprenta, pero que se asociaba más al falsamente jocoso termino coloquial de “borboneo” con el cual se han conocido las actividades y maniobras del penúltimo borbón. Además de sus sospechosas relaciones “familiares” con todas las monarquías sátrapas (Arabia Saudí, Marruecos, etc)

Ya en este nuevo siglo el cambio de banquillo en el equipo de la flor de Lis no ha dado los frutos que se hubiera esperado de este último borbón al que se supone se le “preparó” a conciencia. El contundente discurso de Felipe VI con posterioridad a los sucesos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, no dejaron ni orgullo, ni satisfacción, más bien todo lo contrario, por ser una vez más el reflejo de una opción partidista y no un llamamiento a la conciliación de las partes en conflicto.

Son ya casi 300 años de frustrante relación de la ciudadanía con esta dinastía anacrónica, repletas de desencuentros, expolios y traiciones, y no han sido suficientes para dar a esta por finalizada. Pronunciamientos, guerras civiles fratricidas, golpes de estado, muertos y exiliados, dos repúblicas frustradas y dos restauraciones no parecen ser bastante para formalizar definitivamente el divorcio con los herederos de Felipe V.

En este primer tramo del siglo XXI estamos viviendo sucesos que recuerdan las corruptelas y maniobras políticas de la otra Cristina, de Borbón y dos Sicilias, madre de Isabel II, que provocaron su primer exilio en 1840 y las revueltas de 1854. Pero se la recuerda por sus negocios a costa del dinero público, la fuga de capitales al extranjero y el entonces lucrativo comercio de esclavos.  Pero la corrupción no tuvo su final con la expulsión de esta, sino que su hija le dio una continuidad hasta la revolución de 1868, y que la restauración, tras la efímera I República, tampoco frenó hasta el reinado de Alfonso XIII. No hay uno solo de los miembros de la estirpe, ya desde Carlos IV, que no haya dado muestras suficientes para demostrar que algo no funciona con la flor de Lis.

Estos años, desde que empezara la crisis económica en 2011, han puesto de relieve la fractura del régimen del 78. Los tres poderes puestos en duda por la ciudadanía ante el diktat de Bruselas en pro de políticas austericidas, la desigual forma de dictaminar sentencias y el peso de las mismas, la judicialización progresiva de la política y en su forma de ejercerla, el abandono a su suerte de las clases más desfavorecidas ante el acoso de bancos y eléctricas, el mismo rescate de esa banca con dinero público a fondo perdido, y la corrupción que contamina toda la estructura sobre la que se fundamenta el Estado desde municipios, diputaciones, CCAA y gobierno central son factores que han sobrepasado los límites de resistencia del estado fracturándola incluso en su propia concepción, al no haberse dado solución al problema de encaje de los territorios históricos y para el que el sistema autonómico fue solo una solución sujeta a las olas centrifugas y centrípetas del contexto electoral.

Un régimen que fundamentó su último acto de supuesta regeneración en la moción de censura de junio pero que ha demostrado su carácter continuista al frenar cualquier investigación sobre las últimas revelaciones sobre JCI. Y cuando aún no nos habíamos recuperado de la impresión de la moción de censura exprés, el ultimo Ministro de Justicia de Rajoy firmaba la sucesión al título de Duquesa de Franco, concedida en su día por el emérito a tan insigne familia, a la ahora sucesora, la “nietísima” del dictador quien su a vez le nombró heredero y garante de los principios del Movimiento. Cerrando así el círculo de premios, lealtades y fidelidades entre la dictadura y la estirpe borbónica restaurada.

Ante esta situación de colapso no es posible pensar de otra forma que no sea la ruptura que no se gestó en 1976 en beneficio de una reforma pactada. La presión a la que se vio sujeta la población española por las fuerzas vivas del extinto régimen dictatorial, el contexto internacional que no dejaría jamás que se repitiera una revolución como la de abril del 74 en Portugal, unos medios de comunicación totalmente escorados hacia la opción borbónica, y el pasado presente de la confrontación civil fueron suficientes para que la propuesta rupturista no se pudiera materializar.

Por esa razón, las fuerzas sociales de espíritu republicano deben unirse en la consecución de esa ruptura no solo con el régimen reformista del 78, sino con el sistema que lo sustenta y con una estirpe anacrónica y tóxica hacia la ciudadanía desde su implantación en 1700. Deben unirse para organizar un referéndum vinculante que ponga punto final a esta situación insostenible y que permita decidir la forma de gobierno que deseamos.

Hemos de recuperar los valores y el espíritu de las dos repúblicas que nos precedieron, haciéndolos nuestros y que a través de un proceso constituyente en el cual participe la ciudadanía, se reflejen en la transformación de nuestra sociedad. Una sociedad que habrá de ser igualitaria, fraternal y libre, y en la que nadie se sienta excluido, marginado o perseguido. Una sociedad laica, solidaria, pacifista y ecologista, libre de fronteras físicas o mentales y donde se respete y proteja el derecho de asilo y acogida.