La burbuja inmobiliaria española se debió, entre otros factores, a las malas políticas que promovieron que el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, se pervirtiera en un negocio en el que participaron muchos actores económicos, y del que obtuvieron grandes beneficios muy pocos, y que a largo plazo ha resultando desastroso para la economía nacional, que está al borde de la quiebra técnica.
La Ley del suelo del Gobierno Aznar, que con la finalidad de abaratar el suelo disponible plantea medidas encaminadas a incrementar la oferta de suelo urbanizado declarándolo todo urbanizable excepto el especialmente protegido, cambió el ordenamiento legal para permitir que el suelo recalificado como urbanizable se pudiera vender a precio de mercado por parte de sus propietarios -fueran estos personas privadas, Ayuntamientos o Comunidades Autónomas-, facultándolos para contar con una fuente de financiación mejorada que se ha aprovechado para especular.
Los diferentes Gobiernos han realizado una política fiscal en el ámbito de la vivienda, utilizándola como un instrumento que ha influido poderosamente tanto en el desarrollo de la propiedad frente al alquiler como en la producción indiscriminada de viviendas. Además medidas como la deducción por inversión o construcción, rehabilitación o ampliación de vivienda habitual, cuenta ahorro vivienda, la aplicación de coeficientes de abatimiento a las ganancias patrimoniales por venta de inmuebles no afectos a actividades económicas hasta dejarlas exentas, o la exención de la ganancia patrimonial por reinversión en vivienda habitual, no son un elemento neutro porque disminuyen la presión fiscal sobre las rentas medias y altas que desgravan cantidades en proporciones mucho más elevadas que la media del conjunto de declarantes, según la Memoria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2009 de la Dirección General de Tributos.
Junto a estas políticas públicas que fomentaban la compra de vivienda frente a otras opciones como el alquiler, el sector financiero inyectó en el mercado gran disponibilidad de crédito para la compra de vivienda. Las hipotecas que se concedían en España durante el boom inmobiliario eran superiores al 80% del valor de tasación y, peor aún, muchas entidades financieras se saltaron este límite sobrepasando incluso el 100%.
El milagro económico español era un espejismo, porque nos hemos dedicado a construir casas que no habríamos querido de haber sabido lo poco que iban a valer en el futuro. Una casa solo vale para vivir en ella y, si nadie quiere hacerlo, entonces no vale nada. Hemos comprado pisos que están cerrados o a los que vamos unos cuantos días al año, no porque tuviéramos grandes deseos de consumir viviendas, sino porque pensábamos que eran una reserva de valor para el futuro. Una generación de españoles va a perder sus ahorros porque los ha dedicado a comprar viviendas cuyo precio se está desmoronando. Muchos se han endeudado tanto que ahora no pueden hacer frente a sus obligaciones. Además nos hemos especializado en ser albañiles, fontaneros, electricistas, camioneros, cristaleros, fabricantes de puertas, vigas, grúas, baldosas o lavabos, aparejadores, vendedores de hipotecas, tasadores, registradores y un sinfín de ocupaciones relacionadas con la construcción; y ahora nuestra experiencia laboral ya no vale y tendremos que dedicarnos a otra cosa.
El efecto ha sido devastador sobre los precios, además ha provocado un endeudamiento gigantesco de empresas y familias, que ha generado una de las mayores deudas externas privadas del mundo y que ha creado grandes problemas en el sector financiero, ya que se han dedicado a prestar a empresas promotoras y constructoras con la única garantía del suelo y muchas de éstas ahora ni pueden devolver los préstamos ni sus garantías valen nada, con riesgo de quiebra de bancos y cajas.
Mientras, los ciudadanos, que no somos responsables de estos desmanes, presenciamos perplejos cómo directivos cuyos únicos méritos consisten en llevar a la quiebra a las entidades que dirigían se van a casa con indemnizaciones millonarias. Además, con la disculpa del excesivo déficit público, se nos somete a unas políticas de recortes, que se justifican como única solución para salir de la crisis, dirigidas a desmembrar los pilares del Estado del bienestar y de las políticas sociales que tanto trabajo, esfuerzo y luchas ha costado conquistar. Los terribles excesos cometidos por el sector financiero durante la crisis han sido en buena medida responsables de la última burbuja. Los grandes perjudicados de esta crisis financiera y de la burbuja inmobiliaria vamos a ser los ciudadanos de a pie, los trabajadores, los parados, los jubilados y los inmigrantes.
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