El
negocio de la privada se nutre de la degradación de la educación pública, que
está siendo estrangulada por la falta de medios, deterioro de infraestructuras,
falta de profesorado, supresión de becas... Esto se combina con la paralización
de nuevos colegios e institutos públicos en la Comunidad. Hay 12 barrios en Madrid
capital que no tienen un instituto público al que acudir, afectando a más de
7.000 alumnos.
Al
mismo tiempo, desde el año 2000 se han cedido más de 82 parcelas para centros
privados, del Opus Dei y otras sectas ultrarreligiosas, amigos y amiguetes del
PP, algunas a precios tan irrisorios como los 34 céntimos al mes por metro
cuadrado que ha pagado Arturo Fernández, antiguo presidente de la patronal
madrileña, usuario de las tarjetas black y amigo del pequeño Nicolás. Su
empresa, Grupo Cantoblanco Catering Service, llegó a tener tres colegios en
Madrid antes de declarar el concurso de acreedores. Esperanza Aguirre, por
supuesto, no sabía nada.
A
mitad de precio (16 céntimos por mes al año) le ha salido el metro cuadrado a
Antana Educación, empresa propiedad de Jorge López del Hierro, que,
casualidades de la vida, es el sobrino del marido de Mª Dolores de Cospedal, y
además dueño de la cervezera Mahou. Como fabricar cervezas tiene mucho que ver
con la educación, Antana tiene tres colegios en Madrid, en Paracuellos, Leganés
y Villanueva del Pardillo, este último con cesión gratuita de terreno a 75
años, que ha sido declarada ilegal pero cuya sentencia no ha sido aplicada, ni
parece que haya prisa por hacerlo. Al igual que ocurre con los trabajadores de
Coca-Cola, si la justicia va contra los intereses de los poderosos se pospone
sine die.
Más
recientes aún han sido las cesiones en Móstoles de una parcela de 20.000 metros
cuadrados en el PAU 4 (pendiente de adjudicar) y la del antiguo colegio público
Tierno Galván a la universidad Francisco de Vitoria, vinculada a los
Legionarios de Cristo.
Al
mismo tiempo la Comunidad de Madrid se ha gastado 2,7 millones de euros en
promover la “libertad de elección” de centro entre los padres, o lo que es lo
mismo, en hacerle la publicidad a la privada, porque ¿en qué consiste esa
libertad?
La
mentalidad del PP es clara: la educación es un negocio, por tanto sólo me
interesan los alumnos rentables. La forma más efectiva de hacerlo son las
famosas cuotas. Aunque en teoría están prohibidas, los colegios se las apañan
para disfrazarlas de aportaciones “voluntarias” o como “actividades extraescolares”.
Actividades extraescolares tales como pagos por “mantenimiento de patio e
infraestructuras”, cuotas de 50 euros de material escolar que dan derecho a un
archivador y 10 folders, tener que utilizar obligatoriamente cuadernos con el
logotipo del centro que cuestan cinco veces el precio en cualquier otro lado
(si un alumno no usa esos cuadernos, suspende), uniformes obligatorios que sólo
se venden en el propio colegio, organizar los horarios del centro para que sea
prácticamente obligatorio quedarse al comedor (unos 100 euros más al mes,
¡¡nueve!! euros por día suelto).
En
los colegios dependientes de Alfedel se llegan a cobran 180 euros al mes como
“complemento formativo”, dos horas extras de refuerzo de inglés e informática,
metidas en medio de la jornada escolar. Los que no pagan deben permanecer esa
hora en el centro, pero ¡no pueden estudiar ni adelantar trabajo, para no tener
ventaja respecto a sus compañeros! Los profesores tienen orden de la dirección
de no dejar estudiar en esas horas.
Este
“complemento” también da derecho a participar en actividades extraescolares y
se utiliza como criterio para organizar las aulas: los que pagan en unas
clases, los que no en otras. Alguna jefa de departamento a llegado a decir decir, sobre
el un grupo de la ESO que no pagaba complemento: “Esos no se pueden quejar de
nada, encima de que no dan un duro al centro”. Un criterio muy pedagógico.
Otro
de los argumentos que utiliza la patronal de la privada es que el coste por
alumno es menor que en la pública: 4.185 euros por alumno al año en la pública
frente a 2.944 en la concertada. Pues bien, esta diferencia se explica
únicamente por dos factores: la pública es quien recibe el doble de alumnos con
necesidades educativas especiales y el 82% de los alumnos inmigrantes; y las
peores condiciones laborales de la concertada, el coste medio anual por
profesor en la privada concertada es de 5.808 euros menos que en la pública,
por enseñar las mismas asignaturas con una jornada laboral más larga. Por si
fuera poco, el convenio firmado el pasado año, rápidamente y al calor de la
LOMCE, dura hasta 2020, con retroactividad desde 2009, ¡11 años de convenio!
Con
suelo gratuito o casi regalado, selección del alumnado, peores salarios y todo
pagado del erario público, muy inútil tiene que ser el empresario para perder
dinero. ¡Toda una lección de “emprendimiento”! El requisito más complicado para
poder empezar es conocer a algún político del PP que esté dispuesto a aceptar
sobres… y no parece muy complicado.
Ante
este panorama, es de vital importancia para garantizar el derecho de la clase
obrera a una educación y a un futuro digno tener muy clara una postura frente a
la educación concertada. No valen medias tintas. El negocio de la educación
privada concertada depende de la agonía de la educación pública. No puedes
tener uno sin lo otro. Entre la educación como derecho y la educación como
negocio no hay vía del medio.
Un
gobierno de izquierdas debe defender abierta y claramente la única salida
posible: no se trata de paralizar los conciertos educativos sino de acabar con
ellos, integrando toda la red privada concertada en la educación pública para
dar salida a las enormes necesidades de las familias trabajadoras que ven, día
tras otro, como el Partido Popular pretende hacer de la educación pública un
derecho en extinción.
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