COMO SAQUEAN LAS ARCAS MUNICIPALES (Final)

Secretarios, interventores, aparejadores, arquitectos municipales, estuvieron dotados en otro tiempo de autoritas. Bendita democracia, ahora ya son tan víctimas de mobbing y acoso como cualquiera. Empieza a ser común que se les aparte de sus funciones y se los someta al escarnio popular. La acusación de que “paralizan el funcionamiento del ayuntamiento” por la “excesiva burocracia” es frecuente. Los ciudadanos los ven como unos tiquismiquis que le ponen pegas a todo e impiden el flujo de inversiones. Lo cierto es que lo único que paralizan, de un modo muy limitado, es la adjudicación ilegal. Cuando “todo” se paraliza, simplemente es porque “todo” es ilegal. Secretarios e interventores, que son el único débil dique ante la corrupción, son demonizados entre los ciudadanos. Aprenden con el tiempo a pelear sólo las batallas que pueden ganar y a dejar pasar algunas cosas para poder discutir otras. Saben que su fiscalización es casi siempre inútil.

Cuando los ayuntamientos realizan gastos que no se ajustan a la ley, el interventor pone un “reparo”. El reparo se levanta por medio de un decreto que firma el alcalde. Habitualmente ni se molestan en motivarlos y son de copia y pega. En un ayuntamiento mediano el número de “reparos” que se levantan en una legislatura puede llegar a varios centenares. Estos “reparos” se comunican al Tribunal de Cuentas, donde llegan por decenas de miles. Nunca ocurre nada.

De todos modos, siempre es mejor que los informes estén a favor. Para eso se contrata como personal laboral a asesores externos. Si tu arquitecto o tu aparejador es demasiado escrupuloso con la legalidad, siempre habrá otro al que se contrate a dedo y al que no le importe decir que hay un pantano donde se eleva un monte. Los funcionarios con oposición están aislados en despachos a los que no llega ni un triste expediente, mientras los contratados informan positivamente todo lo que se les pone en las manos. Lo mismo ocurre con interventores y secretarios.

Es necesario hablar de las políticas de contratación de personal que son el verdadero soporte del sistema. El poder se encarga de quitarle importancia a estos asuntos. Se ven como algo disculpable, algo que está en la naturaleza humana. “¿Acaso tú no enchufarías a tu hermano si está en paro? ¿Quién no lo haría?”, vienen a decir. La realidad, desgraciadamente, es menos amable. Los puestos de trabajo valen dinero. El más cotizado es el de funcionario. Pongamos que enchufamos de auxiliar administrativo a un chaval de 27 años. Cobrará 21.000 euros al año durante 40 años hasta su jubilación. Eso, con aumentos y trienios, supone que a lo largo de su vida ganará cerca de un millón de euros. ¿Y alguien regala un millón de euros? Ese valor hay que compensarlo: tiene un precio. Por eso es tan habitual ver en los ayuntamientos a los hijos balas perdidas de los empresarios locales. Aquellos tarambanas que no fueron capaces de otra cosa encuentran su acomodo en la administración previo pago de las aportaciones que sean necesarias. También influye el tamaño de la unidad familiar. Enchufar a un chaval soltero garantiza un voto: el suyo. Enchufar a uno con pareja, con padres y hermanos ambos cónyuges garantiza más de una decena. Puede parecer banal, pero no lo es: todo se estudia, todo se cuida.

Se puede afirmar que no hay ni un solo puesto de trabajo que dependa de las administraciones locales pequeñas y medianas que no se dé de modo arbitrario. Ni uno. La inexistencia de control es total. Los exámenes o las preguntas se le proporcionan al premiado. Por si acaso aún así falla (no se trata precisamente de lumbreras) se deja para el final una entrevista en la que se le valora subjetivamente. Previamente se han adecuado los méritos a su perfil. Los puestos de trabajo se cuidan de igual modo que la compra de grapadoras. Todo debe recaer en alguien “del pueblo”. Desde un humilde contrato de dos meses para abrir la caseta de turismo, hasta un arquitecto contratado. Cada puesto tiene un precio y un coste. Por la caseta de turismo quizá solo se exija subordinación y fidelidad. Por ser arquitecto, bastante más. Cada ayuntamiento tiene a una cuadrilla de funcionarios, siempre los mismos, que se encargan de valorar todas las oposiciones del año. Este negociete apenas conocido puede reportar de 250 a 300 euros por cada examen. Al cabo del año la cifra no es desdeñable y supone un buen sobresueldo por colaborar con tus jefes corruptos.

En los últimos tiempos, con la caída de la oferta de plazas de funcionario, se ha generalizado otro modo de hacer fijos a los contratados laborales. Los ayuntamientos encadenan más de tres contrataciones parciales consecutivas para la misma función con lo que, si el trabajador denuncia, la ley obliga a hacerle un contrato fijo. Así, este empieza a ser el modo habitual de “contratación” y los ayuntamientos están en pleitos permanentes que pierden una y otra vez, pagando indemnizaciones a los enchufados que les han “denunciado” y sosteniendo, de paso, a los bufetes de abogados amigos que hacen su agosto por perder juicio tras juicio. En el colmo de la desfachatez el ayuntamiento encarga trabajos (por ejemplo, informes de arquitectura) a los mismos trabajadores que “ha despedido” y le “han denunciado” y con los que todavía está pleiteando. El trabajador temporal cobra sus informes mientras “está despedido”; recibirá más adelante la indemnización; será readmitido como fijo; y los abogados amigos pasarán sus minutas. Todo el mundo gana.

Con el tiempo, si una fuerza política es hegemónica, la diversidad ideológica de los funcionarios desaparece y el ayuntamiento se divide entre los directamente cómplices de la arbitrariedad y los que prefieren tomar un perfil plano, lo más invisible que se pueda para no meterse en líos. Los escasos héroes que se enfrentan al sistema padecen un acoso salvaje. Así se entiende por qué no hay controles sobre lo que surten los proveedores amigos. Los trabajadores que hacen de lacayos cada día informan favorablemente facturas falsas, otras desorbitadas u otras con conceptos falsos que ocultan el verdadero gasto. Si los suministros tienen calidades pésimas y se rompen, no importa, ya se comprarán más. Los funcionarios honrados se asombran de que los cartuchos de tinta de la fotocopiadora se agoten en dos días. Los que se encargan de su compra saben que la obsolescencia forma parte del negocio.

Los trabajadores públicos colocados a dedo por el poder son el engranaje necesario para que el flujo del dinero corra. El enchufismo no es una solidaridad mal entendida. No: se trata de una organización en la que el nepotismo y la arbitrariedad en la contratación de personal son imprescindibles para el saqueo generalizado del dinero público.

Pierden todos. La población sabe esto. Los votantes, mal que bien, lo saben. Pero han aceptado la justificación del poder según la cual, al fin y al cabo, las irregularidades sirven para que hasta el último euro recale “en el pueblo”. De hacer las cosas legalmente, quién sabe, entrarían trabajadores de otros lugares o las obras las acometerían empresas foráneas. Piensan, al fin, que tal estado de cosas es necesario. Que sin él las cosas irían peor. Y si bien es cierto que algunos se benefician mucho más que otros, así es como el dinero fluye.

Sin embargo, las cosas no son así y ésta es únicamente la justificación que los corruptos han hecho crecer en una población resignada. Voy a poner un ejemplo muy gráfico: dos pueblos celebran los carnavales. En el primero, el concurso de disfraces es justo y gana el mejor. Grupos de todas partes, algunos multitudinarios, participan. Compiten charangas enormes y espectaculares. Las calles se atestan de visitantes y el comercio y la hostelería lo agradecen. En el segundo pueblo, el jurado cuida de que los premios recaigan en los grupos locales. Los foráneos dejan de acudir. El nivel cae y con los años el desfile se convierte en un paseo de algunos tipos con disfraces comprados en los chinos por calles semidesiertas.

Esto mismo puede aplicarse a todo: a la industria y al comercio. Los adalides de la libre competencia sostienen un sistema en el que algunos privilegiados no necesitan competir y juegan con cartas marcadas. Los nuevos proyectos no pueden enfrentarse exitosamente a empresas que reciben el flujo constante de las inversiones públicas por hacer un trabajo más caro y peor. El nivel general baja. La usurpación de todos los puestos de trabajo por parte de incapaces penetra en la subcultura dominante del lugar (el meme) acentuando la idea de que son sólo los mediocres los que prosperan. El talento huye. Las buenas ideas son incapaces de crecer. El hecho de que el mérito no sea un factor para contratar a las personas con responsabilidades hace que las personas de mérito emigren. Se crean menos cosas y son peores. Hay menos músicos, menos actores, menos emprendedores de cualquier cosa. La sociedad civil se degrada, pierde vitalidad, el talento solo emerge fuera. Se crean distinciones para honrar a los exitosos exiliados y poder vivir durante un día en la ensoñación de que forman parte del cuerpo social que los exilió.

El lugar se anquilosa, se revela incapaz de ser polo de atracción por nada. Gobernado por una mafia que se rige únicamente por una lógica de comisiones cortoplacista mira como si fueran marcianos a otros lugares que innovan, ya en el urbanismo, en la energía o en los servicios. Si el concejal de medio rural escribe “violojía”, ¿promoverá la agricultura biológica? El comercio y la industria agonizan, la población decrece, los ingresos por impuestos menguan, el flujo de dinero disminuye, con lo que cada vez es menos lo que llega fuera del círculo de poder. La espiral de degradación se acentúa entonces, cada vez más y más.

Anigo, ¿conoces algún lugar así?