La
Iglesia institucional española es, desde hace ya demasiados siglos, un
auténtico poder fáctico que trata de imponer sus dictados a la sociedad. Cuenta
en la actualidad con 11 cardenales, entre ellos seis con capacidad de decisión
en la elección de un futuro papa, con 70 obispos, de una media de edad de 65
años, con 60.000 religiosos y unos 22.000 sacerdotes. En el terreno de la
enseñanza la Iglesia gestiona unos 2.500 centros educativos concertados que
escolarizan a más de un millón y medio de alumnos, así como 14 universidades
con más de 80.000 estudiantes. Cada domingo en las iglesias los clérigos,
durante la predicación, guían por el buen camino a los fieles, les proponen
directivas de vida, y criterios morales. La Iglesia española cuenta también con
una larga y tormentosa historia, que en el siglo XX se ha visto profundamente
marcada por el nacional-catolicismo.
Las
religiones únicamente deberían tener cabida en las instituciones educativas
para ser estudiadas científicamente.
En
la lenta transición de nuestro país a la democracia ha habido contribuciones
progresistas importantes, algunas protagonizadas por eclesiásticos, entre otros
por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, pero en general la Iglesia
institucional española ha virado con Antonio María Rouco Varela, que ha sido 20
años arzobispo de Madrid y 15 años Presidente de la Conferencia Episcopal, a
posiciones fundamentalistas, retrógradas, que han servido de impulso a los
nuevos movimientos eclesiásticos que encarnan hoy el conservadurismo cristiano:
Opus Dei, Legionarios de Cristo, Kikos, Carismáticos, Focolares, en fin,
Comunión y Liberación, una organización ésta última fundada por el sacerdote
Marcial Maciel, pederasta y polígamo, que se vio directamente alentada por el
papa Wojtila.
El
pasado martes 24 de febrero el Boletín Oficial del Estado ha publicado los
contenidos de la asignatura optativa de Religión elaborados por la Conferencia
Episcopal Española para la enseñanza primaria y secundaria, una asignatura que
se imparte a lo largo de la escolaridad obligatoria en virtud de los acuerdos
suscritos en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede.
En
el texto los obispos subrayan los enunciados que expresan el espíritu de la
asignatura, y las grandes líneas de los contenidos sobre los que serán
examinados los estudiantes. La calificación final de los alumnos figurará en el
expediente académico, tendrá un peso en la nota media, y puede resultar
importante para la obtención de becas. Se calcula que más de tres millones y
medio de estudiantes cursarán esta asignatura de religión impartida por
profesores seleccionados directamente por las autoridades eclesiásticas, en su
mayoría sacerdotes y religiosos, pero financiados por el Estado, lo que supone
cada año un desembolso de unos 700 millones de euros salidos de las arcas del
Estado.
Los
Estados europeos son en su gran mayoría Estados secularizados, laicos, en los
que se respeta, y se hace respetar, la libertad de creencias y de cultos, son
Estados emancipados de las religiones y de sus doctrinas. La inclusión de la
asignatura de religión católica en las escuelas de nuestro país no deja de ser
una un anacronismo incompatible con los valores democráticos, y con un estatuto
sólido de ciudadanía. Las religiones únicamente deberían tener cabida en las
instituciones educativas para ser estudiadas científicamente. Se podría y
debería abrir un espacio para el estudio comparativo de las religiones, para la
historia de las religiones, por ejemplo, pero la enseñanza moderna, científica,
se encuentra en las antípodas del adoctrinamiento religioso. Confundir la
escuela con los centros de catequesis es un grave error que urge subsanar
cuanto antes.
Nuestros
gobernantes de turno, impulsados por el ala más conservadora y más reaccionaria
del Partido Popular, bajo el manto protector de una nueva ley educativa, la
Lomce, se han atrevido a poner el Boletín Oficial del Estado directamente al
servicio del dictado de los obispos. La casta clerical impone así su ley sobre
los ciudadanos gracias a la dejación de funciones de quienes deberían velar por
los intereses de todos.
Son
los mismos que permiten que la mezquita de Córdoba, y otros muchos templos y
monumentos, que pertenecen al patrimonio material y cultural de todos los
españoles, pasen a ser inscritos en los registros de la propiedad como bienes
de la Iglesia. A la hora de votar los ciudadanos deberíamos ser más conscientes
de que entregar la confianza para la gestión del espacio público a partidos que
sistemáticamente ningunean el patrimonio común, y desprecian a los electores
relegándolos al estatuto de feligreses, es una opción equivocada, pues atenta
contra el interés general.
La
laicidad, que no es otra cosa que la democracia, y los derechos humanos, son
valores conquistados que se sitúan por encima de cualquier creencia religiosa.
Introducir
el adoctrinamiento religioso en la escuela implica retornar a la vieja
dialéctica entre fieles e infieles, amigos y enemigos, justos y pecadores, cristianos
y paganos. Implica también ceder al empuje del irracionalismo y del pensamiento
mágico-mítico. De este modo el fundamento de la convivencia, la soberanía
nacional, la ciudadanía, salta por los aires para dar paso a una mitología
pre-política que condena todo lo que es exterior a ella a la irrelevancia, pues
el orden del mundo se convierte en el orden de lo temporal, caduco y
perecedero. La voluntad de Dios se impone sobre la voluntad general. La luz de
la fe no deja espacio para el desarrollo de la razón.
Para
comprobarlo basta recurrir a la propia retórica de la que hace alarde la
Conferencia Episcopal que acaba de dar luz verde a los programas de la
mencionada asignatura. Niños y niñas, en las escuelas de nuestro país, han de
enfrentarse a misterios como el de la Santísima Trinidad, la Virginidad de
María, la presencia de Cristo en la eucaristía, la creación divina del cosmos,
y la resurrección de la carne. Las religiones se pierden en los laberintos de
misterios insondables, mientras que los científicos tratan de adentrase en
territorios desconocidos para acceder al conocimiento de la verdad.
A
partir de ahora programas impartidos por miembros de una organización
piramidal, jerarquizada, que relega a las mujeres a posiciones subalternas, una
organización que esperó hasta 1853 para sacar a Copérnico del Índice de libros
prohibidos, introducirán en las aulas, y en las conciencias de los niños y de
los jóvenes, la vieja dialéctica heredada entre creyentes e infieles. Retorna
un mundo encantado marcado por el temor y el temblor. De momento los programas
elaborados por los obispos nos indican que Dios ha creado al ser humano para
ser feliz en relación con Él y que quienes prescinden de Dios viven en el
pecado.
Este
rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de
ser feliz. A los agnósticos, a los ateos, e incluso a los estudiantes que en
lugar de la asignatura de religión elijan otra alternativa, concretamente la
asignatura de Valores sociales y cívicos, les espera la infelicidad en este
mundo, y la condena a las tinieblas exteriores más allá.
La
laicidad, que no es otra cosa que la democracia, y los derechos humanos, que
reposan en el reconocimiento de una común humanidad, son valores conquistados
socialmente que se sitúan por encima de cualquier creencia religiosa. La plena
integración de esos valores en nuestro ordenamiento jurídico-político una vez
más tendrá que esperar.
La
Conferencia episcopal española, con la aquiescencia del gobierno de turno, se
empeña en seguir gozando de una posición de privilegio en los espacios
públicos, y en convertir a todos los ciudadanos en ovejas del redil, en seres
dependientes, sumisos, envueltos en mitos y en milagros, sin capacidad para la
reflexión y para la autonomía. La reflexión y la autonomía son precisamente los
valores que sirven de eje a la enseñanza laica.