Cuando
la policía bautizó como ‘Púnica’ a la operación destinada a desmantelar una
trama de corrupción político-empresarial en Madrid, no lo hizo porque hubiera
cartagineses entre los investigados. Era un juego de palabras con el apellido
en latín (punica granatum) del máximo responsable político de la trama,
Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid de 2004 a 2011 y
consejero de Presidencia, Justicia e Interior con Esperanza Aguirre. Pero quizá
no podían imaginar que las cosas podían llegar tan lejos como para salpicar y
manchar a la educación madrileña.
Según
hemos podido saber a través de ABC, Granados, a través de la red mafiosa,
cobraba comisiones de 900.000 euros a 1,2 millones por una serie de colegios concertado
que autorizaba. El calibre de las mordidas ponen de manifiesto el alto volumen
de negocio en juego. Según parece afecta, al menos, a cuatro colegios de
Valdemoro y de Torrejón de Velasco. La empresa que está detrás de estas
operaciones tiene 18 colegios en la comunidad de Madrid y el oscuro personaje
que la lleva es un viejo cooperativista del colegio San Saturio que ha crecido
a la sombra del poder. Podemos estar ante una trama corrupta que afecta a una
parte significativa de la educación madrileña concertada.
Siempre
supimos que el PP desmantelaba la educación pública por ideología y por
negocio. Por ideología, porque defiende un modelo segregador y no inclusivo, ya
que no les gusta la mezcla social ni siquiera en la escuela; y porque prefieren
destinar recursos públicos para educar a las élites y degradar la educación
pública para que esté en correspondencia con un mercado de trabajo precario y
una sociedad desigual. Y por negocio, porque la educación de sus hijos preocupa
tanto a las familias que se ha convertido en un apetitoso pastel y en la
oportunidad de obtener beneficios para las empresas, una vez agotados otros
sectores como la construcción. Ello explica que empresas como ACS o Eulen se
metan a gestionar escuelas infantiles aunque no tengan nada que ver con la
educación.
En
nuestra ingenuidad, no llegamos a adivinar que también se hacía para obtener
comisiones corruptas a cambio de facilitar prebendas: regalar suelo público y
asegurar un concierto a los colegios con el que obtenían financiación pública,
aparte de las cuotas que suelen cobrar a las familias.
El
papel de la mano derecha de Esperanza Aguirre durante mucho tiempo era
aprovechar el impulso privatizador del gobierno del PP para sus negocios. Hay
que recordar que, en Madrid, los gobiernos del PP desde 2003 a 2011 autorizaron
90 colegios concertados. Con esta política agresiva en contra de la educación
pública lograron dar la vuelta a las ratios de escolarización.
En
Madrid han creado la anomalía de que casi la mitad de los alumnos (48%) están
en la enseñanza privada-concertada, mientras que a nivel estatal se sitúan en
el 30%. Tras el sarcasmo de la libertad de elección de las familias, se
escondía su corrupción y no solo beneficiar a los colegios privados frente a
los públicos.
Donde
hay un corrupto, hay un corruptor, y cuando se pasa una vez la raya de la
deshonestidad, se pasa más veces. Por ello debería realizarse una auditoría
objetiva de los 90 centros privados concertados autorizados por los gobiernos
del PP, tal y como pide CC.OO. Esperanza Aguirre, Lucía Figar y José Ignacio
Wert deberían de comparecer en sede parlamentaria tanto en la Asamblea de
Madrid como en el Parlamento para dar la cara ante este grave escándalo.
Hay
que recordar que la LOMCE legaliza la práctica seguida en Madrid que permite
regalar suelo público de los ayuntamientos para empresas privadas, aunque no se
garantice una oferta pública de plazas escolares suficiente en los barrios de
nueva creación y centros urbanos en crecimiento demográfico. Es un escándalo
demasiado oscuro para no darle luz y aclararlo hasta el fondo.
Aunque
un asunto tan sucio como la corrupción que hemos conocido solo afecte a un
número limitado de colegios concertados, y nada tengan que ver con él las
cooperativas de profesores, hay dos cuestiones de fondo a abordar.
Por
un lado, estas situaciones son posibles en el caldo de cultivo de la
financiación ilegal de los partidos políticos que acaban derivando al reparto
de sobres y a que se lleven el dinero los más desaprensivos. Un partido que se
financie ilegalmente debería de ser suspendido de actividad por realizar
dumping electoral y político respecto a los demás.
Por
otro, la doble red pública-concertada es injusta, segregadora y multiplica las
desigualdades. Es un disparate que entre todos los contribuyentes estemos
financiando una educación separada para los hijos de la clase alta, dando
dinero a los que ya lo tienen.
Los
centros que reciben fondos públicos no pueden excluir al alumnado desfavorecido
en cualquier aspecto. En un futuro habrá que abordar este tema por un gobierno
progresista, porque a ningún empresario se le puede prohibir que cree un
colegio privado ni a ninguna familia llevar a sus hijos allí, pero nunca a
costa del presupuesto público.
Asegurar
el derecho a la educación para todos en condiciones de equidad, de igualdad de
oportunidades y de calidad pasa por fortalecer la red pública. Ese es el modelo
existente en los principales países europeos de nuestro entorno, el de mayor
calidad educativa y cohesión social. Lo nuestro es una antigualla con raíces en
el franquismo, que busca adoctrinar y hacer negocio con un derecho público y un
bien común.
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