CIUDADANOS: EL RECAMBIO DEL P.P.

La Oligarquía tiene claro el tremendo desgaste de los partidos turnistas del Régimen de Felipe VI. Tan claro como que PP / PSOE son peones instrumentales de usar y tirar. Para ella el fin siempre ha justificado los medios y sabe distinguir entre lo accesorio -quienes ocupan coyunturalmente la poltrona política- y lo importante: mantener el dominio de clase a toda costa.

Conocedora del hastío ciudadano ante el Bipartidismo y ¡ojo! también del rechazo a las demás organizaciones que han ejercido de puntales del Régimen aunque haya sido de forma esporádica, está abriendo vías nuevas para que todo siga igual.

No les gusta nada la opción Podemos pese a la rebaja ideológica que parecen manifestar sus últimas declaraciones de ambigüedad poco calculada. No tanto por el discurso sino  por la forma en que se cuestiona su autoridad si el imaginario colectivo acuña y populariza el término Casta.

Cuando el Poder intuye que una situación le perjudica intenta subvertirla al grito de “Lacayos tengo, ahora necesito esclavos que jueguen el papel de tío Tom y no sean cimarrones levantiscos”. Por ello ha puesto en marcha toda la maquinaría para que en España se conjure el peligro, siguiendo varias fases.

La primera consistía en romper el crecimiento de una opción potencialmente peligrosa: Podemos. Hizo de la mentira el centro de la estrategia. Le daba igual porque cuenta con la credulidad acrítica de importantes sectores sociales dispuestos a tragar con lo que les echen, -  aquellos que utilizan la excusa del "no podía hacer otra cosa" - si los medios de difusión ideológica estimulan el gen de la resignación.

Ahora está en la segunda que pasa por vender otra marca. Ahí entra en juego Ciudadanos, organización hasta ayer etérea y difusa a la que hoy venden como suave y peluda, casi de algodón. No habrá lupa ni ensañamiento contra sus dirigentes. Son espejo de los que mandan y sabe lo que encontrarán si enfocan bajo sus alfombras.

Parece que el partido del españolismo catalán y de Carlos el Yoyas no tiene pasado. Tampoco hay un especial interés de los “equipos de investigación periodísticos” para averiguar quiénes son, qué dicen o qué han hecho políticamente.

Fuera de su territorio nativo se nutre en su mayoría de “peperos” arrepentidos. Para el Poder es un chollo. Mientras ayuda al lavado de cara del Sistema, a la falsa regeneración, garantiza el aporte de “diputados de Orden” cuando la aritmética electoral lo demande.

Ciudadanos ya ha dicho que tras el 22M no apoyará en Andalucía a partidos con expresidentes imputados ¡Genial! Pero no dice ni mu sobre el apoyo a otros que pese a no tener “manolochaves o griñanes” si tienen a mansalva gurtelistas, barcenistas, trapisondistas y otros carteristas.

A Podemos se le exige todos los días que diga con quien pactará. A IU le suponen que tenderá si es necesaria su mano a Susana Díaz o Teresa Rodríguez. A "la alternativa viable y sensata" como se autodenomina en su web, una vez elevada a recambio del PP, no la molestan. Para eso la han creado de la nada y mimado como sucedáneo “por si acaso”. No van a poner en riesgo la inversión antes de que dé frutos.

Además los bisoños en la arena nacional ya han hecho méritos valorados debidamente por quien controla. Conmovedora prueba del algodón fue la de buscar una excusa baladí para salirse del parlamento catalán y evitar así condenar el Franquismo. Con desagradecidos que cuestionen el legado del abuelo no se transige ¡Qué más se les puede pedir!

Estamos ante otra ocasión de nuestra Historia en la que el Conservadurismo hispano muestra su lado posibilista y aplica rigurosamente la doctrina del mal menor para limitar daños. Al menos debemos agradecer que de momento no la acompaña el ruido de sables. Ventajas del furor europeísta que tan bien le ha venido para aplicar los dictados de la Troika y llenar los bolsillos con las privatizaciones y los rescates bancarios.

La Plutocracia financiera ha desechado a la histriónica Rosa Díez en favor de los chicos de Alberto Rivera que encima utilizan el naranja, color de las “revoluciones buenas”, las ultraliberales bendecidas y financiadas por Washington. El rojo da susto y el morado, aunque sea color de saya penitencial, también es feminista y republicano.

Con el Poder real económico nos pasa como con la anécdota que se atribuye al torero del XIX Mazzantini. Metido en Política desafió a un rival a un duelo y recibió la negativa de éste a aceptarlo: ”¿Por qué? preguntó -Porque si yo le mato, dirán que don Luis ha recibido su última cornada, y si usted me mata a mí, dirán que don Luis ha dado su última estocada. En ambos casos, yo llevo los cuernos, y no estoy dispuesto.” A este rival no debemos combatirlo con su propias armas pues acabaremos o cornudos o apaleados.

Como muestra basta ver como hace unos días un energúmeno increpó en un avión a Juan Carlos Monedero cuando volvía de una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada en Ginebra. Según informa El Plural, el diligente perro de presa es sobrino del extesorero del PP Alvaro Lapuerta, implicado en todos los chanchullos patrios. No es una anécdota. Ilustra perfectamente la prepotencia y chulería de quienes les lamen las botas a la Oligarquía. Se consideran por encima de tod@s y con derecho a todo. Por ello es más necesario que nunca utilizar nuestra mejor arma: la inteligencia colectiva cargada de razones y argumentos. A ladrar y embestir siempre nos ganan.

Abusa sin reparos de su control sobre una mayoría social a la que ha vendido durante siglos trajes inexistentes y para acallar sus gritos de ¡estamos desnudos!, ¡nos habéis dejado en pelotas! toca a rebato y convoca a sus mayorales, capataces y amantes del orden para que le ayuden a sujetar más fuerte las cadenas.

De los inferiores sólo quiere oír un “si bwana” no vaya a ser que cojamos la funesta manía de pensar. Si los teóricos representantes les llegan a las Instituciones enseñados y sumisos mucho mejor.

Y si de camino nos entretiene a los de la otra orilla con concursos de ombligos y purezas revolucionarias, jugada redonda. Así tendrá la certeza de imponerse en la batalla de las Ideas y poder gritarnos: “¡La Ciudadanía ha muerto. Viva CiUtadans/ CiUdadanos!”. No en balde el magma de intereses que mueve los hilos económicos de nuestro país es monárquico de pro.

DIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

El Gobierno ha tomado la decisión de llevar la enseñanza hacia los momentos más oscuros del nacionalcatolicismo. Mi razón y la religión son incompatibles. También la religión es incompatible con la libertad de pensamiento. Por ello quiero que quede constancia de mi opinión, sobre el tamaño despropósito de adoctrinamiento del Gobierno, siguiendo dictados de la conferencia episcopal.

Soy defensor de la separación real y efectiva de la iglesia con el Estado; que no haya vínculo alguno con ninguna religión, y menos aún con la que históricamente tanto daño ha hecho a los españoles. Según la Constitución «Ninguna confesión tendrá carácter estatal» (art. 16.3). No es decente que se obligue a nadie a asumir el creacionismo. Es una capillada ideológica y un insulto a la inteligencia. Quieren seguir catequizando y adoctrinando sobre la identidad del catolicismo y su ideario: dejad que los niños se acerquen...

El Gobierno del Partido Popular ha publicado los currículos de religión católica para las enseñanzas no universitarias. A través del BOE se decreta, por ejemplo, “la incapacidad de la persona de alcanzar la felicidad sin la ayuda de Dios”. Ahí es nada. Podemos medir la magnitud del disparate si recordamos que hace 203 años la Constitución de las Cortes de Cádiz afirmaban en su artículo 13: “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”. La Iglesia, con tal de hacer publicidad de lo suyo, condena a la infelicidad e intenta amargar la vida a los no creyentes, y deja sin una noble función a los gobiernos de la nación.

A partir de ahora, los estudiantes deberán «conocer y aceptar, los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la actuación de la iglesia». Tendrán que aceptar y justificar las aberraciones cometidas por la iglesia católica en sus enfrentamientos con la ciencia, «condenas a científicos y crímenes de la Inquisición».

La resolución se apoya en el desarrollo de la LOMCE del ministro Wert y en el Concordato negociado con el Vaticano a la salida de la dictadura franquista y antes de la Constitución, aunque se publicase el 3 de enero de 1979. Con ella el gobierno de un Estado teóricamente aconfesional ha asumido toda la doctrina de la Conferencia Episcopal sin pestañear. Como muestra del currículo van las siguientes “perlas”:

Se fijan como estándares de aprendizaje evaluables que el alumnado de 1º (6 años) tiene que “memorizar y reproducir fórmulas sencillas de petición y agradecimiento”, o en 2º de primaria que es capaz de “expresar, oral y gestualmente, de forma sencilla, la gratitud a Dios por su amistad”. Parece que es volver a los rezos en Primaria.

El currículum incide en el creacionismo, valorando que el alumnado de Bachillerato “reconozca con asombro y se esfuerce por comprender el origen divino del cosmos”, en contra de los modelos científicos explicados en el resto de los contenidos curriculares. Una cosa es que, a estas alturas, la iglesia acepte la evolución de las especies; pero eso nada tiene que ver con el origen mítico del universo y de la vida. Vamos, que si el alumno quisiera ser coherente debería de elegir entre aprobar Religión o Ciencias.

Los estudiantes deben “conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la actuación de la Iglesia”. ¿No será para justificar la quema en la hoguera de Giordano Bruno? Tengo curiosidad de saber cómo se va a informar con rigor y respeto del proceso a Galileo Galilei.

Hay que decir que el control de la iglesia católica es total sobre lo que se imparte y cómo se evalúa. Para justificar esta visión tan retrógrada no vale argumentar que no se obliga al alumnado a aceptar la asignatura de religión. Porque sí que se obliga a todos los centros públicos a ofertarla y son las familias las que deciden si sus hijos la cursan por ser menores de edad.

La asignatura de religión, que se imparte sin fijar un número mínimo de alumnado, restará del orden de 70 horas de materias troncales u optativas en función de lo que decidan las CCAA. También condiciona la organización escolar en los centros, ya que obliga a impartir otras asignaturas alternativas devaluadas o la de Valores Cívicos, con lo que se educa en dos éticas distintas. Y se vuelve a dar de nuevo valor a la asignatura de religión como evaluable y servirá para la nota media y obtener una beca.

En suma, se refuerza la finalidad catequista o de adoctrinamiento de menores con la complicidad del Estado, usando medios y espacios públicos para ello. Tiene narices que lo apruebe aquel Gobierno que ha eliminado la asignatura de Educación para la Ciudadanía con el argumento de que provocaba “adoctrinamiento ideológico”. Sindicatos del profesorado han denunciado que este currículum exacerba la confesionalidad y se usa como catequesis para evangelizar de forma ilegítima al alumnado con contenidos que no tienen nada de científicos. Como dice el teólogo Juan José Tamayo, “los contenidos son en su totalidad catequético con tendencia al fundamentalismo. El pensamiento que se transmite es androcéntrico; el lenguaje, patriarcal; la concepción del cristianismo, mítica; el planteamiento de la fe, dogmático; la exposición, anacrónica”.

La escuela pública no puede considerarse como tal sin garantizar el respeto hacia todos los ciudadanos. Ello supone buscar lo común a todas las personas en función de los valores que consagran los derechos humanos y exige que todo aquello que nos separa a unos de otros quede fuera de la escuela pública. Como decía Marta Mata, pedagoga y cristiana, “laico es lo que corresponde al terreno de lo humano, no de lo divino”. Para ella laicismo y democracia eran sinónimos. Las familias tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero nada obliga a que dicho derecho deba insertarse en la educación formal y dentro del horario escolar. Debería desarrollarse en el ámbito no formal, por pertenecer al ámbito privado de la familia y por su decisión personal de relacionarse con determinados colectivos y asumir sus postulados. Los dogmas no deberían tener cabida en las aulas de un país realmente aconfesional.

Estos son otros de los despropósitos que aparecen como oficiales en el boletín del Gobierno: «El ser humano pretende apropiarse del don de dios prescindiendo de él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz». Lo hemos leído en el BOE y nuestros hijos y nietos lo tendrán que estudiar al ser letra de ley (resoluciones 1849 y 1850 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación). El alumnado debe asumir y «comprender el origen divino del cosmos» y que éste «no proviene del caos o el azar». No dicen verdad: el cosmos no viene del caos, porque el caos viene del Gobierno, que está llevando a la ciudadanía a la más miserable de las existencias, con religión católica incorporada y en guerra contra el Islam.

El currículo de religión, plantea diferentes objetivos a alcanzar por el alumno, mediante las siguientes preguntas: «Expresa con palabras propias el asombro por lo que dios hace; Enumera los cuidados que recibes como don de dios; Memoriza y reproduce fórmulas sencillas de petición y agradecimiento; Asocia las características de la familia de la iglesia con las de tu propia familia; Expresa la gratitud a dios por su amistad; Relaciona la unidad de la Iglesia con la unidad de los órganos de tu cuerpo; Recopila y pon en común con tus compañeros oraciones que la comunidad cristiana utiliza cotidianamente; Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la iglesia ha defendido la verdad del ser humano; Reconoce con asombro el origen divino del cosmos y distingue que no proviene del caos o el azar; Identifica la influencia de la iglesia en la organización social y la vida laboral; Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación ‘hombre y mujer los creó».

No podemos dejar en manos de esta gente la educación de la infancia ni de nadie. Han demostrado en la historia cuales son sus valores. Fueron jueces y verdugos en la Inquisición y cómplices con los crímenes del franquismo; protectores de maltratadores machistas; y siguen ocultando a sus curas pederastas, que surgen como gusanos en la podredumbre. Siempre al lado del poder político y contra los débiles y humildes, para someterlos aquí en la Tierra, porque el cielo que prometen no existe. Esta organización religiosa no obtendría el perdón del dios al que dicen representar. Nos quieren mansos y desbravados de ideas revolucionarias. Los ateos somos laicos por demócratas, anticlericales por sus obras, seculares y agresivos por defender la libertad y la razón.

Soy ateo como expresión del reconocimiento a la razón y a la libertad de conciencia. La religión no puede convertirse en creencia probada y verdad inamovible, como pretende el Gobierno. La fe religiosa, es a fin de cuentas, el acto de dejar de razonar. El Sistema educativo, debe pretender precisamente lo contrario. Como el Sistema está sustentado por todos, a todos debe servir y no ser sectario como lo han convertido.

La oposición democrática, tiene que presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el currículo de la asignatura obligatoria de religión. Hay que boicotear la religión, como piden las asociaciones de padres de alumnos de Catalunya; que ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros escolares; que con dinero público no se financie el adoctrinamiento religioso. Definitivamente hay que derogar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que permiten que los gobiernos de turno, aprueben atropellos fundamentalistas, que atentan contra la libertad ideológica, religiosa y de culto; así como contra el derecho a la libre expresión y al desarrollo de la personalidad.

       El Gobierno ha dado un paso más hacia la división de la sociedad española, al ejecutar públicamente al laicismo. No tienen hogueras para quemar ateos, pero queman todo lo que tocan. El nacionalcatolicismo, resucitado al tercer año «triunfal» del Gobierno Rajoy, se ha hecho carne y la desvergüenza habita en los miembros del Gobierno radical, neoliberal, católico opusdeiano franquista y reaccionario, que nos lleva, no por el camino de la salvación, sino por el de la miseria total.

AL PP “AUN LE QUEDA MUCHO POR HACER”

"La verdadera medida de cualquier sociedad reside en cómo trata a sus miembros más vulnerables"

(Mahatma Ghandi)

        

        Pues sí, es completamente cierto, a la gente del PP le queda todavía mucho por hacer para alcanzar la sociedad que ellos quieren, aunque están en el buen camino. Viene esto a cuento de lo que repitió Rajoy como un mantra durante su intervención en el Debate de la Nación del pasado lunes, y de un vídeo promocional de su próxima campaña electoral, que han colgado en su web, y en el sitio http://aunquedamuchoporhacer.es/, donde algunos de sus dirigentes charlan apaciblemente en un salón, tomando un cafetito, sobre los logros y virtudes de su Gobierno, para intentar convencernos de que estamos en la buena dirección, pero que debemos seguir votándoles a ellos, porque "aún queda mucho por hacer".

Bien, pues vamos a comprobar efectivamente cómo les queda bastante por hacer, contemplando la línea evolutiva hacia la que va derivando su gobierno. Les queda por ejemplo continuar disminuyendo los fondos a la Cooperación y al Desarrollo de terceros países, contribuyendo más a su podredumbre social y cultural, a la vez que les impiden su entrada en la Unión Europea, cuando intentan saltar unas vallas repletas de cuchillas, o los expulsan en caliente (algo declarado ilegal por el propio Comisario de Derechos Humanos de la UE).

Les queda aún por desarrollar y aprobar, también en el contexto europeo, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la UE, cuya aprobación está prevista para este mismo año 2015, lo que resultará en un mayor atropello si cabe a la soberanía de los Estados miembros y a la democracia, y supondrá la consolidación del poderío y de la hegemonía empresarial, manifestada en los campos sanitario, alimentario, de propiedad intelectual, farmacéutico, medioambiental, energético, etc., previendo además la existencia de Tribunales pensados para que las empresas puedan denunciar a los Estados si entienden que con sus normativas y leyes están atacando la posibilidad de incrementar sus beneficios. 

          

Les queda continuar en la campaña de acoso y derribo contra Rusia, a través de la fascista instrumentalización de Ucrania, tapadera que está sirviendo únicamente para la expansión de la OTAN a escala global.

    

A nivel interno, les queda continuar en su acoso y derribo a los servicios públicos, a la independencia de los medios informativos públicos, todavía les quedan sectores que pueden privatizar, les quedan precios y tasas públicas que imponer a muchos servicios, les queda continuar desmantelando el Estado del Bienestar (bajo el falaz pretexto de que son insostenibles), haciendo inviable la Ayuda a la Dependencia, inaccesible la Educación Pública y la Universidad a los estudiantes, y recortando instalaciones, hospitales y profesionales en la Sanidad Pública.

Les quedan todavía muchos profesores que despedir, muchos sanitarios que jubilar, muchos enfermos y dependientes a los que dejar en la estacada, abandonados a su suerte, les quedan muchos empleos fijos y estables que destruir, les quedan muchos empleos precarios por crear, todavía pueden "subir" un poquito menos las pensiones, o el Salario Mínimo Interprofesional, haciéndolo todavía más ridículo e indecente.

Todavía les quedan muchos desahucios por practicar, y aún les queda mucha "movilidad exterior" que fomentar, causando que cientos de miles más de jóvenes sean expulsados de nuestro país, buscando salidas laborales y profesionales en el extranjero. Les queda todavía continuar aumentando los presupuestos ocultos del Ministerio de Defensa, para seguir adquiriendo planes de armamento, aumentando también la deuda.

Les queda continuar fomentando las grandes obras públicas, el fomento de grandes negocios para las grandes empresas de sus amigos del IBEX-35, para luego presumir de que somos líderes en kilómetros de vías de alta velocidad. También somos líderes en energías limpias y renovables, pero como eso no les interesa, hostigan a las empresas que se dedican a promover un nuevo modelo energético, en aras a desmontar el chiringuito del oligopolio eléctrico en nuestro país, donde ellos se alinean con los más fuertes, que son los que se encargarán de darles buenos puestos como Consejeros en cuanto dejen la política.

Les queda conseguir que la deuda pública rebase el 100% del PIB, y que el pago de los intereses de la misma alcancen una suma tan importante, que quede absolutamente justificado el recorte a todos los servicios públicos básicos, así como la intervención de todos los Ayuntamientos y Autonomías, cuyos presupuestos quedarán controlados por el Ministerio de Hacienda de Montoro.

Les queda seguir subiendo los impuestos, aunque ellos lancen engañosas campañas propagandísticas diciendo que los bajan, mediante reformas fiscales disfrazadas de progresistas, cuando en realidad continúan beneficiando a los que más tienen y más ganan. Les queda aún llegar a un nivel de represión ciudadana que ellos consideren adecuado, generalizando las exageradas multas y sanciones administrativas para todos aquéllos que osen protestar o movilizarse en la vía pública, más si cabe cuando lo hagan en forma de escrache a cargos públicos, o delante de las Instituciones. Y además, bajo la excusa de garantizar la seguridad y luchar contra el terrorismo, les queda todavía rebajar aún más el listón de nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades públicas.

Les queda continuar desmantelando la Cultura en nuestro país, impidiendo el acceso popular a la misma, y provocando que tengan que cerrar empresas y servicios culturales que se vuelven inviables con la política cultural de este Gobierno. Así mismo, también les queda mucho por hacer en la Ciencia, la Investigación y el Desarrollo, para conseguir alcanzar su objetivo final de destruir todas las Instituciones públicas que se dedicaban a este sector, y que daban trabajo a miles de profesionales, cuyos proyectos han tenido que ser abandonados.

Les queda aún mucho por hacer en el empleo, favoreciendo los ERE's masivos de las grandes empresas, para viabilizar el despido de miles de trabajadores con puestos estables y seguros, e irlos sustituyendo progresivamente por empleos basura, empleos temporales y precarios, inseguros e inestables, con indignos sueldos e indecentes condiciones laborales, que impiden desarrollar un proyecto de vida. Les queda consumar su objetivo de que nos parezca normal vivir en la miseria, de que asumamos que tenemos que vivir en la pobreza y en la indigencia, en la exclusión social, mientras ellos y sus amiguitos los grandes empresarios continúan forrándose a costa de la "salida" de la crisis.

Y en este sentido, aún les quedan muchos montes que privatizar, muchas playas que destruir, muchos subsidios que abaratar o imposibilitar, mucha gente a la que desahuciar, mucha destrucción medioambiental que provocar, mucha contaminación a la que contribuir, muchos negocios insostenibles a los que fomentar, mucho cambio climático que ignorar, muchos enfermos a los que matar, muchos dependientes a los que abandonar, muchos empleados a los que parar, mucho adoctrinamiento religioso que garantizar, muchos profesionales a los que despedir, muchas comisiones ilegales que cobrar, muchos jueces a los que echar, muchos estudiantes a los que impedir estudiar, muchos servicios públicos que desmontar, mucha corrupción que esconder, mucha desigualdad que provocar, mucha involución democrática que conseguir.

Todo eso es lo que les queda, y así, a fuerza de ir caminando en esa dirección, en la "buena" dirección según ellos, alcanzarán poco a poco (es algo que no se consigue sólo en una legislatura) el modelo de sociedad que desean. Así que, si nos gusta este modelo, ya sabemos que tenemos que votar al Partido Popular en las varias citas electorales de este año, porque "aún les queda mucho por hacer". Y es absolutamente cierto.

LA LEY “MORDAZA” O DE “LA PATADA EN LA BOCA”

Parecía inconcebible que se atrevieran a seguir adelante con él. Por su irracionalidad, por su carácter abiertamente antigarantista, por el alud de críticas que había recibido de organizaciones de derechos humanos de todo tipo. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido apretar el acelerador e imponer en el Congreso de los Diputados su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Lo ha hecho para lanzar a la oposición política y social un rugido  de dureza. Para emular a Fraga y anunciar que la calle es suya y que no permitirá que nadie se la dispute.

Hace unos años, el gesto podría haber resultado eficaz. Ahora no. Con la corrupción carcomiendo sus estructuras, con el aumento de la precarización social, con el desafío que suponen el proceso soberanista catalán y el imparable auge de Podemos, la decisión del Gobierno aparece como un signo de debilidad que, tarde o temprano, puede acabar volviéndose en su contra.

Ciertamente, este empeño represivo no es nuevo. En los últimos años, cada medida privatizadora, cada despojo de los bienes públicos, comunes, ha venido acompañado de alguna iniciativa dirigida a criminalizar la protesta. Esta estrategia tiene su lógica: avasallar los derechos sociales y laborales básicos exige mantener a raya las libertades civiles, políticas y sindicales que permiten reclamarlos. La propuesta de endurecimiento del Código Penal impulsada por Ruiz Gallardón fue una primera señal en esta dirección. Y la Ley de Seguridad Ciudadana se convirtió muy pronto en su complemento más idóneo.

Ya en su momento, de hecho, el Partido Popular intentó llevar a los juzgados diferentes formas de protestas que se estaban gestando a rebufo de la crisis. Desde las manifestaciones frente al Congreso hasta los “escraches” organizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La mayoría de estos intentos fracasaron. Muchos jueces entendieron que podía discutirse si estos hechos estaban amparados o no por la libertad de expresión e ideológica. Pero dejaron claro que era un despropósito tratarlos como delitos penales. Fue en este contexto que se gestó la idea de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Si el ámbito penal resultaba demasiado garantista, si los jueces eran demasiado quisquillosos, lo que se imponía era evitarlos. Y para ello, nada mejor que potenciar la vía administrativa.

El Gobierno, en realidad, ya lo venía haciendo. Desde la aparición del 15-M, infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad u originar desórdenes en los espacios públicos acarrearon multas administrativas de hasta 300 euros. Estas sanciones afectaron a todo tipo de colectivos: desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores hasta la PAH, desde los Afectados por las Preferentes hasta empleados públicos, ocupantes de centros sanitarios, activistas ecologistas y vecinales y trabajadores en general.

 

A diferencia de lo que ocurre con las sanciones penales, las multas administrativas pueden ser interpuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Son menos aparatosas que la represión física directa y suponen una lenta pero eficaz asfixia económica. Además, recurrir judicialmente estas multas puede llegar a costar unos 2.750 euros, algo que  queda fuera del alcance de cualquier manifestante medio.

Con esta idea en mente, el ministro Fernández Díaz anunció en noviembre de 2013 la intención de reforma la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992. En términos garantistas y democráticos, el anteproyecto presentado era un conjunto de despropósitos. Convertía en sancionables hechos indeterminados, descritos con una preocupante vaguedad. Preveía multas desorbitadas, de hasta 600.000 euros, para los supuestos de protesta más disímiles. Y otorgaba, además, amplios poderes de intervención a la policía.

Lo que era considerado una falta y tenía que resolverse judicialmente con las garantías de un proceso penal, pasaba a convertirse en un ilícito administrativo, caracterizado por una regulación mucho menos garantista que incluía la presunción de veracidad del testimonio de los funcionarios policiales.

La versión original de la reforma recibió críticas demoledoras desde los ámbitos más diversos. Caracterizada como “Ley mordaza” o “Ley de la patada en la boca”, generó la oposición abierta de asociaciones de jueces y movimientos sociales de todo tipo. Diarios como The Guardian o Die Tageszeitung la calificaron como una “amenaza a la democracia” y como un “camino a la dictadura”. Incluso desde los propios sindicatos policiales se la acusó de querer “criminalizar cualquier acto de protesta […] para proteger a la casta política”.

        Desde aquel anuncio de noviembre de 2013 hasta hoy ha pasado algo más de un año. En ese tiempo, las políticas de despojo del Gobierno han seguido su marcha implacable. Lo que ocurre es que también la crisis de Régimen se ha acelerado de manera notable, tanto por razones económicas como políticas.

       

El estallido de los casos Bárcenas y Gürtel, la operación Púnica, el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y el papel de Rodrigo Rato, mano derecha de José María Aznar, en la estafa de Bankia, están minando de manera creciente las bases de un Partido Popular que podría perder en poco tiempo espacios institucionales clave.

Acosado por este escenario, el Gobierno ha entrado en una fase de desconcierto en la que parece dispuesto a morir matando antes que a rectificar. Sólo así se explica la insistencia en un proyecto de ley que solo se ha podido justificar falseando sin pudor los datos sobre disturbios violentos producidos en los últimos tres años. Ninguno de los datos utilizados por los miembros del Partido Popular para defender la nueva normativa coincide con los proporcionados por el propio Ministerio del Interior, que reconoce que las protestas violentas han sido un 0,08% de las más de 90.000 que se han convocado.

  

Esta disposición al falseamiento de los datos viene complementada por el empeño en mantener sin rubor la filosofía de fondo del anteproyecto inicial. Ciertamente, las presiones internacionales y las de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo General de la Abogacía han obligado al Gobierno a modificar o a eliminar 33 infracciones contenidas en el proyecto original. Pero ninguna de estas enmiendas ha permitido atemperar el espíritu represivo que contenía la versión primigenia. Es más, en una práctica irregular que ha acabado por normalizarse, el Gobierno aprovechó la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana para asestar un golpe artero al derecho de asilo: modificó la Ley de Extranjería y otorgó cobertura legal a las “devoluciones en caliente” de las personas migrantes que pasen a territorio español.

En la propuesta gubernamental, el espacio público deja de ser un espacio de participación política, para convertirse en un ámbito regimentado y expurgado de toda connotación conflictiva. Se siguen contemplando, de manera vaga y claramente reñida con el principio de legalidad, numerosos ilícitos que suponen una restricción absolutamente desproporcionada de la libertad de expresión y del derecho de reunión y de manifestación.

Así, es jurídicamente inaceptable que se sancione “la ocupación de cualquier inmueble, vivienda, o de la vía pública […] o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo” (artículo 37.7 del Proyecto), con independencia, por ejemplo, de que se produzca de manera pacífica o con violencia e intimidación. También resulta desproporcionado que se mantengan las sanciones por la celebración de “manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aunque no estuvieran reunidas” (artículo 36.2), un precepto que simplemente tiende a evitar que la ciudadanía pueda reunirse simbólicamente ante estas instituciones para  trasladar un mensaje que no puede expresarse simplemente a través del voto.

Diferentes preceptos del Proyecto, de hecho, insisten en someter el derecho de reunión a una suerte de autorización previa (así, los artículos 35.1 y 37.1). Esta exigencia incumple el artículo 21 de la Constitución española y los principales estándares internacionales en la materia e ignora un principio elemental: que los poderes públicos deben interpretar de manera expansiva, y no restrictiva, el alcance del derecho de manifestación, incluso cuando se trate de concentraciones espontáneas, sobre todo  si estas son pacíficas y no han sido  comunicadas previamente por falta de tiempo o por ausencia de un organizador concreto.

Si la nueva ley se aprobara, en definitiva, impedir un desahucio, no identificarse ante un agente de policía, o difundir imágenes de antidisturbios, incluso golpeando a manifestantes, podría suponer multas de 600 a 30.000 euros. La policía, igualmente, dispondría de un margen de actuación mucho más laxo para realizar registros e identificaciones, valiéndose para ello de criterios discriminatorios, prohibidos por el derecho internacional, como el perfil étnico de las personas. En la línea apuntada anteriormente, la versión de los hechos consignada por la policía en las actas respectivas, gozaría de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, (artículo 19.2). Esta disposición se convertiría en una espada de Damocles sobre la presunción de inocencia, agravada por la ausencia de cualquier mecanismo independiente de supervisión de estas actuaciones.

Como se planteó ya cuando el primer anteproyecto de la ley vio la luz, un dispositivo normativo de este tipo supone una regresión a la Ley de vagos y maleantes aprobada en los años treinta del siglo pasado y ampliadas durante el franquismo. Nada indica que en su paso por el Senado la Ley mordaza vaya a ser depurada de sus aristas represivas. Con todo, tampoco parece que pueda ser aceptada y aplicada con facilidad, mucho menos en un momento en el que la situación de emergencia social es más acuciante que nunca.

Por lo pronto, el conjunto del arco parlamentario, con la significativa excepción de CiU, se ha comprometido a derogar la norma en caso de contar con la mayoría para hacerlo. Esta protesta ha llegado a la Unión Europea, donde los diputados de Podemos y de Izquierda Unida exigieron al Consejo Europeo que se pronunciara sobre una iniciativa que, entre otros extremos, vulnera también los artículos 11 y 12 de la propia Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.

Que Fernández Díaz, como Fraga, querría que la calle fuera suya, parece evidente. No obstante, el Ministro haría bien en recordar la advertencia lanzada por Montesquieu hace algunos siglos: cuando se busca con tanto afán hacerse temer, es muy probable que se acabe consiguiendo antes hacerse odiar. 

ESPAÑA ¿ESTADO POLICIAL?

La tentación totalitaria ha sido recurrente en muchos momentos de la democracia española de después de la dictadura franquista. La utilización de las fuerzas policiales para entablar una guerra sucia contra el terrorismo, la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992, más conocida como “Ley Corcuera” y también llamada “Ley de la patada en la puerta”, porque permitía la entrada en los domicilios sin orden judicial, o las embestidas desesperadas de la última etapa de Aznar, utilizando a la policía para acallar las voces que clamaban en la calle contra la guerra de Irak, son algunos ejemplos notorios de la perversa atracción que sienten la mayoría de los gobiernos españoles de utilizar a las fuerzas de orden público como elementos de control social.

La población empobrecida por la socialización de las pérdidas, los jóvenes sin futuro o los discrepantes democráticos de distinto signo suelen avivar sus ansias de someterlos con la excusa de garantizar una “paz social” que no pretende otra cosa que apuntalar su tranquilidad y su poder.

Y para paralizar las disidencias potencialmente peligrosas para las élites no se duda en ningún momento en echar mano de aquellos medios materiales y humanos que deberían garantizar las libertades públicas. Los manipulan y pervierten en su propio beneficio. Y se legisla entonces –desde la siembra previa del miedo- para conformar una nueva legalidad que se levanta necesariamente sobre la pérdida de derechos y libertades fundamentales.

Se trata de vigilar para conseguir la docilidad-utilidad de los individuos tal y como plantea Foucault. Se diseña un “escenario” legal, con la excusa de la defensa de la seguridad -y con la complicidad de los poderes económicos que necesitan sosiego que aliente el consumismo- para conseguir el mayor dominio posible de la sociedad.

El Gobierno de Mariano Rajoy no se ha librado en estos últimos tres años de esas ansias absolutistas y en distintas ocasiones ha legislado en ese sentido amparado en la mayoría absoluta parlamentaria del PP y tampoco ha dudado en tomar atajos peligrosos para las libertades ciudadanas. La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (también conocida como la “Ley mordaza”), defendida por el ministro Fernández y aprobada por el rodillo del PP en el Parlamento, recoge lo peor de las apetencias totalitarias de este ejecutivo.

Vuelve a insistir en las entradas y registros sin autorizaciones judiciales previas, en identificaciones a la carta, en controles arbitrarios en la calle, en crear listas negras de “infractores”, en sanciones elevadísimas para los manifestantes y los organizadores de las manifestaciones, en dificultar los recursos a las multas con tasas disuasorias carísimas, en castigar a los que obstaculizaran los desahucios, en criminalizar las movilizaciones ciudadanas, en la devolución en caliente de los inmigrantes… Los informes del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, tratando de anticonstitucional la norma o de organizaciones como Amnistía Internacional han conseguido suavizar mínimamente alguna propuesta aislada como la de crear fuerzas de seguridad paralelas a través de las empresas privadas. Desgraciadamente, la Ley mantiene casi todos sus postulados y sigue siendo profundamente dura, reaccionaria y limitadora de libertades. Y eso que las manifestaciones ciudadanas en la calle se han reducido en un 34% en los últimos meses

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Pero no acalla las aspiraciones totalitarias del Gobierno del PP. Según Eldiario.es, desde el año 2012 una unidad secreta de la policía rastrea información comprometedora de políticos independentistas catalanes blanqueando sus resultados en los juzgados a través de la UDEF o filtrándolos a los medios de comunicación en fechas claves para el movimiento separatista. Este grupo operativo y secreto participó –según Maika Navarro, en Elperiódico.com- en las grabaciones de Alicia Sánchez-Camacho y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola o en la elaboración de informes sobre Oriol Junqueras o Carod-Rovira, entre otros.

Como escribió Vázquez Montalbán, si el Estado tiene sucios los bajos, acaba teniendo sucio el cerebro. Será por eso por lo que el Consejo de Ministros del pasado día cinco de diciembre aprobó el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que insiste en las mismas ansias antidemocráticas proponiendo la incomunicación absoluta de los detenidos, que no podrán ni recibir la asistencia de sus abogados, el control remoto de los ordenadores o la intervención por la policía de los correos electrónicos, las llamadas telefónicas y cualquier tipo de comunicación y las grabaciones de imágenes o de audio que se precisen y por cualquier procedimiento que permitan las nuevas tecnologías durante 24 horas y sin autorización judicial alguna.

De paso encorseta a la justicia obligándola a cumplir plazos de seis meses en causas ordinarias y dieciocho para los sumarios más complejos pero sin dotarla de más medios humanos y materiales. Se confiere así el Gobierno una autoridad desmedida que, sin los controles independientes necesarios, se convierte en un instrumento de poder antidemocrático de primer orden.

Será el Gobierno quien decida a quién y de qué manera intervenir y una simple argumentación de excepcionalidad y de calificación de especial gravedad le permitirá vigilar a contrarios políticos, organizaciones sociales o ciudadanos de a pie, quebrando el derecho constitucional que garantiza la confidencialidad en las comunicaciones. De lo más democrático.

Con la excusa de que “la seguridad es un requisito previo para la libertad”, el PP insiste una y otra vez en atacar a la línea de flotación de la democracia. Pretende vendernos la renuncia a la seguridad constitucional, que garantiza los derechos fundamentales, como coartada para aceptar una seguridad policial domeñada.

Se diseña sin remilgos el dominio del Gobierno sobre una parte de la policía que, sin ningún tipo de filtros, amplifica sus acciones más allá del mantenimiento del orden y se convierte en un instrumento de control de la ciudadanía. La preservación del orden público sirve entonces de excusa para limitar libertades colectivas y derechos ciudadanos individuales. Y se prestarán a ello miles de funcionarios sumisos que, como desentrañó Hannah Arendt, se ampararán en la legalidad y actuarán en consecuencia.

Pero todos habremos dado otro brutal paso atrás al aceptar que se nos recorten los derechos individuales con la excusa del bienestar común y al consentir a la policía convertirse en instrumento de sometimiento de sus conciudadanos. Y entonces adquieren todo el sentido los versos de Ana Pérez Cañamares (“Esto no rima”, E. Origami): “Hemos elegido perder eternamente/para no mancharnos las manos./ No parecemos reparar en/cómo se mancha la conciencia/ mientras nos quedamos quietos./ Cómo se llena de verdín/ y se hace resbaladiza”.

Sin embargo, aún queda esperanza: en la sesión de aprobación del proyecto, un grupo de activistas del 15-M recibió la propuesta del Partido Popular con los compases de “La canción del pueblo”, incluida en “Los miserables”, para recordar que éste no está dispuesto “a dejarse someter”. Fueron desalojados del recinto, sí. Pero lanzaron un mensaje que no desaparecerá fácilmente y que supone un problema serio para un Gobierno que si recurre de manera tan burda a la vía represiva es porque hace tiempo que ha dejado de convencer.

UNA CONSTITUCIÓN PARA UN NUEVO MODELO DE ESTADO

Parecía que la reforma de la Constitución iba en serio, pero no. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE presentó en el Congreso de los Diputados la petición de una subcomisión de estudio para la reforma. El PP ha dado un “no” categórico previo, por entender la petición como un «disparate», inoportuna e innecesaria, además de “frívola”. No quieren solucionar nada. Lo cierto es que la reforma es más necesaria que nunca, ante la grave crisis política e institucional que tenemos encima.

Las propuestas del PSOE, me parecen valiosas, pero insuficientes. Llegan en un momento en el que no solo hay que cambiar la Constitución, sino el Sistema y el modelo de la forma política del Estado, mediante un Proceso Constituyente, que ponga fin a los postulados de la Transición. El PSOE  pretende renovar el modelo de convivencia territorial y recomponer los “consensos rotos”, blindar los derechos sociales y ciudadanos e introducir medidas de regeneración democrática. En mi opinión, no debe de ser una reforma de adaptación, sino una ruptura con el modelo; que si en un principio pudo haber dado resultado, ahora está agotado.

La Constitución que ha cumplido treinta y seis años, ha tenido dos reformas. En 1992, para reformar el artículo 13.2, e introducir la expresión “y pasivo” referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, por imperativo legal tras la firma del Tratado de Maastricht. La del 2011, sin acuerdo mayoritario, ni político, ni social, para reformar el artículo 135, e introducir el concepto de “estabilidad presupuestaria” y la prioridad absoluta del pago de la deuda y sus intereses. Este tiene que derogarse. Si se reformó por intereses económicos y presión de los mercados, ahora hay que reformarla por intereses sociales y de calidad democrática.

La historia del constitucionalismo español, está cargada de inestabilidad y falta de continuidad. Hoy, pese a lo que dicen, tampoco hay estabilidad institucional, sino todo lo contrario. Las dos últimas constituciones de 1876 y 1931, terminaron mal y en ambos casos se dieron situaciones políticas, institucionales, económicas o sociales insostenibles, que significaron el fin de un régimen. 1868, coincidió con las «catástrofes» coloniales y con que los liberales, demócratas y republicanos, opositores a la monarquía, consiguieron expulsar del trono a Isabel II y promover la elaboración de una nueva constitución que superara a la de 1845. La Constitución de 1876, fue de las más avanzadas de su época y representó un cambio de tendencia en la política española.

La dictadura de Primo de Rivera, apoyada e instigada por el rey Alfonso XIII, fue el preludio al proceso constituyente de 1931. La unión de las fuerzas republicanas y socialistas, junto con los sindicatos de clase, posibilitaron que las elecciones municipales de abril significaran el fin de la monarquía. Las elecciones posteriores a la proclamación de la Segunda República fueron constituyentes. La ruptura con el pasado fue total: se progresa en democracia, se cambian los símbolos, el modelo político del estado, se introducen derechos y se cambian estructuras y modos de funcionamiento. Todo desapareció con el golpe de estado fascista del general Franco.

El nacimiento de la Constitución en 1978 estuvo cargado de dificultades y obstáculos. Las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio de 1977, sin saberlo fueron Constituyentes. Tras la muerte del dictador, se abrió en España una nueva era, cuyo proceso constitucional se inició con la Transición, que hoy sabemos no fue modélica. El proceso no fue sencillo, la crisis económica y el terrorismo lo dificultaron, el régimen estaba intacto y todo “atado y bien atado”. Salíamos de una larga y cruenta dictadura, con peligros de involución, que culminaron con el golpe de estado del 23F en 1981. Gobierno y oposición entendieron que era necesario redactar una constitución aceptada por la mayoría de las fuerzas políticas. El rey heredero de Franco, el ejército y el gobierno tenían el poder, la oposición la legitimidad democrática y se avinieron.

El consenso político y la redacción expresamente ambigua, permitieron resolver los temas más conflictivos del momento. Hoy esa misma ambigüedad y la interpretación interesada, permite al actual gobierno, subvertir principios y valores y llevar a cabo una política antisocial, antidemocrática y reaccionaria. Entonces permitió dar respuesta a la forma de estado y de gobierno, modo de elección, la cuestión religiosa, el modelo económico y la descentralización territorial. Hoy es distinta la situación, pero los mismos temas siguen presentes. El debate está abierto.

La Constitución de 1869, convivió con el golpe de estado y la dictadura de Primo de Rivera. La de 1931, terminó criminalmente por el golpe de estado, la guerra y la dictadura, entre otras causas por el problema territorial histórico que sigue sin resolverse. Las diferentes señas de identidad, históricas y culturales, la multiculturalidad y la diversidad, son valores que enriquecen la identidad común y así tiene que reconocerse y permitir su propio desarrollo. Estos hechos tienen que quedar plasmados en la Constitución, en el marco de un estado federal, que junto con el derecho a decidir, queden clarificadas las competencias, se fije un modelo fiscal y se establezcan mecanismos de cooperación y solidaridad. Un modelo que venga a dar estabilidad política, que sea viable económicamente y justo socialmente.

Mi recuerdo emotivo a la Constitución de la Segunda República. Declaraba que todos los españoles son iguales ante la ley; que el estado español no tiene religión oficial, y estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. España renunció “a la guerra como instrumento de política nacional”. Se rompía con la tradición bicameral y eliminaba el Senado. El Congreso tenía la facultad de destituir al Jefe del Estado (con mandato de siete años), que era elegido de forma mixta: por los parlamentarios y a través de compromisarios elegidos por sufragio universal. La República se declaraba laica, garantizando la libertad de culto y prohibiendo a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza, desvinculando al Estado de la financiación de la iglesia. Significó una ruptura radical y un foco de tensión, que costó la vida a la República.

La Constitución republicana, reconocía la libertad de expresión, reunión, asociación y petición; el derecho de libre residencia, de circulación y elección de profesión; inviolabilidad del domicilio y correspondencia; igualdad ante la justicia; protección a la familia, derecho al divorcio, al trabajo, a la cultura y la enseñanza, así como el derecho de voto a todos los ciudadanos de más de 23 años y a las mujeres; toda una revolución democrática. Se suprimía los privilegios de clase social y de riqueza; y se abría la posibilidad de socialización de la propiedad y de los principales servicios públicos.

Pasado el tiempo, sigue siendo necesario dar solución definitiva a la cuestión religiosa en España. La Constitución declara que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” y esto no se cumple en la práctica. En un estado laico, se ha de dar una efectiva y real separación entre el estado y las iglesias. Los fondos públicos no pueden dedicar su esfuerzo ni a la iglesia católica ni a ninguna otra. La religión tiene que salir de la escuela para nunca volver y todo tiene que quedar plasmado en la próxima Constitución. El Concordato y los acuerdos de privilegio con el Vaticano deben derogarse, enmarcando las relaciones en el ámbito diplomático de reciprocidad.

No quiero terminar este análisis sin destacar lo que echo en falta en la propuesta socialista. No cuestionan la forma política de Estado (artículo 1.3) ni la forma de elección del jefe del Estado, pero sí ven la necesidad de modificar la Constitución, para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona, por suponer una discriminación por razón de sexo. Aquí hay una contradicción; cierto que existe discriminación; pero hay que tener en cuenta que la mayor discriminación se da en el propio régimen monárquico, donde existe el privilegio de la sangre y la discriminación por razón de herencia en el acceso a la jefatura del Estado y por el disfrute de privilegios perpetuos, que solo la familia real mantiene. La monarquía está muy alejada de los principios de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática concurrencia ciudadana. No cabe la persona del rey inviolable y no sujeta a responsabilidad. Cuando finalice el Proceso Constituyente que se propone, tendrá que abandonar el trono.

El sistema electoral actual, impide que una parte de las formaciones políticas y ciudadanas accedan a las instituciones representativas, favoreciendo el bipartidismo, como se previó. Hay que establecer un sistema general electoral que permita listas abiertas, desbloqueadas, así como la eliminación de la barrera electoral del 3%. El sistema de la Ley d’Hont, que prima a los partidos más votados, debe cambiarse para que se garantice la proporcionalidad y equidad del voto y la igualdad de oportunidades para todas las formaciones políticas y ciudadanas.

La fractura social provocada por la desigualdad sistémica, hace necesaria la ruptura con el Sistema y con la Constitución que le sustenta. Convóquese un referéndum, que permita abrir un Proceso Constituyente amplio y abierto, que diseñe un proyecto de Estado Republicano democrático avanzado de convivencia, que dé respuestas a los retos actuales.

Un nuevo Poder Judicial, un nuevo Senado, un nuevo papel para el mundo local. Un nuevo país que recupere la justicia social. Con la creación del Estado Republicano, se han de recuperar las instituciones para la mayoría social, quienes con el fruto de su trabajo, hacen que el futuro sea posible, al servicio del interés general y de la soberanía que reside en el pueblo.

Un Estado Republicano, plurinacional, solidario, participativo y laico, debe contar con una nueva estructura territorial federal, con un modelo de financiación y de política fiscal viable; que incorpore mecanismos que garanticen el Estado social, en el que la universalidad de los servicios públicos esté sustentado por principios y valores de libertad, igualdad, justicia social y solidaridad, que fortalezca y amplíe los derechos fundamentales de los ciudadanos, equiparando derechos civiles y políticos blindados, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del Estado de Derecho.