Crear empleo no tiene mayor dificultad que
diseñar e implementar un plan de política económica e industrial a largo plazo
que fomente el mercado interno – que crea más empleo y más riqueza que la
exportación – y la calidad de los procesos y productos – nunca, esencialmente,
la cantidad –. Esta política se debería realizar con una alta inversión pública
que podría realizarse liberando recursos económicos ¿De dónde?
De
los intereses de una deuda que es ‘ilegitima u odiosa’ – término acuñado por
EEUU para deudas obtenidas mediante mecanismos de extorsión, corrupción y
fraude –. Estos intereses ascenderán a 40.000 millones en 2013 – 10.000
millones más que este año – que suponen un enorme trasvase de riqueza a bancos
y grandes fortunas.
Reestructurando
y elevando el gasto público español. Deberíamos invertir 20 puntos más del PIB
en gasto social, hasta igualar éste con nuestro nivel de riqueza. Supondrían
alrededor de 66.000 millones más y podríamos crear hasta 5.000.000 de empleos
de calidad dedicados al bienestar de las personas.
Creando
empleo podríamos liberar el dinero destinado a las prestaciones de desempleo y
subsidios – unos 30.000 millones – para otros usos y, elevando la tasa de
empleo a niveles de países como los nórdicos – que tienen altos niveles de gasto
público y social – podríamos conseguir que más personas cotizarán a la
seguridad social.
El
Estado español está infrafinanciado en relación a sus recursos económicos, por
eso no crea empleo: Si tuviéramos un sistema impositivo justo y distributivo
lograríamos cerca de 200.000 millones más; si persiguiéramos el fraude fiscal
obtendríamos otros 88.500 millones; y, si no se fuera permisivo con la economía
sumergida otros 100.000 millones.
Por
tanto, el problema no es que no haya dinero – como repiten interesadamente
ocultando la verdad –, sino que lo posee una minoría que no invierte en la
economía productiva sino que se dedica a la especulación financiera e inmobiliaria
y, además, nos financia mediante la deuda pública con un dinero que ha
defraudado al Estado.
Cuando
se habla de productividad y competitividad se está hablando, realmente, de
precariedad laboral, bajos salarios, jornadas laborales más largas, perdida de
derechos laborales y sociales. Producir más, con menos personas, por menos
dinero. En España, en los últimos años, de las ganancias en productividad sólo
un 25% ha repercutido en los trabajadores.
Un
país desarrollado nunca podrá competir con las condiciones de explotación y
semiesclavitud que imponen las transnacionales europeas y norteamericanas en
Asia o América.
Se
dice que hay que trabajar más, pero no es cierto. Trabajar más para producir
más hasta que hayamos esquilmado los recursos de planeta y éste sea un lugar
inhabitable. Ese tipo de economía productivista y consumista, infantilizada y
sin límites, es un sin sentido y un camino cierto al desastre.
Lo
lógico sería vivir con moderación, trabajar menos horas, repartir el trabajo y
que las ganancias alcanzadas en productividad – está ha crecido casi un 700% a
largo de los últimos 110 años – debido a la inversión en tecnología con dinero
público repercutiera en el bienestar y la calidad de vida de la mayoría de la
población y no sólo en el enriquecimiento de una minoría que ha acaparado los
bienes de todos.
Si
hace más de 100 años se consiguió en los países más ricos mediante arduas
luchas obreras un paso hacia la implantación de la jornada laboral de 8 horas –
aunque los empresarios capitalistas hubieran deseado continuar con jornadas de
14 y 16 horas –¿Cómo podemos seguir trabajando las mismas horas o tender a
trabajar más con las ganancias en productividad que se han producido?
¿España
tiene muchos empleados públicos? Los datos vuelven a desmentir a la propaganda:
en España trabaja en los servicios públicos un 10% de la población, en la UE-15
un 15% y en Suecia casi un 25%.
Se
está atacando el honor de los funcionarios públicos como una táctica para
colonizar y privatizar las Administraciones Públicas por intereses privados que
quieren colocar a sus redes clientelares y familiares. Son los salarios de
estos sujetos enchufados y colocados a dedo, que superan en un 35% los salarios
medios de los funcionarios lo que sale caro, realmente, muy caro.
Cuando
se habla de la mayor rentabilidad de las empresas privatizadas olvidamos que es
una rentabilidad obtenida a costa de los derechos laborales y sociales de
trabajadores y usuarios que, únicamente, supone un trasvase de beneficios de
todos los ciudadanos a una minoría.
Es
el Estado – todos los ciudadanos – el que ha asumido los riesgos y los costes
de la inversión de estas empresas e infraestructuras, siendo luego una minoría
que no ha soportado ningún tipo de riesgo quien salga favorecida con la privatización
de empresas rentables y saneadas a precio de saldo.
Las
privatizaciones han favorecido la aparición de grandes monopolios privados con
la consecuente situación de dependencia, subidas de precios, la destrucción del
tejido productivo local, deslocalización de industrias, pérdida de ingresos
públicos y el aumento del desempleo.
Por
ejemplo, por cada empleo precario creado en una gran superficie se destruyen 5
empleos estables en el pequeño comercio. Además, el monopolio favorece los
abusos de poder por parte de las grandes empresas como que del agricultor al
consumidor los precios de los productos se eleven un 400%, pudiendo llegar,
incluso, al 1.000%; o que más del 60% del beneficio del precio del productos se
lo queden las grandes superficies.
En
el caso de España podemos ver como con la privatizaciones estamos sufriendo los
precios de la gasolina, del gas, de la electricidad – ha subido un 80% en los
últimos 7 años y va a subir con la nueva reforma otro 25% – y de las
telecomunicaciones – cuyas tarifas más que duplican la media europea – más
costosos y los servicios de peor calidad de Europa.
¿Los
empleados públicos son poco productivos? ¿Solo la iniciativa privada fomenta el
crecimiento? España tiene más empresarios y autónomos – un 10,64 de la
población –que el promedio europeo, un 9,78%. En países más competitivos y
eficientes que España el número de empleados públicos dobla y triplica al de
empresarios: Dinamarca, 26%; Finlandia, 19% o Suecia un 25%.
Aun
tomando los eslóganes neoliberales como ‘El excesivo gasto público y social
lastra la competitividad y el crecimiento’, el caso de los países del norte de
Europa es paradigmático. Por ejemplo, Suecia tiene un gasto público cercano al
53%, Dinamarca al 58% o Francia 57%. En cambio, España no llega al 44%.
El
Gasto Público es esencial en las economías más desarrolladas. De él, depende la
inversión en educación, sanidad, telecomunicaciones, energía, creación de
empleo, ciencia, I +D, infraestructuras, etc. Que de otra forma serían
imposibles.
Además,
del gasto público dependen el 50% de los empleos creados en el mundo. Cada
empleo creado en el sector público posibilita – por el efecto multiplicador del
gasto público – la creación de 2 empleos en el sector privado.
¿El
gasto social en España es excesivo? En comparación con el resto de países de
nuestro entorno es notablemente inferior: España, 21%; UE-15, 27% y Suecia un
30%.
España
gasta 5.526 euros por persona en la protección social y la calidad de vida de
sus habitantes, es decir, 1.938 euros menos que el promedio de países de la
UE-15 y 3.500 euros menos que Suecia. No podemos por menos que pensar que
España tiene abandonada y desatendida a su población
Algunos
podrían argumentar que tenemos un menor gasto social porque somos menos ricos,
pero, no es así. España tiene un PIB per cápita que alcanza el 93% del promedio
de la UE-15, sin embargo, su gasto social no llega al 74% del promedio de la
UE-15. Si gastáramos esos 21 puntos más, alrededor de 66.000 millones podríamos
crear 5.000.000 de empleos.
El
gasto sanitario público español no es tampoco excesivo, un 5,7% del PIB, se
encuentra por debajo de la media europea, 7,8%. Y, muy por debajo del gasto
sanitario del sistema privado estadounidense – que se pretende implantar en
nuestro país – que, prácticamente, dobla nuestro gasto con unos niveles de
eficiencia y salud muy bajos.
El
gasto público en educación, también, se encuentra por debajo de la UE-15. En
España invertimos un 4,3% del PIB y en la media europea un 5,1%; en Suecia un
6,8%. Madrid invierte solo un 2,5%.
Decimos
inversión porque por cada euro invertido en educación España recibe un beneficio
de 2 euros y para el conjunto de la OCDE este beneficio se eleva a 4 euros.
En
España, prácticamente, se han duplicado las tasas universitarias siguiendo el
camino de Reino Unido – colocando a la universidad española entre las más caras
de Europa– con la falacia de que la educación es un gasto y no una inversión.
La intención es favorecer el negocio bancario con los créditos a los estudiantes:
más deuda.
Sin
embargo, en otros países europeos como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega,
Suecia, República Checa, Austria, Grecia, Chipre, Escocia, Alemania y Francia; los
estudios son gratuitos o tiene un amplio acceso a las becas de estudio y
manutención.
Es
importante destacar la relación entre gasto social y exclusión social y entre
exclusión social y fracaso escolar. Por ejemplo, en España el porcentaje de las
familias en riesgo de exclusión social supera el 30% y el fracaso escolar igual.
En Suecia, el fracaso escolar afecta al 7% de los alumnos y la pobreza al 10%
de las familias.
El
abandono a nuestros mayores y a las personas dependientes es igualmente flagrante.
En España, sólo un 2% de este colectivo tiene atención domiciliaria. En Europa,
la media es del 18% y en Suecia el 23% de estas personas.
Asimismo,
la mayoría de las residencias de ancianos son privadas , encauzadas al
beneficio monetario – con la consiguiente merma en la calidad asistencial – y
con un coste muy elevado – prohibitivo – para personas con una pensión que
ronda los 600-700 euros.
Otro
argumento que cae por su propio peso es el excesivo gasto en pensiones que en
España se encuentra en el 7,9% del PIB, mientras en la media de la UE-15
alcanza el 9,5%. Esto se debe a la baja cuantía de las pensiones españolas que
mantienen en la pobreza a un 25% de los ancianos españoles. Más del doble de la
media europea. La importancia de las pensiones es vital, sin ellas un 68% de
nuestros ancianos sería pobre
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