PALESTINA: EL ENGAÑO DE LOS DOS ESTADOS

 

A un mes para las elecciones europeas, el gobierno español sigue anunciando “su disposición al reconocimiento unilateral del Estado palestino”, si la UE no da ese paso de forma conjunta. Este anuncio del gobierno español, vino precedido de una gira europea de Pedro Sánchez y el ministro de exteriores Albares, para intentar recabar apoyos en ese reconocimiento.

Pero la promesa de Sánchez no es ni nueva ni novedosa. Suman quince años de compromisos similares incumplidos por los sucesivos gobiernos españoles antes que él. Actualmente nueve países de la Unión Europea YA reconocen el estado palestino. A siete meses del conflicto entre Hamás e Israel, se impone la pregunta: ¿de qué estado palestino nos hablan?

El reconocimiento del Estado palestino esgrimido por Sánchez y otros mandatarios europeos, no es otra cosa que la vieja y fallida solución de los dos estados que 75 años después de la creación del Estado de Israel, vuelve a desempolvar la diplomacia occidental.

Uno de los argumentos repetidamente esgrimidos por José Manuel Albares, es que Palestina “tiene derecho a un futuro con esperanza igual que el pueblo israelí tiene derecho a un futuro de paz y seguridad”.

Bonitas palabras con las que intentan ocultar que Israel no es un país. Es una ocupación sionista en el territorio de la Palestina histórica y un enclave militar al servicio del imperialismo estadounidense en el corazón de Oriente Medio. La razón por la que todos los gobiernos occidentales la defienden sin excepción, es porque produce y exporta armas y herramientas de inteligencia, utilizadas por las fuerzas policiales occidentales en la represión de las luchas en sus respectivos países.                       

        

            El llamado gobierno progresista del PSOE-SUMAR, se llena la boca hablando del derecho de los palestinos. Pero no tiene ninguna intención de romper relaciones diplomáticas, comerciales ni militares con Israel, al que reconoce “su legítimo derecho a la defensa”.

Aunque Palestina no es actualmente estado de pleno derecho en la ONU por el veto de EE. UU., 139 países dentro de esa institución la reconocen como “país soberano”. Defendemos el derecho democrático del pueblo palestino a exigir esa votación en la Asamblea General de la ONU. Pero no podemos olvidar que fue la propia ONU la que mediante su Resolución 181 de 1947, formalizó con el voto favorable de la URSS de Stalin, la partición de Palestina y legalizó el derecho de Israel a existir como Estado, por lo que, más allá de su rostro humanitario, es directamente responsable del genocidio en curso.

Ese reconocimiento del estado palestino en el marco de la solución de los dos estados, que actualmente defiende toda la izquierda reformista, no es otra cosa que mantener el régimen de apartheid que lleva 75 años existiendo, ahora en peores condiciones para los palestinos. Implica reconocer el estado colonial, racista y sionista de Israel, que al contrario de lo que dice Albares, no tiene ningún derecho a existir. La defensa de la solución de los dos estados que Israel ni siquiera está dispuesto a aceptar, legitimaría el genocidio y la masacre actual que está llevando a cabo el Estado de Israel.

Un estado palestino que, si antes no tenía ninguna viabilidad económica y política, ahora tendría que ser levantado después de que el 80% del país haya sido bombardeado, el 90% de la población desplazada y 14.000 niños y niñas asesinadas. Si antes del 7 de octubre, dos tercios de su población vivía en la extrema pobreza tras 17 años de bloqueo, según declaraciones de funcionarios de las naciones unidas, la devastadora masacre israelí en la Franja de Gaza, ha dejado unos 37 millones de toneladas de escombros, que podría llevar unos 14 años eliminar. “Estamos hablando de 14 años de operación con 100 camiones por día”.

                                    Gaza, que ha retrocedido 40 años en su desarrollo, es la parte más visible del genocidio, pero la masacre israelí también está afectando a Cisjordania, que vive su peor situación desde 1948, en la que su población sufre a diario redadas, asesinatos, ocupaciones por parte de colonos, ataques a casas, coches, plantaciones etc., con una violencia desmedida.

Igualmente ocurre en los territorios de la Palestina ocupada, mientras miles de prisioneros y prisioneras palestinas, muchos de ellos menores, se pudren en las cárceles israelís. Después que Gaza fuese destruida, Rafah, cuya población podría ser atacada por el ejército israelí en los próximos días, pasó a ser ahora el mayor campo de concentración del mundo con un millón y medio de personas intentando sobrevivir en medio de los bombardeos, las enfermedades y una hambruna generalizada.

Por otro lado, la Autoridad Palestina, que es una entidad extremadamente corrupta, con lazos muy estrechos con el gobierno de Israel, está más deslegitimada que nunca. La mayoría de los ciudadanos en Cisjordania la ven como extensión de Israel en Palestina. Según algunas encuestas, actualmente el 71% de los palestinos en Gaza y Cisjordania están de acuerdo con la decisión de la resistencia palestina liderada por Hamás, de lanzar el ataque, a pesar del enorme costo material y humano. Y 90% de los palestinos en Gaza y Cisjordania, entienden que la resistencia palestina no cometió ninguna atrocidad.

            Estos datos indican que la inmensa mayoría de los palestinos prefieren luchar y arriesgarse a morir, antes que conformarse con los bantustanes coloniales administrados por la OLP, que, si antes no tenían viabilidad alguna, ahora tras la destrucción masiva y el daño hecho por Israel, son una broma macabra.

La maniobra diplomática de establecer una falsa equidistancia entre opresores y oprimidos, es acompañada además, de la exigencia de “alto el fuego”, por parte de los gobiernos, vinculándolo a la liberación de los rehenes retenidos por Hamás.

De este modo, el llamado a un alto el fuego a Israel que defienden sinceramente muchos activistas horrorizados con la masacre de Israel, se intenta utilizar para atacar y socavar la legitimidad de la resistencia palestina. Recordemos que un alto el fuego es un acuerdo entre dos adversarios para deponer las armas, que siempre implica al menos una exigencia a ambas partes. En este caso, transmite la idea de que Israel puede continuar bombardeando, disparando, torturando y matando de hambre a los palestinos hasta que todas las facciones palestinas acuerden dejar de contraatacar y aceptar los términos que Israel y Estados Unidos pongan sobre la mesa de dicho acuerdo.

Aunque Hamás aceptó en las últimas horas la propuesta de Qatar y Egipto para un alto al fuego en tres fases, Israel sigue con su plan criminal de invadir Rafah, dejando sin refugio a los palestinos que lograron sobrevivir a la catástrofe de esta nueva Nakba.

No seré yo quien iguale la violencia del opresor y la del oprimido, como hacen la ONU y el gobierno progresista de Sánchez. Hay una guerra y en ella tengo un lado, el lado de los palestinos. Me situo incondicionalmente del lado del pueblo palestino que tiene derecho a resistir y a luchar, incluso con medios militares, para lograr su liberación, al igual que cualquier otra población bajo ocupación colonial y régimen de apartheid.

            Comprendo las ilusiones pacifistas de quienes, aun acordando con exigir a Sánchez la ruptura de relaciones con Israel, piensan que sería mejor lograr la igualdad para los palestinos, reformando el Estado de Israel. Esto es, presionándolo para que este otorgue igualdad de derechos a israelíes y palestinos y el derecho de retorno para los refugiados palestinos. Sin embargo, es imposible cambiar la naturaleza racista de las instituciones del Estado de Israel mediante su democratización, porque como hemos dicho antes, Israel no es un Estado burgués normal; sino un régimen de apartheid que se basa en la limpieza étnica permanente de los palestinos.

Que se apoya en más de 60 leyes, que distinguen entre ciudadanos(judíos) y árabes o de otras etnias. Solo los primeros, que como colonos habitan las tierras y casas que desde 1948 han sido sistemáticamente expropiadas a los palestinos, disfrutan de plenos derechos civiles, sociales o laborales. Baste decir que pese a las muertes documentadas de menores en la franja de Gaza por inanición, un 75% de los israelís, continúa defendiendo que se mantenga la prohibición de entrada de alimentos a Gaza. Lo único que explica por qué Israel da la espalda al mundo y pretende avanzar aún más en el genocidio, no es otra cosa que su naturaleza racista.

            Por eso seguiré defendiendo la solución histórica defendida en su día por la OLP de una Palestina laica, democrática y no racista del río hasta el mar que ha sido confirmada por los brutales acontecimientos en estos seis meses, como la única solución de fondo y justa. Una palestina a la que retornen los palestinos en el exilio y en la que puedan vivir en libertad quienes acepten vivir en paz con los palestinos.

Una Palestina libre del río hasta el mar, que no será posible sin derrotar militarmente y destruir el Estado de Israel mediante una nueva intifada y una ola de revoluciones en los países árabes, sumado a la solidaridad internacional. Muchos activistas nos dirán con justa razón, que es imposible derrotar el Estado de Israel, dada la militarización de su sociedad, su amplio poderío bélico y la amplia financiación imperialista. El genocidio de Israel cuenta además con la complicidad pasiva o activa de todos los imperialismos, incluyendo China y Rusia. A esto se suma la pasividad de los gobiernos árabes del llamado eje de la resistencia, que de momento no movieron un dedo en defensa de los palestinos a excepción de los hutíes de Yemen.

Sin embargo, en las últimas semanas, estamos viendo como las protestas protagonizadas por la juventud, especialmente en el corazón del imperialismo hegemónico, se reavivan en todo el mundo y marcan el camino a seguir. Unas movilizaciones fuertemente reprimidas por los gobiernos, revelando la falsedad de “su” democracia y en las que participan además decenas de asociaciones judaicas antisionistas, desenmascarando la falsa equiparación entre antisionismo y antisemitismo. Unas movilizaciones que nos llenan de esperanza porque muestran la firme determinación de una nueva generación, que no está dispuesta a ser cómplice del sionismo ni a ser criminalizada por defender la causa palestina.

Nunca el sionismo estuvo tan desprestigiado en el mundo. Incluso la corte penal internacional, está estudiando la posibilidad de dictar una orden de detención contra Netanyahu y otros altos cargos del Gobierno hebreo, para ser juzgados como criminales de guerra. Esto, aunque es improbable que ocurra, tampoco es imposible y hay que seguir luchando por ello.

La causa del pueblo palestino es la causa de toda la humanidad. Apoyemos las acampadas pro-palestinas que se están extendiendo por los campus del Estado Español. Llamamos especialmente a la clase trabajadora y a la juventud de los países árabes, pero también del resto del mundo, a organizarse independientemente de sus gobiernos, para impulsar la solidaridad con Palestina. Más que nunca, se hace imprescindible que sigamos luchando hasta lograr que Netanyahu pague por sus crímenes y el sionismo sea arrojado al basurero de la historia.

ADOCTRINAR, PROHIBIDO PERO FINANCIADO CON NUESTRO DINERO

 

Financiamos con dinero público el adoctrinamiento ideológico en los colegios privados que reciben subvenciones de los impuestos de todos y todas. Es decir, financiamos con dinero público el adoctrinamiento. Y la actual legislación educativa lo ampara.

Lo estableció el gobierno del PSOE de Felipe González, con su mayoría absoluta, consagrando el modelo de «conciertos educativos» (financiación pública para centros privados) que pueden tener, por ley, ideología propia y educar en esa ideología. Así se legisló en la LODE de 1985, la ley educativa que les permite tener «ideario propio», en su artículo 22.1. Según la LODE, esta ideología la imponen los dueños del centro, que en virtud de esta pueden contratar al profesorado, impartir la educación y establecer el funcionamiento del centro.

Frente a los centros públicos —que son plurales porque su profesorado, su comunidad educativa y su dinámica de funcionamiento así lo son y se rigen por principios democráticos— los dueños de los centros privados deciden la ideología en la que se va a adoctrinar al alumnado matriculado en ellos. Y, lo más sorprendente, si cabe, es que no solo no se les impide por ley adoctrinar en una ideología determinada —algo contrario a los principios democráticos y a los principios pedagógicos y los derechos humanos—, sino que, además, los seguimos financiando con dinero público de nuestros impuestos, detraídos de la educación pública.

        Por eso no cabe alegar que «se trata de un caso aislado», argumento habitualmente utilizado cuando nos encontramos con un caso que se sale tan aberrantemente de la norma. No. El desfile militar de menores vestidos de legionarios (una fuerza paramilitar fundada por un conocido golpista y genocida), que se ha hecho viral estos días en TikTok, mientras cantaban el himno paramilitar «El novio de la muerte» en un desfile por el patio del colegio privado concertado El Divino Pastor de Málaga, imitando una procesión pseudorreligiosa ultra, no es un caso aislado.

No es un caso aislado porque lleva haciéndose 31 años con completa impunidad. No es un caso aislado porque la legislación, la administración pública y la inspección educativa se lo han permitido. No es un caso aislado porque además es un centro privado financiado públicamente. No es un caso aislado porque este es el «pan nuestro» de cada día en muchos centros privados financiados públicamente e, incluso, en algunos públicos. Y muestra el progresivo deterioro de un sistema educativo que debería ser público, laico e inclusivo y que, con total impunidad y connivencia del gobierno central y autonómicos, se mantiene privado (insisto una vez más, por si no quedara claro, financiado públicamente), nacionalcatólico y segregador, ante la completa inacción de los poderes elegidos para gestionar lo público, pero que parecen dispuestos a amparar o mirar para otra parte ante todos estos «casos aislados» de adoctrinamiento.

        ¿Cómo no van a mirar para otro lado si la «religión católica» se ha mantenido como una forma de adoctrinamiento sistemático y en todos los niveles en la educación española, hasta en la universidad, impuesta por un estado extranjero (si se considera un estado al vaticano)? ¿Cómo se van a extrañar de este adoctrinamiento los responsables políticos que acordaron en sede parlamentaria derogar los acuerdos posfranquistas con el vaticano y sacar la religión de la escuela cuando gobernaran, mientras aún seguimos esperando siquiera una tímida iniciativa en este sentido? ¿Qué vamos a esperar si la anterior ministra de educación del PSOE acabó de embajadora en el vaticano con peineta y mantilla, y la nueva ministra le asegura a la patronal de la concertada que «los conciertos no se tocan», y menos la religión, que se mantiene en la LOMLOE como una asignatura en los centros educativos, impartida por catequistas nombrados por la jerarquía religiosa y con unos contenidos establecidos por esa jerarquía? ¿Por qué una procesión paramilitar con menores en la escuela concertada iba a sorprender?

Es otro caso más. La consecuencia de estas políticas educativas. Es verdad que un tanto llamativo, por el folclore del mismo, por usar a menores en prácticas paramilitares, por exhibirlo y viralizarlo el propio centro, por «presumir» de ello como si fuera un «logro educativo», por el eco que se hacen algunos medios, por utilizar los ritos religioso-folklóricos de la denominada «semana santa» católica… Participan 430 estudiantes de 3 a 16 años.     

Pero es que el colegio privado-concertado (también financiado públicamente) Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, perteneciente a la congregación católica La Salle, organiza también la «procesión infantil de semana santa» en la que establece que más de 300 niños y niñas del centro, desde los cero a los cinco años, tengan que vestirse de cofrades, manolas, costaleros, músicos y policías.

        O el colegio privado-concertado San José (financiado públicamente), integrado en la Fundación Educación y Evangelio, donde casi 500 estudiantes procesionan por las calles de Ciudad Real desde los cuatro años (segundo de infantil) hasta tercero de Primaria. Con túnicas, velas o pasos de los dos titulares del colegio: el Cristo de la Caridad y la Virgen de la Luz. Mientras, el director del colegio afirma: este acto va unido a la educación del centro, para «acercar a los niños ‘los misterios’ de Jesús».

La denominada «Semana Santa», en lenguaje neocatólico, se ha convertido en una excusa más para adoctrinar en los colegios. No teníamos bastante con el adoctrinamiento en emprendimiento (aprender las reglas del capitalismo) o la educación financiera (aprender a especular en bolsa), que se inicia a los menores en el paramilitarismo y la obediencia debida, en el neocatolicismo más rancio o el patrioterismo más pueril. Si la escuela ha sido tradicionalmente un nicho de reproducción del sistema económico e ideológico del capitalismo neoliberal, ahora, con la llegada de la «ultraderecha sin complejos», algunos centros, sintiéndose apoyados e impunes, despliegan toda su artillería con más ahínco y viralizan una panoplia de estrategias, «competencias» y «aprendizajes» para insertar al alumnado en una revisión casposa y neofascista de los «valores» más rancios, ultras y contrarios a los derechos humanos y la democracia.

Con la excusa de la tradición, las costumbres y la «cultura» (también es tradicional y una costumbre la ablación de clítoris, pero no por eso se recurre a esa argumentación tan pueril), se reinstauran en determinados colegios las procesiones donde se hace desfilar a menores ataviados de «nazarenos», mantillas, uniformes de guardias civiles y llevando diversas figuras de madera de carácter pseudorreligioso a los hombros. Incluso se entrena a niños y niñas para que se pongan atuendos de legionarios y canten el himno de estos paramilitares, ‘El novio de la muerte’, como en el centro El Divino Pastor de Málaga.

Llevan 31 años realizando esta actividad por «una maravillosa locura» que tuvo una profesora, afirma la profesora Pilar Elices, una de las coordinadoras de esa «locura», a los medios de comunicación: «Tuvo la genial de idea de unir la clase de Religión y la de Plástica, para que los niños hicieran un Cristo de plastilina en una caja de zapatos con dos farolitos y lo sacaran por el pasillo. Lo mismo con la Virgen, era una muñeca y cuatro agujas formaban el palio». Y de ahí a viralizar en TikTok el desfile de menores escolares vestidos como paramilitares en una procesión con réplicas de juguete de las armas que llevan consigo los propios legionarios y haciendo malabares con ellas, tras haber estado ensayando toda la semana, guiados por un padre exlegionario.

Estos son solo unos pocos ejemplos de unas prácticas adoctrinadoras que se extienden por las diferentes comunidades autónomas sin que, insisto una vez más, las autoridades, la inspección educativa y los responsables administrativos hagan nada al respecto. Es más, en algunos casos participan y apoyan, con la excusa de la «tradición» (como si el que algo se haya hecho anteriormente fuera garantía de algo) o el «turismo» (como si el mercado y el negocio fuera el fundamento de la educación).

 

A pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2018, de 10 de abril, en su FJ 4, establece que «[…] el carácter propio o ideario no sería aceptable si tiene un contenido incompatible por sí mismo con los derechos fundamentales o si, sin vulnerarlos frontalmente, incumple la obligación, derivada del artículo 27.2 de la Constitución, de que la educación prestada en el centro tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia, y a los derechos y libertades fundamentales en su concreta plasmación constitucional, pues estos han de inspirar cualquier modelo educativo, público o privado».

 colegios privados, que son financiados con el dinero público de todas las personas contribuyentes de este Estado (sean ateos, librepensadores, agnósticos o religiosos), educan a su alumnado de forma doctrinaria, de acuerdo con su ideología nacionalcatólica, en contra de principios democráticos de convivencia y de los derechos y libertades fundamentales. No solo con estos actos y su preparación previa, sino en todas las materias, en todos los tiempos, en todos los espacios y en todas las relaciones que establecen, con absoluta impunidad. Esta es la clave.

¿Hasta cuándo vamos a mantener la anomalía educativa del adoctrinamiento religioso en la educación? ¿Por qué nuestro gobierno no deroga de forma inmediata los acuerdos con el vaticano comprometidos en sede parlamentaria.

ºLa Escuela debe superar esta forma de adoctrinamiento y ser el lugar para educar en conocimientos científicos, en valores cívicos y universales. Cada religión, que es una creencia entre otras muchas, debe difundirse en todo caso en el ámbito privado de la familia y los lugares de culto. Necesitamos una escuela laica, donde se sientan cómodas tanto las personas no creyentes como las creyentes. Por eso debemos negarnos a que con el dinero público se financie ningún tipo de adoctrinamiento, sea religioso o de cualquier otro tipo. La escuela es un lugar para razonar y analizar críticamente, no para creer y obedecer.

Y LEGÓ LA REPÚBLICA

 

El mes de Abril es un mes republicano. El 12 de Abril de 1931 se celebraron elecciones municipales que dieron el triunfo a los partidos republicanos y de izquierdas. El 14 se proclamó la Segunda República española. Con tortilla de patata y ensalada de lechuga se celebró el triunfo en los hogares, en la calle con un grito ahogado por la emoción ¡Viva la República!

Todo había comenzado en abril de 1930, cuando Indalecio Prieto en el Ateneo de Madrid afirmaba: Es hora de las definiciones. Hay que estar con el rey o contra el rey. Así se fue fraguando el Pacto de San Sebastián del 17 de agosto de 1930, al que se sumaron el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores en octubre, convocando una huelga general que iba a ir acompañada de una insurrección militar para meter a la Monarquía en los archivos de la Historia y establecer la República sobre la base de la soberanía nacional representada en una Asamblea Constituyente. Hoy como ayer: ¡Viva España con honra! (Manifiesto revolucionario de diciembre 1930).

Con el manifiesto dirigido a intelectuales, firmado por Marañón, Pérez de Ayala y Ortega y Gasset, creaban la Agrupación al Servicio de la República. En él se decía: Cuando llegan tiempos de crisis profunda, en que, rota o caduca toda normalidad, van a decidirse los nuevos destinos nacionales, es obligatorio para todos salir de su profesión y ponerse sin reservas al servicio de la necesidad pública. Parece escrito hace unos días. Gregorio Marañón, Pérez de Ayala y José Ortega y Gasset, se proponían movilizar a un copioso contingente de propagandistas y defensores de la República española. Se hacía un llamamiento a todo el profesorado y magisterio, a los escritores y artistas, a los médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos de toda clase, a los abogados, notarios y demás hombres de ley, y de forma especial a la juventud.

El 12 de abril de 1931, se celebraron en España elecciones municipales, que, pese a los resultados globales, provocaron la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República. Las elecciones se convocaron con el objetivo de consolidar el sistema, conseguir mayor apoyo popular y evitar que Alfonso XIII perdiera el trono, y lo perdió. Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo, declaraba el rey desde el exilio.

Se eligieron cerca de ochenta mil concejales y estos a su vez a los alcaldes en 8.943 distritos. La monarquía era un símbolo de decadencia, y republicanos y socialistas, decidieron convertir las elecciones municipales, en un verdadero plebiscito sobre la continuidad de la monarquía en España. Los resultados dieron el triunfo a las candidaturas republicano-socialistas en 41 de las 50 capitales de provincia. La ciudadanía madrileña, cuando comenzaron a conocerse los resultados, se echó a la calle para proclamar la República.

“Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra República de la mano”, declamaba Antonio Machado por la llegada de la deseada República. En 36 horas el reinado de Alfonso XIII llegaba a su fin. Fue un proceso rápido, limpio e incruento. La monarquía se había vuelto incompatible con los que creían en un régimen democrático y la República empezó a postularse como la única opción de futuro, incluso para los monárquicos que abandonaron al rey.

El día 13, se había reunido en el Palacio de Oriente el Consejo de Ministros, para adoptar una postura ante los resultados del día anterior. Enseguida se identificaron dos posiciones enfrentadas: constituir un gobierno de fuerza, implantar la censura y resistir, era la postura de Juan de la Cierva, apoyado por el conde de Bugallal y el marqués de Alhucemas. El resto, encabezado por el conde de Romanones pensaban que estaba todo perdido. Esa misma tarde el comité revolucionario republicano-socialista, hizo público un comunicado en el que decía que el resultado de las elecciones había sido desfavorable a la Monarquía y favorable a la República y anunciaba su propósito de actuar a fin de dar inmediata efectividad a los afanes implantando la República.

        

El día 14 de abril se dictó el primer decreto. El Gobierno provisional de la República había tomado el Poder sin tramitación ni resistencia ni oposición protocolaria alguna, es el pueblo quien le ha elevado a la posición en que se halla, y es él quien en toda España le rinde acatamiento e inviste de autoridad. En virtud del decreto, el presidente del Gobierno Provisional, Niceto Alcalá Zamora, asumía la jefatura del Estado con el asentimiento expreso de las fuerzas políticas triunfantes y de la voluntad popular.

La monarquía, herida de muerte, recibió la puntilla por el director de la Guardia Civil, al proclamar su adhesión a la República, que ya tenía un Gobierno Provisional. Eibar fue la primera ciudad donde se izó la bandera tricolor. Los acontecimientos se habían precipitado. El rey comenzaba su exilio y Alcalá Zamora, Azaña y el resto de los que serían nuevos ministros entraban en el ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol. Nacía la Segunda República. Vivió hasta el fin de la guerra en 1939, tras el golpe de estado militar, católico y fascista.

El Gobierno provisional, al recibir sus poderes, manifestó que dado el origen democrático de su poder y en razón de la responsabilidad en que deben moverse los órganos del Estado, sometería su actuación colegiada e individual al discernimiento y sanción de las Cortes Constituyentes. Igualmente, el Gobierno, adoptó como norma depuradora de la estructura del Estado, someter, en defensa del interés público, a juicio de responsabilidad, los actos de gestión y autoridad pendientes de examen, desde la disolución del Parlamento en 1923: así como abrir expediente de revisión en los órganos oficiales, civiles y militares, a fin de que no resulte consagrada la prevaricación ni acatada la arbitrariedad habitual en el régimen que termina.

El Gobierno provisional hizo pública su decisión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, sin que el Estado en momento alguno pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas, orientando su actividad, no sólo en el acatamiento de la libertad personal y los derechos ciudadanos, sino que aspira a ensancharlos, adoptando garantías de amparo. Se declaró la propiedad privada, garantizada por la ley. El Gobierno, sensible al abandono absoluto en que ha vivido la inmensa masa campesina, al desinterés de que ha sido objeto la economía agraria, adoptó como norma de actuación el reconocimiento de que el derecho agrario debía responder a la función social de la tierra.

Por su parte, el Presidente del Gobierno provisional, decretaba la más amplia amnistía de todos los delitos políticos, sociales y de imprenta, sea cual fuere el estado en que se encuentre el proceso, incluso los ya fallados definitivamente, y la jurisdicción a que estuvieren sometidos. Igualmente se decretó fiesta nacional el 14 de abril; y se adoptó como bandera nacional la tricolor, mediante decreto del 27 de abril (Gaceta 28 de abril).

Con la proclamación de la Segunda República, se abrían inmensas perspectivas. No sólo se pretendían reformas políticas, sino que se quería atacar el problema de fondo, mediante un cambio profundo de las estructuras sociales, económicas y culturales. Era necesario poner en marcha un ambicioso programa de reformas que lograra poner a España en la modernidad. Tras la celebración de elecciones legislativas el 28 de junio de 1931, se inició un proceso constituyente.

Hoy, la III República que viene, debe ser la obra de todos, hombres y mujeres, en un esfuerzo común por dotarnos de un Estado acorde con nuestro tiempo. «No es una quimera, no es una utopía. Es una urgente necesidad de regeneración democrática». Ha llegado el momento de que los españoles decidamos en plena libertad el régimen que deseamos para España. Es necesario un referéndum, en el que se tenga la posibilidad de elegir libremente entre Monarquía o República. Abrir un Proceso Constituyente, elaborar una nueva Constitución y convocatoria de nuevas elecciones generales, Por la República.

TE REGALO MI SUEÑO: III REPÚBLICA ESPAÑOLA

           

Hace 93 años que se proclamó la Segunda República. En este aniversario, como lo he hecho en otras ocasiones, durante el mes de Abril, dedicaré mi pensamiento a este Sistema político democrático que se frustró por un golpe de Estado militar y una dictadura fascista. Hoy, la monarquía atenta contra la democracia participativa; no premia las capacidades, sino la herencia de la sangre. Soy republicano por sus principios y valores; por convicción.

Ya me he referido a este tema, pero un año más no puedo sustraerme a no recordarlo. El modelo republicano debe ser políticamente abierto, participativo y por tanto democrático; un modelo en el que la ciudadanía sea crítica y responsable; un modelo sustentado por principios y valores de libertad, igualdad y justicia social; y que éstos sean blindados por la Constitución, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del propio Estado republicano.

Grandes esperanzas había despertado la proclamación de la República aquel 14 de abril de 1931. El rey Alfonso de Borbón había abandonar precipitadamente España suspendiendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real, tras conocer los resultados de las elecciones municipales, celebradas dos días antes.

España se constituyó como Estado integral, compatible con la autonomía de municipios y regiones. Se estableció la separación de poderes: el poder legislativo recayó en un Congreso unicameral; el ejecutivo, bajo control parlamentario, en el Consejo de ministros y el presidente de la República; y el poder judicial en jueces independientes. Se abrió la posibilidad de expropiación y nacionalización por motivo de utilidad social. Se incorporó una amplia declaración de derechos y libertades. Se reconoció el matrimonio civil y el divorcio. Se reconoció el derecho de voto para los mayores de 23 años y, por primera vez en la historia, el derecho de sufragio a las mujeres; y se declaró la separación entre Iglesia y Estado.

Con la proclamación de la República se abrían inmensas perspectivas de cambios políticos, económicos y sociales, pospuestos durante decenios. Se iniciaron las reformas políticas necesarias, mediante un cambio profundo de las estructuras sociales, económicas y culturales, para poner a España en la senda de la modernidad. Poco tiempo duró todo. El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la guerra que provocó, rompieron la esperanza.  

El sistema político republicano moderno, se identifica con un sistema de valores, como expresión de la voluntad libre y soberana de la ciudadanía: el pueblo se gobierna a través de representantes elegidos democráticamente y la igualdad de oportunidades como esencia de sus principios. En este sistema, la jefatura del estado también es elegida, y no hay rey o líder que guíe, arbitre o gobierne; no hay persona o figura que esté por encima de la ley, ni irresponsable ante ella.

A lo largo de la historia, el concepto y la idea republicana han evolucionado, pero hay un hilo conductor: el pueblo que se autogobierna y protege la libertad, como acto contrario a la dominación. Se fundamenta en el derecho y el imperio de la ley, y todos iguales ante ella; la igualdad de oportunidades como esencia democrática; la participación ciudadana, como marco de referencia; los derechos civiles y la transparencia, como oposición a la corrupción política.

Una república en sí misma, no es garantía de bienestar o de democracia; son sus valores los que dan carácter al modelo y la ejemplaridad de los servidores públicos. Son las garantías para ejercer los derechos los que dan la dimensión exacta del sistema. Una monarquía (parlamentaria o constitucional) puede ser democrática en su ejercicio, si el pueblo así lo ha decidido, pero la monarquía, que es un símbolo que transmite su poder por la herencia de la sangre, está muy alejada de los principios de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. La monarquía es antidemocrática por naturaleza, opaca por convicción, y alejada de los intereses de la ciudadanía.

El acceso a la jefatura del estado, como a cualquier otro órgano de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática elección ciudadana. «Las magistraturas vitalicias, y más aún las hereditarias, dificultan el fácil acomodo de las personas que ejercen cargos de esa naturaleza a la voluntad del pueblo en cada momento histórico», decía Luis Gómez Llorente (Socialismo y República). Ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas; son éstas las que deben proyectar su futuro libremente, sin ataduras del pasado.

En el republicanismo se conjugan las ideas de honestidad, integridad, honradez, lealtad y justicia en el gobierno de la cosa pública. Esta idea está entroncada en la filosofía de la república griega y romana, pasando por Maquiavelo; está presente en la «Revolución Francesa», en los pensadores antimonárquicos ingleses del siglo XVII y la Ilustración radical. Los padres de la constitución americana la llevaron a los altares del liberalismo. El mejor gobierno es el de la ciudadanía para sí misma.

Podría parecer que la Constitución española está inspirada en estos principios y hechos históricos, pero no es cierto. El modelo español, sigue el hilo de la evolución de la monarquía absoluta: el rey es el que va cediendo su soberanía procedente de «dios»; no es el pueblo soberano quien otorga el mandato del poder. La Constitución española declara que la soberanía nacional reside en el pueblo y que de él emanan los poderes del Estado. La monarquía parlamentaria a la que refiere la Constitución, fue instaurada por Franco, mediante las leyes fundamentales.

En el artículo 56.3 se dice que La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. El rey se sitúa por encima de la ley, no está sujeto a su mandato, y por tanto encima de todos los españoles. Sin hablar de los comportamientos –incluso los criminales–, que no quedan sujetos a las leyes que a todos nos afectan. Por encima queda, cuando se dice que La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica –hoy encarnada en Felipe VI y su descendencia–; es decir: es heredera de la monarquía absoluta de Fernando VII y sus antecesores imperiales, la irresponsabilidad de Isabel II, la caciquil de la Restauración y la dictadura diseñada en las leyes franquistas.

La idea sobre la libertad en el republicanismo, no es la que se entiende desde el liberalismo; sino que presenta una visión del ser humano, como una manifestación de la vida social. En este espacio, la política es una actividad en la que los ciudadanos desarrollan sus potencialidades individuales; frente a la concepción del liberalismo, que entiende que la única actitud posible por parte de la ciudadanía es la resistencia pasiva frente a un Estado. El Estado tiene que ser garante del bienestar general y en particular de los más desfavorecidos socialmente.

En el republicanismo la política es una actividad digna, honesta y de responsabilidad. La ciudadanía es militante político ante el grupo social, donde su opinión se deja sentir y es tenida en cuenta constantemente, en las decisiones que determinan la actividad del Estado. La democracia adquiere un carácter deliberativo, permitiendo que todas las decisiones públicas sean producto de una reflexión, en la que la totalidad de la ciudadanía participa responsablemente. La libertad es entendida, no como que la sociedad no pueda tomar decisiones contrarias a las voluntades individuales, sino como que estas decisiones, no deben interferir arbitrariamente en el ámbito de lo privado.

Nadie puede decidir por el individuo, en lo que respecta a sus propios intereses, y ninguna pauta de comportamiento es excluida, en tanto que no perjudique a los intereses de los demás. La diversidad y la disidencia, son valores que los republicamos entendemos asociados a una concepción laica del individuo, que no acepta más normas morales que las que dicta su razón. Un pleno ejercicio de libertad para todos y plena conciencia de pertenecer a la comunidad, sólo es posible si hay igualdad suficiente. En una sociedad, en la que la igualdad sea real y efectiva, no surgirán enfrentamientos y disensiones por las diferencias, que no son sino afrentas para los que menos tienen.

Es tarea fundamental del Estado garantizar la igualdad de oportunidades y que las diferencias económicas y de poder, sólo vengan dadas por el mérito o el trabajo. Para ello el sistema educativo público debe ser de la máxima calidad y atractivo para todas las clases sociales, de manera que sea una experiencia de convivencia entre los diversos grupos. Es necesaria la igualdad porque todos los seres humanos somos iguales, y es necesaria la libertad porque todos somos diferentes. Cada persona es responsable de encontrar su propio camino hacia la felicidad, pero la sociedad, a través del Estado, es responsable de reducir la improbabilidad de conseguirlo; y que el bienestar de unos no se haga a costa de la pobreza de otros.

La vida de la Segunda República fue corta, pero intensa. Todo empezó un 12 de abril de 1931, cuando la ciudadanía eligió a los partidos republicanos y socialistas, contra los monárquicos que dieron la espalda al rey. También vimos cómo se proclamó la República y cuáles fueron las medidas políticas que se adoptaron con el objetivo de poner a España en la senda de la modernidad, haciendo frente a las llamadas «cuestión regional, cuestión religiosa, cuestión militar, cuestión agraria y cuestión social», que fueron demasiadas cuestiones para resolver en tan poco tiempo, teniendo en frente a tan potentes enemigos.

Estoy convencido de que no se terminaran los males de España por instaurar una República; pero sería un principio. Aquellos que condenaron a la República a muerte siguen al acecho, pero ni entonces ni ahora podrán con los principios republicanos ni con sus ideas.

         

CONFESIONALISMO Y MILITARISMO RAMPANTE

            

         Se dice que España es un Estado aconfesional, pero somos conscientes de que el dicho es una especie de broma constitucional, habida cuenta de los privilegios de que goza la Iglesia católica, sobre todo en los terrenos educativo y económico.

En el primero, con el adoctrinamiento escolar de millones de niñas y niños en dogmas católicos que son anticientíficos (entiéndase estúpidos), misóginos y homófobos (en una palabra, machistas).

En el ámbito económico, con la concesión a las instancias de la Iglesia de más de 12.000 millones de euros anuales, que incluyen enormes exenciones de impuestos y el pago a los adoctrinadores infantiles y a las escuelas concertadas de ideario dogmático-católico (ya saben: anticientífico…). Sin olvidar el enorme robo a la ciudadanía que suponen las inmatriculaciones de más de 100.000 bienes que deberían ser estatales, un escándalo infinitamente mayor que los de las mascarillas, la Gurtel, etc., etc., etc. Todo ello con la complicidad de los sucesivos gobiernos democráticos de derechas o izquierdas, incluyendo el actual, tan “progresista”.

Pero hay otros desafueros y prerrogativas que desde Europa Laica y otras organizaciones laicistas (algunas, cristianas) suelen denunciar menos ante la magnitud de los anteriores: los de naturaleza simbólica y mediática. Escribo esto mientras durante horas y horas echan en directo en TVE-1, la principal tele pública, el desembarco en Málaga de la Legión –ese cuerpo con antecedentes fascistas y connotaciones más machistas de lo habitual en el Ejército, que ya es decir– para participar en la procesión del “Cristo de la Buena Muerte”. Son actos de un cariz militarista y beato (espantosa combinación) presididos por la reina Sofía y con un sinfín de altas autoridades civiles y militares, que a título personal pueden hacer lo que les plazca, pero no como representantes públicos.    

¿No se burlan –por no decir otra cosa– estas autoridades, y la tele pública, de la aconfesionalidad del Estado, sin la menor vergüenza democrática? ¿No están para servir a toda la ciudadanía, no solo a la católica (parte de la cual también se siente agraviada)? ¿No es todo ello una expresión desenfrenada de un nacionalcatolicismo más propio del franquismo? ¿No estamos ante un resurgir del más rancio militarismo, que oportunamente puede justificar y amparar los intereses otanistas y el criminal comercio de armas de los que España es partícipe?

El impúdico exhibicionismo confesional-castrense del jueves santo malagueño no es más que un caso entre tantos. Canal Sur nos dice literalmente, durante divinas y sobre todo eternas horas, que “Andalucía es Semana Santa”, por no hablar de Radio Nacional (Nacional… católica) y de tantas cadenas públicas locales de radio y televisión. Las autoridades militares y civiles exhiben sin pudor el meapilismo católico no sólo en Andalucía, y hay que añadir la participación en misas, procesiones y ofrendas de la Policía y la Guardia Civil. La confusión de la cruz y la espada se extiende a la existencia del Arzobispado castrense, con su catedral, capillas y capellanías, a los patronazgos ultramundanos de instancias militares (patronos celestiales, pero no sólo del Ejército del Aire), a “honrar” a Vírgenes como capitanas generalas o con fajines… Todo ello muy presente en las procesiones de semana santa y en otras, como las del Corpus.

Podríamos pensar que a este frenesí irracional le pondría freno el “templo” del conocimiento, la Universidad, o que al menos se distanciaría de él. Pues tampoco, o no siempre; en Sevilla, el rectorado se convierte cada semana santa en un “templo” nada metafórico: una capilla de la que sale una procesión; y hay actos cofrades en el mismísimo paraninfo… Hace unos días, el rector de la Universidad de Cádiz entregó el “bastón de Mando” de esa universidad a una “Hermandad”. Todo ello, siguiendo unas tradiciones que no extrañaban cuando la universidad franquista tenía como misión difundir la “ciencia católica” (oxímoron donde los haya); tradiciones tan “respetables” como la de ir Franco bajo palio.

Claro que el actual Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas no se queda muy atrás, pues no olvidemos su participación en procesiones, sus grotescas ofrendas santiagueñas y sus inclinaciones de cerviz o a lo Locomotoro ante pontífices y obispos; al humillarse cual monaguillo (papa Francisco dixit) ante representantes del Estado vaticano, ¿no está siendo desleal al Estado que representa y simboliza como máxima autoridad civil y militar? Ay, la cruz que preside la corona y el escudo de armas del rey no engaña.

Todo lo dicho, y mucho más, constituye la expresión simbólica y mediática del inaceptable confesionalismo estatal que, agravado por la connivencia de un militarismo rampante, ofende a la ciudadanía –diversa en convicciones y creencias– y es radicalmente incompatible con la democracia.

LA SOLEDAD DE LA IZQUIERDA ESPAÑOLA

 

           Decía Victor Hugo que el infierno está todo en una palabra, soledad, y me parece que el presidente Pedro Sánchez y sus ministros lo deben estar comprobando muy claramente.

No creo que lo que peor lleven sea la permanente carga de la derecha política y mediática contra cualquier cosa que hagan. Seguro que conocen la historia moderna de España y saben que siempre ha habido y hay un limitado grupo de oligarcas que se consideran sus propietarios. Por eso la derecha española que los representa no permite nunca por las buenas que se haga con los resortes del gobierno y las instituciones quien le sea ajeno, o quien no haya sido nominado por ellos para gobernar en su nombre y favor. No solo defienden su huevo sino, sobre todo, lo que piensan que es su fuero, el derecho a ser «la España de bien» que decide por todos los españoles.

La cruzada inmisericorde contra Pedro Sánchez y su gobierno ya la hemos vivido antes porque responde a esa razón. Lo que sucede es que tenemos muy poca memoria. Las barbaridades que ahora dicen contra Sánchez están calcadas literalmente de lo que dijeron en su día de los anteriores presidentes socialistas. No hay nada nuevo.

Yo creo que si Pedro Sánchez y sus ministros deben sentirse, con toda razón, en un infierno es porque gobiernan en soledad.

Así ocurre porque la izquierda renunció hace tiempo a conformar un sujeto social vivo, poderoso, protagonista, cómplice, determinante y, por encima de todo, inspirador primero y luego baluarte y defensor de las decisiones que tomen en cada momento sus representantes y líderes.

Las casas del pueblo socialistas languidecen, Sumar fue una buena idea pero nació tarde, se desfiguró y ahora carece no ya de base social activa, sino incluso de militancia. Y, al margen de ambos partidos gobernantes, la sociedad civil no encuentra la forma de expresar sus demandas y de organizarse para proporcionar apoyo a quienes están tratando de defender sus intereses con la mejor voluntad.

        La izquierda que gobierna no oye ni dialoga con la sociedad, y sus propias organizaciones son aparatos cesaristas en las que tampoco hay debate ni elaboración colectiva. Creer que basta llegar al gobierno para realizar cambios sociales es mucho peor que una ingenuidad. Es la irresponsabilidad en la que han incurrido las izquierdas de nuestros días y lo que las lleva continuamente al fracaso cuando tratan de aplicar sus programas sin el apoyo y defensa de la gente, o a la traición, cuando ya ni siquiera lo intentan.

El actual gobierno de Pedro Sánchez sufre de este problema en grado sumo porque nació obligado a tomar decisiones que la inmensa mayoría de la gente no puede apoyar sin deliberación, pedagogía y buena comunicación, sin mantener contacto estrecho y dialogante con su base social. La izquierda no cuida a los mediadores sociales que pueden defenderla y ni siquiera se preocupa de organizar socialmente su defensa.         

No ha hecho nada para impulsar la movilización y contestación de su base social ante la brutal, demagógica y la mayoría de las veces mentirosa ofensiva de la derecha contra cualquier medida que se tome, por moderada que sea y aunque en realidad no suponga el más mínimo quebranto real del poder dominante. Lo normal es que ocurra cuando se actúa como si el gobierno fuese un fin en sí mismo y los dirigentes de los partidos se ocupan en la pomposa tarea de gobernar y no en la menos vistosa de promover la deliberación y debatir, movilizar y organizar para dar sentido al gobierno, apoyarlo y defenderlo cuando lo atacan.

Cuesta decirlo, pero lo cierto es que los partidos de izquierdas que no se enteran de que transformar la sociedad no es una cuestión de líderes, césares o personalidades individuales, ni algo que se consiga gobernando a cualquier precio, están  haciendo lo mismo que el coronel que no tenía quien le escribiera en la famosa novela de García Márquez: “El día que me sienta mal no me pongo en manos de nadie. Me boto yo mismo en el cajón de la basura”.

EL INFAME SEBASTIAN PIÑERA: OTRO QUE SE FUE SIN PAGAR SUS DESMANES

 

        Mientras amplios sectores de la región de Valparaíso y otras zonas del país desde hace días son castigadas fieramente por una ola de incendios que ha cobrado cientos de vidas, viviendas y poblados pobres, este martes 6 de febrero el expresidente pinochetista Sebastián Piñera (74 años) murió en un accidente de helicóptero cuando la aeronave que él mismo pilotaba cayó en medio del Lago Ranco, en la región de Los Ríos.

El accidente sucedió a media tarde, en el sector rural de Ilihue, cuando despegó bajo la lluvia desde la vivienda de uno de sus amigos. A los pocos minutos de vuelo, el helicóptero perdió la sustentación y cayó. Piñera viajaba con tres familiares, quienes se salvaron; sin embargo, el multimillonario y exmandatario no logró salir de la nave.

De manera extraña, el foco de la atención de los medios masivos de comunicación se trasladó raudamente desde la tragedia de los siniestros masivos hasta los detalles palaciegos del fallecimiento de Piñera, quien hizo su fortuna gracias a la sangrienta dictadura militar que inició el 11 de septiembre de 1973. Su hermano José Piñera fue el elegido por la Junta Militar como uno de los principales civiles artífices de la contrarrevolución chilena, responsable de la imposición del programa capitalista neoliberal que persiste hasta la actualidad, inventor del fracasado sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), privatizador en serie de los bienes y las industrias del Estado, y creador de un antisocial Código Laboral con el propósito de destruir el que fuera el movimiento de trabajadores más poderoso y consciente del continente durante los 50 e inicio de los 70 del siglo XX; por su parte, Sebastián Piñera gozó de los privilegios financieros de la tiranía, siendo incluso salvado de la cárcel ante las estafas bancarias que protagonizó en aquella época.

        El extinto político, según Forbes, contaba con una fortuna cercana a los 3 mil millones de dólares, lo que le convertía de uno de los individuos más ricos del país y del mundo.

Más allá de acrecentar su situación económica durante las dos ocasiones que ejerció de primer mandatario con el apoyo de las fuerzas reaccionarias de la sociedad chilena, en el marco de un régimen político duopólico, antidemocrático y de alternancias de matices indistinguibles -el mismo elaborado por Henry Kissinger para Estados Unidos entre Demócratas y Republicanos, que luego irradió hacia sus áreas de influencia-, Sebastián Piñera marcará la historia de Chile por la impunidad respecto de su responsabilidad política en las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el llamado estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019 y que tuvo al sistema político en ascuas durante varios meses. Las movilizaciones populares se mantuvieron hasta la llegada de la pandemia de coronavirus donde la administración Piñera, junto a la mayoría de las instituciones políticas, impuso un estado de excepción, toque de queda y control social que fue minando la fortaleza de la revuelta.

        De acuerdo a entidades ligadas a los derechos humanos y al propio Instituto Nacional de Derechos Humanos del Estado de Chile, en el transcurso del estallido social, el gobierno de Piñera, a través de la policía militar y de agentes de las Fuerzas Armadas, asesinó a alrededor de 40 personas; reprimió con violencia inédita las manifestaciones pacíficas; disparó con munición de guerra sobre la población inerme, sus casas y edificios privados; torturó y violó a niñas y niños; mutiló partes del rostro y los ojos de unas 500 personas; llenó los penales de cientos de presos políticos (algunos todavía encerrados, esperando un juicio que no llega) y, en general, arremetió con atropellos y vejaciones similares a las de la dictadura militar contra miles de personas.  Sólo entre el 18 de octubre y diciembre de 2019,  25.000 personas fueron detenidas.

Al igual que en otras ocasiones, la elite política del régimen, con el presidente Gabriel Boric a la cabeza, desplazó incluso la gravedad mortal de los incendios en curso, para deshacerse en halagos dedicados a la figura de Sebastián Piñera.

Además de decretar tres días de duelo nacional, Boric calificó al recién muerto como «un gran demócrata», a la par que el gremio del empresariado (Confederación de la Producción y el Comercio, CPC) que llamó a Piñera «un defensor de la democracia y hombre de Estado». El expresidente demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle dijo que el fallecido «Buscó servir a Chile con gran pasión», mientras que la expresidenta socialista Michelle Bachelet afirmó que «Valoré siempre el compromiso con nuestro país». Ese fue el tono y sentido de los representantes del conjunto del arco de partidos políticos que hacen la presente administración de La Moneda. La sociedad ya sabe cómo quieren ser despedidos los políticos profesionales que ven en la muerte de Piñera, como en un espejo, su eventual retiro por razones mortales.            

        Por abajo, el pueblo común inundó con bromas de humor negro las redes sociales y los teléfonos móviles. Lo cierto es que Sebastián Piñera, al igual que Augusto Pinochet y tantos otros, se fue sin pagar ni con un minuto de cárcel sus culpas políticas en relación a los crímenes de lesa humanidad infringidos contra buena parte de la comunidad chilena.

El máximo responsable de todo ello y muchas cosas más, ha fallecido disfrutando en grande de la vida, sin rendir cuentas. El pueblo chileno no llorará su muerte.

La impunidad galopa. Hasta la próxima revuelta, dicen.