Día
tras día se suceden informaciones sobre las dificultades económicas y sociales
en Venezuela y la amenaza de un golpe reaccionario para derrotar la revolución
bolivariana. Los grandes medios de comunicación, el PP, Ciudadanos y los
dirigentes del PSOE, ya han tomado partido: al lado del imperialismo
estadounidense, al lado de los golpistas venezolanos de extrema derecha, junto
a los grandes capitalistas que sabotean la economía y saquean el patrimonio del
pueblo. ¿Los tenemos que creer? ¿Tenemos que creer a Rajoy, a Aznar, a Felipe
González, a Albert Rivera?
En
este discurso hay algo que no cuadra. Quienes levantan la voz furiosamente
contra la “falta de libertad” en Venezuela, son los mismos que aquí encarcelan
a sindicalistas que luchan por los derechos de los trabajadores o aprueban una
ley, bautizada popularmente como “mordaza”, que recorta brutalmente nuestro
derecho a manifestación y a la libertad de expresión.
Mientras
lloran lágrimas de cocodrilo por las dificultades del pueblo venezolano y nos
hablan de “derechos humanos”, estos mismos políticos a sueldo de los grandes
poderes económicos no tienen ningún escrúpulo en aprobar los desahucios de
decenas de miles de familias empobrecidas por la crisis; de rescatar a los
bancos a costa de recortes sociales sangrantes; de privatizar la sanidad
pública y la atención a la dependencia, condenando a cientos de miles de
personas a la enfermedad y el sufrimiento; de despedir a decenas de miles de
profesores, reducir las becas y aprobar leyes franquistas, como la LOMCE y el
3+2, para impedir que los hijos de los trabajadores puedan acceder a una
enseñanza de calidad.
Todos
estos políticos y periodistas que protagonizan esta campaña de tintes
goebbelianos contra la revolución bolivariana, guardan un silencio cómplice, y
bien retribuido, ante el crimen que se está perpetrando contra decenas de miles
de personas indefensas: los refugiados. Ahora mismo, hay miles de niños
encarcelados dentro del territorio europeo tras las alambradas de los campos de
detención que la Unión Europea (UE) ha construido en Grecia y otros países, y
se cuentan por miles los muertos por ahogamiento en el Mediterráneo, porque
quienes huyen de la guerra y la barbarie que el imperialismo provoca, lejos de
ser tratados como víctimas son considerados criminales.
Los
políticos europeos que levantan su dedo acusador contra el gobierno bolivariano
que, recordemos, ha ganado elección tras elección de manera democrática,
consideran un valioso aliado a Erdogan, el autoritario Presidente de Turquía
que encarcela, tortura y asesina a los activistas de la izquierda y a los
periodistas críticos. Es más, financian generosamente a este tirano para que
haga el trabajo sucio con los refugiados, y siga armando hasta los dientes a
los yihadistas del Estado Islámico, los mismos que luego masacran a cientos de
inocentes en las calles de París y Bruselas.
Arabia
Saudí es otro de los países amigos de estos defensores de los “derechos
humanos” tan preocupados por Venezuela. Este régimen, bajo el cual las mujeres
no pueden salir de casa sin la ‘compañía’ de un hombre, ejecutó a 157
opositores en 2015 e inauguró este año matando a otros 47 el 2 de enero. Pero
no pasa nada: mantiene cordiales relaciones con el gobierno del PP y la Casa
Real española, con los que hace jugosos negocios armamentísticos, y recibe todo
el apoyo de Washington, a pesar de que está sobradamente documentado que, al
igual que el de Erdogan, este régimen también financia abundantemente a los
terroristas del Estado Islámico. ¿De verdad quieren que nos creamos que les
preocupa la democracia y la pobreza en Venezuela o cualquier otra parte del
mundo?
Estos
políticos como Aznar y Rajoy, como Albert Rivera y Felipe González, con lo que
realmente quieren acabar es con la revolución en Venezuela y toda América
Latina. En febrero de 1999, aupado por millones de sus compatriotas, Hugo
Chávez llegó al gobierno a través de unas elecciones democráticas. Desde
entonces hasta su fallecimiento en marzo de 2013, apoyándose en la movilización
popular, puso en marcha numerosos planes sociales gracias a los cuales se
construyeron decenas de miles de viviendas, se llevó la atención sanitaria a
los barrios humildes, se abrieron las puertas de las universidades a las
familias trabajadoras y se sacó de la pobreza a millones de personas.
Esta
política social en beneficio de la mayoría, que utilizó la riqueza proveniente
del abundante petróleo venezolano —principal fuente de ingresos del país— para
llevar a cabo reformas en beneficio del pueblo, rápidamente despertó la ira de
los ricos y los poderosos, que sabotearon el gobierno legítimo de Chávez por
todos los medios. En abril de 2002 organizaron un golpe militar y secuestraron
al Presidente Chávez, colocando al frente del país al jefe de los empresarios.
Este golpe de Estado contó con el apoyo de El País, de Aznar y del PP, de
Felipe González y de numerosos cargos públicos del PSOE. En aquel golpe
participó activamente Leopoldo López, ese supuesto preso político que tanto
espacio ocupa en los telediarios y la prensa española. Este ‘héroe’ del PP y
del PSOE, encabezó la detención del ministro de Interior y Justicia del
gobierno elegido en las urnas y respaldó el decreto que disolvió el Parlamento
y suspendió la Constitución durante el golpe. Afortunadamente, el pueblo salió
a la calle y abortó estos planes.
Sin
embargo, la oposición derechista y sus amos en Washington y Madrid, no han
cejado en su empeño, y lo que todavía no han podido conseguir por la fuerza lo
intentan alcanzar por otros medios: el sabotaje económico. Si bien es cierto
que el gobierno chavista ha nacionalizado empresas importantes, todavía
palancas fundamentales de la economía como los bancos o la importación,
producción y distribución de alimentos siguen estando en manos de los grandes
empresarios, completamente hostiles a la revolución bolivariana.
Como
hicieron en 1973 en Chile contra el gobierno de Salvador Allende, la oligarquía
venezolana ha puesto en práctica una campaña de desabastecimiento que impide
que productos básicos como el pan, el arroz o el papel higiénico estén
disponibles en los supermercados y, cuando los hay, tengan precios
inalcanzables para la mayoría de la población. Los empresarios cierran
fábricas, los capitalistas venezolanos se llevan el dinero fuera del país y
hacen huelga de inversiones para ayudar a provocar el colapso. Esta situación,
combinada con la bajada del precio del petróleo —que ha reducido dramáticamente
las divisas de las que dispone el gobierno— y la especulación con la moneda, ha
provocado también una inflación desbocada.
Es
cierto, la situación está llegando a un punto crítico en Venezuela. El pueblo
sufre porque no puede cubrir sus necesidades. Pero la solución no es que llegue
al gobierno la ultraderecha, los amigos de los Rajoy, de Aznar, de Felipe
González y Albert Rivera, de los mismos que nos oprimen y nos reprimen en
Europa. Ya conocemos sus recetas cuando gobiernan: cargar la crisis sobre las
espaldas de los más débiles, para salvaguardar los privilegios de los que lo
tienen todo.
No,
la solución no está en estrangular a la revolución porque no ha llegado hasta
el final, porque todavía no ha resuelto todos los problemas a los que se
enfrenta. La solución es hacerla avanzar, corregir sus imperfecciones,
enderezar lo que se ha torcido. Hace falta apartar a todos aquellos
oportunistas que se sumaron al movimiento bolivariano con el objetivo de
conseguir un buen cargo desde el que beneficiarse de la revolución y que hoy
tienen más en común con los ricos que con los trabajadores. Hay que desechar a
los arribistas y acabar con ese cáncer de la revolución que se llama
burocracia, tal como señaló Hugo Chávez.
Hace
falta que todo el poder político y económico pase efectivamente a los
trabajadores, a la juventud, a los oprimidos de Venezuela. Es el momento para
que el gobierno bolivariano tome medidas socialistas efectivas para acabar
definitivamente con el capitalismo. Ese es el camino para despertar el
entusiasmo de la población, para resolver las graves carencias que hoy amenazan
a la revolución, y para movilizar la solidaridad de todos los pueblos del
mundo.
Venezuela
es un país enormemente rico, por su petróleo, por su tierra fértil, por los
millones de hombres y mujeres que llevan más de 15 años sosteniendo una
revolución para acabar con la injusticia, con la desigualdad social, con la
corrupción.
Por ello es imprescindible trabajar para impedir en Venezuela un nuevo golpe de estado a la chilena.
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